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Ley de reparacion para ex presos politicos es excluyente y mezquina

Luego de un batallar de largos años y muchos sinsabores, los ex –presos políticos y quienes sufrieron torturas durante el periodo dictatorial, obtuvieron medidas de reparación para paliar en alguna medida su desmedrada situación.

Sin embargo, existen aún muchos temas pendientes, dice a El Ciudadano Nelly Cárcamo, miembro de la dirección nacional de la ONG Unión Nacional de Ex Presos Políticos (Unexpp), y coordinadora de la Décima Región, quien reconoce que en los primeros contactos con la futura mandataria, al menos han apreciado un trato distinto al que les ha dado el gobierno de Lagos.

-Mucha gente desinformada cuestiona la entrega de una reparación con cargo al Estado para quienes sufrieron prisión política y tortura, considerando que no corresponde a toda la sociedad atender un problema cuya responsabilidad cabría exclusivamente a la dictadura pinochetista…
Nosotros somos un sector de la sociedad que fue atropellado en sus derechos humanos bajo ese régimen. La legitimidad de nuestra reparación la determina el Derecho Internacional y los Tratados suscritos por Chile. Debe quedar claro que la legislación Internacional que obliga a los estados que atropellaron los derechos humanos (DD.HH.) de sectores de su sociedad -independiente si es por razones políticas, étnicas, de género, de credo u otras- no es algo que inventamos nosotros: surge de la necesidad de proteger a los individuos de la acción de sus propios estados, considerando la vulnerabilidad en que se encontraban antes que Naciones Unidas creara este mecanismo, para frenar tales prácticas a nivel mundial.
Ahora, ¿por qué toda la sociedad representada por el Estado, debe hacerse cargo de generar y entregar esta reparación? Es importante no olvidar que los atropellos a los DD.HH. fueron no solo dirigidos y planificados por representantes del Estado, sino que también fueron ejecutados por agentes pagados con dineros del estado.

-¿Cómo valoran los ex-pp el trabajo y conclusiones de la Comisión Valech?
El trabajo de la Comisión Valech, creemos que fue positivo, desde el punto de vista que esto permitió por primera vez que la sociedad reconociera la existencia de víctimas sobrevivientes de prisión y tortura, considerando que hasta ese momento la Comisión Rettig solo había reconocido a las víctimas con resultado de muerte y los que fueron hechos desaparecer. Valoramos también sus conclusiones y su minuciosa descripción de los diversos mecanismos y técnicas utilizados por los servicios de seguridad de aquel entonces contra las personas afectadas por estos atropellos.
Lo que no aprobamos son las sugerencias de reparación que adoptaron. Creemos que no tomaron en cuenta los tratados internacionales, que claramente establecen que “se debe reparar con indemnizaciones justas y adecuadas” y no con pensiones. En todo caso, cabe destacar que el gobierno solo utilizó el listado entregado por esta Comisión, no acogiendo ninguna de sus sugerencias, a excepción que el pago se haga a través de pensiones, pero sin tomar en cuenta ni siquiera el monto propuesto por esta entidad.
Frente a las múltiples transgresiones a la legislación internacional cometidas por el texto de la ley 19.992, , que estableció la reparación para quienes sufrimos prisión política y tortura, presentamos una demanda contra el estado. Entre otras muchas razones, porque el cuerpo legal aprobado desconoce cuestiones básicas como que las personas que hayan sufrido el atropello a sus derechos humanos, provocándoles un daño moral, social, jurídico y económico cuyas consecuencias traspasan lo individual, afectando también a su familia y a la sociedad entera, deben ser reparadas integralmente. Pero la citada ley es excluyente y mezquina. Refleja el poco respeto, el desprecio que se tiene por las personas que fueron atropelladas tan bárbaramente en sus derechos.
Pero la ley 19.992 despachada por el Presidente Lagos, es una ley que a nuestro juicio es inconstitucional, pues en su articulo 15 se ordena guardar los antecedentes entregados a la comisión Valech por 50 años. Con esto les otorga generosamente la más absoluta impunidad a aquellos individuos que, usando el poder entregado por el estado, dieron rienda suelta a las más viles formas de atropello contra muchos de sus compatriotas. Por un lado, se entrega generosamente un listado de víctimas individualizadas hasta con su número de RUT, pero se guardan con sigilo los nombres de aquellos que cometieron los ilícitos.. Además, esta ley otorga una pensión vitalicia, lo que significa que cuando el afectado directo muere, su viuda o viudo queda en la más absoluta indefensión, desconociendo la transversalidad del sufrimiento de los atropellos a los DD.HH. de los familiares más cercanos. Eso, para no extenderme en otras múltiples debilidades de la ley pomposamente dictada por este gobierno.

-Respecto al gobierno de Michelle Bachelet, ¿qué expectativas tienen los ex-pp?
Tenemos la esperanza de que ella, por haber sido personalmente afectada, entenderá de mejor manera nuestra postura. Le enviamos una carta, nos respondió que estaba dispuesta a seguir firmemente avanzando en la búsqueda de la verdad, de la justicia y avanzar también en el mejoramiento o corrección de las medidas de reparación. No le estamos pidiendo nada que no esté en los tratados internacionales suscritos por Chile, nada más pero tampoco nada menos.

NRS

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18 comentarios para “Ley de reparacion para ex presos politicos es excluyente y mezquina”

  1. Comision Salud Ex Presos Politicos Osorno comentó el 19 de Julio, 2006 a las 6:44 pm

    Consideraciones frente a las leyes de reparación de la tortura y del PRAIS

    Esta intervención se enmarca asumiendo que la salud mental y física del individuo perseguido y torturado está ligada a todas las traumatizantes vivencias pasadas en toda su unidad biopsicosocial marcando diferentes secuelas de inadaptación y frustración hasta el presente, es en este contexto que abordaremos el tema por sobre las capacidades operativas con que la ley limita al PRAIS, ante lo cual convocamos a los profesionales del Programa para concretar los argumentos terapéuticos y estadísticos destinados a buscar los cambios necesarios en las leyes en pos de una efectiva reparación integral del daño psicológico y material inherente a la patología del perseguido y torturado por la dictadura.

    Referido al universo de beneficiarios. Es impropio poner fechas topes a la inscripción de las personas afectadas ya que a su vez es propio de la naturaleza del trauma que los torturados tengan dificultad para asumir públicamente su vivencia represiva lo que en muchos compañeros retarda el momento en que acuden a solicitar sus derechos. No se puede poner plazos fatales en una etapa en que el Estado chileno aún no ha logrado crear un clima de confianza básica suficiente, con encuestadores idóneos, como para que todas las personas afectadas concurran espontáneamente a dar sus testimonios para acceder a eventuales reparaciones.

    Ello no es responsabilidad de los beneficiarios, sino del Estado chileno que no considera la condición psicosocial del afectado, donde muchos acusan síntomas de paranoia que interviene en forma determinante al gatillar un efecto intimidatorio por la impunidad establecida en los mismos cuerpos legales que deben propender a la reparación, sobre exponiendo a las víctimas, sin embargo esos mismos cuerpos legales ocultan la identidad de los victimarios; mientras nosotros somos publicitados en listados de acceso universal, a los torturadores se les encubre la identidad por 50 años.

    En el actuar de las comisiones Rettig y Valech, queremos creer en la sana intención de mostrar al país y al mundo el horror de la represión con nombre y apellido de las víctimas, pero dada la condición psicopatológica que la tortura ejerce sobre el afectado, debió consultársenos individualmente si estábamos en condiciones de aparecer públicamente expuestos, además, haber estudiado y resguardado su innegable efecto patológico. Sin embargo es incomprensible que buscando un proceder supuestamente reparatorio y existiendo los antecedentes que permiten minimizar el efecto intimidatorio, se encubre a los causantes de este delito de lesa humanidad sin dar a conocimiento público el nombre de los torturadores y sus acciones, negándose así a modificar sustancialmente las condicionantes en que se vive el trauma como lo señalan necesario los estudios profesionales en la reparación del daño que provoca la tortura.

    Rechazamos íntegramente el texto que determina la población beneficiaria y por esta razón, consideramos que es necesario crear un nuevo cuerpo legal que no establezca límites que impidan a un ciudadano acceder a sus derechos en cualquier momento de su vida si pertenece al universo de personas afectadas por una experiencia traumática de tortura ejercida por agentes institucionalmente preparados, ordenados, concertados y remunerados por el Estado de Chile.

    En este actuar en pos de la recuperación psicológica, debe haber simultaneidad sobre la unidad biopsicosocial del afectado, no es posible esperar un impacto satisfactorio de las medidas de reparación si éstas no se llevan a cabo armónicamente a un mismo tiempo. El esfuerzo reparatorio sólo desde el campo de la salud se ve afectado negativamente en sus logros por el desconsuelo y la frustración que produce en nosotros, las víctimas, la ausencia de verdad y justicia y la condición de desmedro y pobreza en que hemos quedado.

    No ha habido relación entre la reparación económica y el daño producido al grupo familiar del afectado cuyo futuro fue planificadamente destruido para neutralizar un supuesto “enemigo” creado desde la imaginación del empresariado y sus sicarios ante la imposibilidad de neutralizar la conciencia histórica lograda por el pueblo de Chile para defender sus derechos dentro de una democracia constitucional.

