Punto Final alegó por el pluralismo informativo ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

La revista Punto Final (PF) exigió este miércoles 2 de septiembre que el Gobierno ponga término al favoritismo por los monopolios ideológico-informativos de El Mercurio y La Tercera en la asignación de la publicidad del Estado-Chile en los medios de prensa escrita, durante una audiencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). El abogado Alberto Espinoza alegó en defensa del pluralismo informativo como un derecho constitucional y afirmó que el Estado discrimina a la prensa independiente cuando asigna los avisos publicitarios estatales.

La democratización en la distribución de la publicidad del Estado y el fin de la exclusión de los medios independientes es una batalla antigua que vienen dando PF y su director, Manuel Cabieses Donoso. La demanda se presentó en septiembre del 2008 y el TDLC ha escuchado testimonios de ambas partes. Por la revista han declarado los premios nacionales de periodismo Faride Zerán y Juan Pablo Cárdenas; el presidente del Colegio de Periodistas, Abraham Santibáñez; el diputado Marco Enríquez-Ominami; y el académico e investigador Walter Khrone. Antes, PF se quejó ante la Fiscalía Nacional Económica, pero ésta rechazó el reclamo en octubre de 2007.

El reclamo atañe a la libertad de expresión y al derecho a la información de todos los chilenos y por consiguiente, la cuestión de fondo tiene evidentes connotaciones filosóficas, políticas e ideológicas, pues la discriminación significa un favoritismo abierto del Estado en beneficio de los diarios monopólicos.

La discriminación publicitaria, por añadidura, lesiona los principios de la llamada “libre competencia”. Y en este controvertido caso del destino exclusivista de la publicidad estatal, se burla la igualdad de oportunidades para todos los actores del mercado de la publicidad, según las “sagradas” reglas de la economía de mercado.

“El tema de fondo no es exclusivamente el avisaje, sino el rol del Estado en la promoción del derecho a informarse, que también es un derecho humano reconocido por el estatuto jurídico del tratado de la Corte Interamericana de Justicia, suscrito también por Chile, argumentó el abogado Espinoza.

El jurista argumentó que una distribución más equitativa del avisaje público favorece los derechos de las personas y ofrece ventajas al desarrollo plural de la sociedad chilena, donde el pluralismo informativo no existe ni siquiera para los partidos gobernantes [con Michelle Bachelet], que carecen de medios de expresión propios, como los que tuvieron hasta el gobierno de Salvador Allende.

El abogado agregó que los monopolios conspiran contra la democracia” y que el artículo 19 Nº 21 de la Constitución actual garantiza los derechos de la persona humana, no de los monopolios neoliberales. Dijo que los monopolios mediáticos internacionalmente reconocidos alejan a Chile de la meta de constituir una sociedad verdaderamente democrática.

El jurista cuestionó el sistema informativo y criticó al Estado por apoyar con su avisaje exclusivamente a los dos grandes mega grupos que comparten prácticamente comparten la misma línea editorial, de paso bastante crítica de los gobiernos de los últimos 20 años post dictadura militar. Llamó también la atención del tribunal al fallar sobre esta controversia sobre los derechos de la persona humana versus los monopolios de la prensa.

El abogado que en esta demanda defiende los intereses del gobierno, Gonzalo Velásquez, representante del Consejo de Defensa del Estado, centró su argumentación en cuestiones técnicas respecto a las modalidades del sistema de compras llamado “mercado público”, defendió los cuestionados mecanismo de  licitaciones del sector público y evadió la cuestión de fondo, del derecho ciudadano a una información periodística bajo puntos de vista plurales, diferentes al monoteísmo informático que cultivan El Mercurio y La Tercera y en la práctica domina el mercado de medios impresos.

Una vez que se conozca el fallo del TDLC todavía queda una última instancia en Chile: la Corte Suprema de Justicia. Y si la sentencia resulta adversa para la parte demandante, es decir, la revista Punto Final, el caso podrá elevarse a la Corte Interamericana de Justicia, dijo Manuel Cabieses. Por lo tanto esta pelea jurídica por la libertad de expresión y el pluralismo informativo todavía podría continuar por varios años.

Por Ernesto Carmona

Periodista y escritor, consejero nacional del Colegio de Periodistas de Chile