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Carta abierta a la comunidad académica de la UCSH

Estimados colegas:

Como todos Uds. han sido informados, las autoridades de la Universidad han adoptado la decisión de despedir, a partir del día viernes recién pasado, tanto a Roxana Gómez como a mí, ambos académicos adscritos a la Escuela de Administración y Economía en la que hemos trabajado con gran dedicación por más de una década. Desde que se dio a conocer esta decisión, han sido numerosas las expresiones de afecto y solidaridad que hemos estado recibiendo de parte de miembros de los tres estamentos de la comunidad universitaria, de las cuales estamos profundamente agradecidos. Particularmente emocionantes han sido en este sentido las que nos han hecho presente algunos de nuestros estudiantes.

Puesto que se intentará justificar de algún modo esta decisión, ya que en un espacio público como este siempre será necesario hacerlo, de una manera o de otra, quisiera, como una última contribución al desarrollo de una cultura democrática en el seno de esta institución, darles a conocer mi propio punto de vista sobre estos hechos. No solo porque, antes de ser juzgada, toda persona tiene el elemental derecho a ser escuchada, sino también porque lo que aquí se pone en juego no son simplemente dos puestos de trabajo, ni la reputación académica de un par de personas, sino definiciones de política universitaria que sin duda merecen ser conocidas y ponderadas, en un ambiente de plena libertad de expresión, por toda la comunidad universitaria.

En lo estrictamente personal y formal, no cabe la menor duda de que hemos sido víctimas de un despido injustificado, de una decisión que no puede invocar otra causal que las conocidas “necesidades de la empresa”, que aun consagra nuestra legislación laboral. Ello, a pesar de que sería muy fácil demostrar que las tareas que desempeñábamos no serán suprimidas, sino que deberán ser cubiertas por otras personas. Será necesario contratar nuevos profesores para que se hagan apresuradamente cargo de impartir, a como de lugar, los cursos que nos habían sido asignados para este semestre. Por lo demás, nuestro desempeño académico ha sido siempre evaluado como excelente.

¿Qué es, entonces, lo que ha llevado a las autoridades universitarias a adoptar esta decisión? Al momento de ser notificado de mi despido, solicité que, en consideración al largo periodo tiempo que he prestado servicios a la institución, se tuviese al menos la deferencia de explicarme los motivos. Sólo se me indicó, escuetamente, el interés de las autoridades por llevar a cabo una reestructuración de la Escuela. Sin embargo, lo que, para mí al menos, resulta sorprendente, es que dicho interés no se plasme primero en un proyecto, debidamente fundado y susceptible de ser ampliamente conocido y debatido por la comunidad académica, como sería lo propio en un medio universitario, sino que se exprese exclusivamente en una decisión de despido y sin que se esté en condiciones de levantar cargo alguno en contra de los afectados por ella.

Lo claro, por tanto, es que si ese proyecto de reestructuración efectivamente existe, aunque solo fuese por ahora como una aspiración vagamente concebida, no se desea discutirlo con nosotros. ¿Por qué? Cabe suponer que, por muy vagas que sean, algunas ideas debe haber. Y si, a su vez, ellas estuviesen inspiradas en una común aspiración a fortalecer el trabajo de la Escuela y su compromiso con los valores de una cultura solidaria y participativa ¿por qué no exponerlas, entonces, de un modo suficientemente claro y fundamentado, buscando persuadirnos de sus eventuales bondades e involucrarnos de manera activa en su puesta en aplicación? ¿No es, precisamente, esa capacidad de proyectar, persuadir e involucrar lo que debe caracterizar a un efectivo liderazgo académico? Pero si decide no actuar de esa manera ¿cómo interpretar, entonces, la decisión de despido adoptada en este caso por la autoridad universitaria?

Todo parece indicar que lo que en definitiva se desea, aunque aun sin reconocerlo abiertamente, es terminar con el proyecto académico que ha orientado el trabajo de la Escuela por casi una década. Como se recordará, ese proyecto se gestó, con la participación de todos sus académicos y la aprobación de la propia autoridad universitaria, en torno a los conceptos de “economía de la solidaridad” y “gestión participativa” como sus ejes articuladores. Pero parece ser que la autoridad se ha ido desentendiendo, poco a poco, de este proyecto, aunque no de una manera explícita, y que, en consecuencia, está tratando de imponer ahora uno distinto, más en la lógica de una escuela de negocios, pero esta vez sin necesidad de debate, de manera completamente discrecional. En esa lógica, es claro que quienes ahora somos exonerados aparecemos como un obstáculo.