    También hay un error en las leyes que sustentan y coartan el espíritu del PRAIS. Apuntan a un concepto básico errado relacionado con su sentido reparador, puesto que el énfasis está puesto en regular el universo de beneficiarios y su correspondiente identificación, a partir de criterios que marginan de este derecho a personas afectadas, ya sea por la rigidez para acreditar los requisitos de su condición sin considerar los impedimentos propios de las circunstancias en que ocurre el o los eventos represivos y además los impedimentos propios de la patología sicologógica del afectado, como también deja arbitrariamente fuera de los beneficios a colaterales y descendientes; concretamente deja fuera los nietos, hermanos y convivientes de las víctimas directas, donde todos los textos conocidos de psiquiatría pertinentes, los incorporan como víctimas del acto represivo y su connotación en el medio intergeneracional y transgeneracional en que se desenvuelve la traumatización extrema practicada en Chile.

    El PRAIS debe concebirse como una propuesta programática de tratamiento y rehabilitación permanente y oportuna del trauma psicosocial con un abordaje integral de la familia, su entorno y toda su descendencia considerando como mínimo la tercera generación, tanto desde el punto de vista médico en sí, como la reparación en las oportunidades educacionales y de inserción laboral de su núcleo familiar, solo en este contexto es posible minimizar patológicas ansiedades, frustración, dolor y desesperanza con que miramos el actuar autocomplaciente del Ejecutivo y primordialmente de toda la clase política del País, incluidos algunos compañeros de desdicha de aquel tiempo, hoy asumidos desvergonzadamente en agentes “renovados” remunerados sustentadores y promotores del sistema mercantilista globalizado.

    Para mitigar nuestras angustias es primordial que nuestra descendencia acceda a una educación gratuita y con beca de subsistencia en todos sus niveles, ellos han sido los mas dañados dada la conciente sistemicidad con que nos destruyeron proyectos de vida durante tantos años, especialmente señalar estos beneficios para nuestros nietos. A nosotros y a la mayoría de nuestros hijos ya nos dañaron en forma irreversible en el área educacional y las reparaciones ofrecidas solo al afectado directo en este ámbito, nos parecen una burla mientras sufrimos en carne de nuestra carne las inequidades del Sistema Educacional. No hay mayor frustración, especialmente para nosotros, donde toda nuestra lucha fue plasmada en función de estrechar las diferencias sociales actuando siempre con un gran espíritu humanista para resolver en materias de fondo las razones de la pobreza, hoy nos quedamos sin respuestas frente a nuestros hijos y nietos que viven la pobreza, pobreza de oportunidades reales, esas son las que más nos aflige y más daño nos hace.

    Debe considerarse igualmente significativo, el trauma vivido por el afectado y su círculo familiar producto de la persecución y las exoneraciones políticas durante la dictadura. Esto provocó traumas psicosociales y económicos evidentemente sumatorios. Siempre hay círculos de apoyo social, a nosotros nos destruyeron desde uno o más integrantes de la familia, nos desintegraron la familia y el círculo social de apoyo. Hay que sufrirlo para darse cuenta de la magnitud del daño, no había a quién recurrir, no había justicia, no había fuerzas de orden en quién confiar, los amigos estaban atemorizados, nuestro entorno nos segregaba cual peste de persecución y tortura, sufríamos no poder saludar y menos compartir con personas de nuestro afecto so pena que la represión los alcance, el gheto era evidente, esto es lo que se vive en una traumatización extrema, muchos no soportaron y ahora solo nos acompaña el recuerdo de brillantes y solidarios compañeros que terminaron irremediablemente solitarios, obnubilizados en un alcoholismo irrecuperable, y/o en definitiva, ausentes por las patologías desarrolladas desde la tortura; ellos no están en condiciones de solicitar sus derechos y como tales la ley los deja fuera de beneficios, hay que buscarlos e incorporarlos, exigimos reparación para el afectado y su descendencia, es obligación acercarlos e incluirlos en el acceso a la reparación integral.

    El estrés que hoy viven la mayoría de nuestros compatriotas ante la posible pérdida de un empleo puede ayudar a entender, en la pequeñez relativa de su trauma, la magnitud que esas exoneraciones, detenciones, tortura y persecución durante 17 años causaron en la inadaptabilidad nuestra y en el proyecto de vida de nuestras familias. Basta ver las estadísticas actuales sobre el consumo de ansiolíticos y psicotrópicos, que muchos necesitan para sobrevivir en esta democracia competitiva, definida por un modelo económico inhumano para comprender que las necesidades de felicidad de las personas jamás han sido contempladas en la elaboración del modelo vigente ni en nuestra reparación.

    Por todas las razones expuestas se deben contemplar sin exclusión de ninguna naturaleza a todas las personas que sufrieron de una u otra forma experiencias traumáticas que afectaron alguno o todos los planos de su unidad biopsicosocial, evitando cualquier omisión o discriminación. Es traumático para nosotros que el Estado haya entregado, en algunos casos emblemáticos, beneficios inmerecidos producto del mal texto de la ley y de la falta de idoneidad, en muchos casos, del encuestador. Con mayor razón no se puede dejar fuera de reparación, por estos mismos motivos, a tan solo un compañero y/o su descendencia que sufre las consecuencias de la represión. Debemos perfeccionar la ley, pero no es suficiente sin un organismo permanente a disposición, independiente del Gobierno, colegiado en DDHH, financiado por el Estado, y conformado por profesionales idóneos, psiquiatras y asistentes sociales a los que se debe agregar representantes de los afectados, que, con capacidad de resolución, acoja los miles de casos que causan conflicto por inclusión o ausencia en el acceso a la reparación.

    En la necesidad de cambiar la conciencia sobre justicia social y DDHH en la sociedad toda, declaramos que frente a los agentes determinantes de la formación y percepción de la realidad, no es posible permitir que sostenedores privados y municipales del sistema educacional sean responsables de la mala calidad en la entrega de los contenidos valórico-formativos; y en el área de la comunicación masiva, no es permisible que los agentes de financiamiento y promotores de la ideología neoliberal, marcada por el individualismo egoísta de éxito personal, sean quienes desnaturalicen los contenidos de la educación refleja que nos penetra a través de la televisión. Todos ellos responden al requerimiento comercial de sus empresas e ideología individualista competitiva sin difundir y menos evaluar, los resultados sobre la internalización y socialización de los DDHH en el universo receptor, y por cierto afectando los sectores mas influenciables de la sociedad.

    Nuestra vulnerabilidad se ve incrementada cuando el Estado no ha asumido su compromiso y responsabilidad para de legitimar mediáticamente nuestros derechos a reparación ante el país, que sin plena conciencia histórica de los hechos, nos ve como usufructuarios de un derecho discutible. En esta sociedad de entes de ejercicio privado y protección de sus intereses, el Estado es comunicacionalmente el único medio que queda para hacerse responsable de esta acción y debe preocuparse sistemáticamente que toda la sociedad chilena esté plenamente consciente de los DDHH en general, y en particular, responsabilizarse de la comprensión social que el acceso a los beneficios que producen las leyes de reparación es un derecho compensatorio exiguo y no un usufructo de quienes fuimos víctimas de los agentes del propio Estado. Debe evitarse la incomprensión de los alcances de estas medidas especialmente en aquellos sectores que pueden verlas como regalías indebidas. Hacernos aparecer como “victimarios” del Estado es una de las principales causas de estigmatización y de los procesos de victimización secundaria que nos persigue cuando asistimos al sistema de salud pública como beneficiarios del PRAIS.

    Es en este contexto que cuando accedemos al PRAIS, que ahora por ley contempla un equipo multidisciplinario de acogida pero sin un presupuesto adicional de gasto para la recuperación del usuario en sus secuelas físicas, nos obliga a sumarnos al tratamiento de la población mas necesitada en sus tramos de indigencia, donde su acceso es siempre limitado y expuesto a tiempos que no se condicen a la necesidad terapéutica de nuestros compañeros, y con mayor dificultad aun cuando se requiere acceso a especialistas. Así estamos obligadamente compitiendo por horas profesionales disponibles que nos acoge posponiendo al usuario mas vulnerable asistido por el Servicio de Salud Pública en un universo de pacientes continuamente creciente, esto con el sentido social que siempre hemos dado a nuestras vidas nos trae grandes contradicciones vitales traumáticamente autoexcluyentes.

    Ese egoísmo competitivo deshumanizado, que infecta a la población mas activa asumida en la ideología individualista neocapitalista imperante, no queremos ni hemos podido asumirlo como modo de vida nuestro, por este hecho necesitamos y exigimos en justicia que el Estado genere una reparación oportuna y financiada, no estamos en condiciones de competir por servicios médicos y de acción social que posponen, para satisfacer nuestra demanda, al resto de la población mas necesitada y vulnerable del país.

    Equivocadamente se nos trata como personas que hemos desarrollado patologías propias de cualquier ser humano y por ello asistido por un programa específico de los Servicios de Salud Pública, no es así, el sector mayoritario éramos trabajadores formales (o estudiantes) en distintas áreas de la sociedad y como tales, una acción externa y traumática, ligada a nuestra dependencia laboral, nos provocó el “accidente” que determinó nuestras patologías, en este contexto debemos ser atendido por mutuales de seguridad laboral u otro organismo creado específicamente para ello, con la misma calidad, disposición y eficiencia con que se atienden los trabajadores activos accidentados y en cuyo propósito el Estado no deberá escatimar recursos hasta el total restablecimiento del trabajador en su patología. La Reparación de esta manera concebida deja de ser carga adicional para el Sistema Público de Salud, demasiado sobrecargado por las necesidades propias de la población y a la vez esta forma de resolución provoca el reconocimiento necesario para nuestra recuperación sin estigmatizaciones y sin interferir el acceso a la salud de la población mas necesitada.

