Ecologistas aseguran que ley Tokman “institucionaliza la corrupción y la compra de voluntades”
Rechazo transversal ha generado el proyecto de ley anunciado por el ministro de Energía que otorga subsidios fiscales a las empresas eléctricas para que éstas compensen a los municipios que acepten sus proyectos. Sara Larraín, del Programa Chile Sustentable, y Bernardo Reyes, del Instituto de Ecología Política, argumentan que el proyecto “institucionaliza la corrupción y la compra de voluntades”, mientras Reyes agrega que el ministro “ha cedido muy rápido a las presiones empresariales”.
Con el objetivo explícito de “disminuir el rechazo a la instalación de proyectos eléctricos” presentó el ministro de Energía, Marcelo Tokman, su proyecto estrella en la cena anual de energía el pasado 6 de enero. La iniciativa de ley, que según el secretario de Estado ingresará al Parlamento en marzo, establece la entrega de un subsidio fiscal a las empresas eléctricas para que éstas a su vez compensen financieramente a los municipios que acepten sus proyectos.
En su oportunidad el anuncio cayó como un balde de agua fría a Ana Lya Uriarte, ministra del Medio Ambiente, que se enteró por la prensa del proyecto que debilita las políticas de evaluación de impacto ambiental impulsadas por su cartera. Pero el rechazo más de fondo proviene de los expertos y las organizaciones ecologistas, que ven en la iniciativa una peligrosa invitación a la corrupción y la anulación de la posibilidad ciudadana de rechazar proyectos que impacten negativamente el territorio.
Es el caso de Bernardo Reyes, coordinador del área de Economía Ecológica del Instituto de Ecología Política. Este es un proyecto, argumenta Reyes, en que “el Estado entrega facilidades financieras a las empresas para que los derechos preestablecidos de las personas y las comunidades locales no se les conviertan en obstáculos”.
En efecto, la “ley Tokman” establece que las empresas pagarán un monto aún no determinado a los municipios por cada megawatt producido en su territorio. La polémica se agudiza con el hecho de que esos recursos no vendrán de las empresas sino que del bolsillo de todos los chilenos, a través de un subsidio que aparece como expresión de la “responsabilidad social” de la empresa, pero que en la práctica constituye una reasignación del presupuesto fiscal.
COMUNIDADES COMPRADAS CON LA PLATA DEL ESTADO
Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable, coincide con Reyes, y explica que el proyecto se anuncia justo cuando a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) diseñado por la CONAMA, comunidades locales y autoridades comunales de todo Chile han rechazado “con argumentos y mecanismos legítimos” proyectos que producían impactos ecológicos, sociales y económicos negativos en los territorios.
“Es un sistema que institucionaliza la compra de voluntades políticas de alcaldes, concejales y miembros de la comunidad local”, asegura Reyes, con el que “no sólo se debilita un sistema de evaluación que ya es bastante pobre (el SEIA), también se institucionaliza el financiamiento estatal de la corrupción”.
Larraín y Reyes valoran que dentro del proyecto se considere el pago de las patentes en los municipios, porque se redistribuyen con justicia recursos destinados a mitigar el impacto en las localidades. Pero Larraín subraya la distorsión que significa “que las empresas lleguen con un turro de billetes (proporcionado por el Estado) a comprarse a las comunidades cuando esos recursos debieran arribar producto de la planificación gubernamental”.
Como consecuencia de la “ley Tokman” no son pocos los que apuestan por la tesis del juego de presiones e influencias por parte de las empresas eléctricas, preocupadas por el rechazo a proyectos contaminantes y no sustentables. Uno de ellos es el mismo Bernardo Reyes, quien estima que el ministro “ha cedido muy rápido a las presiones empresariales. Las empresas amenazan diciéndole al Estado ‘si usted no nos apoya y no hace pública una medida de financiamiento, nosotros no invertimos’”.
En la Cámara de Diputados, en tanto, ya comienza a respirarse lo que podría ser un nuevo revés para el Ejecutivo. A la oposición del diputado Marcelo Díaz (PS), que aseguró hace un par de semanas a El Mostrador que la iniciativa respondía a la intención de destrabar la aprobación de Hidroaysén, se suma la de Antonio Leal ( PPD), quien se reconoció sorprendido por “lo absurdo” del proyecto: “es complejo, un proyecto así será rechazado en las dos cámaras, y aunque todavía no ingresa, yo hago público mi rechazo”.
Francisco Figueroa Cerda
El Ciudadano
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Manuel Pizarro Morales comentó el 20 de Enero, 2009 a las 7:10 amPor Satanás!