Se, por los comentarios que he escuchado, que en algunos miembros de la comunidad universitaria parece estar presente la imagen de que quienes estamos siendo despedidos seríamos personas poco criteriosas, sin capacidad de autocrítica y gratuitamente conflictivas. Pero el solo hecho de que se tienda a juzgar y a actuar en base a tales impresiones o prejuicios es expresivo de una seria anomalía en la vida de una comunidad universitaria, donde debiese imperar no la sospecha sino, por el contrario, el espíritu inquisitivo, siempre crítico y reflexivo, de la ciencia para identificar, enfrentar y resolver sus dificultades. Ello debiera conducir a formular al menos hipótesis razonables, debidamente fundadas, sobre la naturaleza de esas dificultades, a invocar evidencias y confrontar argumentos, sin someterse dócilmente a meros juicios de autoridad, cualquiera que esta sea.

No tengo aquí, porque extendería en demasía el largo de esta carta, la posibilidad de hacerme cargo de la compleja problemática involucrada en el juicio adverso que como Programa de Ingeniería Comercial recibimos de la CNAP.2 Hay allí problemas de diversa índole que resultaría muy provechoso considerar en toda su real extensión y profundidad, y no con la presurosa superficialidad que parece estarse imponiendo. Lamento no tener ya la posibilidad de compartir con Uds. mi reflexión al respecto, la que había comenzado a plasmar en un texto que ahora quedará trunco. Pero creo que es de la esencia de una auténtica comunidad universitaria llevar a cabo ese ejercicio. Y si, exponiendo y confrontando abiertamente sus razones, esa comunidad finalmente no logra ponerse de acuerdo, podrá al menos tener la satisfacción de haber podido clarificar suficientemente el verdadero significado y alcance de sus diferencias.

¿Se ha intentado eso en este caso? Ya he señalado que la autoridad ha decidido exonerarnos sin explicar abiertamente sus motivos. En consecuencia, uno tiene derecho a pensar que la imagen negativa creada en torno a nosotros solo ha sido construida para cubrir los desaciertos de otros. Algo así como la vieja historia del remero3 que se contó en Olmué.4 Pareciese que en este caso, a la autoridad tampoco le interesa escuchar con atención un razonamiento orientado a desarrollar una comprensión profunda de los problemas. Es como si le bastase con llevar a cabo una simple rutina y por esa vía escuchar únicamente lo que desea. Quizás se habría sentido muy complacida si sólo hubiese obtenido de nosotros un mero acto de contrición. Por mi parte, he confiado en que este está llamado a ser un proyecto universitario serio y que, en consecuencia, su manera de encarar los problemas debe estar, necesariamente, a la altura de lo que esto significa. Sin diálogo, sin intercambio de ideas, argumentos y evidencias, puede haber cualquier cosa, menos una auténtica universidad.

En un plano más inmediato, todo parece indicar que, en mi caso al menos, esta decisión de despido ha sido gatillada por el hecho, temerario o imprudente a juicio de algunos, de haberme atrevido a tener y expresar, a nombre de los académicos de la Escuela, una opinión distinta a la de las autoridades con respecto al modo en que se gestionan hoy algunos ámbitos muy específicos de la actividad universitaria, concernientes a la vida de las unidades académicas. Particularmente sensible parece haber sido el que haya identificado como una clara debilidad el que no se considere la opinión de los académicos, ni el proyecto eventualmente elaborado por éstos, en el mecanismo establecido por la Universidad para la designación de los Directores de las unidades académicas.

Debo señalar que esa opinión no se halla motivada por algún interés mezquino, puesto que jamás he aspirado a desempeñar algún cargo directivo, sino que responde exclusivamente a una convicción profunda respecto de lo que significa hacerse responsable de llevar a cabo, en buena forma, un proyecto universitario en interés del país. Un proyecto universitario que guarde correspondencia en los hechos, y no sólo en el discurso, con los valores de la democracia y con el propósito de desarrollar una labor académica de excelencia. Es, por lo tanto, una opinión sobre política universitaria, que cae enteramente dentro de un ámbito de debate legítimo, del que debiera ser partícipe toda la comunidad universitaria. Se trata de una opinión que, por lo demás, tampoco es demasiado novedosa, si se considera la experiencia de la mayor parte del mundo universitario, el juicio de la propia CNAP sobre estas materias y la prolongada adhesión de la Escuela a la idea de una gestión participativa.

Lo que subyace a esta cuestión, aparentemente menor y supuestamente zanjada por la normativa institucional, es la concepción misma que, en definitiva, se tiene de la institución universitaria. Para mí ella es, por definición, un espacio público, consagrado no solo a la formación profesional sino también, y muy fundamentalmente, al desarrollo del saber, a la creación de conocimientos y de nuevas expresiones artísticas. Esto último supone que la universidad es una comunidad de académicos y estudiantes no sólo capaz de dialogar y confrontar ideas, sino también de gobernarse a sí misma, muy especialmente en el ámbito en que se cultivan las diversas disciplinas. Una institución en que las jerarquías formales de autoridad, desde las que se ejerce un poder basado en las potestades de los cargos, tienden a coincidir, o están al menos claramente en consonancia, con las jerarquías del saber, fundadas en la incesante búsqueda y desarrollo de los conocimientos, con arreglo al espíritu de la ciencia.