    Sabemos que los recursos del Estado son limitados como siempre se nos ha dicho, pero sus limitaciones no obedecen a la riqueza generada sino mas bien a barajar cifras macroeconómicas ininteligibles y sin ningún compromiso con el sector mayoritario de la población, como lo ha dejado en evidencia la polémica para invertir los remanentes adicionales que ha producido el cobre, obligándose el Estado, a guardar estos recursos para acoger en el futuro, a usuarios de la fracasada concepción del sistema privado de previsión, que con un usuario cautivo y ahora condenado a la pobreza en su vejez, han hecho su negocio especulativo con ese ahorro ajeno, lucrando jugosas ganancias en y para el sistema financiero sin protección significativa ni del usuario ni de los recursos que el Estado deberá gastar subsidiando su fracaso.

    También cuando nos “regalan” puntaje adicional para competir por una vivienda sin considerar un presupuesto propio, nuevamente nos hacen sentir usurpadores de oportunidades para el sector más vulnerable de nuestra sociedad y en vez de sentirnos sujetos de una reparación nos hacen sentir culpables de una discriminación. Esta medida así concebida no es reparatoria, es ofensiva, mas aún cuando no contempla ni siquiera en su intención beneficios a nuestros hijos, hoy ejes de nuevas familias, que son y han sido permanentemente los mas afectados por el gheto sufrido en la marginalidad laboral y social al que fuimos sometidos durante tantos años.

    Es dable señalar nuevamente que nuestra situación es compleja desde el momento en que tuvimos que relatar nuestras experiencias para acceder a beneficios, estimamos que en las condiciones actuales en que se desarrolla el trauma psicosocial (procesos de re-traumatización, daño transgeneracional, cronicidad y muerte de un importante sector de nuestros compañeros) resulta particularmente grave cualquier procedimiento, abierto o encubierto, que favorezca la impunidad. El sector más afectado por el trauma no está en condiciones de absorber sin costos adicionales para su salud mental individual, familiar y grupal nuevas frustraciones y dolores en este ámbito.

    Debemos recordar que nosotros somos la historia sobreviviente de la represión y vemos impotentes como poco a poco el tiempo y la impunidad van desintegrando la verdad histórica y con ello la oportunidad de hacer justicia. Por esta razón, cualquier mecanismo que apunte al reconocimiento pleno de la verdad e intente hacer avanzar en la administración de justicia, debe contener la transparencia suficiente, la claridad de procedimientos y la velocidad necesaria para despejar la frustración, desesperanza, temores y desconfianzas.

    En el campo de nuestra rehabilitación , la aspiración mayor que se persigue es lograr una reinserción real y efectiva en los ámbitos familiar, social y laboral, para lo cual debe considerar el Ejecutivo, como uno de los tantos mecanismos de rehabilitación, el compromiso de generar nuevas oportunidades preferenciales de trabajo para los afectados y su descendencia en programas del Estado, que hoy tiene incomprensiblemente precarizado su propio universo de empleo a través de la terceriarización de las oportunidades laborales en manos de empresarios privados que efectivamente nos discriminan.

    Debido a la legislación vigente, les recordamos que la relación laboral empleador- trabajador no es una relación jurídica de igualdad, no es un contrato en que las partes sean iguales para negociar los términos; el trabajador representa para la economía de mercado simplemente un costo que los empleadores desean abaratar o prescindir a través de la tecnología, no se debe olvidar que el papel del Estado es TUITIVO y esto es proteger los derechos de la parte mas débil. Recordarles además que el trabajo no solo es una fuente de ingresos sino que tiene que ver con la dignidad y la estabilidad emocional de la persona y su familia, por este hecho debe ser explícitamente garantizado su acceso universal, protegiendo los abusos e informalidad que cometen empleadores, entre ellos el mismo Estado, que con su terceriarización laboral, perjudica al trabajador en su previsión, salud y estabilidad, entre muchas otras.

    Hay que terminar con los contratos a honorarios, estos solo corresponden cuando un profesional atiende varios demandantes diferentes en una o varias jornadas, emitiendo muchas boletas a diferentes empleadores de sus servicios al final de mes. El Estado no debe olvidar que aceptando esta informalidad laboral generalizada, está subsidiando con dinero, que mas temprano que tarde, deberá gastar en la salud y asistencia social de quienes no aportan a los sistemas de salud y previsión.

    En la situación nuestra, se suma la dificultad curricular de competencias marcada por nuestras lagunas laborales y lagunas de perfeccionamiento, necesarias para la competitividad actual en el acceso a fuentes de trabajo estables. Fuimos discriminados duramente durante 17 años y somos discriminados en democracia por nuestra edad y experiencia curricular involuntariamente ausente, todas situaciones sumatorias que junto a aparecer en listas de exonerados y/o torturados nos hace víctimas permanentes del sistema. Así, nuestras autoridades nos entregan una Reparación marcadamente insuficiente, tanto en el universo de acceso como en la integralidad con que se necesita abordar la patología.

    Otra evidencia de este brutal proceder es la horrible interpretación de los escuálidos beneficios económicos dispuestos para los torturados y a la vez exonerados cuando solo pueden recibir por norma una sola pensión del Estado. En esta acción es ridículo y rebuscado el tratamiento excluyente de un ingreso sobre el otro, el Ejecutivo con voluntad política y en justicia, podría haber incrementado ambos beneficios en una sola pensión. Sin duda alguna, si el afectado acreditó ambos beneficios es porque le correspondía una reparación a dos acciones abusivas diferentes que marcaron exponencialmente el deterioro de su vida y su entorno familiar por siempre.

    Debemos señalar enfáticamente que las reparaciones no deben ser consideradas pensiones, son reparaciones, y si bajo la denominación de pensión se entrega el beneficio, estos valores deben ser sumados a cualquier derecho pecuniario que el afectado adquiera, sea éste otro beneficio reparatorio o por su vida laboral. Concretamente debe modificarse los textos necesarios en la ley para que la pensión de vejez o de gracia, cuando el afectados acceda a ella sea sumatoria a la mal llamada “pensión” no contributiva y/o “pensión” de reparación. Con la interpretación actual que no permite al Estado entregar más de una pensión a cada persona, más que una reparación nos ha otorgado una pensión de vejez anticipada y eso es burlarse burdamente de nuestra condición.

    Esta exposición no es producto de una visceral consideración subjetiva de los hechos, obedece a información objetiva y médicamente establecida por múltiples diagnósticos avalados en publicaciones y estudios siquiátricos chilenos y mundiales sobre la tortura y sus consecuencias, donde en nuestro caso, agentes del Estado de Chile, en una acción planificada al mas alto nivel institucional, fueron los mandantes responsables de la tortura, por tanto demandamos que ese mismo Estado, a través del Poder Ejecutivo y Legislativo, contemple una reparación apropiada y congruente al daño causado al afectado y su entorno familiar, obviando restricciones presupuestarias que nunca tuvieron para practicar la tortura.

    Debemos declarar que es irreargüible acometer con argumentos comparativos sociales evidentemente fuera de contexto para medir los costos que el Estado debe desembolsar cada vez que se les solicita una reparación necesaria para cumplir sus obligaciones mínimas. Vemos connotados agentes del Ejecutivo, tanto el ex presidente Ricardo Lagos en la promulgación de la ley 19992 como también nuestra Excelentísima Presidenta de Chile recientemente ante los estudiantes secundarios; argumentar racionalización austera de los recurso económicos porque los beneficios para los afectados costarían tantas casas, tantos centros de formación preescolar u otros tantos hospitales, etc., sin duda es el mas falaz y ordinario de los argumentos cuando se invierte en elementos bélicos cuyo costo de un aparato daría para resolver el problema completo, y el sostenimiento privilegiado del personal pasivo de las FFAA le cuesta al país mas que toda la población activa y sus gastos operativos. Por favor no insulten la inteligencia y capacidad de comprensión de los chilenos todavía sumidos en la enajenación y apatía que el determinismo ideológico mercantilista genera.

    Estimamos que somos participantes directos de la nacionalización del cobre, pagamos con tortura y asesinatos de queridos compañeros de lucha social, el atrevimiento expropiatorio que hoy da a Chile y a nuestros represores los medios para usufructuar mejores tiempos. No nos arrepentimos, pero sin duda es de macabra injusticia tener que mendigar reparaciones para la subsistencia y desarrollo integral de nuestras familias, mientras los agentes de la represión institucionalizada gozan hoy día impunemente de una previsión paradójicamente superior a cualquier otro agente laboral del Estado, tanto para ellos como para su descendencia e incluso en muchos casos doblan el ingreso de sus propios compañeros de armas amparados en la figura del estrés de posguerra, que en su observación psiquiátrica no es otra cosa que las alteraciones mentales producto de su culposa conciencia reprimida en el juramento de fidelidad destinada a mantener la impunidad de los mandos superiores, y premiada económicamente por ello, a través de este resquicio normativo.

    Esperamos que los costos de nuestra reparación jamás se comparen a soluciones de los sectores mas desposeídos, sin embargo accedemos a que se le compare al ingreso de las mayores empresas del país o a la diferencia en el valor pagado y valor real de los activos de todos los chilenos con que la Dictadura expolió el patrimonio estatal acrecentando el usufructo y poder del empresariado privado. También es dable comparar el aporte fiscal que hace Codelco y el de las compañías de extracción privada del mismo metal, bastaría que las empresas privadas del cobre entregaran un royalty equivalente a la mitad de lo que aporta a arcas fiscales nuestra Codelco por libra exportada, para solucionar todas las necesidades puntuales de todos nuestros compatriotas en todos sus niveles.

