Radios comunitarias: El Estado calla y acalla

Tras imprimirle el Ejecutivo el 29 de julio recién pasado suma urgencia a su tramitación, el martes 4 de agosto las comisiones -unidas- de Obras Públicas y Libertad de Expresión aprobaron el proyecto de ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana.  Según el presidente de esta instancia parlamentaria, el diputado PPD Patricio Hales, se trata de “un proyecto fundamental para la sociedad, ya que no puede haber una sociedad democrática si no es capaz de fortalecer la base social y sus organizaciones”.

Por eso resulta del todo paradójico, o más bien contradictorio, que ese mismo día el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizara a Fidel Galaz, representante legal de Radio Sin Tierra de Villa La Reina, por la transmisión de señales radiofónicas sin tener las licencias correspondientes; arriesgando por ello pena de cárcel, altas multas y la incautación de todos sus equipos.

Es decir, mientras un poder del estado avanza en subsanar por la vía de la legislación la falta de equidad en el acceso al espectro radiofónico y en reconocer el aporte de estos medios a la construcción democrática, entregándoles incluso fondos para su desarrollo; otro, el poder judicial, deja caer sobre estos medios todo su poder punitivo acallando sus voces.

Se argumentará que aquí se ha infringido la ley, lo cual es cierto, específicamente el artículo 36 b de la Ley General de Telecomunicaciones (N°18.168), que penaliza como autor de delito de acción pública a todo aquel que “opere o explote servicios o instalaciones de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión sin autorización de la autoridad correspondiente, y el que permita que en su domicilio, residencia, morada o medio de transporte, operen tales servicios o instalaciones”.

Pero lo cierto es que no ha estado en la intensión de estas radios violar la ley, sino que han sido forzadas a hacerlo, enfrentadas a un espectro radial excluyente que desde hace años permanece virtualmente inamovible.  Por eso, si bien muchas de ellas han intentado acceder a una concesión de transmisión, en la práctica no se abren nuevos espacios de licitación y persiste “una legislación muy poco permisiva, que da pocas facilidades a su existencia”, como lo reconoce el propio Hales.

Una legislación, por lo demás, heredada de la dictadura y que en su momento tuvo el claro propósito de silenciar a las voces disidentes, a la voz amplificada del pueblo por estas antenas.  Ya que la Ley General de Telecomunicaciones fue publicada en el diario oficial el 2 de octubre de 1982, es decir, cuando se masificaban las jornadas de protesta contra el régimen militar frente a sus violaciones a los derechos humanos y a la agudización de la crisis económica.

Al caso de Radio Sin Tierra se suman, hasta ahora, los de radios Conexiones y Renacer, en la octava región, y de Radio Galactika en San Antonio, todas acusadas por el mismo artículo 36 B.  El operativo desplegado por la brigada del Ciber Crimen de la PDI en Valparaíso la semana pasada, debido a la querella interpuesta por el concejal independiente UDI, propietario de Radio Congreso y presidente regional de Asociación Chilena de Radiodifusores (ARCHI), Eugenio González, procedimiento que culminó con la incautación de equipos a Radio Montedónico 2000 y UV 15, de un listado cercano a las 40 emisoras que serían clausuradas.   También al hostigamiento y amenazas sufridos por radios La Voz de Estación Central y 1º de Mayo de Pedro Aguirre Cerda, entre otras.

Todos estos hechos no son aislados, aunque tras ellos hay intereses distintos.  Por una parte comerciales, en un país con una de las mayores concentraciones en la propiedad de medios en América Latina, intereses que quieren seguir manteniendo el control económico que tienen sobre el espectro radial; políticos, en un año electoral que agudiza el debate; y gremiales, liderados por ARCHI ante el avance del proyecto de ley recién aprobado.  Pues debe llamar al menos la atención que llevando años e incluso décadas, algunas de estas radios transmitiendo, recién ahora se utilice contra ellas una ley que tiene más de 25 años de vigencia.  Y es que aprobada como Ley, este proyecto de radiodifusión comunitaria ciudadana, ésta deberá regularizar la situación de todas las emisoras que estén transmitiendo.  Las que queden a esa fecha.

Y qué hace el Ejecutivo – tercer poder del estado – ante esta campaña de silenciamiento, que vulnera el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión que debiera garantizar toda democracia: simplemente calla y acalla.

Calla, cuando como Poncio Pilato se lava las manos, incumpliendo su deber de evitar la vulneración de estos derechos fundamentales.

Y acalla, pues las leyes no salen de un texto bíblico y su interpretación está lejos de ser una profecía, sino una decisión politica que en este caso concluye en el hostigamiento y la represión de quienes detractan de su labor.  Pero acallar las voces de los que piensan distinto, por razones reglamentarias o como quiera argumentárselas, termina siendo una acción impugnable que socava precisamente lo que la acción del estado debe fortalecer: “la pluralidad informativa en el territorio nacional” (art. Nº1, Ley de Prensa) y por ende un espacio para la expresión de esta diversidad de voces.

Restringir este espacio, resta valor a la toma de decisiones, a la participación ciudadana y se debilita a la postre la democracia.

Y es que democracia no es solo votar, sino construir ciudadanía.  Una ciudadanía informada, crítica, diversa en su composición y en las identidades que expresa.

por Paulina Acevedo Menanteau

Periodista, Comunicadora en Derechos Humanos

Observatorio Ciudadano

El Ciudadano

Red de Medios de los Pueblos