Los claroscuros de la propuesta de indultos

Para solucionar la crisis carcelaria está en el tapete el indultar a unas 6 mil personas de las 55 mil que cumplen condena en los penales del país. El doble fondo de la iniciativa lo auspician ex funcionarios de la dictadura, como el diputado Alberto Cardemil, que quiere incluir a militares condenados por haber secuestrado, torturado y matado a sus compatriotas. A su juicio no indultarlos refleja “aspiraciones de venganza”.

Como una forma de enfrentar la grave crisis carcelaria del país, visibilizada tras el  incendio del penal de San Miguel, donde murieron 81 reos; el ministro de Justicia, Francisco Bulnes y el del Interior, Rodrigo Hinzpeter, comenzaron a reunirse con parlamentarios de diferentes bancadas para discutir acerca de una propuesta de indultos que prepara el Gobierno.

En los penales de Chile hay 55 mil personas presas en una infraestructura que está diseñada sólo para 31 mil internos. Chile es el país con más presos del continente en relación al porcentaje de su población.

La propuesta alcanzaría a uno 4 mil a 6 mil presos y contempla cinco medidas, como la eliminación de la multa que deben pagar varios reos para salir libres, o que personas que lleven menos de un año en prisión puedan pagar sus penas con trabajos comunitarios.

Las otras medidas son la flexibilización del acceso a la libertad condicional con un cambio en el proceso, el cual implica la sustitución de los secretarios regionales ministeriales (Seremis) de Justicia –quienes son los encargados de conceder este beneficio– por un panel de jueces.

También se hace mención a que los presos declarados como enfermos terminales que vayan a fallecer en poco tiempo puedan salir libres, así como los mayores de 80 años, que no estén condenados a cadena perpetua efectiva, y que cuenten con dos tercios de sus penas cumplidas.

Finalmente, quienes no hayan participado en delitos graves, tengan reclusión nocturna, conducta sobresaliente en el último año y medio y dos tercios de su condena cumplida podrán conmutar sus penas por trabajos comunitarios.

Este proyecto marca un giro en la política de Seguridad del Gobierno de Sebastián Piñera, el cual, a mediados del año 2010, rechazó una propuesta de indulto elaborada por la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas en celebración del Bicentenario de la República.

Pese a los avances en la discusión, Hinzpeter, indicó que no es seguro que este proyecto  se incluya en el paquete de medidas que prepara La Moneda para enfrentar la crisis carcelaria.

INCLUSIÓN DE VIOLADORES A LOS DERECHOS HUMANOS

Claro que la propuesta viene con doble fondo, ya que hay claros intereses de sectores del oficialismo en incluir entre los indultados a militares condenados por violaciones a los derechos humanos. El diputado de Renovación Nacional (RN), Alberto Cardemil, y ex subsecretario del Interior de la dictadura militar, sostuvo que las medidas que apronta el Gobierno son “de aplicación general, para todos, sin definir si califica el militar, o el civil, (…) o el de izquierda, o el de derecha, o el pobre o el rico. Son definiciones de política pública para todos los chilenos”.

Cardemil agregó que quien plantee “discriminaciones, o que la ley debe aplicarse a uno, y no a otro, no está sintonizado con el interés general y con lo que la gente está pensando hoy día”. El diputado oficialista reiteró que la propuesta de indulto le parece “sensata y lógica”, y expresó –haciendo referencia a la discusión sobre el indulto presentado el año pasado por la Iglesia- que no le parece adecuado que el debate se “oscurezca” por una discusión “bien de segunda categoría y que no le interesa mucho a la gente, que tiene que ver más con aspiraciones de venganza que con aspiraciones de justicia”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Andrés Allamand, manifestó que es partidario que “los beneficios carcelarios, cualquiera que sean éstos, cautelen el principio de igualdad ante la ley”. Reiteró que el proyecto no debe hacer una “diferenciación arbitraria, respecto de ninguna persona, más allá de que sean civiles o militares”, y llamó a estar atentos a la discusión parlamentaria que deberá abordar el tema.

Consultada por El Ciudadano, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), respondió que “cuando habla Cardemil, está hablando la dictadura, están hablando los mismos que fueron parte de esta cultura del terror y la muerte”. Para Pizarro, que el diputado RN hable de venganza, “tiene que ver con alguien que fue capaz de aceptar ese exterminio, y que por lo tanto, de él no se puede esperar nada más que inmoralidad”.

Para Pizarro, si ellos buscaran venganza, no se hubiera insistido jamás en los Tribunales de Justicia, incluso en plena época dictatorial. “Siempre vamos a abogar por la verdad y la justicia (…) nunca seremos un Alberto Cardemil; esos odios, esa venganza , esa escoria asesina que fue capaz de exterminar a hombres y mujeres, sólo por el hecho de pensar distinto”.

Pizarro finalizó diciendo que pese a que aún no conocen el proyecto en profundidad, nunca van a aceptar la impunidad. “Vamos a hacer lo imposible para que nunca un violador de derechos humanos salga libre”.

RESPUESTA DE LA CONCERTACIÓN

José Antonio Gómez (PRSD) señaló que entre los puntos que le interesa resguardar a la Concertación se encuentra la imposibilidad que aquellas personas, que cometieron delitos graves, así como los que violaron los derechos humanos durante la dictadura, puedan acceder a algún tipo de beneficio.

Por su parte, Carolina Tohá (PPD), señaló que lo indultos “cuando se hacen teniendo por objeto razones de política penitenciaria o razones humanitarias, nunca son indultos a todos los presos condenados por todos los delitos. Siempre se ponen límites, y siempre éstos tiene que ver con delitos graves”. La dirigenta expresó que es en el debate parlamentario donde se debe resolver este tema.

Gómez criticó también, el “giro del Gobierno” en materia de seguridad ciudadana, e hizo alusión a las promesas de “tolerancia cero y mano dura” que el Ejecutivo había mencionado durante la pasada campaña presidencial. El senador radical señaló que estudiarán a fondo la propuesta y, en especial, según Gómez, se enfocarán en “la letra chica del proyecto”.

Por Christian Armaza Benavides

El Ciudadano