    No es nuestro deseo entrar a analizar estos indesmentibles hechos denunciados en innumerables textos de conocimiento público nunca desmentidos, pero nos obligan las reiteradas e insidiosas argumentaciones comparativas de las autoridades competentes siempre dispuestas para conculcar el derecho de los desposeídos justificando así austeras y simbólicas reparaciones; La clase gobernante acusando un miedo infernal de ser catalogados de populistas, nos condenan junto a los pobres de siempre para continuar viviendo el calvario de la sobrevivencia en la opulencia.

    Es nuestra obligación señalar que en sus resultados las medidas reparatorias practicadas desde el Estado son irrisorias, más aún con la consecución de impunidad y en que no ha habido una aprehensión pública de lo que significa la doctrina de los DDHH. Ante la magnitud del daño causado y reconocido, las leyes que nos acogen no ejercen una reparación congruente a la necesidad terapéutica de reinserción social del afectado, menos una acción que actúe con simultaneidad e integralidad sobre su unidad biopsicosocial y el ámbito intergeneracional y transgeneracional que conlleva la traumatización extrema, es decir, no ha habido un compromiso efectivo de Reparación que el mismo Estado a través del programa PRAIS definió alguna vez como:

    “un conjunto de actos que expresan el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias acaecidos durante la dictadura militar entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 11 de Marzo de 1990 producto de la represión política ejercida por el Estado. La reparación debe convocar a toda la sociedad chilena, ha de ser un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias directamente afectadas, siendo una tarea en la que el Estado debe intervenir en forma consciente y deliberada.” Y señalan: “…la Impunidad como sostenedora del daño imposibilita la Reparación.” Y al definir el universo su documento expresa: “Según informes nacionales, internacionales y de instituciones privadas, se estima que la población directamente afectada por la represión política ejercida por el Estado alcanzó a alrededor de 800.000 personas. De éstas, un alto porcentaje sufrió de traumatización extrema, con graves consecuencias para su salud física y psicológica.” …y nos preguntamos: ésta Reparación así definida, ¿a cuántos ha alcanzado efectivamente?

    A juicio nuestro y de entendimiento público, estas declaraciones transcritas, certeras en su definición y diagnóstico, en el ámbito de los hechos tangibles y desde el momento en que lo conocieron, los Gobiernos de la Concertación las han asumido demagógicamente y solo han cumplido su parte de maquillar conciente y arteramente la cara sucia de este tránsito de los poderes económicos, generadores de la dictadura, hacia una democracia neoliberal “protegida”, oscuramente pactada y amparada en frases tan indignas como “hacemos lo posible”, y en este pobrísimo y cobarde discurso del Ejecutivo en su tiempo, negociar la impunidad hasta el día de hoy, sabiendo que imposibilita La Reparación.

    Ha habido avances pero demostradamente insuficientes en el tiempo y sin la voluntad de llegar a la verdad…, se nos acaba la vida sin justicia ni reparación efectiva… tal como lo planificaron los agentes y lobbystas del sistema neoliberal imperante. Le entregaron el poder político condicionado a quienes elegimos como gobernantes, fortalecieron en su descendencia el poder económico determinante, y así, protegiéndose y amparando a sus sicarios, comprando conciencias y voluntades, inimputables transitan en el escenario político del país con inmaculados ropajes empresariales.

    Frente al determinismo desarrollado por este satánico poder nos asiste la esperanza que no puede haber un pueblo tan enajenado durante tantos años sin querer cambiar su destino, ya comenzamos a escuchar sones de conciencia, lo harán las nuevas y desafiantes generaciones que no conocieron de contagiosos miedos, ni de represión, ni de persecuciones y ni de tortura. Por la memoria de nuestros compañeros ausentes, es nuestra obligación proteger a nuestra juventud y sentar las bases para un efectivo “NUNCA MÁS”.

    Comencemos por adherir y firmar el Tratado Penal Internacional, en dignidad, sin que importe las presiones de EEUU que hace 33 años, con su intervencionismo imperialista de siempre, nos conculcaron la democracia chilena con sadismo inusitado; introduciendo la “Doctrina de Seguridad Nacional”, y entrenando nuestras FFAA en su emblemática “Escuela de las Américas”, centro de formación de sicópatas y sicarios del Imperio del Norte, prepararon generaciones de oficiales durante años para que extinguieran la conciencia del pueblo chileno. Esto nadie lo dice públicamente y a pesar de que nadie lo ignora, la impunidad continúa denigrando nuestra democracia y reinando los asesinos con el poder determinante tras las sombras, por favor protejamos HOY a nuestra juventud de las perennes heridas en la juventud de ayer.

    Con mas dudas que certezas esperamos que esta vez se plasmen, entre todos los actores del Estado, las acciones propuestas que compromete La Reparación definida por el PRAIS y argumentada en este texto.

    En la esperanza que este documento ayude a remover conciencias y voluntades en pos de provocar los urgentes cambios que las grandes mayorías de nuestro país necesitan y por cierto y en justicia, solución a nuestras puntuales demandas,

    les saludan Atte.

    Comisión de Salud de la Coordinadora de Ex Presos Políticos de Osorno.
    Junio del 2006

    Este documento fue sometido consideración de la Asamblea el 21 de Junio del año 2006, fue aprobado por unanimidad. Agradecemos la riqueza que nos han aportado los textos, universalmente disponibles, del CINTRAS, entre muchos otros consultados.

    Documento adjunto: Asumimos como muy acertado las definiciones y diagnóstico señalados en el documento del Programa PRAIS que a continuación transcribimos:

    (desconocemos la fecha de publicación)
    http://www.minsal.cl/ici/s_1/u_14/PRAIS.pdf

    PROGRAMA DE REPARACION Y ATENCION INTEGRAL
    EN SALUD Y DERECHOS HUMANOS – PRAIS

    El Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos, PRAIS, es la respuesta del Sector Salud al compromiso de REPARACION asumido por los Gobiernos democráticos de la Concertación de Partidos por la Democracia con las víctimas de la represión política ejercida por el Estado en el periodo de la dictadura militar, septiembre 1973 a marzo de 1990.

    El propósito de este Programa es contribuir, desde el sector salud, a la reparación biopsicosocial que requieren las personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el período comprendido entre septiembre de 1973 y marzo de 1999, con acciones sustentadas en la doctrina de derechos humanos y coordinadas dentro del sector salud y con otros sectores del Estado, y del conjunto de la sociedad chilena.

    Para ello el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud es concebido en una doble vertiente. Por un lado, garantizar el acceso gratuito de los beneficiarios a todas las prestaciones de salud otorgadas en todos los establecimientos de la red pública de salud y por otro lado, ofrecer una atención de especialidad para el tratamiento de las secuelas en la salud mental.

    Enmarcado en el compromiso de reparación y teniendo como propósito el contribuir a la reparación biopsicosocial de las víctimas, el concepto básico y fundamental de este programa de salud es el de REPARACION, entendida como “un conjunto de actos que expresan el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias acaecidos durante la dictadura militar entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 11 de Marzo de 1990 producto de la represión política ejercida por el Estado”. Así, la reparación debe convocar a toda la sociedad chilena, ha de ser un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas, siendo una tarea en la que el Estado debe intervenir en forma consciente y deliberada.
    Desde el sector salud, la reparación apunta directamente al daño generado por el trauma en la salud física y/o mental de las personas expuestas a uno o más evento represivos. En este sentido, el punto central no es el evento represivo en sí, o el tipo de trauma generado, sino el daño causado en la salud de las víctimas.

    La magnitud y características del daño va a depender de una serie de factores, comprensibles a partir del concepto de estresor. En la experiencia represiva los individuos se ven sometidos a multitud de estresores, que requieren de un esfuerzo personal, familiar y social para ser superados y adaptarse a ellos. Estos son de diferentes órdenes: dificultades económicas; disrupción social; separación de la familia; desapariciones de personas; pérdida de estatus social; violencia física o psicológica; desconocimiento del futuro; inseguridad e inestabilidad; riesgo vital propio o de los seres queridos, entre otros.

    Frente a estos estresores, existe una serie de mecanismos biológicos, psicológicos y sociales, más o menos disponibles, que permiten a los individuos enfrentarlos de la manera más adaptativa posible y con el menor impacto adverso para el sujeto. Estos mecanismos ponen en juego los llamados factores protectores, los que pueden resumirse en cuatro grupos: individuales, familiares, de la red social de apoyo, e ideológicos y valóricos.

    De esta forma, el daño en la salud física y/o mental causado por el trauma producido por la situación represiva, depende más bien de la eficacia de estos mecanismos para activar los factores protectores y de las posibilidades reales de que estos factores protectores se activen. En este sentido, un mismo evento represivo que genera un mismo trauma, podría generar daños diferentes.

    El trauma generado por la represión política ejercida por el Estado tiene varias características particulares:

    1. Es Intergeneracional, es decir, produce un trauma psicosocial entendido como un proceso donde si bien se puede identificar un medio traumatizante implementado desde el orden político, éste ya ha permeado y se ha instalado en las relaciones sociales. Así, las consecuencias de ser parte protagónica de tal medio no tienen un carácter estático, sino que son los procesos relacionales mismos los que están “dañados”. La causa y el efecto se confunden en un proceso que posee o adquiere su propia dinámica. No puede negarse que existen consecuencias que se enquistan en el cuerpo o en la personalidad, pero éstas adquieren sentido dentro de un proceso histórico.

