Humos de cambio en políticas de drogas en Latinoamérica

Luego de años de insistir en el fracasado enfoque represivo, algunos gobiernos latinoamericanos abren las primeras puertas a enfoques más sensatos en políticas de drogas. Ecuador, Argentina y México dan las primeras señales de ruta.

A principios del 2009, se celebró la Conferencia de la ONU que debía revisar la política señalada en 1998 para el cambio de milenio que se resume en el eslogan ‘Un mundo libre de drogas. Podemos hacerlo’. Si bien se insistirá por otros 11 años en mantener la  fracasada guerra a las drogas, por primera vez no absoluto consenso en dicho énfasis y el mismo director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, Antonio María Costa, reconoció que “las políticas aplicadas hasta ahora han favorecido a los grandes carteles de la droga, que en este periodo se han hecho más ricos y poderosos”.

“Debemos encontrar un punto intermedio entre criminalizar y legalizar, planteando la estrategia menos como una guerra y más como la cura de una enfermedad social”- agregó Costa, lo que si bien resulta un pequeño vislumbre dentro de su retórica prohibicionista, mantiene el prejuicio de que el uso de sustancias declaradas ilícitas es una patología y deben convocarse agentes médicos.

El saldo que deja el estigma y marginalización de los millones de usuarios de drogas prohibidas en el mundo, es haber entregado al mercado negro un negocio que hoy es el más rentable del planeta, la desintegración social de muchas comunidades y graves daños al medio ambiente y comunidades urbanas y rurales. Según cifras de la ONU el narcotráfico mueve U$ 300 billones al año.

El disenso fue puesto por 26 países, entre los que destacaron los latinoamericanos que ya han implementado políticas de reducción de daños y que se basan en el respeto a los  derechos humanos de los usuarios de drogas. Evo Morales, mandatario boliviano, ironizó incluso con el paradigma represivo al marcar hoja de coca mientras daba su discurso ante la plenaria reunida en Viena, diciendo que dicha planta no es una droga y debe ser sacada del listado I de sustancias estupefacientes, donde fue incluida en 1961.

En un informe reciente, el Transnational Institut (TNI), fundado por Orlando Letelier y con sede en Holanda, evidencia que “la tendencia en América Latina es a cuestionar el prohibicionismo en curso, tal como lo vienen haciendo varios gobiernos latinoamericanos”.

TÍMIDOS AVANCES EN EEUU

Si bien, EEUU es el garante y principal impulsor de la guerra a las drogas, utilizada muchas veces como argumento para intervenciones militares, la administración de Obama solicitó durante el 2009 a los procuradores estatales que no se persiga más a los vendedores de marihuana medicinal en los 14 estados en donde se permite esta actividad.

Los estados de California, Nevada y Oregon ya han dado pasos hacia la  descriminalización. Incluso el congresista Elliot Ángel llamó a crear una comisión independiente de notables que evalúe la guerra a las drogas.

MÉXICO: HACIA EL NARCOESTADO

Donde la guerra a las drogas ha evidenciado su rotundo fracaso es en México, país en el que se calculan ya unos 15 mil muertos dejados por la contienda, además de la corrupción galopante del poder civil y policial que se viene dando desde mediados de los ’90.

Pese a esta situación, el presidente Felipe Calderón logró que el Congreso aprobara  una contradictoria ley en abril del 2009 que busca combatir el microtráfico. Conocida como Ley contra el Narcomenudeo, ésta modifica tres leyes federales de México entrando en vigor en agosto último.

Jorge Hernández Tinajero y Carlos Zamudio Angles, investigadores asociados al TNI, comentan que se trata de una apuesta dudosa, ya que si bien distingue entre  consumidores y fármaco dependientes, los que ahora no serán tratados penalmente, se aumentaron las penas a los microtraficantes y obliga a las policías estatales su persecución, pese a que dicho delito es de orden federal.

