La seguridad nacional en su nueva versión

El discurso del Presidente de la República, dirigido al Congreso Nacional el 21 de mayo, se caracterizó por los numerosos anuncios de proyectos que irían en beneficio del pueblo. No obstante, no hizo mención de las concesiones a empresarios privados de varios hospitales públicos. Tampoco aludió a la privatización de empresas eléctricas y sanitarias. Menos aún se refirió a la disminución de los recursos de la educación municipalizada. No recordó la exoneración de que han estado siendo objeto los empleados públicos no adictos a la derecha. Y no hubo una palabra en relación a responder a las demandas del pueblo mapuche, sino más bien recalcó la profundización de la militarización del territorio en disputa con los grandes empresarios.

Respecto de este tema, la autoridad se ha nutrido de la Ideología de la Seguridad Nacional, en una nueva versión, que enfatiza la unidad nacional como principio ético superior, bajo el supuesto de que cualquier sospecha de disidencia u oposición se considera expresión de terrorismo. Luego, en el contexto de la globalización, la unidad nacional exige la represión para asegurar la supervivencia del sistema que sirve a la política exterior de USA y a la protección de los intereses económicos de las transnacionales y de sus socios internos.

De esta manera, también se comprende el agrado con que las autoridades policiales de La Araucanía recibieron los anuncios de Piñera en materia de seguridad, señalando que es un avance para reforzar el trabajo tanto de Carabineros como de la PDI, en el sentido de ampliar la dotación de la planta y la conformación de un mayor número de planes cuadrantes.

Las autoridades policiales olvidan que el aumento de la represión al pueblo mapuche -y a todo tipo de organización social-, se realiza para acrecentar la concentración del capital, tras la alianza entre los grupos económicos nacionales y las transnacionales, situación en que nuestro país es “terreno fértil” de extracción de recursos naturales, y las Fuerzas Armadas y las policías sirven de “guardias pretorianas” del sistema económico imperante, entregando a financistas la soberanía nacional que han jurado defender.

Es por lo anterior que el dirigente mapuche Mauricio Huaiquilao fue acusado de actividades terroristas y, estando en la cárcel, se le envió por tres días a una celda de castigo donde debió dormir y comer en medio de excrementos y orinas humanos.

Juan Lincopán, dirigente de la Comunidad Juan Lincopán de Ranquilhue, en el lago Lleu-Lleu, fue arrestado en diciembre del 2009 en la plaza de Cañete, junto a su hija de ocho años, siendo trasladado a Talcahuano, donde fue interrogado por el fiscal Andrés Cruz, uno de los persecutores del pueblo mapuche. Tras un recurso de protección, la Corte Suprema se vio en la obligación de reconocer que la detención había sido ilegal, pues no existía orden de detención ni autorización de traslado o interrogatorio. El fiscal Cruz persigue a la comunidad Juan Lincopán desde que ésta, a partir del 10 de diciembre de 2009, inició la recuperación del fundo Ranquilhue de la Forestal Mininco, que está en poder del grupo Matte.

Juana Calfunao lleva cuatro años de detención en el Centro Penitenciario Femenino de Temuco. Ella ha sido objeto de torturas y hostigamientos por parte de gendarmería y de las demás reclusas, de lo que no se ha realizado ninguna investigación al respecto. El 15 de diciembre de 2006, la Corte de Apelaciones de Temuco culpó a Calfunao de “alterar al orden público” debido a su enfrentamiento con Carabineros en enero de ese mismo año.

En los últimos días, su esposo, Antonio Cadín, al dirigirse a visitarla en la cárcel, fue interceptado por la policía y se le incautó el vehículo en que viajaba. Tras gestiones de Amnistía Internacional, el Ministro del Interior pidió disculpas, mientras Carabineros fueron a la casa de Cadín a avisar “que querían devolver el auto”.

Pascual Pichún, joven estudiante mapuche, desde la cárcel de Traiguén, manifestó que se estaría solicitando la media prescripción de su causa y que espera regresar a La Plata, Argentina, donde había encontrado refugio y realizaba estudios de periodismo.

El abogado mapuche José Lincoqueo fue detenido en Temuco. Ya el año pasado había sufrido el saqueo de su oficina, con destrozos de materiales, de una vieja máquina de escribir, del computador, de sus diplomas y con la leyenda “deja  de expresarte”. Los “desconocidos” buscaban los documentos de alrededor de treinta parlamentos que los mapuches celebraron a lo largo de siglos con los españoles, para normar la convivencia y acordar respeto mutuo. Lincoqueo los había recopilado para ponerlos en contexto jurídico ante el Estado de Chile.

En octubre de 2008, la prensa presentó la noticia de una emboscada sufrida por el fiscal Elgueta, que habría sido preparada por un grupo paramilitar mapuche. Seis meses más tarde, el gobierno y el Ministerio Público justificaron la represión de la Comunidad Choque y otras aledañas, así como la persecución, procesamiento, torturas y encarcelamiento de quince comuneros mapuche.  El fiscal, junto a diez vehículos policiales  allanaron esa comunidad, ocasión en que el funcionario habría resultado herido, aunque no ha existido constatación de ello.

Se podría continuar con innumerables injusticias similares y peores, no obstante que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como el Comité contra la Tortura, ambas entidades reunidas en mayo del 2009 en Ginebra, condenaron la aplicación de la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche y todo tipo de persecución por parte del Estado de Chile. Son datos que un Presidente de la República debería conocer.

Por Hervi Lara

Comisión Etica contra la Tortura (CECT)