Activistas reclaman moratoria para Pascua Lama

Mientras la corporación canadiense Barrick Gold se apronta a iniciar la construcción de la mina Pascua Lama en Argentina y Chile, activistas de este último país exigen una “moratoria minera” para que se investiguen supuestas irregularidades cometidas en la aprobación del proyecto.

La oposición ciudadana a Pascua Lama se reactivó con fuerza el 7 de este mes, cuando la trasnacional anunció simultáneamente en Toronto, Santiago y Buenos Aires que tenía los permisos necesarios para iniciar la construcción de la mina en la frontera chileno-argentina, lo que podría concretarse en septiembre, cuando comience la primavera austral, o inclusive antes.

Hace algunas semanas, los gobiernos de Chile y Argentina, que aprobaron el proyecto desde el punto de vista ambiental en 2006 y 2007, respectivamente, alcanzaron un acuerdo en torno a la fórmula de tributación de la empresa. A esta difícil negociación bilateral Barrick atribuía toda la demora en el comienzo de los trabajos.

La noticia de la construcción de la mina encendió alertas de los activistas. Pero el hecho que terminó por irritarlos fue la participación del ministro de Minería de Chile, Santiago González, en la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la información.

En esa oportunidad, el secretario de Estado declaró que Pascua Lama “tiene una gran importancia” para el gobierno, puesto que será el primer proyecto minero binacional del mundo y el primero que se ejecuta en el marco del cuestionado tratado sobre integración y complementación minera, suscrito por Chile y Argentina en 1997.

Similar discurso formuló la presidenta argentina Cristina Fernández, que recibió a los ejecutivos de Barrick en la Casa Rosada, sede del gobierno.

Pero cinco días después, el 12 de este mes, el director general de Aguas de Chile, Rodrigo Weisner, abrió la polémica al señalar que ese organismo, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, todavía estaba analizando dos permisos necesarios para iniciar las obras.

En una entrevista con IPS por correo electrónico, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Barrick Sudamérica, Rodrigo Jiménez, señaló que la empresa cuenta con los “permisos de construcción claves” que “le permiten comenzar a asignar contratos y a movilizarse para el desarrollo de infraestructura”.

Para cuando empiece la construcción “a gran escala”, en septiembre o antes, la empresa tiene previsto contar con las autorizaciones aún en trámite, especificó.

Para los opositores a Pascua Lama, este confuso escenario es la última de las múltiples irregularidades del proceso de evaluación y aprobación de este proyecto, que requerirá una inversión de entre 2.800 y 3.000 millones de dólares.

El yacimiento de oro y plata, que se explotará a cielo abierto, se ubica en la cordillera de los Andes, a más de 4.000 metros de altura. Setenta y cinco por ciento del mineral está en la norteña región chilena de Atacama y el resto en la noroccidental provincia argentina de San Juan.

Hace años que se oponen al proyecto organizaciones ecologistas, habitantes del chileno Valle del Huasco, representantes de la Iglesia Católica, indígenas diaguitas que reivindican como propio el terreno de la mina y activistas nacionales y extranjeros.

Su principal temor es el eventual daño a los tres glaciares existentes en la zona y la contaminación de los cursos de agua cordilleranos que nutren al agrícola Valle del Huasco, el único del norte de Chile que aún no ha sido intervenido por la gran minería, dicen.

Desde su perspectiva, la crisis hídrica que sufre el desértico norte es responsabilidad de la descontrolada expansión minera privada de las últimas dos décadas.

Chile otorgó en 2006 el permiso ambiental para construir la mina. Argentina hizo lo propio al año siguiente. Tras ello, la empresa sometió a evaluación otras partes complementarias del proyecto.

Según los opositores a Pascua Lama, esto implicó que la iniciativa nunca fue evaluada integralmente, sino de forma fragmentada, lo que impide dimensionar su real impacto. Además, denuncian, muchos aspectos fueron modificados sobre la marcha, pasando por alto la legislación ambiental.

En un encuentro con corresponsales extranjeros el 14 de este mes, la ministra de Medio Ambiente de Chile, Ana Lya Uriarte, reconoció que varias partes del proyecto fueron aprobadas por separado, pero enfatizó que la más crítica, referida a la construcción y operación de la mina en la cordillera, se definió con criterios estrictos en 2006.

Por otra parte, los activistas desconfían de la efectividad de los planes de manejo y monitoreo de glaciares y cursos de agua diseñados por la empresa para cumplir con la principal condición impuesta por el gobierno.

Esta plantea que “la compañía solamente accederá al mineral de manera tal que no se produzca ninguna remoción, reubicación, destrucción ni intervención física de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza”, como había propuesto inicialmente la minera.

“Desde el punto de vista del cuidado y uso de los recursos hídricos, por ejemplo, se contará con 49 puntos de monitoreo que velarán por la calidad del agua en el territorio chileno, de los cuales 26 son automáticos”, además de 38 puntos en Argentina, aseguró el ejecutivo de Barrick.

Además de sostener que la mina “no modificará la calidad del agua”, Jiménez planteó que el multimillonario acuerdo al que la empresa llegó con la Junta de Vigilancia del Río Huasco, que contempla la construcción de distintas obras hidráulicas, inclusive mejorará la actual disponibilidad de agua en el valle.

Pero antes de la aprobación del proyecto, la Dirección General de Aguas (DGA) detectó retrocesos en los glaciares de la zona, atribuidos a los largos trabajos de prospección y exploración de Barrick. Ese diagnóstico fue refrendado por un estudio del Instituto Geográfico Militar del Ejército, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y el no gubernamental Programa Chile Sustentable.