“La ley no ha sido diseñada para proteger los derechos de los consumidores o para establecer un sistema racional y efectivo de salud pública, sino que está dirigida principalmente a endurecer las penas de los delitos relacionados con el tráfico de drogas a pequeña escala. Es decir, la ley busca fortalecer las atribuciones policiacas contra el eslabón de la cadena del tráfico en el que inevitablemente se inserta el usuario, lo que entraña nuevos riesgos para éste. (…) Asimismo, la ley pretende controlar el  tráfico de drogas al menudeo únicamente desde la perspectiva de la oferta, una estrategia probadamente fallida por la experiencia histórica y por la lógica económica”- comentan Hernández y Zamudio.

Pese al espíritu de la ley, congresistas lograron introducir interesantes artículos, como el aceptar el enfoque de reducción del daño como una política de Estado, permitir a las culturas indígenas usar sustancias prohibidas que son parte de sus rituales tradicionales y establecer dosis máximas que puede portar un usuario de drogas.

Los montos permitidos en México son: Opio (2 gr.); Diacetilmorfina o Heroína (50 mg.); Cannabis (5 gr.); Cocaína (500 mg.); LSD (0.015 mg.); MDA (Metilendioxianfetamina), MDMA (éxtasis) y anfetaminas (40 mg.).

COLOMBIA: EL MAL EJEMPLO

Un problema geopolítico regional causó la decisión de instalar 7 bases militares en Colombia por parte del presidente Álvaro Uribe. El argumento es el de siempre: combatir a las drogas. La decisión se suma a la mantención del Plan Colombia y la prohibición del porte y consumo de drogas, prácticas no penalizadas en el país caribeño desde 1994.

Refiriéndose a la intervención de EEUU a través de las bases militares, el sociólogo colombiano, Ricardo Vargas Mesa, considera que la postura de Washington de mantener el enfoque de seguridad frente a las drogas, esconde “otras pretensiones como el acceso a recursos naturales estratégicos. Así, el territorio colombiano se reitera como plataforma para un escenario de control de la seguridad regional”.

El analista acusa que la política de Uribe “desconoce las condiciones socioeconómicas que están en la base de la participación de comunidades campesinas en la producción de materia prima para elaborar sustancias psicoactivas ilegalizadas”, lo que se evidencia en la insistencia en la política de erradicación de cultivos de coca por la fuerza y con considerables daños ambientales.

Así ocurrió el 3 de abril de 2009, cuando una avioneta escoltada por el ejército colombiano asperjó con glifosato las fuentes de agua, los bosques, las viviendas y los cultivos en la margen izquierda del río Timbiquí, en el departamento del Cauca. Seis meses después se fumigaron las zonas rurales de los municipios de Orito, Valle del  Guamuez, Puerto Asís y Puerto Guzmán.

A estas prácticas se suma la aprobación por parte del parlamento colombiano en diciembre de una enmienda constitucional que prohíbe “el porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas”, la que deja sin efecto la jurisprudencia establecida por la Corte Constitucional en 1994 que impedía castigar la tenencia para consumo, permitiendo tener hasta 20 gramos de marihuana y un gramo de cocaína.

Diversos expertos y organizaciones manifestaron su rechazo a esta enmienda que viola los derechos de los usuarios de drogas. Se trataba de una obsesión personal de Uribe, quien desde el 2002 se puso entre ceja y ceja sancionar el consumo. “Si avanzamos en el equilibrio ético de sancionar la dosis personal de droga, frenamos el crecimiento de adictos y el crecimiento de consumidores”- argumentó Uribe.

La modificación fue hecha luego de cinco intentos fallidos y en contra la tendencia internacional, de dejar de perseguir a simples usuarios de drogas.

ARGENTINA DA ZANCADAS

En noviembre del 2009, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, recibieron las conclusiones del informe del Comité Científico Asesor en Materia de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, convocado el 2007 por el Ministro del Interior, Aníbal Fernández, para revisar la política de drogas trasandina.

A la iniciativa se suma un fallo unánime de la Corte Suprema de dicho país, emitido el 25 de agosto de 2009 que declara inconstitucional la penalización de la tenencia de drogas  para consumo personal ya que no afecta a terceras personas. El fallo del máximo tribunal además instó a los poderes ejecutivos nacional y provinciales y al parlamento a reformar las leyes de drogas.

