Organización educativa obligada a cambiar su nombre bajo amenaza de cárcel

La Universidad Abierta es un proyecto educativo que nació a finales del año 2007 en Santiago, iniciando sus clases en una cárcel de mujeres, apuntando a divulgar el conocimiento de manera gratuita y realizando cursos y talleres junto a sindicatos y organizaciones sociales. Sin embargo, se vio forzada a cambiar su nombre debido a que el Consejo Nacional de Educación les informó que al denominarse “Universidad”, infringían la ley.

Con fecha 3 de junio de 2010, la Universidad Abierta recibió por correo una carta firmada por Nelly Pinto de la Paz, Secretaria Ejecutiva (s) del Consejo Nacional de Educación (CNE). En ella se les informaba que la utilización del concepto “Universidad” por cualquier institución que no estuviera constituida como tal “conforme a la ley”, sería “constitutivo de delito, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 3.631”. Además, la carta afirmaba que, en opinión del organismo, la presentación de la Universidad Abierta en su página web podía inducir a que quienes la revisaran, creyeran que los certificados académicos que se entregan tienen “un valor legal y social distinto al que realmente tienen”. Debido a esto, el CNE les pedía que tomaran “las medidas necesarias”, y se les informara en un plazo de diez días.

Frente a esta situación, el rector de la Universidad Abierta, David Hevia, le escribió al ministro de Educación, Joaquín Lavín, quien encabeza el CNE, informándole que continuarían “cumpliendo de manera irrestricta su cometido y compromiso con aquellos a los que la institucionalidad pedagógica margina por ser pobres” con la nueva denominación de “UAbierta”.

En la misiva, Hevia afirmaba que “la crisis de la educación no tiene sus raíces en la etimología ni se resuelve privatizando el uso de la palabra universidad”, utilizando un decreto ley firmado por Augusto Pinochet y José Toribio Merino. Además, criticaba que, en vez de llamar a un debate serio y amplio en torno al acceso a la mejor educación por parte de todos los sectores sociales, se les escribiera con “la insólita exigencia de cambiar el nombre de nuestra organización, so pena de cárcel”, mientras se habla de educación en establecimientos “donde el 74% de los estudiantes está atrasado en conocimientos de lectura”.

Nuevamente el CNE le escribió a la ahora UAbierta, pidiéndole que se les explicaran algunas cosas que no estaban claras en la respuesta, porque “las afirmaciones contenidas en ella –referidas al estado de la educación en Chile y a la normativa vigente- no tienen relación alguna con el objeto de la carta enviada por este Consejo”. Por lo mismo, se les consultaba si continuarían sus actividades con la expresión “UAbierta” y cual sería el alcance de su uso, a la vez que afirmaban que valoraban las actividades de formación que realizaban.

Estas actividades son, en palabras de Waldo Yánez, vicerrector de extensión de la organización, programas de dos años de filosofía, historia, economía, ciencias políticas, antropología y psicología, entre otros. En ese contexto, el uso del concepto Universidad “se refiere a comunidad y universalidad, cuyo conocimiento es abierto a los trabajadores y pobladores de forma gratuita”, a diferencia de las actuales corporaciones educacionales. En esa línea, el proyecto se levantó dialogando con menores en riesgo social, organizaciones sindicales y juntas de vecinos, involucrándose “en la realidad cotidiana”, integrando a estudiantes universitarios y profesores.

Es por eso que el rector Hevia contestó a la última carta afirmando que la UAbierta, nombre con el que continuarían trabajando, le entrega oportunidades educacionales a quienes no se las ofrece la institucionalidad vigente, además de criticar que las dudas expresadas ante la situación de la educación en el país, expresadas en la primera respuesta enviada al CNE, no habían sido contestadas.

Aunque se intentó conseguir una opinión de parte del Consejo Nacional de Educación frente a este conflicto, esto no fue posible ya que no había nadie disponible que pudiera contestarnos.

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Por Felipe Ramírez Sánchez

El Ciudadano