No parece que esa sea la dirección en que actualmente marcha esta universidad. Cada vez con mayor nitidez, los criterios de gestión tienden a primar sobre los criterios propiamente académicos y esta parece ser la raíz de la discrepancia a que he aludido. Es ello lo que explica que, para nuestras autoridades, un académico pueda opinar libremente sobre cualquier materia de su competencia disciplinaria, pero no sobre los criterios de gestión de la propia comunidad universitaria a la que pertenece. De esta manera, la señal que se esta dando con nuestra exoneración es del todo inequívoca: se esta consagrando de hecho, al menos respecto de estas materias, el delito de opinión en el seno de la Universidad, con todo el significado que esto tiene. Si la autoridad no está dispuesta a tolerar más opiniones que la propia, si los demás se ven, entonces, en la necesidad de silenciar las suyas por temor a las represalias, resulta inevitable que las bases morales sobre las que descansa toda la vida de la institución se vean profundamente erosionadas.

Parece claro, así, por todo lo señalado, que se me está despidiendo por el solo hecho de disentir de la autoridad universitaria y atreverme a ejercer mi derecho a expresar públicamente, en el seno de la universidad, esa discrepancia. Y parece claro, también, que, más allá de eso, está el deseo de la autoridad universitaria de tener las manos suficientemente libres para llevar a cabo una “reestructuración” mayor sin necesidad de verse obligada a dar explicaciones a nadie. Me parece innecesario señalar lo que esa línea de conducta significa. Cada cual se formará el juicio que considere más apropiado. Solo me limitaré a recordar y hacer mía aquella célebre sentencia atribuida a Shakespeare: “Hereje no es el que arde en la hoguera, sino el que la enciende”.

Les saluda con el afecto de siempre

Jorge Gonzalorena

Santiago, 6 de agosto de 2007

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6 comentarios para “Carta abierta a la comunidad académica de la UCSH”

