La mano policial que viene para estos años

Las quemaduras que sufrió un carabinero en un “mechoneo” de fuerzas especiales colocaron en la palestra la peligrosidad de las sustancias con que la policía reprime a luchadores sociales.

El episodio de carabineros que terminó con un funcionario herido dio pie para instalar el debate acerca de la violencia policial y el abuso que las unidades de fuerzas especiales en Chile, mantienen hasta nuestros días.

Y es que la escena repetida numerosas veces en los medios de comunicación y protagonizada por el cabo segundo Blas Herrera, da cuenta de un hecho que no es para nada fortuito y aislado: Eso mismo les sucede a mujeres, estudiantes, niños y niñas, pobladores, indígenas, trabajadores, y cualquier persona o grupo que intente hacer valer sus derechos de libertad de expresión y reunión pacífica. Elementos legales, reconocidos además por el derecho nacional, y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, ratificados por Chile.

Cada vez que los sectores más vulnerados de la población intentan manifestar su descontento frente a las injusticias del sistema, cae sobre ellos todo el peso de la ley y la fuerza policial.

Y lo peor de todo es que aquello no representa sólo el acto mismo violentista, sino además la humillación a la que se ven sometidas las personas cuando estas son vulneradas en su integridad física y psicológica. Despojadas en su dignidad como seres humanos y anuladas completamente en su calidad de ciudadanos libres, que forman parte de una sociedad democrática. Sin embargo, las prácticas ilegales y abusivas de los efectivos policiales, se han sucedido aún en democracia. A pesar de que con el término del régimen militar, se pensaba que estas prácticas se apaciguarían, ya que, se debían excepcionalmente a una suerte de formación autoritaria y militar. Sin embargo, se ha observado que no sólo han persistido, sino que además se han intensificado.

La violencia policial en contra de la población civil, que se ha llevado a cabo en nuestro país, durante los gobiernos democráticos ha quedado de manifiesto en diversos estudios. Como lo es el informe presentado por la FLACSO Chile, entre 1990 y 2004, el cual develó el ingreso en la justicia militar, de 6.083 casos de violencia policial, imputable a Carabineros, sólo en la regiones IV, V, VI, y Metropolitana.

En los años recientes el abuso policial ha ido en incremento. La Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las personas dio cuenta en su informe trimestral 2007-2008, el incremento en las denuncias por abusos policiales.

Sin embargo, a pesar de todos estos datos, las autoridades de nuestro país continúan justificando el abuso de poder, por parte de fuerzas especiales. Argumentando que es “necesario”, para mantener el orden y el control social.

En una entrevista realizada hace unos días, en CNN Chile, el Ministro del Interior Patricio Rosende declaró que en su época de estudiante participaba en protestas y fue víctima del chorro del carro lanza agua, más conocido como guanaco, del zorrillo y todos estos elementos, que según expresó, a pesar de ser muy desagradables, tienen como propósito reestablecer el orden público y tienen un efecto muy corto en el tiempo.

A su vez aseguró que, no existen este tipo de ritos de iniciación o bautizo o de cualquier ceremonial que tenga como propósito afectar la integridad física o psíquica de los funcionarios de carabineros.

” Si hay alguien que confunde el necesario rigor, la disciplina, el esfuerzo propio del entrenamiento de fuerzas especiales o del GOPE o cualquiera de estas unidades de elite con prácticas que atenten contra la dignidad eso debe ser severamente reprimido porque está completamente ajeno a los valores y procedimientos institucionales”, agregó.

Sin embargo, el sólo hecho de violentar a una persona, sea cual sea su procedencia o grupo social de pertenencia es ya un acto de agresión que vulnera su dignidad como ser humano.

La polémica estuvo instalada en la opinión pública, puesto que, esta vez fue un funcionario de Carabineros de Chile quien se vio afectado, ¿pero qué sucede cuando esto mismo ocurre a cualquier ciudadano?.

El hecho queda en la más absoluta impunidad, a pesar de las posibles denuncias o descargos, que puedan surgir contra la institución de carabineros.