“Se prevé que al sexto año de construcción de esta mina, la empresa destruirá además un glaciar rocoso, para instalar ahí el botadero de residuos Nevada Norte”, aseguró el 11 de este mes la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, en una columna de opinión. La ambientalista también recordó la negativa fama internacional que posee la empresa en materia de protección del ambiente.

Según Rodrigo Jiménez, de Barrick, el mentado informe de la DGA “corresponde a una inspección visual” que no se contrastó con mediciones técnicas. En todo caso, de acuerdo a la versión del ejecutivo, durante el proceso de calificación ambiental del proyecto habría quedado demostrado que los glaciares presentan una “variación importante”, pero como consecuencia de variables climáticas, como la corriente de El Niño o el calentamiento global.

Ante la consulta de IPS sobre si el gobierno puede asegurar que la construcción y operación de la mina no afectará la calidad y cantidad de agua del Valle del Huasco, la ministra Uriarte respondió que por sus características el proyecto “requiere ser monitoreado mes a mes, día a día, hora a hora, segundo a segundo”.

En este aspecto, “el gran desafío que enfrenta nuestro país es (contar) con una plataforma fiscalizadora”, como la que se discute hoy en el parlamento, que incluye la creación de un ministerio de medio ambiente, un servicio de evaluación de impacto ambiental y una superintendencia de fiscalización ambiental.

Uriarte espera que la nueva institucionalidad esté aprobada antes de que la presidenta Michelle Bachelet termine su mandato, en marzo de 2010.

Según la empresa, en la etapa de construcción Pascua Lama requerirá cerca de 5.500 trabajadores, y 1.600 en la fase de operación. Además, estima en unos 4.000 los puestos laborales indirectos que podría generar.

Pero mientras la empresa destaca su labor social, educativa y cultural en la zona, en el Valle del Huasco, principalmente en la comunidad agrícola huascoaltina, de origen diaguita, la acusan de “comprar conciencias” con donaciones y dividir a las familias.

Si se llegan a contaminan las aguas de los ríos, las pérdidas en patrimonio natural, cultural y fuentes de trabajo serán incalculablemente mayores a lo ofrecido por la empresa, alertan los activistas.

El 14 de este mes, un centenar de activistas, principalmente jóvenes, protestaron en la capital chilena frente al Ministerio de Minería para manifestar su rechazo al inicio de las obras, denunciar irregularidades y pedir una “moratoria minera”.

“Revisar todo lo obrado en relación al proyecto Pascua Lama obliga, a nuestro parecer, declarar una moratoria a todo emprendimiento que pueda calificarse de gran minería química, que pretenda localizarse en las nacientes de nuestras aguas o en ecosistemas de glaciar”, dice un párrafo de la misiva que le hicieron llegar al ministro de Minería, González.

“Aún hay una serie de trámites pendientes y de irregularidades no resueltas por el titular (Barrick), que nos parece que obliga a una reflexión más de fondo ya no sólo sobre este proyecto en particular, sino sobre la política minera y ambiental del Chile del bicentenario” de la independencia del imperio español, a conmemorarse en 2010, acota el texto.

Lucio Cuenca, del no gubernamental Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), uno de los portavoces de la manifestación, repudió el apoyo público que dio el gobierno chileno a la empresa, desoyendo las demandas de una parte de la población.

A juicio de los activistas, el ministro González actuó como “vocero” de Barrick en la conferencia de prensa. Cuenca también expresó su preocupación por “las reuniones privadas que ha sostenido la presidenta Bachelet con altos ejecutivos de la empresa, que ni siquiera han sido informadas a la prensa”.

Los ambientalistas califican de extraña coincidencia el hecho de que ni Bachelet ni la presidenta argentina promovieran leyes de protección de glaciares.

Mientras Cristina Fernández vetó una ley de esta índole aprobada por el parlamento de su país, la mandataria chilena prefirió dictar una política nacional, para avanzar “más rápido” en la preservación de estos recursos, en vez de patrocinar una iniciativa legal que se discutía en el Congreso.

La ministra Uriarte aclaró que, además de impulsar la política, la mandataria firmó decretos supremos que crean por primera vez un registro de glaciares y que obliga a someter a evaluación de impacto ambiental proyectos que puedan afectar estas reservas de agua. Pero los ecologistas los consideran instrumentos débiles.

Asimismo, tanto en Chile como en Argentina se ha cuestionado el peligro patrimonial y para la seguridad nacional que reviste la aplicación del tratado minero de 1997, puesto que éste crea una especie de zona virtual en la frontera controlada por las mineras. En este sentido, los ecologistas prevén que Pascua Lama abrirá la puerta a otros proyectos mineros binacionales.

De acuerdo a lo informado por la firma, las reservas de la mina alcanzan los 17,8 millones de onzas de oro y 718 millones de onzas de plata. En los primeros cinco años se espera una producción anual de entre 750.000 y 800.000 onzas de oro y de 35 millones de onzas de plata.

Si se cumplen los plazos fijados por la empresa, la puesta en marcha de la mina sería en 2012 y el inicio de la producción a inicios de 2013.

Mientras tanto, las organizaciones contrarias al proyecto preparan la sexta Marcha por la Vida, a realizarse el 13 de junio en Vallenar, Atacama. También adelantaron que se intensificarán los contactos con los activistas argentinos de San Juan y que se planificarán otras acciones para evitar, como sea, la construcción de la mina.

Rebelion.org