América Latina: Aborto, moneda de pacto y de poder

América Latina es un bastión contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo y, pese a que la mayoría de sus gobernantes se proclaman progresistas, solo en un país el aborto está despenalizado, mientras en cinco es un crimen aun cuando la gestación lleve a la madre a la muerte.

Las draconianas leyes de penalización -con excepciones muy restrictivas, cuando las hay- no impiden que el índice de abortos sea de 31 por cada 1.000 mujeres, dos más por cada 1.000 que el promedio mundial. Solo convierten su práctica en clandestina e insegura y, en consecuencia, en la segunda causa latinoamericana de mortalidad materna.

“El machismo es clave. La concepción patriarcal de nuestras sociedades es tal, que no cuesta tanto negar este derecho. Si la conciencia social sobre la igualdad estuviese bien asentada, sería mucho más costoso para los gobiernos progresistas negar derechos vinculados a esa igualdad”, dijo a IPS la socióloga uruguaya Moriana Hernández.

“Es fácil negociar sobre el cuerpo de las mujeres por ese peso patriarcal”, analizó la responsable de la campaña por una educación no sexista y no discriminatoria del Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

Así que el aborto sirve de moneda de negociación entre gobernantes y poderes conservadores, aunque todos sepan que en la región cada año hay más de cuatro millones de interrupciones clandestinas del embarazo, a las que se asocian más de 4.000 muertes evitables, o que en países como Argentina por cada nacimiento haya casi un aborto inducido.

Para Hernández y otros analistas, el estancamiento o retroceso del derecho de las mujeres a decidir es consecuencia de la fundamentalista ofensiva de la Iglesia Católica para mantener a América Latina como tierra libre de aborto, legal al menos.

“La Iglesia siempre estuvo pendiente del aborto, pero ahora es un tema que la exacerba fuera de toda proporción, y no solo el aborto sino también la educación sexual, cuando en realidad no hay planteamientos ni nuevos ni radicales”, dijo Hernández.

La última década, la región estuvo escorada a la izquierda. Pero al mismo tiempo, en Nicaragua se eliminó en 2006 toda excepción a la criminalización del aborto, en Uruguay un veto presidencial anuló en 2008 su legalización legislativa y en República Dominicana la vida pasó en 2009 a ser un derecho constitucional desde la concepción.

De hecho, las mejores noticias sobre el derecho femenino a decidir vinieron de dos países gobernados por la derecha. En Colombia, la Corte Suprema estableció en 2006 tres supuestos en los que el aborto debe permitirse -y facilitarse-, y en el Distrito Federal de México un año después se legalizó el aborto hasta las 12 semanas.

Pero la medida adoptada por el legislativo del distrito donde se asienta la capital mexicana y viven 18 millones de personas desató una “furibunda contrarreforma” por parte de la Iglesia, en palabras de Hernández, que ha provocado que en 17 de los 32 estados del país ahora el aborto esté prohibido radicalmente.

Rita Segato, una antropóloga argentina e investigadora de la Universidad de Brasilia, adjudica el fervor con que la Iglesia se opone a la despenalización del aborto a razones diferentes a la defensa de la vida. “Si le importara, la jerarquía católica estaría en otros frentes con la misma beligerancia, defendiendo la vida”, aseguró.

“Le interesa marcar en este momento la permanencia de su influencia” sobre los Estados, explicó en una entrevista, y es por ello que entra en una competencia de autoridad con el feminismo latinoamericano.

“Mando aquí todavía” y hago que en las leyes “mi perfil ideológico esté retratado, y voy a ganar”, es el mensaje de la jerarquía católica, según la antropóloga. El relanzar la criminalización del aborto “es una guerra de influencias”, sintetizó.

A su juicio, como las leyes tienen un fin diferente al que expresan, resultan muy ineficaces en su propósito aparente. “Católicas, no católicas, evangélicas”, todas abortan cada día, porque no lo sienten como un delito penal o ético, concluyó.

Para Hernández, la Iglesia está especialmente nerviosa porque ahora en la región hay una visible y creciente conciencia sobre la importancia del derecho al aborto, “que era impensable hace 10 años o incluso cinco”.

“En la agenda feminista siempre fue un punto cardinal, pero por años faltó un movimiento popular con conciencia sobre su importancia. Era un tema relegado”, afirmó.

Vinculó la negociación sobre el cuerpo de las mujeres en la penalización del aborto con el hecho de que esta región sea aquella “donde la violencia de género es gigantesca”, pese a que en América existe la única convención continental contra la violencia machista y en todos los países hay leyes, algunas avanzadas, para enfrentarla.

