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LGE, Constitución y proyecto de sociedad

El proyecto de Ley General de Educación (LGE) se encuentra en su segundo
trámite constitucional, esta vez en el Senado. Hasta el momento, la
voluntad de los estudiantes y otros actores sociales por propiciar cambios
de fondo ha chocado contra un muro cohesionado que no es casual. Esta
discusión constituye un hito en lo educacional, puesto que es la tercera
vez en la historia de Chile que se discute una ley marco para el sector.

Pero también lo es para el actual escenario político, porque también es la
primera vez desde 1990 que se somete a discusión una ley orgánica
constitucional. No se trata, por tanto, de una discusión literal, sino de
una batalla emblemática sobre el orden institucional y, al fin y al cabo,
sobre el modelo de sociedad construido en los últimos lustros.

Las leyes orgánicas constitucionales, tales como la LOCE o el proyecto de
LGE, son normas complementarias de la Constitución referidas a materias
específicas de cierta relevancia. Cualquier pronunciamiento sobre ellas
requiere de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en
ejercicio. Los altos quórums para este tipo de leyes son parte del
complejo entramado económico y político que el proyecto pinochetista creó
para perpetuarse en Chile.

Este es el tema que subyace bajo el debate educacional. Los actores de
distinto signo han concentrado, en general, sus juicios de valor en
responder si esta ley -la LGE- constituye un avance respecto a la LOCE en
el fortalecimiento de la educación pública. Sin embargo, esta discusión
difícilmente puede hacerse en serio sin referirse a la Constitución
Política de 1980 y a la forma en que estructuran de manera jerárquica los
distintos derechos consagrados.

Los problemas que en la actualidad enfrenta la educación chilena tienen su
origen en la primacía del derecho a la libertad de enseñanza por sobre el
derecho a la educación. Esta subordinación, que entrega al Estado un rol
subsidiario, transforma el “derecho a la educación” en un “servicio
educacional”, cuya prestación se transforma en una oportunidad de
lucrativos negocios. El resultado ha sido que las desigualdades, en vez de
acortarse, se acentúen en la medida en que nuestros niños y jóvenes
acceden a una disparidad de colegios en el país de acuerdo a la capacidad
adquisitiva de sus familias.

El derecho a la educación sólo puede ser garantizado por el Estado, que es
el que debe representar el interés general y el bien común. Puede, por
cierto, convivir con la libertad de enseñanza, pero no subordinarse a
ella. Esta definición fundamental no cambia con la LGE y tampoco cambiaría
con un proyecto mucho mejor que éste. Este marco, que permite que la
libertad de los empresarios valga más que el derecho de las familias a
recibir educación de calidad, es el verdadero obstáculo para las
aspiraciones de los estudiantes secundarios y de la amplia mayoría de los
chilenos. Es, en definitiva, la Constitución, y no una ley orgánica, la
que debe garantizar y proteger el derecho a la educación, entendido éste
como un bien social, público y laico.

Vincular el debate educacional con la espuria Constitución Política de
1980 es posible hoy, cuando se abre esta pequeña pero histórica
oportunidad de reivindicar el rol de lo público en la sociedad chilena. El
orden político institucional construido para favorecer el mercado, junto
con intentar convencer a un pueblo entero de las bondades del
individualismo, ha demostrado su total incapacidad no sólo en educación,
sino en salud, previsión y otros derechos humanos fundamentales. Este
modelo, que ha concentrado el poder, ha permitido que algunos
inescrupulosos se enriquezcan a costa de muchos compatriotas que no pueden
acceder a derechos fundamentales.

No estamos, por lo tanto, hablando sólo de educación cuando hablamos de la
LOCE y de la LGE. El debate de fondo es sobre un modelo político e
institucional que asegura la reproducción de una “sociedad de mercado”,
donde los derechos sociales básicos se transforman en mercancías que
circulan de acuerdo a los designios de la oferta y la demanda. Por eso, es
necesario hacer claridad a la sociedad chilena que la LGE no sólo no es un
avance real hacia un Estado democrático y social de derecho, sino que
constituye una nueva renuncia al legítimo derecho de los chilenos a la
recuperación plena de la soberanía popular.

Carlos Margotta,
Rector de la Universidad ARCIS.