Tal decisión fue luego de que un juez falló en el caso de 5 jóvenes de Rosario detenidos el 2006 por portar cannabis, que el uso de drogas no afecta a terceros y el mayor daño provocado es por la criminalización de su consumo.

El fallo de la Suprema declara que el artículo 14 de la Ley 23.737 “debe ser invalidado, pues conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional, en la medida en que invade la esfera de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales. Por tal motivo se declara la inconstitucionalidad de esa disposición legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”.

Estadísticas de los tribunales argentinos dan cuenta que de las 27.186 causas, 12.801 son por la ley de drogas, siendo la mayoría de estas por casos de tenencia para consumo personal. En el 2006, según informó Página 12, un promedio de 35 personas al día sufrieron contratiempos legales por la posesión de algún tipo de droga. De todos ellos, sólo 204 fueron juzgados y hubo apenas tres sentencias condenatorias.

Para juristas, jueces y analistas, seguir con el actual enfoque represivo no sólo es inútil, sino que hace perder tiempo y dinero al sistema penal.

Por ello el informe entregado al Ejecutivo en noviembre recomienda asumir un nuevo enfoque en política de drogas basado en no criminalizar a los usuarios y centrar la política de drogas en la prevención, la asistencia médica y el combate al narcotráfico. En el texto se señala que es hora de “centrarse en las personas y dejar de lado la utopía de sacar las drogas de circulación”.

Tal perspectiva fue el tema central del primer foro internacional “Reformas a las políticas de drogas: hacia un nuevo paradigma”, que se realizó el 21 de octubre de 2009 en la Universidad de Palermo, Buenos Aires, que contó con la presencia del Ministro del Interior, investigadores del continente y jueces.

Igual debate ocurrió en Paraguay en diciembre, cuando en la Sala de Sesiones del Plenario del Congreso, ubicada en Asunción, se efectuó la conferencia ‘Hacia una nueva política sobre las drogas’, instancia en la que participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Enrique Salyn Buzarquis, la funcionaria del Ministerio de Justicia brasileño Carolina Dzimidas Haber y expertos internacionales.

LAS MULAS DE ECUADOR

Teresa Delgado es quizás el ejemplo de cómo las leyes de drogas terminan metiendo en la cárcel al eslabón más débil de la cadena del narcotráfico. Fue detenido por portar 30 gramos de cocaína, lo que se conoce como ‘mula’, y condenada a ocho años de prisión. Al igual que ella, hasta los últimos meses del 2008, otras 1.500 personas estaban en las cárceles de Ecuador sentenciadas a penas de cerca de 15 años por microtráfico de drogas.

Ante tal descalabro social, que afectaba a muchos indígenas, la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Rafael Correa, logró dictar la ley de ‘Indulto para mulas’, que desde fines del 2008 ha permitido que liberar a muchos sentenciados por microtráfico.

La legislación ecuatoriana de drogas era una de las más duras del continente. Pien Metaal, investigadora del TNI, sostiene que “con el fin de acogerse a la normativa internacional y bajo la fuerte presión política de Estados Unidos, durante los años ‘80 y principios de los ‘90, los países andinos en particular, consolidaron subsistemas penales inconsistentes con la legislación interna y los principios fundamentales del derecho penal, que no respetaban el criterio de proporcionalidad entre el delito y la pena”.

Esto provocó que entre 1990 y 2005 la población carcelaria se incrementara  significativamente. “En una ocasión el Gobierno de los EE.UU. expresó públicamente que consideraba insuficientes esas operaciones y exigió a Ecuador incrementar en un 12 por ciento las aprehensiones de posibles narcotraficantes”- cuenta Metaal.

Para que nunca más vuelva a ocurrir esto la nueva constitución ecuatoriana establece  que los consumidores nunca serán criminalizados, la que fue aprobada en julio del 2008.

Franco Sánchez, viceministro de Justicia de Ecuador, dijo que “ha quedado claro que la guerra contra las drogas fracasó”, agregando que “después de diez años nos damos cuenta de que esa política fracasó. Hay que tomar otras políticas porque vamos a vernos dentro de diez años más y no sabemos dónde estaremos”.

Mauricio Becerra R.

El Ciudadano