Quieren arrebatar el desahogo ciudadano frente al abuso institucionalizado

Para vergüenza de la clase política chilena, la Camara de Diputados acaba de aprobar un proyecto de ley que consta de un solo Artículo:

Artículo único:

Agregase un nuevo artículo 417 bis al Código de Justicia Militar de la siguiente forma:

417 Bis: El que maltratare de palabras a uno de los integrantes de Carabineros de Chile, en el ejercicio de sus funciones, o con conocimiento de su calidad de miembro de esa Institución, sufrirá la pena de prisión en su grado mínimo más una multa de 3 UTM a beneficio fiscal.

(buscar por rol 5969-02)

En este Proyecto, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados fundamentó asi su necesidad: “Que, el debido entendimiento de esta norma constitucional indica que el bien jurídico lesionado por el ilícito, no es otro que el orden y la tranquilidad en el territorio de la República, al radicarse las palabras ofensivas en un representante de una de las Instituciones garantes de dichos valores ciudadanos, más aún si éste se encuentra en pleno cumplimiento de sus funciones.”

Durante la discusión general el General Subdirector de Carabineros, señor Gustavo González fue más lejos. Manifestó que esta iniciativa pretende proteger a los funcionarios de Carabineros frente a los maltratos de palabras u ofensas de los que fueren objetos. Declaró que el bien jurídico protegido es el Principio de Autoridad, bien jurídico colectivo con el que se significa la protección de que están investidas las funciones públicas en cuanto tales, y que son desempeñadas a través de personas concretas.

Lo anterior -indicó el señor General- se sustenta en las disposiciones constitucionales que erigen a Carabineros de Chile como garante del orden público y la seguridad pública interior, lo constituye en la fuerza pública y le entrega la función de dar eficacia al derecho (artículo 101 de la Constitución Política de la República).

Recordó que las modificaciones introducidas al Código Penal y Código de Justicia Militar (Ley Nº 20.048, sobre el “desacato” y la “sedición impropia”; y Ley Nº 20.064, sobre delitos de maltrato causando muerte y lesiones y amenazas a Carabineros), eliminaron las conductas de desacato establecidas a favor de determinadas autoridades, dejándolas entregadas a la protección que suponen las normas generales que protegen al resto de la población. (Artículos 263 y 264 del Código Penal).

Así, en la discusión parlamentaria de la ley Nº 20.064, se acordó no sólo aumentar las penas a los entonces delitos de maltrato de obra a Carabineros, propuestos por el Ejecutivo, sino también modificar los tipos penales que otorgan protección al personal de dicha institución.

La mencionada ley Nº 20.064, tipificó en forma independiente el delito de homicidio de un Carabinero, y aumentó el mínimo de la pena asignada, en un grado (art. 416 C.J.M). Asimismo, se tipificó separadamente el delito de lesiones ocasionadas a un Carabinero, en forma similar a como está regulado el delito genérico del lesiones del Código Penal, y en el caso de lesiones gravísimas  se aumentó en un grado el máximo de la sanción penal respecto del Código Penal, y en el caso de las menos graves, se aumentó en un grado el máximo de la pena.

Como contrapartida a la protección legal al personal policial, la legislación exige un determinado comportamiento en su relación con la ciudadanía, y su contravención tipifica determinados ilícitos penales (violencia innecesaria artículo 330 del Código de Justicia Militar).

¿Alguien legítimamente puede pensar, que un ciudadano inerme, insultaría gratuitamente a un funcionario, que por ley anda siempre en grupo, que porta armamento de grueso calibre, bastón retráctil, lanzador de gases y un entrenamiento especial para aplicar violencia?

Es un hecho de la causa, que carabineros recibe insultos de grueso calibre, cuando procede con extrema violencia en contra de ciudadanos que exigen sus derechos, que con sus entradas en la mano quieren ingresar al espectáculo deportivo o musical, o por moradores que ven cómo les rompen sus humildes enseres, al ingresar violentamente a sus hogares sin órdenes de ningun tipo; pero nadie en su sano juicio va a insultar gratuitamente a integrantes de la fuerza pública.

BLINDAR A INDEFENSOS (?) FUNCIONARIOS

El descaro con que ciertos políticos intentan blindar a funcionarios que gozan del intimidante poder, del uso monopólico de las armas, provoca un alarmante preocupación ciudadana. Mañosamente los tratan de equiparar, con funcionarios de la Salud, del Registro Civil u otros servicos públicos, que deben enfrentar el legítimo malestar ciudadano, en la medida que cada vez deben prestar atencion con menos recursos, dada la política oficial de reducir a su miníma expresión el aparato del Estado.