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3 comentarios para “LGE, Constitución y proyecto de sociedad”

Salvador / Nueva Democracia comentó el 11 de Julio, 2008 a las 7:07 pm
Comparto todo lo expresado por Carlos Margotta. Tasmbién entiendo que los estudiantes deberán aceptar que el Senado probablemente apruebe la LGE a contrapelo de la mayoría ciudadana porque no hay dudas que primarán los intereses económicos y políticos de quienes gobiernan y legislan antes que los intereses del pueblo que aspira a una Educación digna para sus hijos.
Yo creo que la gran lucha que debemos comenzar a dar los chilenos y chilenas es contra la Constitución Política anti-democrática promulgada durante una nefasta dictadura y que rige nuestro destino como nación.
Es en la Constitución donde radican todos los grandes problemas que debemos enfrentar en la sociedad actual y mientras continue siendo la que determine nuestro destino presente, peor será la situación que debamos enfrentar los chilenos y chilenas en el futuro.
Hoy esta Constitución Política, con todas sus leyes orgánicas constitucionales, reina en gloria y majestad gracias a la incapacidad y falta voluntad democrática mostrada tanto por la Concertación como por la Alianza derechista para democratizar nuestro país.
Para ambos conglomerados ha sido beneficioso mantener incólume, en sus aspectos fundamentales, esta Constitución ilegítima en su génesis porque les ha permitido, a una minoría política y económica, apoderarse del poder en todas sus formas para asi someter a sus mezquinos intereses a toda nuestra sociedad.
Creo que el única opción que nos queda a los chilenos y chilenas es la Deslegitimación del actual sistema a través de nuestro voto y con ello obligarlos a llamar a una Asamblea Constituyente que nos permita elaborar una Nueva Carta Magna basada en la auténtica Democracia para Chile y su gente.
La única forma de Deslegitimar el actual sistema es alcanzando un mayoritario voto de rechazo ( Voto Nulo y/o Voto en Blanco ) hacia la actual clase política.
De este modo, no tan solo perderían la UF 0,03 pagados a los candidatos con las platas de todos los chilenos por cada voto que reciben sino que también perderían la posibilidad de conformar un gobierno y un parlamento de mayorías. Siendo estos estamentos la representación de una minoría, se verían obligados a llamar a Plebiscito para mantener o derogar la actual Constitución Política de la República.
Por esto, compatriotas, nuestra oportunidad de cambiar nuestro destino y el de nuestros predecesores es ahora. No podemos seguir avalando con nuestros votos a un duopolio político que se ha encargado de entregar la Soberanía sobre nuestro recursos naturales a las grandes transnacionales y ha comprometido el futuro de su pueblo siendo conminado a la miseria y a la degradación humana.
VOTO NULO , VOTO DE LIBERTAD
Fernando comentó el 28 de Julio, 2008 a las 1:28 pm
Después de leer lo de Carlos Margotta y de Salvador
Nueva Democracia, me confirman cada vez más sobre la
necesidad de cambiar la actual Constitución del ochenta,
toda vez que, aún cuando han pasado 28 años desde su
dictación existen objeciones tanto a la forma como el
fondo de dicho texto constitucional, si a ello le suma-
mos que los grupos gobernantes tanto la Concertación
como la Derecha de este país, no han querido en lo más
mínimo realizar cambios en dicho texto, que sean el fiel
reflejo de lo que esperan las grandes mayorías de este país, más aún cuando nos encontramos que determinados
principios constitucionales como por ejemplo “El prin-
cipio de subsidiariedad”, permitan que determinados
grupos se enriquescan con dineros públicos de todos los
chilenos como por ejemplo el sector de la educación sub-
vencionada particular.,si a eso le sumamos una serie de
sectores de la economía en que el Estado hace llegar su
aporte, a través, de Instituciones Particulares que
terminan haciendo negocio de los beneficios estatales
queda de manifiesto que se hace impresindible un cambio
a este principio, ya que, estamos en presencia de que
en Chile los más pobres, a través, del pago de sus
impuestos esten subvencionando a los más ricos, parece
ilógico, pero es la verdad……
Saludos.
Javier Soto A. comentó el 29 de Agosto, 2008 a las 7:05 pm
La ley general de educacion resulta ser una propuesta poco representativa tanto para estudiantes como para la poblacion en general. Es una ley poco consistente que no trata las problematicas de fondo de la educacion chilena y que tampoco significa una mejora sustancial. No recoge las conclusiones obtenidas en los anteriores movimientos estudiantiles, y refleja el escaso interes por parte del estado por hacerse cargo de este problema.
Aborda la situaciion de los sostenedores con practicas mercantiles y no de caracter social, fomentando el caracter privatizador y desentendiendose de unproblema que es responsabilidad historica del estado chileno.
En lo personal creo que esta nueva ley no garantiza ninguna mejora, sino al contrario. Por otra parte el ministerio de educacion no interviene en los problemas reales de la educacion. El estado tampoco se hace cargo de su responsabilidad; de años de mediocridad y omision en el sistema publico, de la mala implementacion en los programas de estudio y por sobretodo en la pesima calidad pedagogica y docente y la mala calidad y nulos incentivos para esta honorable profesion.