Cárceles a la chilena

· 10 December, 2010 13:12
Justicia y DD.HH

Las cárceles están colapsadas y todos lo saben. Con su característico populismo, Sebastián Piñera prometió resolver el problema, que se arrastra hace décadas, en “sólo 90 días”. Felipe Bulnes, ministro de Justicia, tiene tres meses para que “cada reo tenga abrigo, salud y alimentación dignos”. En visita por los penales El Manzano I y II, dañados por el terremoto, el Ministro agregó que “cada interno tendrá su litera, colchón y frazada, asistencia de salud para situaciones de emergencia y una alimentación digna”. Y es que hoy los 55.000 presos en las cárceles del país no lo tienen. Según Felipe Bulnes, se modificará las casi 15 o más horas que los reos permanecen encerrados, se fiscalizará más acuciosamente cómo funcionan los centros de educación y trabajo al interior de los penales, se ocuparán más eficientemente los recursos, y se construirán más y más cárceles… en manos de empresarios. El Ministerio de Justicia reconoce tasas de hacinamiento “que llegan cerca del 70%”. “Eso nos impone aumentar la capacidad de los penales, rediseñar los que estaban en proceso de ejecución y construir nuevas cárceles”, dice Bulnes.

El hacinamiento posee raíces profundas: entre 1985 y 2007, la cantidad de presos aumentó un 210%, de 22.000 a casi 46.000. Según cifras de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, el 2008, la población penal alcanzó a 48.998 internos, y en 2009 eran 53.482. La capacidad del sistema penitenciario es de 31.000 internos. Hoy la cantidad de reclusos supera los 55.000. A eso se agrega que en los centros del Sename hay 1.200 jóvenes que han infringido la ley de responsabilidad penal juvenil en vigencia hace poco más de un año, y ya hay centros hacinados. Gendarmería reconoce que más de 25% de las unidades penitenciarias poseen el doble de presos de lo que soportan. Hay cárceles donde el hacinamiento es superior al 400%, como el CDP Peumo. Le sigue Villarrica, con 253% de sobrepoblación; el CDP Puente Alto, con 239%; el de Buin, con 222%; el de La Ligua, con 204%; y el CPF Temuco, con 193%. Las cifras son anteriores al terremoto que agravó el hacinamiento y dejó inhabitables 14 cárceles y centros de reclusión nocturna.

El 24 de mayo, la Fiscalía Judicial reveló que tras el terremoto en El Manzano I hay 1.728 presos aunque su capacidad es sólo de 738. Señala que un 40% de la cárcel de Parral quedó destruida y los daños en el penal de Constitución obligaron su cierre. Agrega que en el CDF San Miguel, en Santiago, 500 mujeres duermen en un patio pues el terremoto destruyó su pabellón. Según el subdirector operativo de Gendarmería, coronel Carlos Muñoz, la institución ha gastado 1.100 millones para la emergencia y severos daños de infraestructura. Se demolerán las cárceles de Buin, Melipilla, Molina y Chillán, y permanecen inhabilitadas las de Parral, Constitución, Chanco, Los Ángeles y San Javier. Otras funcionan de forma parcial, como Talca, Arauco, Concepción y Coronel.

Chile, junto a Panamá y EEUU, figuran entre los 5 países con mayor número de reclusos en el mundo. La tasa chilena supera los 340 por cada 100.000 habitantes. Brasil posee 227 y Argentina 154. “La desigualdad ha provocado y desarrollado fenómenos como la concentración de pobreza en barrios periféricos, educación deficitaria, escasez de trabajos formales y bien remunerados, falta de oportunidades, consumo y tráfico de drogas, etc. A la par, se incrementa la población carcelaria, mayoritariamente compuesta por jóvenes de 18 a 28 años. Cada día más jóvenes se involucran en lo delincuencial, se estigmatiza a ciertos sectores y grupos. Las autoridades buscan la solución en promulgar nuevas y más duras leyes. La penalización no ha logrado disminuir los delitos”, dice Silvia Vidal, presidenta de Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes (Confapreco).