    Así, el impacto de la violencia organizada se observa en la manera de ser y de actuar de la población afectada y donde la afectación dependerá de la peculiar vivencia de cada individuo, vivencia condicionada por su extracción social, grado de participación en el conflicto, así como por otras características de su personalidad y experiencia. De este modo, el daño producido a raíz de un contexto socio – político represivo y por ende con características particulares será distinto que un daño sobrevenido, por ejemplo, de catástrofes naturales.

    El Trauma producido por la represión política ejercida por el Estado tiene sus raíces en la sociedad y no en el individuo; y por su misma naturaleza, se alimenta y mantiene en la relación entre el individuo y la sociedad, a través de diversas mediaciones institucionales, grupales e individuales.
    Este tipo de trauma no radica en un momento violento y agudo que irrumpe, sino que se da en un contexto histórico social. Así, la experiencia traumática se cronifica y arraiga cada vez más si la situación social no se modifica.

    2. Es Transgeneracional, es decir, los daños producto de la represión política siempre involucran al grupo familiar.
    Particularmente en lo que se refiere a los jóvenes que crecieron y vivenciaron situaciones de represión política, su pertenencia a un momento histórico permite afirmar que ellos son afectados directos puesto que experimentaron y vivenciaron la muerte, la persecución, las detenciones, el terror, las separaciones precoces y abruptas y la amenaza directa a ellos mismos.

    A diferencia de los adultos que sufrieron la persecución con inserciones sociales definidas, los jóvenes se desarrollaron como personas en un espacio traumático, recibiendo el doble impacto de un mundo traumatizante y de un microclima familiar en el cual las personas destinadas a cuidarlos, a ayudarlos a crecer, se configuraron como víctimas, como personas despojadas de sus cualidades más elementales.

    En el caso de niños y adolescentes es posible diferenciar tres grupos:

    Aquellos que poseen un grado relativo de elaboración de la situación traumática.

    Aquellos que presentan secuelas psicológicas manifiestas.

    Aquellos que presentan características de sobre-adaptación, en tanto no presentan sintomatología importante, se adecuan conductualmente de acuerdo a las demandas de la realidad, pero evidencian en el proceso diagnóstico déficit en la estructura de personalidad que hace presumir la posibilidad futura de manifestaciones clínicas.

    El hecho de que el procesamiento social de la situación traumática no haya sido concluido, hace que muchos de estos adolescentes no encuentren en el contexto social el continente necesario para el apoyo del psiquismo individual. Si bien no deben ya ocultar su historia, las condiciones externas dificultan que la situación traumática pase a ser solo recuerdo no traumático. Adolescentes, que no desean verse marginados por sus pares, optan por el silencio, aunque sea al costo de pérdidas importantes del sentimiento de sí mismos o de otros aspectos de su identidad personal.

    3. Genera Traumatización Extrema, es decir, ” un tipo de traumatización específica, caracterizada por ocurrir en dependencia de acontecimientos socio-políticos. Es un proceso caracterizado por su intensidad, permanencia en el tiempo y por la interdependencia que se produce entre lo social y lo psicológico”. (Becker, Castillo y Díaz)

    Es un tipo de traumatización específica, que desborda la estructura psíquica de los sujetos y la capacidad de la sociedad de responder adecuadamente a este proceso. Su objetivo es la destrucción del individuo, sus relaciones interpersonales, su conciencia de clan y su pertenencia a la sociedad. La Traumatización Extrema está marcada por una forma de ejercer el poder en la sociedad, donde la estructura sociopolítica se basa en la desestructuración y el exterminio de algunos miembros de esta misma sociedad por otros de sus miembros. El proceso de Traumatización está limitado en el tiempo y se desarrolla en forma secuencial.

    En la literatura se ha hablado de la Impunidad como sostenedora del daño y, por ende, que imposibilita la Reparación. Las personas afectadas recaen permanentemente respecto de la sintomatología cada
    vez que en el escenario público es recapitulado el tema de la Impunidad.

    4. La mayoría de las víctimas presenta una Politraumatización, en decir, sufrieron más de una experiencia traumática, en forma sucesiva o al mismo tiempo. Se denomina politraumatización a los efectos generados por la vivencia de más de una experiencia traumática de tipo represiva, que provoca efectos particulares en la salud de las personas. Haciendo confusa la determinación de qué situación traumática ha influido en mayor intensidad. Observándose cierta tendencia a la cronificación de las reacciones frente a la situación de estrés.

    Considerando las definiciones técnico conceptuales revisadas, la población beneficiaria del PRAIS se establece a partir del concepto de Afectado Directo, es decir, la persona que fue sometida directa e individualmente a uno o más eventos represivos y la o las personas que formaban su grupo familiar inmediato al momento de ocurrencia de dichos eventos.

    Como Grupo Familiar Inmediato se entiende aquellas personas que teniendo o no lazos sanguíneos, compartían el sustento económico, la comida y el vivir cotidiano con la persona que fue sometida directa e individualmente a uno o más eventos represivos.

    Serán entonces beneficiarios del PRAIS: el Afectado Directo, la PAREJA (cónyuge y/o conviviente) del Afectado Directo), los HIJOS del Afectado Directo y (recogiendo las sugerencias del Informe Rettig) las personas que trabajaron en el tema de Derechos Humanos, prestando asistencia a los afectados directos de la represión política, entre 1973 y 1990.

    Dado que el PRAIS se enmarca en la política de reparación del Estado chileno, ser beneficiario PRAIS es compatible con cualquier situación económica y sistema de previsión en salud, sin embargo, más del 85% de los casos índice son cotizantes FONASA, ya sea por ser beneficiarios de alguna ley de reparación (19.123; 18.994; 19.234; 19.582; 19.881) o por elección propia.

    Un pequeño grupo de beneficiarios PRAIS se encuentra en situación socioeconómica precaria, de modo tal que, si no fuesen beneficiarios PRAIS de igual modo serían beneficiarios del sistema público de salud en su calidad de indigentes.

    Según informes nacionales, internacionales y de instituciones privadas, se estima que la población directamente afectada por la represión política ejercida por el Estado alcanzó a alrededor de 800.000 personas. De éstas, un alto porcentaje sufrió de traumatización extrema, con graves consecuencias para su salud física y psicológica.

    Desde que se inició el Programa y hasta 1998, la población inscrita alcanzó a cerca de 45.000 persona y la demanda de atención en salud se mantuvo constante. Sin embargo, el número de beneficiarios a Octubre del 2003 creció a 180.304 personas, con un importante incremento en la demanda de atención por problemas de salud mental.

    Este aumento de la población beneficiaria y de la demanda en salud no es circunstancial, sino que se relaciona directamente con los acontecimientos políticos, judiciales y sociales en torno a DDHH ocurridos en el país en los últimos años, especialmente después de la detención de Pinochet en Londres, tales como el incremento de causas jurídicas por violación de derechos humanos; la mesa de diálogo; la búsqueda de detenidos desaparecidos y el hallazgo de osamentas; la organización y movilización personas que fueron detenidas, torturadas, exiliadas; la promulgación de la Ley de Exonerados; el 30º aniversario del golpe militar, la propuesta del gobierno de legislar en materia de derechos humanos y los consiguientes proyectos de ley presentados al parlamento, la creación de la Comisión de Prisión Política y Tortura, etc.

    Antecedentes:
    En sus inicios el PRAIS se desarrolló como proyecto financiado por la Agencia Internacional para el Desarrollo (julio 1991 a julio de 1993), con el propósito de brindar atención integral en salud a las familias más severamente afectadas por violaciones de sus derechos humanos, a través de 7 equipos multidisciplinarios insertos en 7 Servicios de Salud de 6 regiones del país y coordinados por un equipo central perteneciente a la Unidad de Salud Mental.

    A partir de julio de 1993, el PRAIS continuó como un programa regular del Ministerio de Salud, inserto como un sub programa de la Unidad de Salud Mental y compartiendo el presupuesto de ésta. Los Servicios de Salud fueron asumiendo el gasto en recurso humano y operación de los equipos multidisciplinarios formados e incluso, se crearon equipos en otros 6 Servicios de Salud.

    En sus bases conceptuales, teóricas y metodológicas, el PRAIS fue concebido como una iniciativa claramente integrada al quehacer habitual de todo el sistema público de salud, de forma tal que mediante éste, los Servicios de Salud incorporasen una dimensión que antes no había sido abordada, esto es, enfrentar los complejos problemas de salud de un grupo humano afectado por un agente de enfermedad distinto a los tradicionales.

    Elaborar intervenciones que permitan tratar el daño producido por la crueldad y la violencia ejercida desde el propio Estado, ha exigido esfuerzos en tratar de hacer realidad la integralidad en la atención de salud, al mismo tiempo que le ha asignado al sector salud un rol importante en la tarea de recuperar al país de las consecuencias de la más grave crisis moral que ha enfrentado.

    Producto de estos hechos el Sector Público de Salud se ha visto tensionado, haciéndose insuficiente la capacidad de respuesta de los equipos especializados, obligando a los Servicios de Salud que no contaban con estos equipos a canalizar recursos propios para formar equipos de acogida que faciliten la acreditación y una primera respuesta del sistema de salud a esta población. Así a partir del año 2001 se han destinado horas profesionales para la acreditación y acogida de beneficiarios PRAIS en otros 14 Servicios de Salud.

    Sin embargo, tanto la situación de estos nuevos equipos como la de los equipos especializado es precaria, principalmente debido a la situación contractual, la insuficiencia de horas en relación con la demanda y la escasa o nula inserción de su quehacer en los mecanismos propios y tradicionales del Sistema de Salud.

