Software libre en Venezuela

· 3 January, 2009 23:01
Ciencia y Tecnologí­a, Medios, Portada, Pueblos

A diferencia de Chile, en Venezuela el gobierno optó por el uso del software libre en todo el aparato estatal. Dando cuenta de una mirada a largo plazo, en vez de preferir una plataforma privativa y de acceso limitado, el país caribeño optó por una herramienta de cooperación, de código abierto y a perfeccionar por los usuarios.
El acuerdo hecho en Chile entre el Ministerio de Economía y Microsoft, el 2007, tiene su correlato en la experiencia de otros países latinoamericanos que han optado por programas de software libre en el aparato estatal.

Venezuela ha sido el país que más ha avanzado en sustentar la administración pública en software de estándares abiertos. A través del decreto 3390, emitido el 2004, se definió el uso preferencial del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en los sistemas, proyectos y servicios informáticos del Estado caribeño.

Dicho decreto también garantiza al usuario acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier propósito, modificarlo y redistribuir tanto el original como sus modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas inicialmente, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores, según  explica Carlos Figueira, presidente del Centro Nacional de Tecnología, CNTI2.

Para apoyar este tipo de conocimiento se creo además el 2006, la Academias de Software Libre. Esta institución tiene como fin formar talento humano de alta capacidad técnica, capaz de generar soluciones informáticas y de ofrecer servicios calificados para el país en el área de tecnologías de información y comunicación con herramientas de fuente abierta (Open Source) y Licencia Pública General (GPL). Al año 2007, esta academia había  capacitado a 4557 usuarios.

También se diseñó la empresa Venezolana de Industria Tecnológica (VIT), la que a partir del objetivo de alcanzar la Independencia Tecnológica de Venezuela, promueve el empleo del Software Libre, a través de la fabricación de equipos con sistema operativo Linux, siendo compatibles con Knoppix, Kubuntu, Ubuntu, Debian y otros programas.

Si bien, a este lado del mundo y dada nuestra dependencia tecnológica, para muchos es complicado migrar las computadoras al software libre, lo que exige tener ciertos conocimientos y tiempo, este aprendizaje resulta ser un pequeño costo a pagar por la libertad. “A veces, la libertad exige un costo. No es gratuita, pero es esencial”- reconoce el principal promotor de las licencias GNU, el norteamericano Ricahrd Stallman.
SOBERANÍA TECNOLÓGICA

El artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reconoce como de interés público la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y los servicios de información, con el objeto de lograr el desarrollo económico, social y político del país. Esta disposición se expresa también en los artículos 1° de la Ley de Telecomunicaciones y 12° de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

También es coherente con esta política el Decreto N° 825, emitido el 10 de mayo de 2000, que establece el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político del Estado.

La institución desde la cual se implementan estas políticas es el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT). Los primeros pasos que se dieron fue dar acceso a los servicios públicos y gestionar trámites a través de la red.

A través del Decreto N° 3.390, promulgado en diciembre del 2004, por el presidente Chávez Frías, se estableció el uso obligatorio del software libre por todas las dependencias públicas de carácter oficial.

Durante los 3 meses que siguieron a la promulgación de ese decreto, el MCT tuvo que elaborar un Plan Marco, el que fue entregado el 28 de marzo de 2005. Tres meses después  las diversas instituciones estatales debieron confeccionar un plan de migración que incluyó los sistemas operativos, la plataforma, aplicaciones y servicios.

El Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), dependiente del MCT y a cargo de Fernando Muro, apoyó la migración creando la Academia del Software Libre, que dio el respaldo técnico a los funcionarios públicos y usuarios para dominar las herramientas del software libre.

En noviembre del 2008, representantes de los gobiernos de Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Cuba, Argentina, Venezuela, una delegación de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y de la Comunidad del Caribe (CARICOM), debatieron en Caracas sobre la Industria de software en América Latina y el Caribe.

La cita fue en el “Seminario Regional Redes e Integración Digital: contenidos digitales, usos y aplicaciones de las TIC en América Latina y el Caribe”, organizado por la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).

En la ocasión a los delegados extranjeros se les presentó el Software Libre en la Gestión Pública venezolana. Carlos Figueira, presidente del CNTI, destacó los avances de Venezuela en materia legal para impulsar la adopción de Software Libre en el aparato estatal y las estrategias para tener una sólida industria en aplicaciones informáticas libres asociadas al desarrollo del país.

OBJETIVOS DEL SOFTWARE LIBRE EN VENEZUELA

Asumiendo su condición de sociedad con hondas diferencias económicas, los principales lineamientos del gobierno venezolano fueron el corregir el hecho de que a principios del siglo XXI, definía mucho el acceso a las tecnologías de la información el poder adquisitivo de las personas. El esquema de libre mercado, con el que hasta el momento había funcionado el acceso a Internet, también mostraba grandes desequilibrios en la disponibilidad de las plataformas en las distintas partes del país, ya que la ética del capital se abstuvo de desarrollarlas en zonas consideradas “poco rentables”.

Los objetivos estratégicos definidos fueron ampliar la infraestructura y favorecer la inclusión social. También, bajo la premisa de soberanía e independencia tecnológica, se definió como horizonte impulsar la integración nacional e internacional. Esto conllevó el generar convenios de cooperación tecnológica con países aliados, la interconexión de redes nacionales y regionales y la promoción de plataformas de servicios compartidos latinoamericanas y caribeñas.

Otro objetivo prioritario fue reducir el nivel de dependencia tecnológica de las soluciones provistas por monopolios u oligopolios transnacionales del ámbito de la tecnología. Para ello se definió maximizar el tráfico (voz, datos y video) local y regional dentro del territorio nacional, la promoción del desarrollo y uso de Software libre y Contenidos bajo estándares abiertos y el aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el modelo de licenciamiento de software libre (GNU). También se priorizó diversificar las fuentes de provisión de tecnología y el asegurar la transferencia tecnológica en convenios de cooperación y empresas mixtas.

También se definió el desarrollo de la industria nacional, la seguridad de la información,  el poder contribuir con la seguridad y defensa de la nación, además de desarrollar y preservar el talento humano.

STALLMAN Y LOS PROGRAMAS LIBRES

Invitado a un encuentro en Caracas sobre el uso del software libre, Stallman señaló que si bien “todos los Estados tienen realmente la misión de promover la libertad y el bienestar de los ciudadanos,  muchos ni lo intentan, porque obedecen al imperio de las empresas. Pero en América Latina hoy en día hay algunos Estados que sí intentan”.

La gratuidad del acceso y el espíritu solidario que mueve a los programas libres permiten  romper el círculo vicioso de la dependencia tecnológica de los países del Sur respecto de empresas trasnacionales creadoras de tecnología. Este espíritu va también en contra de los tratado de libre comercio, a los que Stallman llama “tratados de libre explotación”.

En una entrevista a la cadena Telesur, Stallman agregó que “los tratados de libre explotación son tratados para eliminar la industria y centralizarla en unos pocos países, dejando los demás países dependientes. Pero lo peor de estos tratados es que disminuyen el poder de los Estados que pueden ser democráticos, a favor del poder de las empresas que ni siquiera pretenden ser democráticas”.

Luego agregó que “no hay que pensar que es una dependencia a Estados Unidos porque nosotros los estadounidenses también somos dependientes, somos víctimas del poder de las empresas. Y nuestro gobierno no funciona por nosotros, sino por las empresas para mantener su poder sobre nosotros”.

MÁS INFO:

http://www.cnti.gob.ve/

El Ciudadano

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