Día Nacional contra la Tortura
Hoy se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, instituido por Naciones Unidas en 1997. Y ayer, en un anuncio inesperado pero del todo valorable, el gobierno informó a través de su ministra vocera, Carolina Tohá, que “de aquí en adelante” decretará el 26 de junio como el Día Nacional contra la Tortura y que enviará al Congreso un proyecto de ley para adecuar la tipificación de este delito en nuestro ordenamiento interno (art. 150 A del Código Penal). Ya que según explicó, “Esto obedece a las recomendaciones que hizo el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, para ajustar lo que dice nuestra legislación en esta materia a lo planteando en el Tratado Internacional contra la Tortura”.
La ministra se refiere a la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas y a las recomendaciones que en mayo recién pasado le hizo al Estado chileno el Comité contra la Tortura de dicho organismo internacional, tras examinar el quinto informe periódico del gobierno dando cuenta de sus avances en la implementación plena de la Convención.
Dicha Convención se encuentra vigente en Chile desde 1988, promulgada con reservas (artículos 2, 3, 28 y 30) por la dictadura de Pinochet a fin de evitar, entre otras cosas, que este Comité, encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención por parte de los estados, tuviera competencia en el país. Recién en marzo de 2004, el Decreto N° 63 del Ministerio de Relaciones Exteriores restituye esta facultad, pero solo “respecto de hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 15 de marzo de 2004”, es decir, impidiendo su carácter retroactivo y atendiendo sus de requerimientos solo bajo el carácter de recomendaciones generales.
Por eso, más allá del gesto simbólico de decretar un día nacional en la materia, lo importante ahora es conocer los contenidos específicos del proyecto que presentará el gobierno y evaluar si éstos cumplen con lo exigido por el Comité para evitar que se sigan violando los artículos 1 y 4 de la Convención. Pues si bien es cierto que en Chile, con la ley 19.567 se modificó sustancialmente la descripción y la penalidad aplicable a los casos de tortura, ella limita las potenciales víctimas a aquellas personas privadas de su libertad, distinción que no existe en la Convención. La legislación nacional tampoco prevé la sanción a las tentativas de torturas, previsto en el artículo 4 de la Convención. Y si el responsable del acto es un policía uniformado, el caso no es juzgado como tortura bajo el Código Penal, sino como “violencia innecesaria” bajo el artículo 330 del Código de Justicia militar, por lo cual la legislación sobre tortura sigue sin aplicación en la práctica. Finalmente, la legislación prevé un plazo de prescripción de 10 años por actos de tortura, lo cual es incompatible con la gravedad del delito y la Convención.
Pero esta no fue la única recomendación que recibió el Estado por parte del Comité. Existen problemas de fondo que no han sido subsanados, y que tienen que ver tanto con el pasado como con el presente democrático. A casi dos décadas del término de la dictadura, no se han logrado eliminar estas prácticas de los órganos policiales y de aquellos que cautelan la reclusión de personas, que lejos de desaparecer de la realidad nacional, se han intensificado en los últimos años. Quedando sus perpetradores en la más absoluta impunidad, al ser juzgados por tribunales militares que no garantizan imparcialidad ni tampoco un debido proceso, y que tienen competencia para juzgar a civiles.
Por eso, si bien nuestro proceso de transición a la democracia contempla progresos importantes en cuanto a la verdad, a la justicia y a la reparación, aún insuficientes, hay que remarcarlo; poco o nada se ha avanzado, tras el traumático periodo vivido en los setenta, para consagrar una voluntad colectiva, formada en los valores del respeto a los derechos humanos, que logre cimentar las bases para nunca más en Chile vuelvan a sucederse hechos que violenten de manera tan cruenta la dignidad de las personas.
La Tortura es por tanto, no solo un problema de la dictadura, sino también de la democracia, teniendo ésta última aún mayor responsabilidad frente a estas realidades. Pues no es esperable –aunque sí deseable- que un gobierno autoritario desista de recurrir a la tortura para alcanzar sus fines. Pero es del todo exigible, y eso debe ser un imperativo, salvaguardar que esto no ocurra en democracia, donde el estado de derecho que la sustancia solo es garantizable cuando existe una adecuada protección de las libertades y derechos que son inherentes e inalienables a las personas.
Sin estado de derecho, no existe una verdadera democracia.
por Paulina Acevedo Menanteau
Comunicadora en Derechos Humanos
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Luis comentó el 1 de Julio, 2009 a las 11:12 amEl Estado no es otra cosa que el Orden Juridico Político, más las FFAA, la policía política(uniformada y civil),que esta para,administrar defender,protejer y reproducir los intereses de clase de las burguesías nacionales e internacionales,sobre todo del Imperio Norteamericano.Y por supuesto tambien este Estado controla el poder Ideologico.Este estado pasa de un estado de derecho cuando gobiernan sin contratiempos los presidentes de turno no poniendo en peligro estos intereses,hasta convertirse en un estado dictatorial,cuando estos intereses y el poder de la burguesía esta en peligro o son tocados.Por eso no es anormal que en estas dos situaciones se aplique la represión y tortura en contra de los que estan en contra del sistema(capitalista).No basta solo con cambiar un Presidente,si no que, hay que cambiar el caracter de explotación que defiende, y cambiar el estado completamente incluyendo sus FFAA.Construyendo un estado de otro tipo,y que defienda los intereses de las grandes mayorias,y defienda la propiedad social de los medios de producción,de los recursos naturales,de intercambio,y controle el funcionamiento bancario.Y las fuerzas armadas deben estar conpuesta por el mismo pueblo armado e insertados en la producción.La Tortura va a desaparecer,cuando definitavamente se termine la sociedad dividida en clases sociales y basada en la explotación de una minoria encontra de las grandes mayorias.En estos momento estamos viviendo el drama del pueblo de Honduras,represión,torturas y asesinatos,y hasta el sabado pasado era un país en “democracia”.
Paulina comentó el 5 de Julio, 2009 a las 4:39 pmEstoy totalemente de acuerdo contigo Luis, esto no se trata de cambiar a un presidente o del sistema político, sino de “cambiar el sistema de explotación que defiende”.
El otro día escuchaba al padre de Johnny Cariqueo, asesinado por carabineros de la 26° comisaría de Pudahuel, producto de los brutales golpes que le propinaron luego de detenerlo el día del joven combatiente. Él hablaba de la tortura de la pobreza, de los sin casa, de la precaria en la calidad de la educación, de la exclusión laboral, del poder económico en las mismas manos de siempre, y por lo tanto, de la persecusión y represión por parte de los mismos de siempre…de quienes tienen el capital y de quienes sirven a él.
En este sentido, y frete a tus últimas palabras, es bueno recordar las del discurso final de Allende (dado que el 11 de septiembre de 1973, al igual que el día de la intervención política armada en Honduras, estaba prevista una consulta para establecer una nueva constitución): “La historia es nuestra y la hacen los pueblos”.
Pueblos que debemos alzarnos contra el capital y contra las exlusiones que mantienen las constituciones de la región.
Así, las Alamedas de América se abrirán a sociedades más justas e inclusivas, donde la libertad y la seguridad de las personas estén por sobre cualquier bien.
Un abrazo en el compromiso, Paulina
marimari comentó el 6 de Julio, 2009 a las 7:29 amA no confundirse y no perder de vista el trasfondo del conflicto de Honduras,los protagonistas en confrontación Zelaya y FFAA, son harinas del mismo costal