    Comentario: Por lo expuesto en este documento oficial suponemos que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo tienen y deben conocer este diagnóstico y sus propuestas mínimas, por ello declaramos firmemente que el Gobierno y todos los parlamentarios, acusan en sus actos, una falta total en la voluntad política para modificar sustancialmente la unidad biopsicosocial y económica de los afectados y su descendencia en el propósito de reparar digna y efectivamente la traumatización extrema practicada por agentes del Estado de Chile.

    Comisión Salud de la Coordinadora de Ex PP de Osorno.- Junio del 2006.-

  2. Uno que leyó casi todo comentó el 19 de Julio, 2006 a las 9:09 pm

    ¿Cómo decir esto sin que suene a lo que no es? Bueno, hablar clara y honestamente es la única forma. Este documento me parece muy necesario, esclarecedor y digno de ser difundido ampliamente. El Ciudadano es un medio que acoge plenamente -me parece- este tipo de contenidos. Pero…. parece que el formato de este espacio facilitado a la opinión de los lectores resulta el más inadecuado de todos para su publicación. Una,que se hace difícil,arduo, agotador,leer un texto tan largo en una sola columna.Y dos, que no es un comentario de un lector sino un documento con otrto alcance e intencionalidad. ¿Por qué mejor no tomar contacto con los periodistas del diario y proponer su publicación ya sea en la edición en papel o en esta misma digital, (o en ambas) pero en un formato que permita su adecuada lectura y comprensión? es una sugerencia absolutamente fraterna!

  3. millaray chihuailaf comentó el 31 de Julio, 2006 a las 8:22 pm

    creo que en todos los aspectos esta fue una ley de falencias importantes para el genero humano marcado con indebidas acciones en la dictadura, El Prais es una de ellas, que por ser gratis resulto de mala aplicacion pues solo es viable en la capital las demas regiones no asumen de
    ninguna forma el compromiso de atender patologias integradas al problema de un torturado y menos a sus nucleos familiares que en todo orden de la ley quedaron marginados…pero es nuestra obra hacerle ver al gobierno que no esta solucionando “en Nada” respecto a salud y a deberes colaterales previsionales,es decir…herencia de valores respecto a viudez y orfandad.
    lo que mas me duele que todos esperan ansiosamente una solucion y no viene de parte del gobierno sabiendo lo que hicieron , no hay una recapitulacion
    al respecto y tampoco modificacion en lo integral,pues las becas para un expp son casi una burla y en cambio los hijos de los expp la necesitan y no la tienen…..asi como la mayoria de los hospitales no se hacen cargo del PRAIS ,tampoco el gobierno ,se hace cargo de la educacion de una generacion que ha visto el sufrimiento de cerca y que siendo joven aun, esta
    tan lejos de alguna reparacion en lo educacional y tambien en la salud,porque los traumas aparte de ser para nosotros en primera linea un problema ,tambien lo son para nuestros hijos…alguien de gobierno entiende esto?

  4. Alfonso Muñoz Henriquez comentó el 3 de Agosto, 2006 a las 12:07 pm

    Los felicito por luchar por la modificacion de la Ley 19992 .La pension es vitalicia si el causante muere se termina quedando la viuda que sufriò los mismos bejamenes con una edad avanzada ,en un abandono totalcosa que no se merecen con un recuerdo de maltrato sicofisico inolvidable.Fuerza compañeros adelante. Profesor Exonerado Alfonso Muñoz. Neuquen-Argentina.

  5. marcelo grau leiva comentó el 5 de Septiembre, 2006 a las 7:05 pm

    hola soy marcelo.mi mama es exonerada y tiene la targeta prais. sin enbargo cada vez se atiende con la targeta la tratan muy mal. ella esta haciendo sus tramite de pensión hace muchos años atras. imaginance que nadien la ayuda. porque mucha gente quiere abusar de estos derechos por favor les pido que no sigan dañando mas la parte sicologica gracias. marelo

  6. galia ramírez comentó el 19 de Octubre, 2006 a las 10:07 am

    hola,creo que como hija de la dictadura es algo que nos afectó en todo sentido y que psicológicamente arrastramos toda nuestra vida,el “olvi-
    dar” suena y resulta fácilpara los que no hanvivido la represión,durante mis años de lucha en el liceo fuíexpulsada por razones políticas,a los 11 años fuí detenida con mi padre y ví como lo apaleo y pateó carabineros.enla 1ºcom.de arica,espero que se abra nuevamente el informe rettig por que somos muchos los que quedamos afuera y también fuimos “hijos de la dictadura”

  7. galia ramírez comentó el 19 de Octubre, 2006 a las 10:08 am

    hola,creo que como hija de la dictadura es algo que nos afectó en todo sentido y que psicológicamente arrastramos toda nuestra vida,el “olvi-
    dar” suena y resulta fácilpara los que no hanvivido la represión,durante mis años de lucha en el liceo fuíexpulsada por razones políticas,a los 11 años fuí detenida con mi padre y ví como lo apaleo y pateó carabineros.enla 1ºcom.de arica,espero que se abra nuevamente el informe rettig por que somos muchos los que quedamos afuera y también fuimos “hijos de la dictadura”

  8. juan cortes vega comentó el 21 de Octubre, 2006 a las 12:55 pm

    lo mas correcto es demandar al estado, lo otro es puro lloriquear, los dirigentes que he conocido son la mayoria son gente de la concertacion , muchos que no lucharon y que ahora estan dispuestos a morir humillados , postrados, limosneando por una pension , que de acuerdo a los tratados internacionales nosw corresponden y aquella manga de diputados y senadores chupasangres ganan millones y se rien del pueblo. yo soy de la concertacion y ahora me estoy transformando en un anarquista. estoy por una asamblea constituyente y por la recuperacion del cobre para los chileno. la señora bachelet se llena la boca con el nuevo presupuesto nacional de 36.000 millones de dolares y las transnacionales se llevan la mitad 18.000 millones de dolares y ahora se llevaran 27.000 millones de dolares. les pido alo viejos combatientes a reiniciar la lucha contra las transnacionales y sus protectoes y complices que estan en el congreso, ya nada tenemos que perder , pero, si ganar para el futuro de nuestros hijo y nuestra nacion mi querido chile integrate al comando de defensa del cobre. a nombre de la memoria co. salvador allende

  9. paloma comentó el 21 de Octubre, 2006 a las 6:04 pm

    A la memoria de Salvador Allende dice ese señor que todavía esta esperando una retribición justa por haber malgastado parte de su vida siguiendo las consignas de un señor que ni siquiera tuvo la valentia de defender a su patria y afrontar sus acciones, sino que opto por el camino más facil el de los cobardes pegandose un tiro y dejando el problemas a los demás,por ese señor yo no movería ni un dedo.

  10. Luis comentó el 1 de Noviembre, 2006 a las 10:56 pm

    Se nota la ignorancia supina de Paloma, que creo lo único que debe tener de esta ave es su mierda en vez de cerebro.
    El compañero Allende no se mató estùpida, lo asesinaron, solamente tienes que informarte; antes de poner tu asqueroza lengua en movimiento trata de poner tu cerebro (si lo tienes, lo cual dudo) en funcionamiento).
    Se nota que no moverías un dedo nada ni nadie que no sea solamente por tus intereses, por gente como tú este mundo es la basura en que se está convirtiendo, que lamentable.

  11. eduardo andres pacheco alvarez comentó el 13 de Diciembre, 2006 a las 12:48 pm

    acabo de leer el informe pero no me deja claro si van aver mas indemnizaciones porfavor si alguen tiene mas informacion por favor mandarme un mail

  12. JULIO MATUS DE LA PARRA CRAVERO comentó el 4 de Marzo, 2007 a las 9:42 pm

    Lamento el nivel tan pequeño usado por los últimos comentaristas.Fuí preso político en el regimiento de infantería de marina en la base naval de Talcahuano durante 10 días, donde recibí las más atroces torturas y luego me trasladaron al campo de prisioneros de la isla quiriquina porun período de 8 meses, donde las torturas físicas i sicológicas son innarrables.Estudiaba el 4º año de ingeniería en la U de Concepción,estudiaba y trabajaba para costearme mis gastos,luego; vino el “golpe” y sufrí lo que les narraba anteriormente, mi hijo mayor nació en el período de mi cautiverio, ¡no lo ví nacer!,mi esposa sufrió demasiado por lo acontecido, tuvo que limosnear para vestir y alimentar a mi retoño, la trataron horrible cuando fué al hospital a tener al bebé.¿qué conseguí después de toda ésta expèriencia?
    1.-quedé sin poder seguir estudiando, pues las autoridades universitarias me declararon peligroso para la sociedad.
    2.-un trauma y depresión permanente al no encontrar trabajo estable por más de 3 años (a posterior me dediqué a trabajar independiente)
    3.-no pude darle a mis hijos una educación digna con estudios superiores
    4.-una vida llena de persecuciones y tensiones en lo político y económico
    5.-lo más dramático que todo ésto lo hemos sufrido con mi grupo familiar(esposa y 3 hijos),y por último
    6.-¿qué hemos coseguido de la sociedad,gobiernos cercanos a nuestros idearios, parlamentarios insensibles y comprometidos con el neoliberalismo, con la “justicia” chilena?.Veamos: una miserable “pensión”de $119.000.-pesos que sólo alcanza para el pan,té margarina y pagos de luz y agua,¿que les parece?
    ¿Servirá este relato para sensibilizar a los “magos de las finanzas” y a la propia Presidenta de nuestro país, me refiero a la casi compañera Michelle Bachelet.

