Piñera frente a la crisis y el terremoto: todo el poder a los privados

1. Mientras los ingresos de la industria pesquera cayeron verticalmente un 46% en la zona centro sur de Chile (epicentro del maremoto-terremoto) durante el primer trimestre de 2010 respecto del mismo período del año anterior, ya es seguro que el gobierno de Piñera no alzará los impuestos específicos al cobre para financiar su Plan de Reconstrucción Nacional. El Presidente de la Sociedad Nacional de Minería (gremio patronal del sector), Alberto Salas, señaló la inconveniencia de establecer nuevas cargas tributarias a la producción cuprífera, principalmente, porque ello podría repercutir “negativamente en nuestra imagen de estabilidad y seriedad.”

Por otro lado, las exportaciones de pisco se desplomaron un 43% en enero (antes del mega sismo), mientras la industria hotelera, esta vez sí producto del terremoto y sus interminables réplicas, ha rebajado sus precios hasta un 50%, toda vez que la demanda extranjera se contrajo con violencia. Asimismo y por la misma razón, el consumo eléctrico en la actividad industrial disminuyó un 10% este marzo, en relación al mismo mes de 2009.

2. Las cifras del desempleo galopante, básicamente en las zonas siniestradas, todavía son opacas. Se ha informado que en Concepción, cerca de un 70% de la población encuestada tiene algún familiar sin trabajo; en Lota la cifra podría llegar al 35% de cesantía; mientras en Angol (IX Región), oficialmente, hay un 13,4% de desempleados, y en Cañete (VIII), el paro alcanza un 10,6%. Los empleos destruidos en las últimas localidades están asociados a la crisis de la industria forestal en territorio devastado. Otra cosa son los despidos, respaldados por el mismo artículo del Código Laboral que permite echar trabajadores sin indemnización alguna en caso de catástrofe, que aplican empleadores, tanto en lugares, como en empresas que en absoluto fueron dañadas por el sismo. En fin, el capital aprovecha con terremoto o sin él, de abultar la cesantía, devenida inmediatamente en crisis social.

3. Finalmente, el gobierno de la derecha tradicional, más allá de las discusiones pirotécnicas de imponer o no tributaciones a las empresas, en los hechos funda su Plan de Reconstrucción Nacional en la multiplicación de concesiones (privatizaciones con otro rótulo legal) para carreteras, hospitales y edificaciones, cautelando evitar con mano metálica el aumento del gasto social y ofreciendo todas las garantías al capital privado para convertir, tanto la crisis económica, como los efectos del sismo, en una oportunidad de ampliar sus utilidades. Por un lado, entrega habitaciones precarias a un número específico de población castigada por el terremoto, y por otro, busca financiamiento con la venta de bienes fiscales, liberalizando aún más la economía, apurando créditos con las instituciones tutelares de la deuda mundial (BID, Banco Mundial, FMI), creando trabajo miseria y, de paso, criminalizando cualquier asomo de movimiento social. Al respecto, la consigna gubernamental es sencilla: si te movilizas por demandas de cualquier naturaleza, te vuelves objeto de represión, castigo y eres tipificado como antipatriota y delincuente.

4. Chile continúa siendo un paraíso para el capital. El movimiento popular recién madruga su recuperación a través de la solidaridad y la autoconstrucción, el resurgimiento de ollas comunes y la cooperación sin intermediarios.

Políticamente, Piñera –con nuevos y originales tics nerviosos- procura coquetear seriamente con los sectores más conservadores de la Democracia Cristiana y el PPD, incluso manteniéndolos en sus cargos en la burocracia estatal, en tanto, toma aparente distancia de las zonas más recalcitrantes de la UDI. Lo que persigue Piñera es recomponer un nuevo centro político (que en rigor, es pura derecha ampliada), tanto para blindar la actual gobernabilidad, como para proyectar el mandato de su componenda en vistas a las elecciones de 2013. Al lado, que no al frente, la Concertación (sus rémoras) hace las veces de oposición retórica y descafeinada. Al bono helicóptero de $ 40 mil pesos (76 dólares) por una vez a las franjas más pobres de la comunidad, le opone un bono de $ 100 mil pesos;  y algunas voces solitarias piden gravar menudamente al capital. No podía ser de otro modo. La continuidad de las políticas estratégicas de la derecha tradicional respecto de la Concertación son aspectos centrales del pacto entre los que mandan –independientemente de sus partidos y de las contradicciones intercapitalistas- para sostener una fase económica hegemonizada por la explotación humana y el despojo de recursos naturales.

Por Andrés Figueroa Cornejo

Abril 5 de 2010