Por otro lado, Patricio Rosende asegura que el agua del guanaco es totalmente inofensiva y no presenta peligro alguno para las personas. Y que lo sucedido al cabo Herrera es un hecho excepcional, debido, según él, a alguna afección o sensibilidad extrema, de la piel.

También existió justificación, por parte de la misma institución, con respecto a lo sucedido, quienes aseguraron que el cabo había resultado herido, por que la sustancia que fue lanzada contra su cuerpo había estado “mal diluida”.

Esta sustancia corresponde al Ortoclorobencilidenmalononitrilo (CS), y es utilizado por las policías de todo el mundo como lacrimógeno en gas y en los cañones lanza agua.

Siguiendo con los elementos “disuasivos” utilizados por fuerzas especiales, podemos encontrar también los gases lacrimógenos. Altamente dañinos y perjudiciales para la salud, pero comúnmente usados en marchas, protestas y manifestaciones sociales.

Un artículo publicado en el diario Clarín de Chile el 01 de septiembre de 2009, señalaba que a pesar de las investigaciones científicas que confirman el daño que provoca inhalar los gases de las bombas lacrimógenas, Carabineros continúa usándolas cada vez que hay una protesta en las calles. El daño que provoca el gas a la salud, sobre todo a sectores en riesgo como niños y mujeres embarazadas es enorme.

Muchos de los componentes del gas lacrimógeno han sido reemplazados en Estados Unidos e Israel, países que las fabrican. Las bombas que usa Carabineros son fabricadas sólo para Chile y en otros países están prohibidas. Contienen sustancias químicas altamente tóxicas e irritantes de las mucosas y se ha descubierto que producen abortos. Su uso afecta no sólo a los manifestantes sino también a transeúntes y residentes de zonas aledañas, pues las corrientes de aire transportan los gases tóxicos con sus efectos nocivos atenuados, pero que no desaparecen.

Según el doctor Andrei Tchernitchin, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y secretario del Departamento de Seguridad Pública y Medioambiente del Regional Santiago del Colegio Médico y director científico del Consejo de Desarrollo Sustentable de Chile, una comisión asesora de la Presidencia de la República, en su calidad de experto en toxicología ambiental señala:

“Hay antecedentes documentados de que los agentes químicos con que se fabrican las bombas lacrimógenas son abortivos. Además de producir graves daños a la salud, inciden negativamente en los aparatos reproductivos masculino y femenino. Es un peligro que se sigan utilizando contra la población. Mi interés comenzó hace tiempo, durante la dictadura militar, cuando en los alrededores de la Facultad de Medicina la policía lanzaba bombas lacrimógenas. Los estudiantes llegaban muy afectados. Por eso decidí hacer un estudio científico. Pedimos a los alumnos que donaran sangre para estudiar algunos parámetros hormonales, como el número de leucocitos eosinófilos y, curiosamente, esos leucocitos estaban desgranulándose con mucha velocidad, lo cual podía significar alteraciones de diverso tipo. Estas células tienen que ver con la respuesta inmune de nuestro organismo, o sea, con la regulación de los corticoides, que son las hormonas de la respuesta inmune. Le pedí a un grupo de alumnas que no participara en manifestaciones para no verse expuesta a los gases, y así tener un control para comparar. Además, acopiamos algunos envases de gases lacrimógenos que no explotaron, para hacer experimentos con ratones de laboratorio… Curiosamente, cuando se supo que estábamos haciendo este experimento, la policía dejó de lanzar bombas lacrimógenas cerca de la Facultad de Medicina”, asegura.

En defensa de lo expuesto anteriormente la Institución de Carabineros de Chile afirma que los químicos están sometidos a la ley Nº 17.798, sobre control de armas y explosivos. Reconocen que las partidas se adquieren en Estados Unidos, aunque nunca se ha especificado a qué proveedores. Señalan, además, que no serían necesarias las autorizaciones sanitarias pues el listado de químicos no pasa por el Ministerio de Salud sino que ingresa directamente al Ministerio de Defensa. Tampoco el Instituto de Salud Pública tiene competencia, pues la institución sólo realiza registros sanitarios de medicamentos, pesticidas y alimentos.