Es una VERGUENZA, un absurdo, que un ministro de energía, cargo que supone ciertas competencias mínimas (…y mentales), elabore un proyecto de ley para que con PLATA DEL ESTADO (!), se subsidie el impacto ambiental de estos proyectos privados, para presionar con billetes sobre la mesa la voluntad de pequeñas comunas, que en general, se encuentran en situación de precariedad de recursos.
Si ya es es una táctica común de las grandes empresas corromper a las autoridades locales con plata, es un pésimo precedente el hacerlo con plata “de todos los chilenos”; una verguenza, y la muestra más explícita del apoyo y la “bajada de pantalones (de falda en este caso)” del gobierno de Chile a los grandes capitales, desligitimando las planificaciones de desarrollo a largo plazo de las propias comunidades, para con su territorio y sus recursos.
Participacion ciudadana real en Chile?…pura mierda.
Por último, ese Sr. Tokman es un idiota y un bruto, solo evalúa sus resultados en relación a la mayor cantidad de megawatts que pueda generar durante el transcurso de su ya, mal evaluada gestión.
Espero que los “honorables” tengan sólo un watt más, de criterio y de decencia.
JavierVillalobos comentó el 21 de Enero, 2009 a las 3:29 amEl N° 8, del Art. 19 de la Constitución establece que toda persona tiene:
“8. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.
La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”
Si tenemos a un ministro de energía (parte del estado) generando proyectos de ley (después, ante la ley nada que hacer) que propician facilidades a la instalación de proyectos, por la oposición comunitaria (¿democrática?), y luego tenemos a una ministra del medio ambiente (parte del mismo estado) sorprendida por la situación. Entonces, estamos mal.
¿Estamos?. Claro, porque no somos capaces como ciudadanos, de torcer el destino para evitar que sigan haciendo leyes a puertas cerradas que benefician la codicia de las empresa extranjeras en desmedro del bienestar de los chilenos, guardando los alcances sobre qué significa “bienestar” dentro de este contexto.
Creo entender el posible “miedo” del Estado ante las presiones de las empresas eléctricas, si es que hay un “miedo” y no un “aprovechamiento” económico personal de algunos que trabajan en el estado. Si hay “miedo”, este podría ser porque el poncho les queda grande, es decir, no tienen ni sustento legal, ni capacidad para ellos hacerse cargo de la generación y distribución de la energía eléctrica en el país. Tampoco tienen los recursos para pagarles a profesionales chilenos que se hagan cargo de la situación, las empresa extranjeras les pagan más.
Y bueno, el Tribunal Constitucional (otro importante actor) se pronuncia, extrañamente, sólo para ciertos casos como la Píldora del Día Después, El préstamo del BID por el Transantiago, pero no por estas leyes que parecen ser que van en contra del artículo 19, N° 8 de la Constitución. ¿Por qué?… parece que el Estado no es el único organismo con integrantes que velan por su propio interés.
Tomás Villalón comentó el 21 de Enero, 2009 a las 7:37 amPasó el tiempo para ver y esperar…la evidencia es contundente, los intereses económicos están pasando a llevar sin miramientos la constitución y la voluntad de la mayoría de los chilenos.
¿Que debemos y podemos hacer? Presentar sin demora recursos de protección y demandas contra quienes resulten responsables.
Las ONG, y abogados con conciencia medioambiental y social, deben y pueden difundir a través de sitios Web, u otros medios, los pasos a seguir para llevar a cabo estas acciones . Por desconocimiento de estos procedimientos muchos ciudadanos, y organizaciones civiles, comunales, estudiantiles, colegios profesionales, juntas de vecinos y otros, dejan de realizar las acciones legales para detener las aberraciones que nacen de la codicia de unos pocos.
El no hacer respetar nuestros derechos, acudiendo a las instancias legales que existen pero por desconocimiento o dejación no usamos, es un defecto que hay que superar.
Hay que reaccionar con fuerza y ahora, pasó el tiempo de ver y esperar, esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Como asevera Barack Obama que representa una esperanza en temas medioambientales ¡Si, nosotros podemos! Hay que dejar de quejarse solamente, se puede y se debe tomar acciones.
David Valencia Martínez comentó el 21 de Enero, 2009 a las 4:20 pmTomás, no quienes resulten responsables, los responsables están plenamente identificados.
rosa comentó el 27 de Enero, 2009 a las 9:34 amlAS COIMAS SE LEGALIZAN HASTA AHORA ERAN ACCIONES ILEGALES QUE SE REALIZABAN ATRAS DE LA PUERTA ,ANTES ERA UN VASO DE VINO Y UNA EMPANADA ,AHORA HAY MAS DINERO Y MIENTRAS MAS DESCONOCIMIENTO DE LOS AFECTADOS MENOS PLATA Y MAS APRETONES DE MANO.
Rosa Rojas Guala
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