Andrea Gálvez comentó el 29 de Agosto, 2007 a las 8:07 pm
Hola!
Yo leo todos los artículos que me llegan al mail, además de leer el periódico siempre. Eso si, en esta ocasión tengo una duda con respecto a este artículo, es bien básica, pero no quise dejar d preguntarles: ¿¿qué significa la sigla UCSH?? en ninguna parte del articulo lo dicen, o paso por despistada??
bueno eso es todo…
Felicitando a los que trabajan por la edición de El Ciudadano.
Y mandándoles muchos cariños desde la ciudad puerto de Valparaíso, donde junto a un grupo de amigos y amigas, somos la Agrupación de Suplementeros Independientes de Valpo, que difundimos en la región El Ciuadano, Ciudads Invisible y Páginas Chilenas, entre otros medios en tramitación.
El viernes pasado realizamos una intervención en el centro de la ciudad, hecho que tuvo gran recepción, y Hoy en la Marcha por las calles estuvimos presentes, y mucha gente compró los medios, asi que contentos, y a seguir con la difusión de este tipo de medios que realmente informan y educan a nuestro Pueblo.
Saludos y abrazos miles
Andrea Gálvez Páez
merío comentó el 30 de Agosto, 2007 a las 4:00 am
universidad catolica silva henriquez
Jorge Gonzalorena comentó el 30 de Agosto, 2007 a las 12:20 pm
Estimado Sr. Director:
Agradezco la publicación de mi carta abierta a la comunidad académica de la UCSH en la versión electrónica de El Ciudadano.
Sin embargo, quisiera pedirles que incluyeran también las notas al pie de página que contiene ese texto ya que de lo contrario su significado se torna menos claro para los lectores ajenos a la Universidad.
Además les solicito la inclusión de la carta dirigida a las autoridades de la universidad firmada por más de cien personas, en su gran mayoría vinculadas al medio académico nacional e internacional. Con tal fin les adjunto la carta con las notas y la versión actualizada de esa lista.
Saluda atte. a Ud.
Jorge Gonzalorena
Carta abierta a la comunidad académica de la UCSH(1)
Estimados colegas:
Como todos Uds. han sido informados, las autoridades de la Universidad han adoptado la decisión de despedir, a partir del día viernes recién pasado, tanto a Roxana Gómez como a mí, ambos académicos adscritos a la Escuela de Administración y Economía en la que hemos trabajado con gran dedicación por más de una década. Desde que se dio a conocer esta decisión, han sido numerosas las expresiones de afecto y solidaridad que hemos estado recibiendo de parte de miembros de los tres estamentos de la comunidad universitaria, de las cuales estamos profundamente agradecidos. Particularmente emocionantes han sido en este sentido las que nos han hecho presente algunos de nuestros estudiantes.
Puesto que se intentará justificar de algún modo esta decisión, ya que en un espacio público como este siempre será necesario hacerlo, de una manera o de otra, quisiera, como una última contribución al desarrollo de una cultura democrática en el seno de esta institución, darles a conocer mi propio punto de vista sobre estos hechos. No solo porque, antes de ser juzgada, toda persona tiene el elemental derecho a ser escuchada, sino también porque lo que aquí se pone en juego no son simplemente dos puestos de trabajo, ni la reputación académica de un par de personas, sino definiciones de política universitaria que sin duda merecen ser conocidas y ponderadas, en un ambiente de plena libertad de expresión, por toda la comunidad universitaria.
En lo estrictamente personal y formal, no cabe la menor duda de que hemos sido víctimas de un despido injustificado, de una decisión que no puede invocar otra causal que las conocidas “necesidades de la empresa”, que aun consagra nuestra legislación laboral. Ello, a pesar de que sería muy fácil demostrar que las tareas que desempeñábamos no serán suprimidas, sino que deberán ser cubiertas por otras personas. Será necesario contratar nuevos profesores para que se hagan apresuradamente cargo de impartir, a como de lugar, los cursos que nos habían sido asignados para este semestre. Por lo demás, nuestro desempeño académico ha sido siempre evaluado como excelente.
¿Qué es, entonces, lo que ha llevado a las autoridades universitarias a adoptar esta decisión? Al momento de ser notificado de mi despido, solicité que, en consideración al largo periodo tiempo que he prestado servicios a la institución, se tuviese al menos la deferencia de explicarme los motivos. Sólo se me indicó, escuetamente, el interés de las autoridades por llevar a cabo una reestructuración de la Escuela. Sin embargo, lo que, para mí al menos, resulta sorprendente, es que dicho interés no se plasme primero en un proyecto, debidamente fundado y susceptible de ser ampliamente conocido y debatido por la comunidad académica, como sería lo propio en un medio universitario, sino que se exprese exclusivamente en una decisión de despido y sin que se esté en condiciones de levantar cargo alguno en contra de los afectados por ella.
Lo claro, por tanto, es que si ese proyecto de reestructuración efectivamente existe, aunque solo fuese por ahora como una aspiración vagamente concebida, no se desea discutirlo con nosotros. ¿Por qué? Cabe suponer que, por muy vagas que sean, algunas ideas debe haber. Y si, a su vez, ellas estuviesen inspiradas en una común aspiración a fortalecer el trabajo de la Escuela y su compromiso con los valores de una cultura solidaria y participativa ¿por qué no exponerlas, entonces, de un modo suficientemente claro y fundamentado, buscando persuadirnos de sus eventuales bondades e involucrarnos de manera activa en su puesta en aplicación? ¿No es, precisamente, esa capacidad de proyectar, persuadir e involucrar lo que debe caracterizar a un efectivo liderazgo académico? Pero si decide no actuar de esa manera ¿cómo interpretar, entonces, la decisión de despido adoptada en este caso por la autoridad universitaria?
