Corporación Humanas interpone nuevas querellas por violencia sexual en dictadura militar

La medida es liderada por Paulina Maturana, aboga de la ONG, que planteó que espera conseguir que “las mujeres que sufrieron horrores puedan ser reparadas como ellas lo merecen y que los culpables sean sancionados”.

Corporación Humanas interpuso esta mañana tres querellas ante la Corte Suprema por el delito de “asociación ilícita” en el secuestro y tortura de Elizabeth Rubio, Catalina Palma y Ximena Zabala. Las demandas pretenden sancionar a los culpables de las vejaciones sufridas por las víctimas, quienes se decidieron, después de años de silencio, a hacer justicia.

Las querellas pretenden visibilizar uno de los capítulos más oscuros de las torturas y desapariciones del Golpe Militar ocurrido en 1973:  La violencia sexual. En este sentido, Maturana aclara que “pese a que algunas pudieron identificar a sus torturadores, otras estaban encapuchadas, por lo que no saben quiénes fueron. Por eso, una de las cosas más importantes de esto es determinar quiénes estaban a cargo”.

Por otra parte, la iniciativa legal de Corporación Humanas reúne los casos de chilenas que fueron detenidas y torturadas en Argentina, bajo las acciones de la conocida “Operación Cóndor”. Dicha maniobra, liderada por el jefe de la Dina, Manuel “Mamo” Contreras: “Ellas eran perseguidas por sus trabajos políticos en Chile, por lo que queremos determinar cuáles son los nexos que claramente tuvieron con los líderes en Argentina”, relató la abogada de la ONG.

Entre los casos más conocidos de la “Operación Cóndor”, se cuenta el asesinato del General Prats, quien fue asesinado en Argentina; la muerte de Orlando Letelier en Estados Unidos y el atentado a Bernardo Leighton en Roma.

Según Maturana, Rubio, Palma y Zabala quisieron dar a conocer sus casos “después de un largo camino de reparación, lleno de culpa y vergüenza, donde ellas se atreven a enfrentar su realidad”.

Al ser consultada sobre el silencio que ha mantenido el mundo político respecto a los casos de tortura en los que se ha aplicado la violencia sexual, Maturana asegura que, de partida, “es difícil que desde el mundo político se hable de las mujeres”. En su opinión, esta situación explicita el poco protagonismo que se entrega en Chile al rol de las mujeres.

Las querellantes han apelado a las cláusulas de los derechos humanos internacionales, que establecen en estos casos el deber de ofrecer “reconocimiento y restitución” para las víctimas. Sin embargo, Paulina Maturana aclara que sus clientas no sólo están buscando reparación económica, pues algunas han exigido el establecimiento de memoriales, el inicio de investigaciones y compensaciones en cuanto a su salud física y psicológica. En común, sin embargo, tienen una petición central: “la no repetición de estos casos, nunca más, en la historia de Chile y el mundo”.

Por Vanessa Vargas Rojas

El Ciudadano