La presidenta Michel Bachelet prometió construir 15 cárceles concesionadas. Sólo son 7 y es negocio. En mayo de 2008 Santiago Uno -que tiene un tope admitido por contrato de 3.081 presos- llegó a 3.090 internos. Según el contrato, el Estado canceló a la concesionaria diariamente 3.600.000, sumando 342 millones de pesos. Pocos días antes del terremoto se informó de la construcción de cárceles concesionadas antes del 2015, en Calama, Copiapó, Valparaíso, Concepción y Temuco, por 150.000 millones. Para el anterior y el actual gobierno las cárceles privadas son la solución. La Comisión Defensora Ciudadana señaló en un estudio realizado a las cárceles concesionadas de La Serena, Rancagua y Santiago, “problemas de hacinamiento, alimentación y seguridad”. De los 55.000 reos, unos 15.000 están recluidos en penales concesionados donde sus servicios básicos son administrados por empresas. En 2009, Santiago concentraba el 40% de la población penal -90% reos condenados-. Pero solo un penal reúne algunas condiciones y características adecuadas para reos condenados: Colina I, que no es privada.

Es difícil acceder a estadísticas de hacinamiento. La ONU sugiere celdas individuales o de hasta tres internos. Organismos internacionales marcan en 15 metros cuadrados por interno las celdas. En Chile se calcula en 20 metros cuadrados, pero incluyendo celda, patio, talleres, comedores y baños. Los programas contra la dependencia de drogas no llegan apenas ni al 1% de la población penal. En 2003 había 38.266 internos. En 2005, 41.943. En 2008, 48.998 presos y en 2009, 53.482. Aumentan día a día, por el escaso acceso a beneficios intrapenitenciarios o medidas alternativas. La reforma procesal penal aumentó la población carcelaria un 25% de los condenados entre 2002 y 2007, lo que cuestiona la mediática tesis de la “puerta giratoria”. El crecimiento de la población penitenciaria se mantiene y el hacinamiento es transversal.

INHUMANO, DEGRADANTE Y CRUEL

Pedro Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), califica como “poco serio” el plazo que dio Piñera para resolver la crisis penitenciaria. “Es contradictorio que mientras se anuncia que se terminará con el hacinamiento, se recorte el presupuesto y nos mantengan turnos inhumanos”. Denuncia que en la cárcel de Copiapó hay celdas con 70 camas donde duermen más de 180 presos. “Es atroz el hacinamiento desde hace años. Dicen hoy que en 90 días se van a comprar más literas, a poner colchones, arreglar la infraestructura… cuando nos acaban de recortar del presupuesto nacional de Gendarmería en 2.600 millones de pesos”, agrega.

Y para qué hablar de la rehabilitación o reinserción. Ocho de cada diez presos que salen en libertad reinciden. La infraestructura estatal fue concebida para 23.000 reclusos y muchos cumplen largas condenas viviendo hacinados, en condiciones infrahumanas. El penal que presenta mayor sobrepoblación es la ex Penitenciaría, construido en 1843. Chile ostenta récords: El crecimiento anual supera el 6%; la mayoría son jóvenes de menos de 30 años; un 75% cumple condenas entre 5 y 20 años; la mayoría penas por delitos contra la propiedad. Amnistía Internacional dice sobre lo que ocurre en las cárceles chilenas: “hacinamiento, falta de asistencia médica, condiciones sanitarias deficientes, infraestructuras inadecuadas, casos de torturas”. En 2004, Confrapreco denunció que en la ex Penitenciaría había una ducha y una taza turca por cada 64 internos.

En 2008, Florentín Meléndez, relator de la OEA sobre los derechos de las personas arrestadas, verificó maltratos a presos y hacinamiento junto a personeros de la Comisión Interamericana. Visitó cárceles estatales y concesionadas: “La delegación observó con preocupación que en todos los centros de detención visitados existe un uso excesivo e innecesario de la fuerza y de los castigos, una práctica sistemática de malos tratos físicos por parte del personal de Gendarmería, y el uso de medidas de aislamiento en condiciones infrahumanas. (…) Existe una práctica generalizada de registros corporales denigrantes y humillantes a las visitas, particularmente a mujeres y niñas, así como la permanencia en centros carcelarios de personas con discapacidad mental, y de ancianos y ancianas de hasta 80 años de edad. Hay serias deficiencias y limitaciones en los programas de readaptación social, incluyendo el limitado porcentaje de la población carcelaria que tiene acceso a los programas de los Centros de Estudio y Trabajo”.

