¿Qué esconde el terremoto?

El terremoto que asoló la zona central en la madrugada del 27 de febrero, dejó  al descubierto las fracturas que cohabitan en la sociabilidad chilena a la vez que el deterioro de nuestra convivencia democrática. No se trata, como quieren ver algunos, de un problema de orden público y de laxitud de la disciplina social.

A medida que el ruido ensordecedor del terremoto que sacudió gran parte del país va quedando atrás como el eco  de una escalofriante pesadilla, han comenzado a emerger las respuestas simplonas y las interpretaciones al voleo sobre lo ocurrido.

Básicamente se centran en apuntar a las debilidades del gobierno que concluye su gestión, por no haber actuado con mayor celeridad en los primeros minutos del terremoto, a objeto de anticipar la catástrofe que ocasionaría el tsunami que se generó tras el sismo; que las comunicaciones fallaron y se perdió toda conectividad entre amplias regiones del país con la consiguiente sensación de pánico que ello provocó las primeras horas, o que no se habrían adoptado las medidas adecuadas para enfrentar una catástrofe que se venía anunciando hace años. Se podría decir que aquellas opiniones orbitan en torno de la gobernabilidad de la crisis vivida y de la incompetencia de las autoridades para enfrentarla durante los primeros días.

Otro grupo de opiniones, invocando razones de orden público, de la seguridad interior del Estado, han clamado por el uso del terror estatal para contener a las hordas que invaden la propiedad privada, saquean, y generan pánico en la población. Esas voces han aprovechado esta cruel coyuntura para mofarse del respeto por los derechos humanos que habrían adoptado las autoridades tras la dictadura militar, y que les habría impedido acudir a medidas de fuerza, para doblegar a las muchedumbres. Esas opiniones orbitan en torno de la conservación del orden que sostiene lo que denominamos Chile.

En resumidas cuentas, se trata de argumentos sobre la política o cómo deben o tienen que ser adoptadas las decisiones públicas, que conlleva juicios, visiones, posiciones, intereses muy concretos así como subjetividades, respecto de lo que se comprende por orden social y político, pueblo, ciudadanía, uso de la fuerza pública. El terremoto devela por así decirlo, la naturaleza de los individuos, sus miedos y prejuicios, a la vez que desnuda el perfil de la sociedad, sus fisuras y egoísmos.

Destaca y no deja de sorprender que las perspectivas o las formas de leer el cuadro dantesco que deja el terremoto no repare en un hecho: más allá de la virulencia con que se demonizan los hechos ocurridos en ciudades asoladas por el sismo, como saqueos o pillaje, y se busquen responsables, se observa una fragilidad preocupante en la confianza social sobre las instituciones públicas y un descrédito en la política y por tanto en la democracia que vivimos. Este es el punto central del asunto.

Los ancianos, mujeres, niños, jóvenes, adultos, que han estado en el banquillo de los acusados, no son precisamente “lumpen”; son dueñas de casa, adultos jubilados, empleados, estudiantes secundarios, trabajadores y seguro, uno que otro delincuente. Y por cierto que es el miedo y la inseguridad por su futuro lo que genera cuadros como los observados, pero develan también una carencia o falta de apego por normas de convivencia cívica, y en ello han fallado los sistemas institucionales responsables.

Una sociedad estimulada hasta la saciedad por la invocación al consumo y al desarrollo del ego, alejada de los debates públicos por decisión de los políticos, al no generar iniciativas que contribuyan a abrir conversaciones significativas en la sociedad sobre la convivencia deseable, la calidad de la democracia, las limitaciones de la desigualdad social, o simplemente, para otorgarle mayor poder para decidir sobre su futuro, es una sociedad con individuos altamente ego centrados, desconfiados de la política y de las bondades de la democracia. Si a ello sumamos la variable clasista y sus privilegios asociados, tenemos una mezcla explosiva.

Construir gobernabilidad democrática es un proceso colectivo, que incluye a la sociedad civil y no un asunto de los tecnócratas o gerentes de la política, que conciben a los ciudadanos como clientes o usuarios de bienes y servicios. Ese camino es el que deja al descubierto la crítica que escuchamos en estos días, de exigir más prontitud en el servicio, en la atención urgente, a mí antes que al de allá. Los ciudadanos convertidos en clientes exigen de los vendedores calidad, oportunidad y mejor trato.

El terremoto desplomó los muros de la soberbia con que se ha intentado moldear a la sociedad chilena. La política sigue a la deriva y la democracia que anhelamos es sólo una quimera.

Por Adolfo Castillo

Historiador, cientista político y director ejecutivo de Corporación Libertades Ciudadanas.