Lo que nos ocultan, es que mientras recortan entusiastamente el Gasto Social, simultáneamente aprueban inmensos presupuestos para contratar miles de policias, y equiparlos generosamente  con “elementos y equipos disuasivos” (léase armamento, tanquetas, carros lanzaaguas, químicos, transmisores, cámaras filmadoras, motos, camionetas, bastones metálicos, y un largo etcetera).

Pero el elemento ético central, es que un funcionario o funcionaria de la administración publica, no tiene la mentalidad, el armamento, el equipo, con que cuentan por ejemplo los funcionarios de Fuerzas Especiales o los del Gope. A ningún empleado de los servicios públicos, se le ocurriría golpear, gasear, empapar con agua pestilente o balear por la espalda a otro ciudadano… a partir de un deformado sentido de “cumplimiento del deber”.

ABUSO INSTITUCIONAL E IGUALDAD ANTE LA LEY

En el plano de los equilibrios sociales, cada vez que los gobiernos o los legisladores, entregan más atribuciones, facultades y privilegios a los funcionarios policiales, lo hacen en desmedro de los derechos humanos.

Estas “modificaciones” a la legislación, que van configurando un Estado Policial, no sólo condenan a la indefensión a la ciudadanía, sino que además pasan por encima de “la igualdad ante la ley”.

Quienes salimos a las calles a denunciar los abusos del Poder, a defender nuestros derechos, a solidarizar con otros, conocemos en carne propia la actitud abusiva y matonesca de  Carabineros. Hombres y mujeres, jóvenes, ancianos y aun niños, son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, por funcionarios policiales que gozan de altos niveles de impunidad y protección política.

En Valparaíso, ya es parte de la rutina que en los fines de semana, gruesos contingentes de Carabineros, se diviertan golpeando jóvenes en las subidas de Cumming o Ecuador. La Comisión Ética contra la Tortura, en los últimos meses ha presentado tres denuncias en Fiscalía Militar, por agresión policial a ciudadanos indefensos. Una fue por los hechos en el Sindicato Gráfico ubicado en Canciani, donde Carabineros propinó una brutal golpiza a más de 30 jovenes que asistían a una Tokata Musical. La otra es por golpiza en la Plazuela Ecuador a 4 estudiantes de Derecho de la Universidad de Valparaíso, que tuvieron la osadía de pedirles a un grupo de funcionarios policiales, que llamaran una ambulancia, para evitar que se siguiera desangrando un borrachito que había sido golpeado con saña por estos mismos funcionarios. El tercer caso es el de un sonidista que fue interceptado una mañana de domingo en la Plaza Echaurren por motoristas de Carabineros, por tener una botella de cerveza en las manos. En vez de amonestarlo o cursarle una infracción, al pedir el ciudadano que se le tratara con respeto, fue brutalmente subido a un furgón policial, golpeado en su interior y luego en la Comisaría Central de calle Colón. Cuando pidió teléfono para comunicarse con su familia o un abogado, fue objeto de burlas acompañadas de insultos y golpes (Todos estos casos han sido acrediatados en la 1ª Fiscalía Militar de Valparaíso).

Los garabatos, los puntapies a mansalva, la brutal torcedura de manos o las rodillas sobre la garganta de personas que incluso han muerto por este tratamiento, son de conocimiento público. La militarizacion policial de la Araucanía y el abuso masivo y constante a que son sometidas las comunidades mapuche, ha sido dramáticamente expuesto en los últimos días por los presos políticos mapuche en Huelga de Hambre.

La organización y la acción policial –no sólo de Carabineros-, NO está diseñada para proteger los derechos de las grandes mayorías nacionales, sino para dar respuesta a las demandas de seguridad de las clases acomodadas en una sociedad profundamente signada por la desigualdad.

El país es testigo de cómo Carabineros se ha ido transformando, desde 1990 en adelante, en guardias pretorianas de latifundistas, empresas forestales, salmoneras o eléctricas. En Dictadura aún no había cuajado el concepto de “protección a privados”.

El colmo de esto es que las policías ya están siendo “arrendadas” por productoras de programas televisivos, para mostrar en horario prime, cómo ingresan violentamente en las casas de los pobres, cómo maltratan a personas que están tranquilamente en sus hogares, no respetanto niños ni ancianos, en mediáticas búsquedas de “sospechosos”.

CAMPAÑAS MEDIATICAS

Los grandes medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en esto. Cada vez que instalan determinadas sensaciones de inseguridad ciudadana, ganan espacio los reclamos por un aumento del poder autónomo de las policías (incrementar las facultades policiales en materia de control, arrestos e interrogatorios de las personas sospechosas, así como allanamientos y utilización impune de fuerza bruta).