Todo parece indicar que lo que en definitiva se desea, aunque aun sin reconocerlo abiertamente, es terminar con el proyecto académico que ha orientado el trabajo de la Escuela por casi una década. Como se recordará, ese proyecto se gestó, con la participación de todos sus académicos y la aprobación de la propia autoridad universitaria, en torno a los conceptos de “economía de la solidaridad” y “gestión participativa” como sus ejes articuladores. Pero parece ser que la autoridad se ha ido desentendiendo, poco a poco, de este proyecto, aunque no de una manera explícita, y que, en consecuencia, está tratando de imponer ahora uno distinto, más en la lógica de una escuela de negocios, pero esta vez sin necesidad de debate, de manera completamente discrecional. En esa lógica, es claro que quienes ahora somos exonerados aparecemos como un obstáculo.
Se, por los comentarios que he escuchado, que en algunos miembros de la comunidad universitaria parece estar presente la imagen de que quienes estamos siendo despedidos seríamos personas poco criteriosas, sin capacidad de autocrítica y gratuitamente conflictivas. Pero el solo hecho de que se tienda a juzgar y a actuar en base a tales impresiones o prejuicios es expresivo de una seria anomalía en la vida de una comunidad universitaria, donde debiese imperar no la sospecha sino, por el contrario, el espíritu inquisitivo, siempre crítico y reflexivo, de la ciencia para identificar, enfrentar y resolver sus dificultades. Ello debiera conducir a formular al menos hipótesis razonables, debidamente fundadas, sobre la naturaleza de esas dificultades, a invocar evidencias y confrontar argumentos, sin someterse dócilmente a meros juicios de autoridad, cualquiera que esta sea.
No tengo aquí, porque extendería en demasía el largo de esta carta, la posibilidad de hacerme cargo de la compleja problemática involucrada en el juicio adverso que como Programa de Ingeniería Comercial recibimos de la CNAP.(2) Hay allí problemas de diversa índole que resultaría muy provechoso considerar en toda su real extensión y profundidad, y no con la presurosa superficialidad que parece estarse imponiendo. Lamento no tener ya la posibilidad de compartir con Uds. mi reflexión al respecto, la que había comenzado a plasmar en un texto que ahora quedará trunco. Pero creo que es de la esencia de una auténtica comunidad universitaria llevar a cabo ese ejercicio. Y si, exponiendo y confrontando abiertamente sus razones, esa comunidad finalmente no logra ponerse de acuerdo, podrá al menos tener la satisfacción de haber podido clarificar suficientemente el verdadero significado y alcance de sus diferencias.
¿Se ha intentado eso en este caso? Ya he señalado que la autoridad ha decidido exonerarnos sin explicar abiertamente sus motivos. En consecuencia, uno tiene derecho a pensar que la imagen negativa creada en torno a nosotros solo ha sido construida para cubrir los desaciertos de otros. Algo así como la vieja historia del remero(3) que se contó en Olmué(4). Pareciese que en este caso, a la autoridad tampoco le interesa escuchar con atención un razonamiento orientado a desarrollar una comprensión profunda de los problemas. Es como si le bastase con llevar a cabo una simple rutina y por esa vía escuchar únicamente lo que desea. Quizás se habría sentido muy complacida si sólo hubiese obtenido de nosotros un mero acto de contrición. Por mi parte, he confiado en que este está llamado a ser un proyecto universitario serio y que, en consecuencia, su manera de encarar los problemas debe estar, necesariamente, a la altura de lo que esto significa. Sin diálogo, sin intercambio de ideas, argumentos y evidencias, puede haber cualquier cosa, menos una auténtica universidad.
En un plano más inmediato, todo parece indicar que, en mi caso al menos, esta decisión de despido ha sido gatillada por el hecho, temerario o imprudente a juicio de algunos, de haberme atrevido a tener y expresar, a nombre de los académicos de la Escuela, una opinión distinta a la de las autoridades con respecto al modo en que se gestionan hoy algunos ámbitos muy específicos de la actividad universitaria, concernientes a la vida de las unidades académicas. Particularmente sensible parece haber sido el que haya identificado como una clara debilidad el que no se considere la opinión de los académicos, ni el proyecto eventualmente elaborado por éstos, en el mecanismo establecido por la Universidad para la designación de los Directores de las unidades académicas.
Debo señalar que esa opinión no se halla motivada por algún interés mezquino, puesto que jamás he aspirado a desempeñar algún cargo directivo, sino que responde exclusivamente a una convicción profunda respecto de lo que significa hacerse responsable de llevar a cabo, en buena forma, un proyecto universitario en interés del país. Un proyecto universitario que guarde correspondencia en los hechos, y no sólo en el discurso, con los valores de la democracia y con el propósito de desarrollar una labor académica de excelencia. Es, por lo tanto, una opinión sobre política universitaria, que cae enteramente dentro de un ámbito de debate legítimo, del que debiera ser partícipe toda la comunidad universitaria. Se trata de una opinión que, por lo demás, tampoco es demasiado novedosa, si se considera la experiencia de la mayor parte del mundo universitario, el juicio de la propia CNAP sobre estas materias y la prolongada adhesión de la Escuela a la idea de una gestión participativa.
