Una política de silenciamiento hacia los temas que generan protesta social y que resultan conflictivos para la institucionalidad se ha repetido de manera peligrosa el último año. Quisiera no volver a tocar el tema, pero cada nueva noticia no puede ser tomada como algo de lo que ya se habló.

Más de siete casos en que Carabineros de Chile hace la vista gorda -¿o debería decir Gordon?-, y su general director no da respuestas satisfactorias ni al Colegio de Periodistas, ni resultan en algo las investigaciones administrativas, pese a que las pruebas en algunos casos están disponibles desde el mismo día de la agresión.

Víctor Salas, reportero gráfico de la Agencia EFE, de noticias, el 21 de mayo de 2008 recibió un fustazo en el ojo derecho, por parte del montado cabo segundo Ibar Barría, mientras cubría protestas mientras la presidenta daba su informe de gestión en Valparaíso. Pese a que hay fotos denunciándolo; a que hay testigos, y a que ha pasado más de un año: ¡Nada! No hay justicia para el fotógrafo. Aunque difícil hablar de justicia cuando se ha sido sometido a cuatro operaciones y se diagnostica pérdida casi total de la visión, más cuando se trabaja con la vista.

Eso, por no referirnos al caso de Elena Varela (7 de mayo de 2008), documentalista chilena que ha sido detenida y acusada de acciones que, con el paso del tiempo, cada vez se hacen más y más difíciles de creer. Lo que se vislumbra detrás de este y casi todos los casos de que tengo conocimiento, es una política de amedrentamiento si alguien se atreve a buscar la otra cara de la moneda y la otra orilla de la información. Principio básico del ejercicio de informar, por lo demás. Detrás de este caso también está el hecho de que el material fílmico de Varela no se ha recuperado. ¿Dónde están las cintas? Como versa la campaña que se ha sostenido en su defensa.

La carabinera que acusa a Óscar Pinto, del diario La Segunda, luego que el periodista fuera agredido por la guardia de la presidenta Bachelet, el 23 de abril de este año en La Moneda, cuando ejercía su labor. Su delito: Sacarle una declaración a la mandataria. En este caso, y en otros, como es el de Marcelo ‘Chino’ Garay, detenido el 17 de mayo en territorio mapuche, terminan los pájaros disparándoles a las escopetas: Los agredidos resultan ser acusados.

Por otro lado Francisco Herreros, director del semanario El Siglo, quien ha sido amenazado de muerte, pero como carga con el estigma de ser comunista, en este momento histórico que señala la divergencia de pensamiento como una disfución, ni señas de respuesta oficial.

Recientemente, en julio, el caso de José Luis Muñoz, reportero gráfico de la Agencia UPI, agredido durante los operativos de desalojo a las casas okupas, y la agresión a Sebastián Larraí Sáa, codirector del periódico El Ciudadano, cuando en junio pasado cubría el desalojo del Centro Cultural Ainil, justo en frente de la Plaza Internacional por la Libertad de Prensa. ¡Semejante paradoja!

Aquí lo que hay, es una política que en la práctica busca generar el silenciamiento de la prensa frente a temas incómodos. La protesta social, el conflicto mapuche, el descontento cuando se expresa en situaciones como las de Andha Chile, están siendo sistemáticamente reprimidas.

Si a eso le sumamos que está en aprobación una ley que hará responsable de cualquier destrozo que ocurra durante una manifestación a quienes la convoquen. Estamos ante situaciones que lindan en la esquizofrenia estatal.

Hoy, en Chile, se prohíbe informar. Sólo se pueden reproducir comunicados oficiales o del establecimiento político y mantener la tranquilidad. Hurgar en lo conflictivo y los puntos de vista encontrados puede ser castigado y seguramente lo será. Se intimida y agrede a los encargados de enterar a la población de lo que verdaderamente ocurre en el país.

¿Esta es la democracia que buscábamos? Quien no está informado, no puede tener opinión y no puede tomar decisiones, sugiere el slogan del informativo de radio Bío Bío. Parece ser que en el Chile de hoy, esa es la idea.

César Baeza Hidalgo
Periodista