La violencia irracional, esa que mata y lesiona por intereses espurios, vuelve a cernir su manto de espanto sobre uno de nuestros pueblos: los Awajun Wampuis que habitan ancestralmente la espesura verde de Bagua, en la Amazonía peruana.

La masacre comenzó el pasado 5 de junio, cuando con la venia del gobierno de Alan García y premunidos de armamento de guerra, un desproporcionado contingente militar y de policías de la zona de la Curva del Diablo arremetió sin clemencia contra población indefensa, principalmente indígena, movilizada en resguardo de su territorio y la riqueza patrimonial de sus recursos naturales.  Hoy asolados por empresas petroleras y mineras que operan con total impunidad en la zona.

Desde entonces, mi correo electrónico se ha visto atiborrado de las cruentas imágenes de esta una nueva barbarie humana.  Donde si bien no existen cifras oficiales o paralelas que permitan dimensionar la magnitud de la masacre, las fotografías son elocuentes. Hablamos de una cincuentena de cuerpos que parecen calcinados o reventados desde adentro, además de 120 heridos y 150 detenidos, que dan cuenta de la ferocidad policial y bélica aplicada en su contra.

Hoy el temor está instalado. Nadie sabe cuándo, pero intuyen que volverá a alzarse la mano asesina de los agentes del estado que de manera impropia y cobarde, aniquilaron la vida de tantos inocentes. Por lo pronto, informaciones recientes afirman que continúan apareciendo cuerpos en los ríos, lo que aumenta la incertidumbre sobre el número real de muertos. Sumado al hecho de que tras los ataques, buscando protección, fueron muchos los indígenas regresaron a sus comunidades en la intrincada selva, sin que se tenga noción de las pérdidas humanas.

A la bella Bagua se le ha impuesto además estado de sitio; cuya finalidad, lejos de ser de carácter preventivo, tiene como propósito mantener por la vía de la ocupación el control de la ciudad. En paralelo, con burdos pretextos, hay que recalcarlo, el estado comienza también a silenciar a los medios que denuncian estos hechos genocidas. Es el caso de radio La Voz de Utcubamba, cuya licencia de 2007 fue revocada hace un par de días por el Ministerio de Transportes y Comunicación y cesadas sus transmisiones. Según dice la autoridad, por falta de documentación. Es decir, todo un montaje para justificar la clausura de una radio cuyos trabajadores, desde hace ya tiempo, venían denunciando seguimientos y amenazas por ser voz de los sin voz. La de los indígenas y campesinos de la selva peruana afectados por la imposición de decretos –a todas luces inconstitucionales- que permiten el advenimiento de estos capitales trasnacionales, y que cansados de la indiferencia del gobierno frente a sus demandas, habían reactivado hace un par de meses sus movilizaciones.

En efecto, ya en agosto de 2008 las poblaciones amazónicas habían logrado derogar los Decretos Legislativos 1015 y 1073. Incluso la Defensoría del Pueblo y una comisión del congreso denunciaron la inconstitucionalidad de varios de ellos, por considerar que se “afectaba los derechos de las comunidades nativas y campesinas a la identidad cultural”, así como a ser consultadas y a participar en las decisiones estatales que las afecten, como lo establece el Convenio 169 de la OIT ratificado por el estado peruano en 1993. Es más, el año pasado fue la propia Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones del organismo la que, luego de conocer en detalle la situación en el Perú, exhortó al gobierno a avanzar en el diseño de mecanismos apropiados de participación y a consultar a los pueblos indígenas antes de la adopción de medidas que puedan afectar sus derechos.

Sin embargo, nada de esto ha ocurrido. Muy por el contrario, la respuesta del gobierno a estas justas reivindicaciones ha sido el exterminio del “problema”. Ese que obstaculiza lo que intenta disfrazarse de “desarrollo”, y que en realidad esconde al alicaído neoliberalismo intentando dar sus últimos zarpazos, comprando para ello los bolsillos de los mismos de siempre.

Es importante entonces hacer un llamado no solo a la solidaridad, sino también a impugnar estos procesos y a no perder la capacidad de indignarse frente a crímenes como los acaecidos en Perú. Pues guardando las proporciones, en consideración al número de víctimas, el relato de lo que acontece hoy en la doliente Bagua dista poco de lo que ocurre con los motilón bari, en Colombia; los wichí, en el Gran Chaco; los guaraní, en Argentina y Paraguay; o los mapuche, en la Araucanía.

Por eso defender Bagua, es defender la Bagua de todos. De todos los pueblos oprimidos de nuestra América.

por Palina Acevedo Menanteau