La batalla por la termoeléctrica Castilla: los intereses comerciales detrás de la utilización de las energías tradicionales

Distintas organizaciones sociales de carácter ambientalista sostuvieron una reunión con el Primer Secretario de la Embajada de Brasil en Chile, Mauricio Da Costa Carvalho, con el fin de detener el apoyo del gobierno brasileño al proyecto termoeléctrico Castilla, de la empresa MPX Energía Chile, ligada al multimillonario Eike Batista.

El proyecto sería el más contaminante del continente, según Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Olca. Además, agrega que habrían pruebas de que han existido fuertes acciones de lobby por parte de funcionarios del gobierno brasileño para que se apruebe el proyecto. Nada extraño si se tiene en cuenta que el gobierno brasileño, a través del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social, financia parte de los 4 mil millones de dólares que cuesta el emprendimiento, sostienen los ambientalistas.

“En febrero estuvo el ministro de RR.EE. brasileño, Celso Amorim, haciendo gestiones que fueron reconocidas por el ex ministro de RR.EE., Mariano Fernández, donde se habría tocado el complicado escenario en que estaba la aprobación del proyecto. Nos parece una injerencia indebida y entregamos una carta donde exigimos que por la gran cantidad de irregularidades de esta empresa y este proyecto en Chile, no se inmiscuya” afirmó Cuenca.

El caso de la termoeléctrica Castilla es solo una de las aristas de la ahora sumamente mediática problemática energética de nuestro país. A esta se suman otros proyectos, como la instalación de dos Centrales Hidroeléctricas en el sector de Alto Maipo, pensadas para aportar energía el Sistema Interconectado Central (SIC) de electricidad, para alimentar la minería del norte, o el proyecto de Punta Colorada, en la comuna de La Higuera, que pretende construir, a manos de Barrick Gold, una termoeléctrica para abastecer a la Minera Pascua Lama.

En materia de energía, los intereses políticos y económicos que se entretejen en las inversiones y políticas de desarrolla configuran de manera decisiva el rumbo que mantiene nuestro país.

CHILE Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES: MÁXIMO POTENCIAL Y MÍNIMO APROVECHAMIENTO

Chile es un país sumamente dependiente en materia energética. Hoy se importa el 72% de la energía que se consume en la forma de petróleo, gas y carbón en nuestro país. Pero también, es uno de los países con mayor potencial de utilización de energías renovables a nivel mundial, según la ONG Ecosistemas. La cantidad de recursos en energías lumínicas, eólicas, geotérmicas y oceánicas contrastan con el gran nivel de importaciones de recursos tradicionales en los que tiene que invertir el estado chileno. A esto, se suma la gran ineficiencia con que son generadas y tratadas las fuentes energéticas tradicionales.

“Nosotros tenemos la certeza absoluta de que este país tiene la capacidad de responder a las necesidades energéticas internacionales a través de la eficiencia energética, primero, que es la forma más rápida y barata porque no implica ningún cambio tecnológico, y, además, con el uso de energías renovables no convencionales. Chile ha usado la energía de manera groseramente ineficiente”, asegura Juan Pablo Orrego de la ONG Ecosistemas.

El sistema de energías chileno está constituido, principalmente, a partir de un esquema de mega centrales energéticas ubicadas a miles de kilómetros de los grandes poblados urbanos, conectadas a partir de gigantescas líneas de transmisión que pierden grandes cantidades de energía a consecuencia de la pérdida de potencia, debido al traspaso a un punto de menor temperatura, lo que se denomina efecto Joule.

Además, el uso de la energía domestica e industrial también es sumamente ineficiente. Se estima, por ejemplo, que si se implementara una campaña moderada de uso eficiente de la electricidad se ahorraría el equivalente a la producción anual que pretende lograr Hidroaysén.

EL BIEN COMÚN Y LOS INTERESES PRIVADOS

Este desaprovechamiento de las energías no es un hecho casual, ni mucho menos gratuito. Desde la implementación de la Código de Aguas de 1981, en plena dictadura, los recursos hidrográficos quedaron en disposición del libre mercado. En dicho código, se establece paradojalmente al agua como bien nacional de todos los chilenos a la vez que mercancía apta para ser transada como cualquier otra en las leyes del mercado; al parecer, la balanza se ha inclinado hacia esta última.

“Los privados, los dueños de las aguas en Chile, quieren usar el agua, quieren exterminar lo que queda de los ríos, estrujar hasta el último megawatts antes de ayudar a la utilización de energías renovables”, subraya el ecologista y ganador del Premio Novel Alternativo, Juan Pablo Orrego.

Además, los intereses económicos en juego no se reducen simplemente a la utilización de las aguas. El “sueldo de Chile”, la gran minería, genera demanda energética; más del 30% de la energía es consumida por la minería. A su vez, el principal cliente de los productos mineros es la industria bélica a escala mundial.

“Estados Unidos requiere al menos dos frentes bélicos simultáneos para dar abasto a su economía, economía que es tremendamente adicta a la guerra como el peor de los heroinómanos. Israel es totalmente independiente de su industria bélica y de seguridad. Europa lo mismo. Todos están metidos en el baile del negocio de la guerra”, asegura Orrego.

Por Sebastián Fierro

El Ciudadano