La última trinchera de Codelco (II)

No existe ninguna razón económica o presupuestaria que justifique la derogación de la Ley Reservada de las Fuerzas Armadas, porque tal como está construido el mundo en la actualidad, nuestro país siempre va a necesitar armamento para sus Fuerzas Armadas, ya sea que ello se financie con esta ley, o directamente del Presupuesto Nacional. Que las Fuerzas Armadas son una institución indispensable en todo país, es una realidad que a cualquier chileno, argentino, peruano o ciudadano de cualquier otro país del mundo, le debe parecer indiscutible, por la necesidad de resguardar las fronteras de cada país y de esta manera salvaguardar la paz.

Pero ello ya no es tan cierto en esta época en que impera la ideología globalizadora de las transnacionales, puesto que conjuntamente con los tratados de libre comercio que nos imponen, han empezado a difundir, pero sin gran publicidad por el momento, la idea que los estados-nación quedaron obsoletos, que las fronteras ya no deberían existir y en consecuencia ya no necesitaríamos Fuerzas Armadas propias. Sin embargo, esta política no correría para las potencias y sobretodo para los EEUU después que derribaron las torres gemelas, momento a partir del cual impusieron la nueva doctrina de seguridad nacional ampliada, que con el pretexto de combatir el “terrorismo internacional”, permite a los EEUU y sus aliados atacar dicho terrorismo en cualquier país del mundo. Por ello, los países subdesarrollados, entre ellos el nuestro, no sólo deben liberar el acceso a sus recursos naturales y eliminar sus propias monedas, además, tampoco necesitarían resguardar sus fronteras, puesto que todos quedaríamos bajo la custodia del gran hermano del norte.

Claro que los partidarios de la derogación del 10 % de las ventas de Codelco destinado a las Fuerzas Armadas, no se atreven por ahora a sustentar estos estratégicos argumentos globalizadores, puestos que son otros los batallones del mismo ejército globalizador, que están encargados de esta paciente tarea de convencimiento de nuestras mentes, para que aceptemos que lo mejor para la paz y nuestro Presupuesto, es la desaparición de nuestras fronteras y de nuestras Fuerzas Armadas. Es más, los argumentos de los “coimisionados” para obtener la derogación de la Ley Reservada de las Fuerzas Armadas, ni siquiera sostienen que el objetivo de esta derogación sea permitir la privatización de Codelco, salvo Ricardo Lagos, como lo vimos en el artículo anterior sobre este tema, y solo se fundamentan en argumentos de orden económico y presupuestario.

En efecto, se sostiene que la derogación de esta ley persigue por un lado, que nuestro país ahorre mucho dinero en la compra de armamento para destinarlo al gasto social, y por otro lado, que sea el Congreso Nacional, el que planifique la destinación de los recursos entre las diversas ramas de las Fuerzas Armadas. Estos son falsos argumentos para un falso problema, puesto que para conseguir estos objetivos, no es necesario para nada derogar la Ley Reservada, puesto que basta con modificar esta ley, para que no sólo contemple un piso, sino que también un techo, y que además, sea el Congreso Nacional el que asigne los recursos entre las diversas ramas de la Defensa Nacional. Todo ello es perfectamente factible de implementar, simplemente modificando esta ley, pero no existe absolutamente ninguna necesidad de derogar el 10 % de las ventas de Codelco, que ha sido hasta ahora la única trinchera que ha defendido a Codelco de su privatización.

Existen múltiples soluciones para acotar el gasto militar en armamento, si su presupuesto es discutido y aprobado anualmente por el Congreso Nacional, pero desde un punto de vista técnico, económico o presupuestario, constitucional o legal, todo ello se puede hacer sin tener que derogar la Ley Reservada. Por ello es evidente que, los que persiguen su derogación, persiguen otro objetivo: el gran botín que representa la privatización de Codelco, y para ello se disfrazan de pacifismo y de antimilitarismo, para conseguir su objetivo desnacionalizador.

Otro argumento que se ha utilizado para justificar la derogación de esta ley, es que ella es discriminatoria para Codelco y no permite una buena administración de la empresa, ya que al ser la única que soporta “el costo” de este impuesto, la deja en pésimas condiciones frente a su concurrencia, y además no le deja recursos para la inversión. Este último argumento es completamente falaz, porque los recursos para invertir dependen completamente de lo que el Ministerio de Hacienda autorice, y la prueba de ello es que a Codelco le sobran tantos recursos, que el Ministro de Hacienda no le ha surgido mejor idea que perderlos poco a poco invirtiéndolos improductivamente en el exterior, sin que por ahora sepamos quienes son los afortunados que se benefician con lo que el Ministro pierde alegremente.

De todas maneras, si se quiere terminar con la discriminación que este 10 % de las ventas, para que no afecte únicamente a Codelco, ello es fácilmente solucionable mediante una modificación de esta ley, de manera a que todas las empresas de la Gran Minería queden afectas a este impuesto de 10 % sobre sus ventas. Como esta ampliación del tributo, podría triplicar los recursos de esta ley, ellos ya no se destinarían solamente a la compra de armas, sino que a financiar la totalidad de los gastos de defensa, incluida la previsión de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y si dicho 10 % no fuera suficiente, nada impide que se aumente a 12 %, o al porcentaje que sea necesario para los gastos de defensa. La Presidenta Bachelet, cuando fue Ministra de Defensa, estuvo preocupada del tema previsional de las Fuerzas Armadas, y al parecer no encontró una solución, por lo que ahora le proponemos una solución que es perfectamente constitucional y legal, puesto que el Nº 20 del art. 19 de la Constitución autoriza “que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional”, y que la invariabilidad tributaria del DL 600, para nada incluye este tipo de tributos. El camino está libre entonces, para que Codelco y toda la Gran Minería aporten el 10 % de sus ventas, o más, a fines de la Defensa Nacional.

Julián Alcayaga O.

Economista

Comité de Defensa y Recuperación del Cobre

www.defensadelcobre.cl