¿Qué buscamos?

Desde hace casi dos años, venimos demandando poner atención a la mala política, a sus consecuencias y daños a la democracia y el buen gobierno. La democracia necesita decencia, valores y sentido común. Aún más, los gobiernos y las coaliciones políticas que lo respaldan deben velar por ello y buscar formas y procedimientos reglados para conseguir altos estándares de probidad y eficiencia.

En nuestro país se ha debatido lo suficiente en asuntos jurídicos sobre esta materia, por lo que deberíamos estar en condiciones inmediatas para ajustar las piezas institucionales y conseguir un consenso parlamentario que genere un orden legal que asegure fiscalización, rendición de cuentas y responsabilidad en la gestión pública, en otras palabras una democracia de accountability. Así consideramos pertinente señalar algunas propuestas de índole política que nos parecen claves para avanzar en la dirección señalada. Tome nota presidenta y parlamento:

a) La gestión gubernamental debe estar reglada en función de programas escrutados por el voto popular y en condición de ser fiscalizados por la ciudadanía, a través de mecanismos revocatorios. Lamentablemente en nuestra democracia la calidad programática de la política es baja y no pasa de ser un tic electoral. Necesitamos políticas basadas en ideas y debatidas permanentemente en espacios públicos, y no en herméticas cámaras. Para ello es importante contar con un periodismo no sólo de vocación comercial, sino un periodismo ciudadano, que contribuya a generar opinión pública y que ponga la tecnología al servicio de la sociedad civil para una participación más activa en la toma de decisiones.
b) El Gobierno debe ser una función experta, abierta a la comunidad, a un estilo ciudadano, que asegure pleno acceso a la información pública; contagiado con una especial sensibilidad por la rectitud y el reconocimiento de la excelencia. En el ámbito gubernamental excelencia debe significar resultados, rendición de cuentas, liderazgo ético y capacidad de crear recursos morales y culturales en la sociedad, que contribuyan a un consenso sin vacilaciones sobre la ética pública y sus obligaciones.
c) Tanto el Gobierno, como las organizaciones de la sociedad civil, deben ampliar la ciudadanía simbólica hacia una que reconoce la austeridad, el argumento cívico, el respeto de la diversidad y la responsabilidad social (es decir, el deber de responder por nuestros actos); como un proceso de puesta en valor del capital intangible de la sociedad .
d) En los gobiernos existen redes y naturales implicaciones generacionales, partidarias, basadas en opciones de diversos tipos. Lo importante es que estas redes se pongan al servicio de una cultura de cooperación, de fomento de un liderazgo ético y de pleno reconocimiento del valor de servicio de la función pública, cuyo desconocimiento o burla sea sancionado social e institucionalmente.
e) Tolerancia cero con la política bizarra: la del que se salta la fila; la del que usa una información privilegiada; la del que basa su carrera política legítima en el clientelismo y en el parentesco; la del que patanea por los pasillos de los palacios en busca de la oportunidad de hacer negocios con el gobierno, sin apego a las reglas.
f) Un nuevo pacto ciudadano que le devuelva el sentido e interés público a la actividad política, que implique un sistema de control y de accountability del financiamiento y funcionamiento de los partidos; la creación definitiva del Defensor del Pueblo y del Instituto Nacional de Derechos Humanos; la existencia de Iniciativa Popular de Ley , de la elección democrática de los gobiernos regionales, entre otras acciones.
Es así, compañeros de viaje ciudadano, que seguiremos dándonos a entender edición a edición, bajo éste, nuestro marco lógico, perfectamente dialogable, y que ustedes ya conocen. El Ciudadano; el intrépido, que en papel se hace presente, con una propuesta que emana del raigambre de la razón.