Motivados por la agudización de situaciones de conflicto y represión, así como por el retroceso en el respeto de derechos humanos de amplios sectores de la ciudadanía, todo en un contexto de globalización económica, el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, a partir del viernes 4 de julio, transita ha convertirse en una organización de derechos humanos más amplia: el Observatorio Ciudadano.

Con una campaña nacional para poner término a la violencia policial en el país, suscritas entre otras organizaciones por Amnistía Internacional Chile, Codepu y la Asociación Americana de Juristas, se puso en marcha el Observatorio Ciudadano, que con sede en la ciudad de Temuco, trabajará por la promoción de los derechos humanos, con énfasis en los derechos de los pueblos y de las comunidades locales; en la documentación, investigación, denuncia y seguimiento de situaciones de violación de derechos humanos; y el acompañamiento y defensa de los derechos de estos pueblos y comunidades.

La labor de los profesionales de esta instancia plural e interétnica, se desarrollará a través de tres áreas programáticas: Globalización y Derechos Humanos, Ciudadanía e Interculturalidad y Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, con el propósito de “contribuir a las transformaciones sociales, culturales e institucionales de Chile y la región mediante la promoción de una ciudadanía activa e intercultural de modo de permitir que los pueblos, las comunidades locales y las personas ejerzan sus derechos humanos en un contexto de diversidad, reciprocidad y respeto”.

El nacimiento de esta organización no gubernamental de derechos humanos, “es importante destacarlo, se produce en un contexto de globalización económica y de proliferación de megaproyectos de inversión y extractivos que impactan no solo a los pueblos indígenas, sino también a bastos sectores de la población, con consecuencias nefastas para sus territorios y los recursos naturales, que constituyen bienes sociales que deben ser debidamente protegidos”, señaló Nancy Yáñez, abogada y co-directora del Observatorio Ciudadano.

De allí “la importancia de la plena ratificación del Convenio 169 de la OIT, que establece el derecho a la consulta de buena fe cuando existe población que pueda verse afectada por este tipo de proyectos, obligando incluso a la adecuación de la legislación sectorial, si esta contraviene las disposiciones del convenio”, agregó Blaise Pantel, coordinador del Programa Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Pese a que el pasado 4 de marzo el senado aprobó el convenio, van 122 días sin que se promulgue ni se cumpla con su plena ratificación en Ginebra. Por eso el Observatorio Ciudadano dio a conocer también una campaña destinada a solicitar la inmediata ratificación de este convenio, abierta a la suscripción de distintas organizaciones, la que ya fue comunicada a la Presidenta de la República.

Sin embargo, uno de los puntos que más preocupa a la organización es violencia policial, “en el contexto de la protesta social, donde hemos constatado incluso múltiples casos de tortura a la población civil por parte de Carabineros, algunos de ellos con consecuencia de muerte, que quedan en la impunidad por ser juzgados por tribunales militares. Pensamos que este es un fenómeno que trasciende a las organizaciones de derechos humanos, pues atañe a la sociedad en su conjunto, que ve cómo estos hechos comienzan a transformarse en prácticas cotidianas”, añade José Aylwin, co-director del Observatorio Ciudadano y coordinador del Programa Globalización y Derechos Humanos.

Durante la conferencia con que se dio a conocer este cambio institucional, se entregaron antecedentes acerca de tres hechos de contingencias que dan cuenta de estas graves afectaciones: la situación de la documentalista Elena Varela, el conflicto originado en Mehuín-Missisipi por la intención de la empresa CELCO de evacuar sus desechos industriales a través de un ducto al mar, y la destrucción de los geiser del Tatio para obtener energía geotérmica.

Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano