La Concertación debe explicaciones (VII)

El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al pueblo chileno por qué abandonó completamente la tradicional posición de la centroizquierda chilena de buscar la nacionalización de nuestra principal riqueza básica: el cobre. De este modo, los gobiernos de Eduardo Frei M. y Salvador Allende lograron consecutivamente la chilenización y nacionalización de la gran minería del cobre. Incluso, a la aprobación de esta última concurrió con sus votos en el Congreso la derecha de la época, representada por el Partido Nacional.

Sin embargo, los gobiernos de la Concertación consolidaron y acentuaron los esfuerzos de la dictadura por revertir ese proceso. Recordemos que pese a que la Constitución del 80 estipuló que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas” (Art. 19, N° 24), el régimen de Pinochet impuso una ley (orgánica constitucional) de concesiones mineras que abrió la posibilidad de su virtual privatización, a través de concesiones indefinidas (“plenas”) a todo tipo de inversionistas. No obstante, dada la aflictiva situación internacional de dicho régimen, fueron muy escasas las inversiones que grupos económicos extranjeros efectuaron en la gran minería del cobre en ese período.

Es decir, ¡fue bajo los gobiernos concertacionistas que la gran minería del cobre se privatizó y extranjerizó en cerca de un 70%! Peor aún, el gobierno de Aylwin logró la aprobación de una nueva ley en 1992 (N° 19.137) que permitió “concesionar activos no explotados por Codelco, lo que la propia dictadura había prohibido mediante la dictación del Decreto-Ley 1.167 en 1976”. (Hugo Latorre.- La entrega incondicional del cobre; en Hugo Fazio y otros.- Gobierno de Lagos: Balance crítico; Edit. Lom, 2005; p. 32)

Agravó lo anterior la carencia de una política internacional de defensa de los precios internacionales del metal rojo ya mencionada (ver VI) y la escasísima recaudación de impuestos de los gobiernos concertacionistas a las grandes compañías extranjeras que explotan el 70% de la producción de nuestro cobre. En efecto, a través de diversos “resquicios legales” (uso de los precios de transferencia; pago de intereses a las casas matrices; venta en mercados de futuro del cobre y depreciación acelerada) dichas compañías redujeron artificialmente su retiro de utilidades; con lo que su pago de impuestos disminuyó a cifras irrisorias, afectando en decenas de miles de millones de dólares los ingresos del Estado chileno. Así, en la sola década de los 90 esas compañías pagaron en impuestos un promedio de 167 millones de dólares cada año, mientras que Codelco aportó al Fisco un promedio de 809 millones anuales, siendo que ya, a esa fecha, la minera estatal producía mucho menos cobre que las extranjeras. Más aún, de las empresas privadas, la Compañía Minera Escondida aportó el 96% de la tributación recibida por el Estado. Es decir, que el resto de las empresas no pagó prácticamente nada en impuestos. (Ver Latorre; pp. 34-5)

A su vez, la mal llamada ley de Royalty –ya que no se estableció sobre la base de que era un pago de derechos a un bien de propiedad del Estado-, aprobada durante el gobierno de Lagos, impuso en realidad un tributo a las grandes empresas más teórico que real ya que se dejaron vigentes los resquicios legales ya mencionados que permiten reducir artificialmente el reconocimiento de sus utilidades.

Por otro lado, dado que el marco legal de las inversiones extranjeras ha quedado tremendamente “amarrado” en los tratados bilaterales de libre comercio suscritos por Chile, “toda variación puede ser demandada por los inversionistas privados ante los tribunales internacionales”. (Latorre; p. 40)

A todo lo anterior hay que agregar la inexistencia de una política nacional del cobre que promueva efectivamente la refinación y, sobre todo, la industrialización del metal rojo en nuestro país. Así, actualmente la mayoría del mineral exportado se efectúa bajo la modalidad de concentrados de cobre; y es prácticamente insignificante el desarrollo de industrias manufactureras de productos cuya materia prima básica la constituya nuestro principal recurso mineral.

Por último, los gobiernos concertacionistas tampoco han impulsado la formación de profesionales y técnicos especializados en la extracción, refinación e industrialización del cobre. Ni menos han promovido, con la alta prioridad que se merece, institutos de estudios sobre el cobre que permitan convertir a nuestro país en un centro avanzado de desarrollo científico y tecnológico en la materia.

¿No se dan cuenta los líderes concertacionistas que con sus políticas (o faltas de política) del cobre “echaron por la borda” décadas de laboriosos esfuerzos de la centroizquierda chilena por recuperar nuestra principal riqueza básica? ¿Cómo podrían estar de acuerdo con ello Eduardo Frei, Salvador Allende, Radomiro Tomic y tantos otros dirigentes políticos y sociales que convirtieron su recuperación en uno de los ejes fundamentales de su vida política? ¿Cómo explicaran a las generaciones futuras la pérdida de decenas de miles de millones de dólares en salud, educación, vivienda y trabajo?

Por Felipe Portales

Sociólogo

Lunes, 06 de septiembre de 2010

Fuente: www.elclarin.cl