Lo que subyace a esta cuestión, aparentemente menor y supuestamente zanjada por la normativa institucional, es la concepción misma que, en definitiva, se tiene de la institución universitaria. Para mí ella es, por definición, un espacio público, consagrado no solo a la formación profesional sino también, y muy fundamentalmente, al desarrollo del saber, a la creación de conocimientos y de nuevas expresiones artísticas. Esto último supone que la universidad es una comunidad de académicos y estudiantes no sólo capaz de dialogar y confrontar ideas, sino también de gobernarse a sí misma, muy especialmente en el ámbito en que se cultivan las diversas disciplinas. Una institución en que las jerarquías formales de autoridad, desde las que se ejerce un poder basado en las potestades de los cargos, tienden a coincidir, o están al menos claramente en consonancia, con las jerarquías del saber, fundadas en la incesante búsqueda y desarrollo de los conocimientos, con arreglo al espíritu de la ciencia.
No parece que esa sea la dirección en que actualmente marcha esta universidad. Cada vez con mayor nitidez, los criterios de gestión tienden a primar sobre los criterios propiamente académicos y esta parece ser la raíz de la discrepancia a que he aludido. Es ello lo que explica que, para nuestras autoridades, un académico pueda opinar libremente sobre cualquier materia de su competencia disciplinaria, pero no sobre los criterios de gestión de la propia comunidad universitaria a la que pertenece. De esta manera, la señal que se esta dando con nuestra exoneración es del todo inequívoca: se esta consagrando de hecho, al menos respecto de estas materias, el delito de opinión en el seno de la Universidad, con todo el significado que esto tiene. Si la autoridad no está dispuesta a tolerar más opiniones que la propia, si los demás se ven, entonces, en la necesidad de silenciar las suyas por temor a las represalias, resulta inevitable que las bases morales sobre las que descansa toda la vida de la institución se vean profundamente erosionadas.
Parece claro, así, por todo lo señalado, que se me está despidiendo por el solo hecho de disentir de la autoridad universitaria y atreverme a ejercer mi derecho a expresar públicamente, en el seno de la universidad, esa discrepancia. Y parece claro, también, que, más allá de eso, está el deseo de la autoridad universitaria de tener las manos suficientemente libres para llevar a cabo una “reestructuración” mayor sin necesidad de verse obligada a dar explicaciones a nadie. Me parece innecesario señalar lo que esa línea de conducta significa. Cada cual se formará el juicio que considere más apropiado. Solo me limitaré a recordar y hacer mía aquella célebre sentencia atribuida a Shakespeare: “Hereje no es el que arde en la hoguera, sino el que la enciende”.
Les saluda con el afecto de siempre
Jorge Gonzalorena
Santiago, 6 de agosto de 2007
(1)Universidad Católica Silva Henríquez
(2) Comisión Nacional de Acreditación de Programas, organismo público encargado de fiscalizar la calidad de los servicios educativos que ofrecen las instituciones de la educación superior en Chile.
(3) El chiste del remero se puede leer en una versión española en:
http://forum.elcafedelforo.com/viewtopic.php?t=18247&view=next&sid=fd3da3ad07b7de282cd6bacd99d74513
(4) Se alude a una jornada de autoevaluación institucional organizada por la Dirección de Planificación y Desarrollo de la UCSH en el pueblo de Olmué entre el 17 y 19 de julio recién pasado.
Sr. Sergio Torres Pinto
Rector de la Universidad Católica Silva Henríquez
Santiago de Chile
________________________________________
Señor Rector:
Hemos tomado conocimiento, con gran preocupación, del despido, sin expresión de motivos, de los profesores Jorge Gonzalorena, Editor de la revista Oikos, y Roxana Gómez, ex Directora de la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez que Ud. dirige.
Considerando que, como una expresión suprema de autoritarismo, estos procedimientos no corresponden a los que deben regir en una institución universitaria, le solicitamos dejar sin efecto esa medida y reincorporar de inmediato a sus labores a ambos académicos.
Para fortalecer su rol y su reputación en la sociedad actual, haciendo frente de manera creativa y responsable a los enormes desafíos que hoy enfrentan nuestras sociedades, las universidades necesitan desarrollar su vida académica en un ambiente de plena libertad y pluralismo.
Le saludan atentamente
Abelardo Mariña, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapozalco, México; Agustin Crivelli, Fundación de investigaciones Sociales y Políticas (FISYP) / Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Argentina y Red de Economía Mundial (REDEM); Aída Lerman, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), México y Red de Economía Mundial (REDEM); Alejandro Álvarez, División de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Red de Economía Mundial (REDEM); Alejandro Canales, Grupo de Trabajo CLACSO sobre Estados Unidos; Alejandro Fiorito, Universidad Nacional de Luján (UNLU), Buenos Aires, Argentina; Alejandro Valle Baeza, División de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA); Américo Arroyuelo, Escuela de Educación Física de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), Presidente del Sindicato de la Empresa Universidad Católica Silva Henríquez, Chile; Ana Esther Ceceña, Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México (IIEc-UNAM); Ana María Larrea, IEE, Ecuador y Grupo de Trabajo CLACSO sobre Estados Unidos; Aníbal Quijano, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú; Antonio Elías, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Universidad de la República, Uruguay y Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA); Antonio Sanabria, Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Universidad Complutense de Madrid, España; Ariel Filadoro, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; Axel Kicillof, Facultad de Ciencias Económicas e Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; Beatriz Stolowicz, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),Unidad Xochimilco, México; Bibiana Medialdea, Departamento de Economía Aplicada I, Facultad de Económicas Universidad Complutense de Madrid, España; Carlos Eduardo Martins, Universidad Fluminense, Río