Atizando temores e inseguridades sociales y psíquicas mediante “la lucha contra la delincuencia” se obtiene la demanda de orden a toda costa, carrera en la que se inscriben de inmediato políticos y agentes mediáticos reaccionarios, muchas veces coordinados con los ministerios, organizaciones como Paz Ciudadana y servicios de inteligencia. Muchos otros personajes se suman a la corriente para no aparecer como tibios o indiferentes “ante los peligros de la comunidad”.

Esto se hace bajo la óptica de que la legitimación de los mecanismos represivos depende de la visualización del “delincuente”. Con este objetivo reducen mediáticamente a los pobres, los mapuche, los jóvenes, los manifestantes, a la condición de criminales en potencia.

SEGURIDAD CIUDADANA ¿FASCISTA O DEMOCRATICA?

El modo en que se emplea la noción de seguridad ciudadana hoy en día, no se refiere a garantizar la seguridad de los ciudadanos en las calles, en sus trabajos o en sus hogares, sino al resguardo de un Orden Social diseñado para proteger los intereses y “la tranquilidad” de minorías privilegiadas (grandes empresarios, políticos, altos funcionarios del Estado). Esta “seguridad” requiere procedimientos y leyes destinados a garantizar el uso impune de la fuerza contra las grandes mayorías nacionales que son visualizadas como potencialmente trangresoras de este Orden Social.

Es un concepto sancionado internacionalmente, que los únicos que pueden violar los Derechos Humanos de la ciudadanía, son los agentes del Estado. Por tanto, cuando la clase política, en sus espacios exclusivos (gobierno, parlamento, instituciones, etc.) otorga poderes y blindajes especiales a la Fuerza Pública… está creando las condiciones para que se violen los Derechos Humanos!!

Desde el punto de vista democrático, la Seguridad Ciudadana no puede ni debe ser pensado como un concepto técnico-policial, sino como una noción política y social integradora: seguridad en materia de alimentación, salud, vivienda, educación, empleo y calidad de vida.

A diferencia de las Políticas de Seguridad aplicadas hoy en Chile, una política democrática de seguridad ciudadana debe fundarse en los mismos principios que toda política democrática. Sus bases no pueden ser otras que: Libertad, Justicia Social, Solidaridad, Igualdad, Tolerancia, Derechos Humanos, Equidad, Dignidad Humana, Fraternidad, Reflexión Crítica.

Se ubica en el contexto de “una política democrática en general”, que debe abarcar las dimensiones necesarias para garantizar la seguridad a todos los seres humanos que habitan y comparten un territorio: Seguridad Personal, Seguridad Social, Seguridad Familiar, Seguridad Laboral, Seguridad Previsional, Seguridad Sanitaria, etc.

Está destinada a eliminar o disminuir los miedos y las razones de los miedos, que están presentes en nuestra sociedad. Apunta a terminar con las desconfianzas, y está dirigida a disminuir los niveles de violencia, de cualquier naturaleza, que tensionan nuestra convivencia. Exige terminar con el uso de medidas violentas para enfrentar la inseguridad. Tanto por una cuestión de principios como por eficacia, no se puede terminar con la violencia, aplicando más violencia.

Y aquí hay un tema de fondo. Es un engaño plantear que se pueden resolver los problemas de violencia o delincuencia, si no los asociamos a los parámetros básicos de inequidad económica y marginalidad social. Esta tarea compromete a la sociedad que somos en su totalidad, y a la que queremos ser.

En esta perspectiva, tenemos el legítimo derecho de preguntar a gobernantes y legisladores: ¿Cuál es el Chile que están construyendo? ¿Cuál es el país que quieren?

Uno, en que para garantizar que ciertas minorías sociales puedan seguir disfrutando sus comodidades y privilegios, los ciudadanos debemos rendir pleitesía a los funcionarios que monopolizan el uso de la fuerza y la violencia; o un país de hombres y mujeres libres, iguales en dignidad y derechos, que puedan circular libremente por las calles, y reposar en la paz de sus hogares, sin el temor a ser vulnerados por funcionarios altamente entrenados y preparados para ejercer violencia.

En los próximos días, el Senado debe ratificar “esta modesta modificación”; ¿Crees que vale la pena iniciar acciones para exigir un comportamiento democrático de los Honorables?

Y una última pregunta para la que no tengo respuesta: La heroica Huelga de los Presos Políticos Mapuche, logró arrancar el compromiso de que los civiles no seremos juzgados por la Justicia Militar, ¿Cómo afecta a este engendro legislativo?

Por Nelson Agustín Aramburu