Barrick Gold: depredar y acallar la libertad de expresión

La canadiense Barrick Gold, mayor multinacional aurífera del planeta, no tuvo problemas para instalarse en Chile y Argentina y tomar posesión de miles de Km cuadrados de territorio, pese a la oposición de connotados ambientalistas chilenos y de una ONG, como OLCA (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales).

El Estado Chileno y el gobierno Bachelet no podrán invocar la ignorancia acerca de quién es y cómo opera Barrick, dado que Noruega le acaba de dar una lección ética al mundo colocando en la lista negra a la poderosa minera con base en Toronto. Fue después de una acuciosa investigación en la mina Porgera en Papuasia-Nueva Guinéa que el gobierno noruego decidió excluirla de sus fondos de inversión del Estado. En el informe se responsabiliza a la Barrick de “realizar actividades que conllevan un riesgo inaceptable de daños mayores e irreversibles al medio ambiente” (*).

Otro caso, el matutino montrealés, Le Devoir, informaba en su edición del 26 de enero de 2009, que miembros del grupo de protección de los recursos naturales, pertenecientes a la tribu  Western Shoshone, exigen una moratoria preliminar para detener la construcción de un gigantesco proyecto de mina de oro de Barrick en el noreste de Nevada. Los militantes sostienen que el proyecto profanaría las tierras sagradas de la tribu. Los autóctonos denuncian las vacíos legales sobre el tema.

¿Quiere saber más?, googlee: Barrick Gold derechos humanos/ Le Devoir….

En efecto, Pascua Lama y sus glaciares están demasiado lejos de La Moneda y del Congreso porteño para que las elites políticas binominales vean los estragos que las excavadoras y las tecnologías destructoras —que se afanarán en busca del “metal precioso’— dejarán . Ahí quedará la nítida huella ecológica de la codicia capitalista y de la indiferencia de la clase política chilena en su conjunto frente a la problemática ambiental.

Las alfombras rojas de los Ministerios, que recibieron hace algunos días al representante en Chile de la minera canadiense, conocen bien los pasos de los lobbystas que trabajan para ésta. La periodista Patricia Politzer mencionó a uno de ellos en un reportaje en la revista Qué Pasa. Se trata de nada menos que del “mago de la negociación”, el concertacionista y artesano del régimen postdictadura, Enrique Correa, el CEO de Imaginacción.

Como si esto fuera poco, a las acusaciones de depredación de los ecosistemas contra la Barrick, se añaden otras de calibre ciudadano. Se la acusa de actividades antidemocráticas por sus intentos de amordazar el debate público canadiense acerca de las actuaciones de las multinacionales mineras canadienses en el mundo.

Recientemente, y, después de la publicación de “El libro Negro de Canadá: pillaje, corrupción y criminalidad en Africa”, donde se revelan prácticas de la Barrick reñidas con los Derechos Humanos en el continente africano, la multinacional interpuso una querella judicial en contra de los tres autores del libro y la pequeña casa editorial que lo publicó, “Ecosociété”, que funciona sin fines lucrativos. Barrick exige el pago de 6 millones de dólares canadienses por “difamación”.

Barrick dispone de cientos de billones de dólares  para ser utilizados en medios  legales con el fin de amedrentar a quienes osan entregar instrumentos de reflexión acerca de las prácticas de la primera multinacional del oro. La querella de Barrick contra William Sacher, Alain Denault y Delphine Abadie, ha sido denunciada como un atentado contra los derechos civiles por académicos, partidos políticos y organizaciones ciudadanas.

En una declaración pública firmada por investigadores y profesores de l’Université de Montréal puede leerse:

“Si Barrick Gold quisiera un debate público y transparente, podrá hacerlo según las normas científicas utilizadas por los autores de El Libro Negro de Canada. Tienen derecho a la réplica. El mundo universitario, al que pertenecemos, sabe cómo organizar debates, administrar los desacuerdos  y resolver los conflictos. La demanda judicial desmesurada de Barrick Gold es una clara demostración que ésta no desea un debate transparente. Es algo lamentable para el mundo académico. Ya es hora de que los gobiernos implementen dispositivos que limiten este tipo de demandas judiciales abusivas”.

Firmaron el texto : Pascale Dufour, Denis Monière, Normand Mousseau, Christian Nadeau y Michel Seymour, profesores de la Université de Montréal, así como Isabelle Baez, profesora adjunta de la UQAM.

Pero al gigante se le alzó la jueza Guylène Beaugé de la Corte Superior de Québec que apeló al  artículo 4.2. del Code de procédure civile de Québec, que apunta a garantizar que” la justicia sea accesible en términos de costos razonables y plazos”. Se objetaba así a las tentativas de Barrick de utilizar medios desproporcionados para dilatar interrogatorios y obtener a toda costa declaraciones bajo presión.

Por Leopoldo Lavín Mujica, profesor de Éthique et politique, Collège de Limoilou, Québec, Canadá.