de Janeiro, Brasil y Red de Economía Mundial (REDEM); Carlos Gómez, Departamento de Educación Matemática, Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), Chile; Carlos Guillermo Álvarez, Escuela de Economía, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín y Red de Economía Mundial (REDEM); Carlos Tomic, Centro de Estudios Transnacionales de Economía y Sociedad (CETES), Chile; Carolina Jiménez, Universidad Autónoma de México; Ciro Ibáñez, Departamento de Economía de la Salud del MINSAL, Chile; Claudio Casparrino, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; Claudio Golonbek, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; Claudio Katz, Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador de CONICET, Argentina; Daniel Vaca-Narvaja, Seminario Iberoamericano de Estudios Socio-Económicos (SIESE) “Manuel Ugarte”, Córdoba, Argentina; Darío Salinas, Programa de Posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana (UIA), México; David Debrott, Departamento de Economía de la Salud del MINSAL, Chile y Red de Economía Mundial (REDEM); Dídimo Castillo, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Toluca, México; Diego Guerrero, Departamento de Economía Aplicada V, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense, Campus de Somosaguas, Madrid, España; Edgardo Lander, Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Sociología, Universidad Central de Venezuela; Eduardo Naranjo, Departamento de Sociología, Universidad de Kristianstad, Suecia; Elena Alvarez, Ministerio de Economía, Cuba; Elsa Gracida, División de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Eric Toussaint, Cientista Político, Presidente del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), Bélgica; Federico Manchón, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), México y Red de Economía Mundial (REDEM); Felipe Pérez Martí, Centro de Políticas Públicas, Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), Caracas, ex Ministro de Planificación y Desarrollo de Venezuela; Fernando Cadiz, Planificador urbano, ex académico de la Universidad Arcis, Chile; Fernando Hugo Azcurra, Universidad de Buenos Aires (UBA) y Universidad Nacional de Luján (UNLU), Argentina; Francisco Santana, Departamento de Música, Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP), Sao Paulo, Brasil; George Priestley, Queens College–CUNY (City University of New York), EEUU; Germán Sánchez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México y Red de Economía Mundial (REDEM); Gloria Martínez, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),Unidad Iztapalapa, México; Gladys Hernández, Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), Cuba; Graciela Galarce, Centro de Estudios Transnacionales de Economía y Sociedad (CETES), Chile y Grupo de Trabajo CLACSO sobre Globalización, Economías nacionales y Transnacionales; Guillermo Castro, CELA, Panamá; Guillermo Foladori, Programa de Doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México, Investigador de CONACYT, Internacional Nanotechnology & Society Network; Guillermo Gigliani, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; Gustavo Murga, Universidad Nacional de Luján (UNLU), Buenos Aires, Argentina; Héctor Arenas, Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), Chile; Herminia C. Fookong, Universidad Autónoma de Guerrero, México; Ignacio Alvarez, Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Universidad Complutense de Madrid, España; Jaime Estay, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México y Red de Economía Mundial (REDEM); Jaime González, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapozalco, México; Jaime Osorio, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco, México; Jaime Zuluoga, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá; Jairo Estrada, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia; James Cypher, Facultad de Economía de la Universidad del Estado de California, Fresno, EEUU y Programa de Doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México; Jan Cademártori, Facultad de Economía y Administración, Departamento de Economía, Universidad Católica del Norte, Chile; Javier Martínez, Departamento de Política Económica y Estructura Económica Mundial, Universidad de Barcelona, España y Red de Economía Mundial (REDEM); Jorge Marchini, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina y Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA); José María Gómez, IRI, Pontificia Universidad Católica, Río de Janeiro, Brasil; José Morales, Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), Tesorero del Sindicato de la Empresa Universidad Católica Silva Henríquez, Chile; Josefina Morales, Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México (IIEc-UNAM) y Red de Economía Mundial (REDEM); Juan Arancibia, Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México (IIEc-UNAM) y Red de Economía Mundial (REDEM); Juan Guillermo Ferro, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia; Juan Pablo Mateo, Departamento de Economía Aplicada I, Facultad de Económicas Universidad Complutense de Madrid, España; Juan Radrigán, Economista, ex académico de la Universidad Arcis, Chile; Julio Gambina, Fundación de investigaciones Sociales y Políticas (FISYP) / Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Argentina y Red de Economía Mundial (REDEM); Leandro Zamorano, Historiador y sociólogo, Instituto de Historia de la Universidad de Valparaíso, Chile; Leonardo Jeffs, Director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades, Universidad de Valparaíso, Chile; Luis Buendía, Departamento de Economía Aplicada I, Facultad de Económicas Universidad Complutense de Madrid, España; Luis Gómez, Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), Cuba; Luis Medina, Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), Chile; Marcelo