  13. Laura comentó el 23 de Marzo, 2007 a las 11:18 pm

    hola
    Me gustaria poder expresar este comentario con quienes lean este articulo soy de la decima region de chile y de una de las comunas mas lejanas a la ciudad grande y quiero decirles que estoy muy descontenta con la famosa ley de reparacion de lagos para con los ex- presos politicos y torturados porque todo esto no es mas que una simple injusticia saben que creo que la ley deberia haber sido un poco mas pareja y asi como beneficiaron a los ex presos politicos porque no beneficiaron tambien a los hijos y nietos de estos porque tengo entendido que para la tercera generacion tambien puede alcansar un beneficio de este indole y aunque asi no lo estipule la ley creo que deberia ser asi no tan solo en salud sino tambien en educacion porque ya que algunos no pueden estudiar ni con la beca del presidente de la republica deberiamos poder hacerlo atraves de este beneficio ya que para la familia en general es una tortura el que a uno lo descriminen con esta famosa ley porque creanlo o no los ricos siguen descriminando al pobre con sus injurias y estupideses de que los famosos torturados politicos fueron asi por comunistas y la verdad de todo no es asi es porque la mejor parte de todo es que los ricos son los que se han aprovechado de los pulmones de los pobres eso si es verdad y ellos nadie los descrimina verdad mi padre y mi madre los he visto sacarse la verdadera mugre por querer darnos lo mejor pero trabajandole a los ricos que en el fondo jamas agradeceran que por los pobres y la clase media ellos comen
    quisiera que alguien me diera la oportunidad algun dia de poder decirles estas cosas en pueblico porque es la verdad yo como nieta de un ex preso politico no he tenido ninguna oportunidad a las instituciones educacionales no les interesa que uno tenga las mejores calificaciopnes ni que uno sea pobre y que por el esfuerso de no tener trabajo y no tener dinero no pueda estudiar eso a las instituciones no les interesa para nada nunac les va a interesar pero solo falta que me den mi minuto libre para poder expresarles que su ley de reparacion no sirvio para nada porque aun no veo en ninguna ley que hayan reparado a mi madre que se lo pasa acordandose de las amarguras de ese momentos tan atros donde los militares les quitaron todas sus pertenencias y valores donde tambien les quitaron la dignidad de poder ver a la gente que vive alrededor de ellos con los mismos opjos que los demas siempre esta humillada en casa y tratando de salir adelantre con una depre terrible solo se fueron las reparacioners a los presos y que si los presos politicos se buscaron estar preso y los que mas sufrieron fueron aquellos niños y madres que quedaron por detras de esto y que no tenian para comer mientras milicos se llevaban a sus esposos y padres y/o hermanos que hacemos nosotros con esta pesada cruz quye cargamos para siempre en nuestra dignidad los hijos esposas y nietos que les toca ver esta humillacion diaria de recordar donde estan ???? ¿ ACASO LA LEY LOS HA AMPARADO AUNQUE SEA CON UNA PISCA DE AYUDA MONETARIA O TALVEZ DEVOLVIENDONOS LA DIGNIDAD DE VER A NUESTROS HIJOS VIVIR UN FUTURO MEJOR EN CUANTO A EDUCARSE MEJOR CON BECAS Y NADA ???? SOLO ESO PEDIMOS REPARACION VERDADERA …

  14. washington Rodriguez V. comentó el 24 de Julio, 2007 a las 12:51 pm

    Rancagu,20 Julio 2007

    Justicia No habra Jamás….
    Reparación solo para algunos….PRAT…SORIA Y OTROS… ELLOS SI SON IMPORTANTES PARA EL GOBIERNO….NOSOTROS NO…HASTA CUANDO.

    Junto con saludarlo y manifestarle nuestra admiración por la gran labor que cumple en el Senado y en defensa de los más desprotegidos de este país, nos permitimos distraer su atención y así poder revelarle nuestra historia.

    Somos dos hermanos, mi nombre es Macarena Rodríguez Villagra, Rut 11.845.689-0 y Washington Rodríguez Villagra, Rut 11.845.688-2, ambos de 32 años y domiciliados en Pobl. Pedro Aguirre Cerda, pasaje Manuel Tangasi Nº 2975 de la ciudad de Punta Arenas, hijos de José Eusebio Rodríguez Hernández, Rut 6.142.593-4 (ejecutado político) y Rosa Ester Villagra Villagra, Rut 6.213.565-4 (fallecida).

    Durante el Golpe Militar mis padres se encontraban casados y tenían domicilio en Nueva la Habana comuna de la Florida en la ciudad de Santiago, para esa fecha tan dolorosa y lamentable teníamos la edad de 2 años, mi padre tenía 24 y mi madre 25 además vivía con nosotros nuestra hermana Susana por parte de madre la que tenía 8 años de edad, actualmente ella se encuentra viviendo en Perú. Mi padre se desempeñaba como obrero de la construcción y era militante del Partido MIR, el día posterior al Golpe de Estado fue detenido por agentes de gobierno en el sector de Puente Alto, siendo el día 14 de Septiembre de 1973 enjuiciado y condenado a muerte, fue fusilado el mismo día. De acuerdo a un diario de la época quien dio la orden para su fusilación fue el Comandante del Regimiento Ferrocarrilero Nº 7 Teniente Coronel Mateo Durruty Blanco con el rango de Gobernador Militar, su cuerpo no fue entregado a nuestra madre ni familiares. Según versiones del Ejército y personas de la familia fue llevado directamente al cementerio. Haciendo averiguaciones en el año 1993 acudí a un cementerio a solicitar información, pudiendo constatar de acuerdo a lo que me informo el encargado del cual no recuerdo su nombre, que con el transcurso de los años como no se presentó ningún familiar sus restos fueron enviados a una fosa común.

    Después del fallecimiento de nuestro padre, según lo que nos contó nuestra hermana Susana que tenía unos años más y recuerda lo pasado, nuestra madre fue detenida y torturada permaneciendo en el Estadio Nacional alrededor de una semana, producto de esto y transcurrido el lento calvario sufrió un trauma insuperable lo que la llevó el día 23 de Diciembre de 1981 a tomar la terrible decisión de lanzarse a las aguas del Canal San Carlos provocando su muerte, siendo este el mismo sector donde falleció nuestro padre.

    Después de la muerte de nuestro padre, mi madre sola sin familiares cercanos (no tenemos conocimiento de familia por parte de ella) tenía constantemente trastornos mentales y por no poder llevar la carga de 3 hijos pequeños me envió donde mis abuelos paternos en Villarrica, con los que viví hasta los 18 años, quedándose en Santiago mi madre y mis dos hermanos. Con el transcurso de los años mi hermano recuerda los malos momentos que tuvieron que vivir debido al daño provocado, lo que hasta el día de hoy cuesta superar.

    Después de la muerte de mi madre nuestra familia ya destruida fue separada totalmente, quedando mi hermana de 15 años sola en Santiago, mi hermano de 9 años pasó de casa en casa de familiares quedándose definitivamente en Temuco. Por todo lo ocurrido en nuestra infancia y el paso de los años podemos darnos cuenta de la carencia tanto afectiva como económica, ya que la falta de un padre y una madre no la sustituye ningún familiar.

    Transcurridos los años y debido al cambio de gobierno democrático, se profundizó en investigar que había ocurrido realmente con las personas asesinadas y desaparecidas en nuestro país, pudiendo así afirmar con el Informe Retting lo que le había sucedido a nuestro padre. Con la Ley 19.123 del año 1992 nosotros fuimos favorecidos y a la vez perjudicados, ya que por la parte judicial jamás se ha hecho justicia y por la parte económica solo recibimos una pensión de 4 años ya que la ley establece el máximo de edad de 25 años para los hijos. Por todo esto, vengo a solicitarle con todo respeto que anteceda nuestro caso ante el Senado debido a que mi hermano y yo, nos sentimos decepcionados con la propuesta del Gobierno por sentir que no se hace justicia realmente, ya que no consideraron el daño causado a los hijos de los ejecutados políticos quienes somos los más afectados ni tampoco pensaron en aquellas madres ya fallecidas y en los hijos totalmente desamparados, por lo cual solicito a usted que en la actual propuesta sean considerados y que no haya límite de edad para los beneficios a entregar por el gobierno, ya que según lo presentado por S. E. el Señor Presidente no estamos considerados en la propuesta

    Esperamos encontrar en usted acogida, comprensión y apoyo presentando nuestro caso al Senado y encontrar posibles soluciones a este tipo de casos ya que pensamos no debe ser el único. Me atrevo a solicitarle si es favorable la acogida, una entrevista personal ya que por cumplirse 30 años de la muerte de nuestro padre y del Golpe de Estado viajaré a la ciudad de Santiago permaneciendo allí alrededor de una semana. yeques@latinmail.com

    Agradeciendo desde ya su comprensión, le saludan.

    MACARENA RODRÍGUEZ VILLAGRA WASHINGTON RODRÍGUEZ VILLAGRA

  15. washington Rodriguez V. comentó el 24 de Julio, 2007 a las 12:55 pm

    Rancagu,20 Julio 2007

    Justicia No habra Jamás….
    Reparación solo para algunos….PRAT…SORIA Y OTROS… ELLOS SI SON IMPORTANTES PARA EL GOBIERNO….NOSOTROS NO…HASTA CUANDO.

    Junto con saludarlo y manifestarle nuestra admiración por la gran labor que cumple en el Senado y en defensa de los más desprotegidos de este país, nos permitimos distraer su atención y así poder revelarle nuestra historia.

