Pescadores de San Antonio sin acceso al mar

Hace unas semanas el presidente Sebastian Piñera, junto al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Felipe Morandé, promulgó el decreto supremo Nº 130, el cual concede la concesión del borde costero de la ciudad de San Antonio a la Empresa Portuaria de San Antonio, Epsa, propiedad del Estado.

La concesión comprende desde el sector de “Bodegas ex Camanchaca”, en el norte, hasta la desembocadura del río Maipo, al sur, incluida la playa de Llo-Lleo. Además de dejar a San Antonio como ciudad de interior, ya que se quedaría sin playa, la decisión del Ejecutivo pone en serio riesgo a la comunidad de pescadores artesanales de Boca del Río Maipo: Unos 180 pescadores que hoy encuentran restringido el acceso a la playa, o sea, a su fuente de trabajo.

San Antonio es el mayor puerto de Chile, con una transferencia promedio de carga de más de 12 millones de toneladas, según las cifras del año 2006. Las cargas y descargas realizadas en el puerto han aumentado con los años y han desbordado la capacidad de las cuatro terminales que constituyen el emplazamiento, tres de ellas privadas y una propiedad de Epsa, por lo que es urgente para la empresa portuaria ampliar sus capacidades. Esa situación ha generado desencuentros con la comunidad de San Antonio.

Lo que pasa en este caso no es nuevo, desde hace ya varios años ha generado tensiones entre la empresa estatal y los habitantes de San Antonio, especialmente con los pescadores artesanales, a quienes varias veces se les ha negado el ingreso a la playa de Llo-LLeo. Según la Subsecretaría de Pesca, Subpesca, son cerca de 120 pescadores los que trabajan en la zona, sin embargo, según cifras del Sindicato de Pescadores Artesanales de la Boca del Río Maipo, entidad que agrupa a los pescadores de la comuna, serían más de 180 los trabajadores que hoy se encontrarían sin un paso al borde costero, poniendo en un serio riesgo a ellos y sus familias.

Para Osvaldo Duarte, presidente del sindicato de Boca del Río Maipo, la medida tomada por Epsa es absolutamente imprevista, ya que desde hace meses que venían con conversaciones. “Esta decisión de cerrar nuevamente la playa es completamente abrupta, además de irresponsable, ya que más del 60% de los recursos que extraen los pescadores son de la playa Llo-Lleo”, asevera Duarte.

Estas negociaciones tuvieron como interlocutor a Bienes Nacionales, institución que poseía parte de los terrenos del litoral central en disputa y que, tras la venta de parte de este territorio a Epsa, habría alcanzado un acuerdo con los pescadores y la empresa portuaria respecto al acceso a la playa.

“Las reuniones trataban un tema puntual: El acceso libre a la playa de Llo-lleo, ya que Bienes Nacionales vendió parte del sector a la empresa portuaria. Nuestro sindicato en esas reuniones llegó a acuerdo con la empresa portuaria y Bienes Nacionales de tener acceso libre a la playa. Después de dos meses sin novedad aparece este decreto 130, el cual entrega todo el borde costero de San Antonio y nos quita el espacio de trabajo que hemos tenido por generaciones”, describe Milko Caracciolo, quien se desempeña como asesor técnico de la organización de pescadores.

Según Rodrigo Guerra, sociólogo y asesor del sindicato de pescadores, el daño no es sólo la solvencia inmediata de los pescadores y sus familias, sino también un perjuicio patrimonial. “Las comunidades de pescadores fueron las primeras en llegar a este lugar, ellos fueron los que fundaron este sitio. Además, son una de las pocas comunidades en nuestro país que practica el arte de pesca chinchorro, que es de orilla. Esta forma de pesca es parte del patrimonio cultural de Chile y es traspasado como oficio en las familias pescadoras, tradición que podría desparecer si se les cierran las puertas a su fuente laboral”, sentencia Guerra.

“Lo peor de todo, agrega el sociólogo, es que los beneficios económicos para la comuna son nulos, la empresa ni siquiera tributa en San Antonio, sino en Santiago. Así que para los vecinos no constituye ningún progreso”.

Por Sebastián Fierro Kalbhenn

El Ciudadano