Huelga en empresa de la familia Yarur

Los Yarur hacen noticia no sólo por ser los dueños de las coludidas farmacias Salcobrand sino también por controlar empresas que abusan de sus trabajadores y violan la ley. Es el caso de Vigamil, cuyo sindicato ha intentado ser destruido pero que hoy lidera una huelga de proporciones.

Empresas Jordán es la denominación que se dan a sí mismas diversas razones sociales de propiedad de la familia Yarur que están emplazadas en un mismo lugar físico, cuentan con la misma plana gerencial y administrativa, y en su conjunto están dirigidas a la fabricación de sobres, impresos, servicios de impresión, tarjetas electrónicas, etc., mercado en el cual son los líderes en el país.

De acuerdo al Código del Trabajo todas estas razones sociales constituyen una sola empresa para fines laborales, de modo tal que sus trabajadores tendrían un empleador común, deberían poder constituir un único sindicato y negociar colectivamente con él todos en una misma oportunidad.

Pero la realidad es otra: como muchas empresas en este país, Empresas Jordán contrata a sus trabajadores a través de sus diversas razones sociales y les otorga horarios y condiciones de trabajo diferentes, haciéndoles creer que trabajan para distintos empleadores, estrategia que ha sido efectiva pues ha logrado que se organicen en tres sindicatos que negocian colectivamente por separado, sin que se unan para ello.

A pesar de la efectiva contención que ha logrado de sus sindicatos, Empresas Jordán ha sido particularmente dura con uno de ellos, aquél que agrupa a los trabajadores contratados a través de VIGAMIL S.A.C.E I, que actualmente se encuentra en huelga. En la sección donde se ubican estos trabajadores también prestan servicios, en las mismas máquinas, turnos y funciones, decenas de trabajadores que no pueden incorporarse al sindicato de VIGAMIL por haber sido contratados por JORDAN S.A.

EL “BONO PARTICIPATIVO”

Esta situación fue calificada por la Dirección del Trabajo, luego de una renuncia puesta por el sindicato, como “subterfugio laboral”, ilícito que el Código del Trabajo define como aquellas alteraciones que se hacen en la individualización o patrimonio de una empresa (como la división en distintas razones sociales) con el objeto de mermar los derechos individuales y/o colectivos de sus trabajadores (como sus derechos de asociación y negociación colectiva), lo cual lleva aparejado una fuerte multa.

Pero, además del “subterfugio”, Empresas Jordán ha desarrollado una serie de prácticas anti-sindicales que revelan que su objetivo es, más bien, eliminar por completo el Sindicato Vigamil. La primera de ellas la comenzó a llevar a cabo en mayo de 2007, inmediatamente después de terminado el fuero de la negociación colectiva anterior, cuando despidió a cinco trabajadores sindicalizados para luego despedir a otros trece trabajadores durante el año 2008, los que en su mayoría fueron reemplazados por trabajadores no sindicalizados o bien contratados por JORDAN S.A.

La segunda medida fue comenzar a pagar un “bono participativo” de $60.000 mensuales a cada trabajador que se desafiliara del sindicato, con lo cual ha logrado que, según fuentes del sindicato, al menos ocho personas renuncien a la organización, en tanto que otras cuatro lo han hecho para lograr un ascenso.

Relacionada con la anterior, la tercera medida consistió en también pagar este bono a los demás trabajadores contratados a través de VIGAMIL S.A.C. E I., a fin de impedir que se afiliaran al sindicato, gracias a lo cual al menos 19 trabajadores “nuevos” y dos trabajadores “antiguos” se han mantenido al margen de la organización.

UNA CUESTIÓN DE PODER

El conjunto de estas medidas logró que el sindicato VIGAMIL redujera su afiliación de 70 socios en la negociación anterior a tan sólo 35, y que Empresas Jordán controlara máquinas y funciones importantes para mantener el proceso productivo activo durante una huelga legal. No obstante, como no logró la desafiliación de más socios -lo cual le hubiera permitido mantener el proceso productivo 100% activo en algunos turnos-, la compañía adoptó una cuarta medida.

Es así que Empresas Jordán se preparó para reemplazar a los trabajadores en huelga utilizando como “rompehuelgas” a trabajadores no sindicalizados y a trabajadores contratados por JORDAN S.A., plan que puso en práctica pese a que la Dirección del Trabajo resolvió que no podía hacerlo y el cual le ha significado 20 millones de pesos en multas, cantidad muy superior a lo que ofreció pagar a cada socio involucrado en la negociación: 40 mil.

No contenta con lo anterior, la compañía ha venido amedrentando a los trabajadores que no están en huelga exigiéndoles la entrega de los números de sus teléfonos celulares a fin de controlar quiénes están proporcionando información al exterior sobre los reemplazos ilegales; ha desprestigiado a la directiva sindical, indicando que es ella la que impide arribar a un acuerdo; y hay antecedentes que aún investigamos que confirmarían que parte del proceso productivo lo habría encargado a otras empresas, cuyos nombres estamos corroborando.

Mientras los representantes de Empresas Jordán se esfuerzan en negar todo aumento real de remuneraciones fundados en el supuesto impacto de la crisis económica, un trabajador de la empresa, recordándonos que la familia Yarur es también la controladora de la coludida farmacia Salcobrand, afirma que “una visión de conjunto permite darse cuenta que el problema no es de dinero, sino de poder”.

por Francisco Figueroa
El Ciudadano