    Somos dos hermanos, mi nombre es Macarena Rodríguez Villagra, Rut 11.845.689-0 y Washington Rodríguez Villagra, Rut 11.845.688-2, ambos de 32 años y domiciliados en Pobl. Pedro Aguirre Cerda, pasaje Manuel Tangasi Nº 2975 de la ciudad de Punta Arenas, hijos de José Eusebio Rodríguez Hernández, Rut 6.142.593-4 (ejecutado político) y Rosa Ester Villagra Villagra, Rut 6.213.565-4 (fallecida).

    Durante el Golpe Militar mis padres se encontraban casados y tenían domicilio en Nueva la Habana comuna de la Florida en la ciudad de Santiago, para esa fecha tan dolorosa y lamentable teníamos la edad de 2 años, mi padre tenía 24 y mi madre 25 además vivía con nosotros nuestra hermana Susana por parte de madre la que tenía 8 años de edad, actualmente ella se encuentra viviendo en Perú. Mi padre se desempeñaba como obrero de la construcción y era militante del Partido MIR, el día posterior al Golpe de Estado fue detenido por agentes de gobierno en el sector de Puente Alto, siendo el día 14 de Septiembre de 1973 enjuiciado y condenado a muerte, fue fusilado el mismo día. De acuerdo a un diario de la época quien dio la orden para su fusilación fue el Comandante del Regimiento Ferrocarrilero Nº 7 Teniente Coronel Mateo Durruty Blanco con el rango de Gobernador Militar, su cuerpo no fue entregado a nuestra madre ni familiares. Según versiones del Ejército y personas de la familia fue llevado directamente al cementerio. Haciendo averiguaciones en el año 1993 acudí a un cementerio a solicitar información, pudiendo constatar de acuerdo a lo que me informo el encargado del cual no recuerdo su nombre, que con el transcurso de los años como no se presentó ningún familiar sus restos fueron enviados a una fosa común.

    Después del fallecimiento de nuestro padre, según lo que nos contó nuestra hermana Susana que tenía unos años más y recuerda lo pasado, nuestra madre fue detenida y torturada permaneciendo en el Estadio Nacional alrededor de una semana, producto de esto y transcurrido el lento calvario sufrió un trauma insuperable lo que la llevó el día 23 de Diciembre de 1981 a tomar la terrible decisión de lanzarse a las aguas del Canal San Carlos provocando su muerte, siendo este el mismo sector donde falleció nuestro padre.

    Después de la muerte de nuestro padre, mi madre sola sin familiares cercanos (no tenemos conocimiento de familia por parte de ella) tenía constantemente trastornos mentales y por no poder llevar la carga de 3 hijos pequeños me envió donde mis abuelos paternos en Villarrica, con los que viví hasta los 18 años, quedándose en Santiago mi madre y mis dos hermanos. Con el transcurso de los años mi hermano recuerda los malos momentos que tuvieron que vivir debido al daño provocado, lo que hasta el día de hoy cuesta superar.

    Después de la muerte de mi madre nuestra familia ya destruida fue separada totalmente, quedando mi hermana de 15 años sola en Santiago, mi hermano de 9 años pasó de casa en casa de familiares quedándose definitivamente en Temuco. Por todo lo ocurrido en nuestra infancia y el paso de los años podemos darnos cuenta de la carencia tanto afectiva como económica, ya que la falta de un padre y una madre no la sustituye ningún familiar.

    Transcurridos los años y debido al cambio de gobierno democrático, se profundizó en investigar que había ocurrido realmente con las personas asesinadas y desaparecidas en nuestro país, pudiendo así afirmar con el Informe Retting lo que le había sucedido a nuestro padre. Con la Ley 19.123 del año 1992 nosotros fuimos favorecidos y a la vez perjudicados, ya que por la parte judicial jamás se ha hecho justicia y por la parte económica solo recibimos una pensión de 4 años ya que la ley establece el máximo de edad de 25 años para los hijos. Por todo esto, vengo a solicitarle con todo respeto que anteceda nuestro caso ante el Senado debido a que mi hermano y yo, nos sentimos decepcionados con la propuesta del Gobierno por sentir que no se hace justicia realmente, ya que no consideraron el daño causado a los hijos de los ejecutados políticos quienes somos los más afectados ni tampoco pensaron en aquellas madres ya fallecidas y en los hijos totalmente desamparados, por lo cual solicito a usted que en la actual propuesta sean considerados y que no haya límite de edad para los beneficios a entregar por el gobierno, ya que según lo presentado por S. E. el Señor Presidente no estamos considerados en la propuesta

    Esperamos encontrar en usted acogida, comprensión y apoyo presentando nuestro caso al Senado y encontrar posibles soluciones a este tipo de casos ya que pensamos no debe ser el único. Me atrevo a solicitarle si es favorable la acogida, una entrevista personal ya que por cumplirse 30 años de la muerte de nuestro padre y del Golpe de Estado viajaré a la ciudad de Santiago permaneciendo allí alrededor de una semana. yeques@latinmail.com

    Agradeciendo desde ya su comprensión, le saludan.

    NOTA….. JAMAS RECIBI RESPUESTA DE NADIE Y ASI DICEN QUE SOMOS IMPORTANTES PARA EL GOBIERNO…

    MACARENA RODRÍGUEZ VILLAGRA WASHINGTON RODRÍGUEZ VILLAGRA

  16. juan guillermo comentó el 19 de Agosto, 2007 a las 10:43 pm

    siempre me e preguntado como todos los comapñeros que sufrimos esta horrible etapa de la historia. que pasa con nuestras esposas e hijos que vivieron todas las humillaciones y vejamenes mientras estabamos detenidos o relegados ? acaso ellas no tienen derecho a una asignacion reparadora como nosotros ,¿ que le va a pasar cuando nosotros ya no estemos en este mundo ? nos dan una asignacion de 119.mil pesos al mes , saben ustedes cuanto an recibido los exonerados , cuanta plata les an dado? y nisiquiera ahy personas que fueron exoneradas. todos por pitutos y por movimientos raros de papeleos , siento impotencia y la realidad mucha frustracion , por como estos gobiernos nos han dado una limosna , parece que ellos no saben lo que es estar en una parrilla y te pongan corriente o te hagan meterte al mar a las 4 de la mañana y acostarse todo mojado , se les olvido lo que es estar relegado bajo ordenes , humillaciones y torturas de aquellos que tienen las armas , por dios hasta cuando , solo veanlo por nuestars esposas e hijos que tambien sufrieron.a esos politicos que se llenan los bolsillos de dinero , no se les olvide que la democracia se logro en base a tortura , exilio , relegamientos y sobre todo la dignidad de las personas que pasamos todas estas humillaciones , la mente es fragil y a las personas se le olvida. creo que lo unica forma de ser escuchado es organizandonos a traves de todo el pais , ojala algun dia se logre. un fuerte abrazo a todas aquellas personas sea esposas,hijos,o quien alla pasado por este episodio.gracias. pd: si alguna persona decea contactarse conmigo este es mi email. juan_guillermo40@hotmail.com

  17. eddasacco segovia comentó el 29 de Octubre, 2007 a las 1:27 pm

    señores del informe retting , yo soy una hija de don aldo sacco valencia , yo les puedo decir cuanto sufri a mis 14 años me daba cuenta de muchas cosas como tambien la perdida de mi padre, sufrimos hambre, si es sierto que hubo una reparacion economica , pero eso no borra el sufrimiento que tuvimos que pasar los cinco hijos , no tuvimos una educacion como para enfrentarno a la vida , hoy dia me encuentro en apuros economicos muy grandes , educando a hijos para que tengan una oportunidad en la vida que yo ni mis hermanos tuvimos .por eso le pido a nuestra precidenta si fuera posible que nos diera una pension economica , para poder seguir educando a mis hijos,,y si poder darle lo que yo no tuve.perdonen la falta de ortografia . esperando su respuesta se despide una madre muy aflijida en estos momentos, espero su respuesta lo antes posible , muchas gracias

  18. Preso político comentó el 4 de Septiembre, 2009 a las 8:17 am

    Sobre ley de reparacióna presos y torturados políticos:
    1.- Ma parece muy excluyente, en el sentido que no considera las características psicológicas de los afectados, despues de haber sido sometidos a distintos apremios fisicos y sicológicos por la dictadura militar. Esto se explica ya que los afectados manifiestan de distinta manera su compromiso sicológico, con mayor o menor adaptación a las normas, muchos de ellos con evidentes signos de paranoia, mal disimulada para poder adaptarse a los estatus laborales que actualmente desempeñan.
    Me parece un descriterio, por no decirlo de otra manera, el haber puesto una fecha de término a una lkey que tendía medianamiente a reparar un daño de esta magnitud, del que todos los chilenos como sociedad somos responsables de reparar de alguna manera, haciendo más llevadera la vida de la personas afectadas.
    Me parece extraño que las actuales autoridades no generen una modificacióna la ley en comento, de tal forma que aquellas personas que actualmente han logrado cierto grado de superación en su trauma puedan acceder a los beneficios y también tratar de que los afectados que tienen todavía miedo puedan incorporarse.
    Soy un ex preso politico de la dictadura militar y recién ahora medianamente me atrevo a dar la cara frente a las horrtendas experiencias vividas y de las que me tratado de sanar solo, pero reconozco haber llorado solo, siempre ocultando algo, como una culpa que no es mía pero que de alguna manera se hace propia cuando esos fantasmas vuelven una y otra vez no obstante parecian superados.Lo más doloroso es que la sociedad nos ve como normales, cuando sabemos que por dentro llevamos un terrible sufrimiento que no se lo daría a nadie.
    En la esperanza que se acuerden de nosotros me despido afectuosamente.

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