Aumentar el Royalty, un gran negocio para Chile

La necesidad de obtener recursos para reconstruir el país, tras el terremoto y maremoto del 27 de febrero, revivió el debate sobre la retribución que debe obtener el país por la explotación de sus recursos mineros. Al parecer, hay consenso en la necesidad, pero no así en cómo hacer que las mineras extranjeras paguen un poco más por llevarse las riquezas no renovables del suelo nacional.

Las primeras voces sacaron a colación el Royalty, quizás por ser este un término familiar para la opinión pública. Inmediatamente, la senadora Evelyn Mattei dijo que no lo veía factible por una consideración legal que no vamos a discutir aquí, pero que, en síntesis, establece que a las mineras que ya operan en el país no se les puede aumentar la carga tributaria.

Si bien este discurso pareciera obvio para una representante de la derecha empresarial, al otro lado de la calle, economistas más proclives a la izquierda concuerdan que por el lado del royalty sería difícil aumentar la recaudación de impuestos, al menos para los yacimientos que ya operan en Chile.

Pese a esta realidad, modificar este impuesto específico sigue siendo una gran oportunidad para el país. Sólo por citar un ejemplo, de aquí al 2012 habrá 10 nuevos yacimientos en Chile. Nuevas reglas para todos los recién llegados no debiera ser un problema en el aspecto legal y contribuiría enormemente a palear los efectos de este desastre nacional.

Pero hay que ser realista, subir el Royalty necesita de una voluntad política y un desprendimiento de intereses hasta ahora nunca visto.  Por ello, si bien la opinión de la Federación Minera de Chile es que el mal llamado Royalty debe modificarse, es ilusorio pensar que el camino más rápido vaya por ahí. Un solución complementaria y práctica es buscar otras vías que permitan recaudar impuestos en forma inmediata por la extracción minera.

Una medida rápida es exigir a todas las empresas mineras que refinen sus productos en Chile y que haya una prohibición absoluta de sacar concentrado del país. Esta sola reglamentación permitirá obtener millonarias entradas vía impuestos por los subproductos que muchas empresas mineras se llevan del país sin declarar.

Al obligar a las mineras elaborar un producto con mayor valor agregado, también generaríamos más empleo y abriríamos más oportunidades de negocios para empresas locales. No menor es el punto que las empresas nacionales no disfrutan del paraíso fiscal de las grandes mineras y, por ello, pagan impuestos como cualquier otro chileno.

Una segunda forma de recaudar impuestos es terminar con la manoseada depreciación acelerada, medida que permite a las empresas rebajar en forma descarada sus utilidades por préstamos que consiguen a sus mismas filiales y por la aumento artificial de sus adquisiciones como maquinarias e insumos. Terminar con este robo disfrazado de legalidad, también serían una fuente de ingresos para el fisco y , en general, para todos los chilenos.

Para terminar, sólo un dato para dimensionar los recursos que las mineras manejan. Con la producción de cobre proyectada para el 2010 y el precio del metal rojo al 18 de marzo, las mineras privadas generarán ingresos por venta, antes de impuestos, sobre los 44 mil millones de dólares.

Por Pedro Marín

Presidente de la Federación Minera de Chile