Lapidaria fue la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, que calificó como “inhumano, degradante y cruel”, el trato que reciben los presos en las cárceles chilenas. Su informe de 2009 fue presentado en el Senado. Su inspección detectó situaciones “graves”: hacinamiento, extensos horarios de encierro, deficiente alimentación, prácticamente nula rehabilitación, insuficientes condiciones sanitarias e higiénicas, aplicación de castigos, aislamiento de internos en condiciones inhumanas, e inseguridad y muerte de reos. La investigación se originó tras un incendio en el penal de Colina II que culminó con una decena de reos muertos. La fiscal recordó que desde el 2001 había hecho ver a las distintas autoridades competentes “las deplorables condiciones de vida que se aprecian en los establecimientos penitenciarios… debido tanto al hacinamiento que se aprecia en los penales como a la falta de una política penitenciaria y acciones concretas que permitan la reinserción social”. Pero no sólo se trataría de falta de espacio, también hay maltratos: “La situación de hacinamiento se ve agravada por el hecho de permanecer los internos encerrados en sus celdas por espacio de aproximadamente 15 horas diarias, en celdas abarrotadas que por lo general carecen de servicios higiénicos y de la adecuada luz y ventilación. (…) Es fundamental contar con la infraestructura necesaria, de modo que el Estado cumpla con su deber de llevar a cabo la labor de reinserción social de los internos y asegure que las penas se ejecuten en condiciones de vida dignas, ya que el hacinamiento afecta a todos los sistemas de seguridad, y vulnera el derecho a la integridad física de los internos y del personal”, decía la fiscal. “La condición de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios no concesionados es generalizada, variando sólo en los porcentajes que representan con respecto a la capacidad del establecimiento, situación que se propuso remediar a través de la construcción de diez unidades penales concesionadas, con 16.000 nuevas plazas, que estarían disponibles en el año 2006, contando hoy día con sólo seis de esos establecimientos. Como ya se señalara, especial gravedad reviste el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios de las regiones Metropolitana, de Valparaíso, y de Concepción, por el alto número de su población penal, que en los últimos años se ha incrementado, situación que también se aprecia en otros penales”, agregaba.

CRUDA REALIDAD

Chile ha suscrito tratados internacionales que salvaguardan los derechos de los reclusos, como la Resolución N° 45/111 de la ONU (1991), que establece principios básicos: “Todo recluso debe ser tratado con el respeto que merece su dignidad y valor inherente de ser humano, y no puede ser objeto de discriminación alguna por el hecho de estar privado de libertad”. El Estado se ha comprometido -y obligado- a abolir el uso del aislamiento en celdas de castigo como sanción disciplinaria, pero no lo ha hecho, y está obligado a crear condiciones que les permitan realizar actividades que faciliten su reinserción social y permitan contribuir al sustento económico de sus familias. “Es obligación del Estado crear las condiciones necesarias para la reincorporación del recluso en la sociedad, y en las mejores condiciones posibles, de modo de disminuir los actuales índices de criminalidad y reincidencia, contribuyendo así al bien común de toda la sociedad”, decía Maldonado, en su informe de junio de 2009.

Pero la vulneración de derechos, hacinamiento, tortura y nula rehabilitación son pan de cada día en el sistema penitenciario y en los centros de menores. “Insuficiencia de recursos, sobrepoblación y condiciones infrahumanas en que viven los reclusos, es una realidad que sugiere que a esta dimensión de la sociedad se le concede escasa relevancia. Hemos vivido un largo período con una política penitenciaria errada, poco transparente, sin una visión de sistema, y cuya gestión transgrede los derechos fundamentales de las personas involucradas. Hoy, en Chile, a las personas privadas de libertad se las considera como desprovistas de derechos constitucionales, y a los funcionarios penitenciarios se los mantiene en condiciones laborales inadecuadas para efectuar una labor tan compleja como administrar una cárcel, labor que supone manejar variables tan delicadas como seguridad, rehabilitación, sanidad, gestión de expedientes, administración y derechos fundamentales”, señala el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile (2009) de la Universidad Diego Portales. “El Estado vulnera los estándares internacionales de derechos humanos, así como las garantías consagradas en la Constitución. Uno de los fenómenos más evidentes es el hacinamiento en los penales. Con ello se vulnera el derecho de cada preso a disponer de un espacio adecuado para desenvolverse, las condiciones de higiene devienen deficitarias y en general se deteriora la calidad de las prestaciones que se reciben, hay problemas de seguridad, más motines, y violencia entre reclusos y entre funcionarios y reclusos. Todas dimensiones que vulneran los estándares fijados, entre otros instrumentos, por las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas”, agrega.