“A una sociedad que admite la violencia de los hombres hacia las mujeres tampoco se le puede pedir que no acepte que a la mujer se le impida decidir sobre su embarazo, otro asunto vinculado a su cuerpo”, reflexionó la veterana luchadora feminista uruguaya.

La saña con que se manifiesta en los últimos tiempos esa violencia y la ofensiva contra toda despenalización legal del aborto tendrían un origen común: aumentan en la medida en que el poder patriarcal es más cuestionado, dijo Hernández.

Por eso, la integrante de Cladem dijo que hay que saber mirar más allá, “porque no solo ha habido retrocesos”.

“Hay marchas y contramarchas, como demuestra el caso de México, y hay un riesgo de simplificación si medimos los avances solo por lo que hacen los gobiernos, sin ver actuaciones políticas, sociales y gremiales que hay detrás”, planteó.

“Hay ahora un estado de discusión sobre el derecho al aborto como nunca hemos tenido, y es una corriente que aumenta día a día”, dijo, y fruto de ello es la combatividad que manifiestan las mujeres el Día por la Despenalización del Aborto, que la región celebra desde 1990 cada 28 de septiembre.

También es una de las principales banderas de las organizaciones femeninas en el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, en especial este año cuando la igualdad de derechos y de oportunidades es el tema de las Naciones Unidas para la jornada.

Hernández citó a Uruguay como ejemplo de las complejas lecturas sobre el problema. Tabaré Vázquez, que culminó su Presidencia quinquenal al comenzar este mes y gobernó con el izquierdista Frente Amplio, vetó en noviembre de 2008 la legalización del aborto incluida en una ley sobre salud reproductiva aprobada gracias a su propia mayoría.

Pero mirar sólo el veto tapa otros elementos: una sólida mayoría de senadores y diputados aprobó despenalizar el aborto, al menos 63 por ciento de los uruguayos se manifestaron en encuestas por la legalización, y las centrales sindicales, tradicionalmente un espacio muy masculino, apoyaron decididamente la ley.

Hubo también avances prácticos: la ley mantuvo la obligación de todos los médicos y centros de salud de informar sobre los métodos seguros de interrupción voluntaria del embarazo, aunque no puedan practicarlos. Sí deben atender a quienes lleguen con complicaciones por un aborto, sin preguntas y sin denuncias.

Cuando presidentes progresistas, como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la argentina Cristina Fernández, el nicaragüense Daniel Ortega o el ecuatoriano Rafael Correa, se congracian con la Iglesia y otros sectores conservadores sosteniendo una línea dura sobre el aborto, generan contradicciones con sus propios soportes políticos y sociales, que para ellos o sus sucesores serán inmanejables en un futuro, analizó.

“Las sociedades latinoamericanas están maduras para la despenalización del aborto. Ese es un hecho incuestionable”, sentenció Hernández. Pero se trata de un tema “en el que nadie va a ceder un paso sin ser forzado, y que ello suceda pasa, también, por crear una masa crítica de hombres a favor del derecho a decidir de las mujeres”, concluyó.

LO QUE DICEN LAS LEYES

Al comenzar 2010, había en América Latina 11 países con gobiernos catalogados de progresistas (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela), seis considerados de derecha o centro-derecha (Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Panamá y Perú) y otros dos percibidos como de centro: Guatemala y República Dominicana.

De ellos, en Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana el aborto está prohibido, sin excepción legal explícita ni para salvar la vida de la madre.

Pero en Honduras el Código de Ética Médica permite interrumpir el embarazo si la vida de la gestante corre peligro.

Cuba es el único país donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal desde 1965 hasta las 12 semanas de gestación, y a ello adjudican los expertos que la tasa de abortos sea de menos de 21 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, 10 puntos menos que el promedio regional.

En Argentina, Costa Rica, Paraguay y Venezuela, el aborto solo se permite para salvar la vida de la madre. En Argentina se faculta también cuando la mujer es “idiota o demente”, y en Venezuela hay causas eximentes, como proteger “la honra” de la mujer y “el honor” del hombre.

En Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala y Uruguay se permite, además, en casos de violación o incesto, a lo que en el último país se suma la causal de angustia económica.

En Colombia, México -donde no hay legislación específica en el plano nacional- y Panamá se suma a las dos anteriores causas la de la malformación del feto, para permitir el aborto.

Por Estrella Gutiérrez

Fuente: www.ipsnoticias.net