Según la periodista Claudia Urquieta, el control de estas sustancias se haría desde el Banco de Pruebas de Chile, dependiente del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, brazo técnico que “controla, modifica y prueba elementos, como armas y los disuasivos en cuestión”. Para el doctor Tchernitchin es ilógico que “nadie responda qué sustancias químicas se utilizan en los carros lanza agua y quién regula su concentración. Desde el punto de vista de la salud pública, es una vulneración de las leyes que protegen a los ciudadanos; además, nadie garantiza los niveles de neurotoxicidad de estos químicos”, agrega.

Tanto la institución de carabineros como las autoridades de gobierno han intentado lavarse las manos, frente a estos hechos. Mientras los medios de comunicación abordaban el episodio del cabo Herrera con una amplitud e importancia muy pocas veces vista y sólo comparable con el accidente sufrido por el General Bernales, cuando la noticia de su muerte copó la agenda pública.

Sin embargo, cuando se trata de comuneros Mapuches, dirigentes sindicales, estudiantes y trabajadores heridos o muertos en manos de carabineros, el silencio en los medios parece ser el único elemento que da cuenta de un cerco informativo, que atenta contra la población y su derecho a informarse.

LO QUE NOS DEPARA ESTOS AÑOS

Estos abusos cometidos contra el pueblo, la fuerza de la policía y el control social no son nada nuevo. Sin embargo, la tendencia es que vayan en aumento, mientras mayores sean los intereses políticos o económicos que se intenten proteger con las fuerzas de orden.

Sebastían Piñera en su programa de gobierno cuando habla de  la seguridad ciudadana dice: “Se implementará un sistema de monitoreo electrónico a distancia (brazalete de seguridad) en casos de delitos de violencia intrafamiliar y otros de naturaleza grave. La administración de este sistema quedará en manos de una entidad especializada. Se creará un Banco de Datos Delictual. Además, se establecerá un sistema información que mantenga en red a todas las instituciones involucradas en el ámbito de la seguridad, que contará con información relativa al historial de los delincuentes, incluyendo su ADN y otros antecedentes”

Con este dato queda claro que el control social será algo habitual en su gobierno.

Y es que durante los gobiernos de la Concertación el camino para fortalecer estas prácticas se fue materializando a medida que las reivindicaciones de los distintos sectores sociales, apenas comenzaran a agudizarse.

Actualmente escuchamos a los ministros de la concertación despedirse de lo que ha sido su gestión, pero no dejando ningún cabo suelto, para un cómodo y fácil dominio de la derecha.

Un Ministro del Interior que apela a la represión como única forma de solución a los conflictos, que justifica la violencia policial, como único elemento de orden público, que acusa a los Mapuches de terroristas por defender sus tierras, y que habla sobre “agentes encubiertos”, como la nueva modalidad de acción de inteligencia policial, para evitar que grupos “extremistas” se organicen, es agresivo, es violencia simbólica.

Mientras mayores sean los grupos de poder, y el capital financiero que ellos ostenten, mayor será el afán por querer controlar a la población e impedir que ésta se manifieste cuando es ultrajada de sus derechos o despojada de los recursos naturales que por derecho le corresponden. Como es el caso de los pueblos atacameños y la defensa que ellos hacen de sus tierras y el agua. Y que cada vez que intentan proteger estos recursos que representan no sólo elementos de supervivencia, sino además la fuerza vital de los pueblos, heredada de sus ancestros. Cuando las comunidades se levantan para defender su territorio, entonces la mano policial, se deja caer sobre ellos, amparados por un sistema judicial, injusto y poco democrático, y las grandes empresas y transnacionales que forman parte del capital económico del país.

Un sistema económico neoliberal requiere de una fuerte mano policial y de elementos de seguridad e inteligencia, acordes con los tiempos y las nuevas tecnologías, además de muchos otros “materiales inflamables”, como diría Mario Benedetti.

Se vienen tiempos difíciles, en donde existen dos vías: luchar por una sociedad mejor, más igualitaria y libre o dejar que el monstruo capitalista adormezca nuestras conciencias.

Y aquellos que luchan deberán estar dispuestos a enfrentarse a la furia de ese monstruo que no querrá “soltar la teta”, por nada del mundo.

Por Jimena Herrera Montenegro

La Alternativa