El 2009, la fiscal Mónica Maldonado calificó como “especialmente grave” la falta de agua en el Centro Penitenciario de Valparaíso y en el Complejo Penitenciario de Arica, y las condiciones sanitarias en la ex Penitenciaría, especialmente en la calle N° 6 y calle N° 2 de castigados y aislados. “En el Centro Penitenciario de Valparaíso, los Módulos 101 al 117 cuentan con agua potable durante dos horas en la mañana y dos en la tarde, por lo que los internos deben juntarla para su aseo personal y para los baños. Esta situación se ha venido representado al menos, durante los últimos cuatro años. El Complejo Penitenciario de Arica presenta una situación muy similar, en donde se entrega agua a los internos por dos horas al día, fraccionada en la mañana y en la tarde. (…) El la calle N° 6 del CDP Santiago Sur la situación es especialmente grave y se ha constatado en visitas recientes efectuadas en julio de 2008 y marzo de 2009. De acuerdo a lo informado por el señor Alcaide, es el lugar más sobre poblado del penal, con 480 internos que sobrepasan largamente la capacidad tanto de las celdas como de la calle para albergar a la población. (…) Por ser las celdas insuficientes para albergar a la población, en la noche para dormir, los internos deben colocar sus colchones en la calle, los que al momento de la visita están enrollados a los costados de la calle. Además del hacinamiento, se apreciaron pésimas condiciones de higiene, con grandes cantidades de basura acumulada en tarros, desperdicios y fecas, en la calle donde tienen salida los internos y donde reciben su alimentación, exceso de humedad, y servicios higiénicos insuficientes”, decía. La fiscal ofició a la Seremi de Salud dando cuenta de la situación, requiriendo una inspección urgente. “Efectuada la inspección sanitaria el 11 de febrero de 2009, la autoridad comprobó la efectividad de las deficiencias sanitarias y de higiene, y ordenó al Alcaide del penal arbitrar las medidas pertinentes tendientes a superar a la brevedad dichos reparos. No obstante lo cual, en la visita de 9 y 10 de marzo de 2009, se apreció que se mantienen las mismas deficiencias sanitarias”, agregaba. La fiscal no fue escuchada.

“El sistema penitenciario es precario, antiguo y lo afecta una profunda crisis, lo que se traduce en la deplorable calidad de vida de los reclusos al interior de los penales -más de cien en el país-. Los cimientos de la crisis son complejos. Más del 80% de los presos vuelve a delinquir. Es probable que en un análisis sutil se piense que la causal directa es el hacinamiento. Pero hay un sinnúmero de factores. Desde las deficientes condiciones laborales a que están sometidos los gendarmes, hasta el incumplimiento de estándares internacionales en materia de reinserción. La tasa de población penal y reincidencia aumentan cada año, la infraestructura es prácticamente la misma, y el sistema penitenciario el mismo desde los años ‘50. Alguien pudiera pensar que el sistema penitenciario tiene un diseño tal que puede entender y resistir diferentes fenómenos carcelarios como sociales. Sin embargo, la cruda realidad es otra. En 1990 hubo un fuerte incremento en los recursos económicos destinados a Gendarmería. Se destinó un 1,6% a rehabilitación. En 1995 aumentaron los recursos, y se destinó un 1,5% a resocialización. En 2000, se destinó un 0,9%. En 2002 fue un 0,8%”, concluye Silvia Vidal.

Por Arnaldo Pérez Guerra

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