De cara al Bicentenario, Chile ¿Estado benefactor o villano?

Cristhián Palma B. · 20 August, 2010 10:08
Columnas

Que la subsidiariedad sea un instrumento que impulse el emprendimiento económico de los grupos intermedios de la sociedad, no garantiza que por medio de dicho principio sus miembros alcancen un óptimo grado de participación social, mucho menos puede asegurar que a través de esta vía  se promueva con ahínco, el respeto a la libre determinación. Esto bien  lo demuestran –por citar un caso-, los frecuentes conflictos entre comuneros mapuches y autoridades de gobierno, fruto de la inadecuada aplicación de la Ley 18.314 (Anti-terrorismo). Digo inadecuada pues considero es un término justo, que no evoca ni resta y que sirve para orquestar un mensaje aún mayor, el que reafirma que la resistencia de una nación, nada tiene que ver con el terrorismo de Estado. Pero en fin, será este un caso de miles y más.

El punto es que el Estado chileno ha descansado varios lustros en este principio de subsidiariedad, lo suficiente, como para asegurar un reparto sistemático de prebendas a la mejor postura de mercado. Claro está, ello  únicamente ha favorecido a los más poderosos en términos monetarios y ha vedado a la mayoría “democrática” y esto ¡que gracia tiene! Es decir, que me puede importar si el país crece a un 6,5% (PIB) si a diario el rico se enriquece a costa del pobre quien a su vez se empobrece más.

¿Será pragmatismo o estrategia en la administración de los servicios? ¡Por supuesto que no! Si una lógica así nos llevó a privatizar hasta la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la única empresa creada estratégicamente post-terremoto en Chile, que con la gracia divina hubiese contado con comunicadores satelitales para casos como el del pasado 27 de febrero. Y qué vergüenza que nuestro país, que presenta la mayor actividad sísmica en el mundo no cuente con cordones estratégicos que compensen comunicacionalmente, la labor de las autoridades en momentos de crisis.  Qué decir de las condiciones de fondo, que a gritos anticipaban un derrumbe al interior de la mina San José.

Y es que el sistema es así, distinto es que quieran vendernos el cuento de que las acciones del Estado deben encaminarse hacia el bien común, fortaleciendo la integración de sus miembros, la protección de la familia y el íntegro desarrollo de la personalidad humana, asegurando su dignidad y libertad, por medio de principios rectores como el de equiparación de oportunidades.

Pamplinas, el mismísimo Jaime Guzmán -como miembro de la Comisión Ortúzar-, hizo presente que “la igualdad de oportunidades puede definirse como una declaración de intenciones de lo que pretende una sociedad democrática, a fin de que nadie quede por debajo de un mínimo necesario para vivir con dignidad, asegurando el desarrollo individual y familiar. Desafortunadamente –señaló-, y a partir de ese mínimo, se produce una desigualdad que cobra especial connotación en los campos económico, social y cultural. Dicha desigualdad –continúa su intervención- es inherente a la condición humana y se aprecia tanto en las sociedades occidentales como en los países socialistas”. ¡Y qué basura es esta, si la pobreza no es una condición natural del hombre!

Es cierto que un Estado de derecho debe garantizar el acceso de los particulares a la administración de servicios y,  fundamentalmente, debe tutelar el derecho a que éstos desarrollen actividades  económicas cuyo beneficio es social. Pero este es un campo demasiado subjetivo si su alcance no es acompañado de políticas públicas, que no sólo aseguren un piso común en la generación de oportunidades, sino que limiten eficientemente la acción de dichos particulares, en tanto dicha acción repercute irremediablemente en la vida de una comunidad en general.

A la postre, es en escenarios como los que he señalado, donde la figura del Estado se desdibuja y su aminorada presencia, lo han hecho pasar de benefactor a villano como mero espectador y  casi sin responsabilidad alguna. Post-terremoto –por ejemplo- las autoridades de Gobierno se limitaron a solicitar el restablecimiento de los servicios básicos y el re-abastecimiento de insumos,  pero no operó con autonomía y determinación, probablemente, porque a esta altura, su capacidad ya no sea tal.

Por Cristhián G. Palma Bobadilla

Cristhián Palma B.
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