Carcanholo, Universidad Federal de Uberlândia, Brasil y Red de Economía Mundial (REDEM); Marco Antonio Gandásegui, Director del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), Panamá; Margarita Iglesias, Directora de Relaciones Internacionales, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile; María Emilia Tijoux, Universidad Bolivariana, ex directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Arcis, Chile; María Eugenia Martínez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México y Red de Economía Mundial (REDEM); María Eugenia Romero, División de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); María Eugenia Téllez, Departamento de Educación Matemática, Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), Chile; Marielle Palau, Grupo de Trabajo CLACSO sobre Hegemonía y Contra-Hegemonía, BASE Investigaciones Sociales, Asunción, Paraguay; Marina Martínez, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Mario Borrel, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; Mario Rapoport Director del Instituto de Historia Económica de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; Martín Kalos, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; Mauricio Ponce, Economista, ex académico de la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), Chile; Miguel Montanya, Departamento de Economía Aplicada I, Facultad de Económicas Universidad Complutense de Madrid, España; Miguel Urrutia, Departamento de Sociología de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), Chile, Editor de la revista “Temas Sociológicos”; Nildo Ouriques Observatorio Latinoamericano de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, Brasil; Orlando Caputo, Director del Centro de Estudios Transnacionales de Economía y Sociedad (CETES), Chile; Osvaldo Martínez, Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), Cuba y Red de Economía Mundial (REDEM); Patricia Olave, Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) de México; Patricia Parga-Vega, Radio Campus, Universidad Libre de Bruselas, Bélgica; Patricio Escobar, Sociólogo y economista, ex director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Arcis, Chile; Paula Barría, Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Arcis, Chile; Pedro Marín, Dirigente del Sindicato Minero La Escondida, Chile; Pierre Salama, Universidad de París XIII, Director Científico de la revista Tiers Monde, Francia; Pilar Lezárraga, Economista, Comunidad de Estudios JAINA, Tarija, Bolivia; Plínio de Arruda Sampaio Junior, Instituto de Economía de la Universidad Estadual de Campinas (IE-UNICAMP), Sao Paulo, Brasil; Rafael Agacino, Economista, ex académico de la Universidad Arcis, Chile y Red de Economía Mundial (REDEM); Ramiro Orellana, Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), Chile; Ramón Sánchez Noda, Ministerio de Educación Superior, Cuba y Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA); Raúl Delgado Wise, Director del Programa de Doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México; Raúl Ornelas, Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México (IIEc-UNAM); Reinaldo Carcanholo, Universidad Federal de Espíritu Santo (UFES), Brasil y Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA); Renard Betancourt, Escritor y poeta, Chile; Ricardo Moledro, Departamento de Economía Aplicada I, Facultad de Económicas Universidad Complutense de Madrid, España; Roberto Verrier, Presidente de la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC); Rodrigo Larraín, Escuela de Sociología, Universidad Central de Chile; Ronald Chicote, Economista, Argentina; Sergio Grez, Universidad de Chile, Director del magíster de Historia y Ciencias Sociales en la Universidad Arcis, Director del Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna, Chile; Silvia monterilla, Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), Chile; Silvina Romano, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y Grupo de Trabajo CLACSO sobre EEUU; Soledad Zuleta, Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Arcis, Chile; Tatiana Coll, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM; Ulises Urriola, Hôpital psychiatrique Perrey-Vaucluse, París, Francia ; Verónica Fuentes, Trabajadora Social y antropóloga, estudiante del Programa de Doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México; Wim Dierckxsens, Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), Costa Rica y Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA); Yemil Harcha, Escuela de Derecho de la Universidad Pedro de Valdivia, Chile
Agosto de 2007
dutcho comentó el 30 de Agosto, 2007 a las 12:37 pm
hace bien constatar que hemos vivido en una burbuja pensando que las cosas son como las creemos aun y cuando no sea asi ademas la proletarizacion de los academicos empezó hace ya bastante tiempo y desde las puertas hacia adentro es solo para iniciados dutcho@web.nl
Cristian Herrera comentó el 10 de Marzo, 2010 a las 6:56 am
Entre el 2009 a Ing Comercial en la UCSH, me inscribi (por que lo preguntaron) en la mencion economia, pero a fines de ese año, me entere por alumnos de cursos superiores sobe la reestructuracion de la Escuela, donde se me hacia referencia al despido de estos 2 destacados academicos, que sin conocerlos admiro desde ya, por ser una voz disidente en un mundo univeristario privado sin representacion. Dicha nueva estructura de la escuela, considera sin ninguna presentacion de algun estudio empirico, la eliminacion de la mencion Economia. Es una verguenza que se deje a los alumnos mas destacados de la carrera, como lo somos los que queremos economia, sin la posibilidad de ser lo que soñamos… Se me olvidaba que esto es solo mercancia para ellos…
Saludos y consejos sobre pasos que debo seguir cherrera99@gmail.com
feeniectmen comentó el 8 de Mayo, 2012 a las 2:55 pm
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