Congreso: Acusan a Piñera y ministros de conflicto de interés en Isla Riesco y se quita urgencia a proyecto post natal

Los diputados Carolina Goic, Patricio Vallespín (DC), Enrique Accorsi (PPD) y Alfonso De Urresti (PS) junto a representantes de organizaciones de Magallanes denunciaron “presiones indebidas” de las autoridades nacionales y “serios conflictos de intereses” en el proyecto minero en la Isla Riesco de la Región de Magallanes, una vez que los estudios de impacto ambiental que examinaban el proyecto dejaron de ejecutarse, aprobándolo rápidamente.

Acompañado de las organizaciones Alerta Riesco, Frente de defensa Ecológico Austral y la OCDEF de Río Verde, Vallespín, quien es integrante de la Comisión de Recursos Naturales, rechazó las presiones indebidas de las autoridades en los proyectos vinculados a energía.

“Terminemos con las irregularidades; tenemos un estudio de impacto ambiental que ha sido aprobado en la Región, un estudio de línea base absolutamente insuficiente, incompleto, con metodologías inadecuadas, donde se usa información falsa y que en base a esto logra la aprobación de la autoridad”, afirmó.

El diputado indicó que el presidente Piñera, al presentar en noviembre pasado el Plan Regional de Desarrollo señaló con orgullo que la mina de carbón –en evaluación en ese entonces- iba a generar muchos empleos y que se iba a iniciar la industria del carbón en la zona, lo que a su juicio generó un ambiente propicio para la aprobación del proyecto.

Minera Isla Riesco es una sociedad anónima cerrada, constituida en el 2006, cuyos accionistas, en partes iguales, son Empresas Copec S.A. e Inversiones Ultraterra Ltda. El Presidente de la República, Sebastián Piñera, es uno de los mayores accionistas individuales de empresas Copec, según indica su declaración de patrimonio, expedida el 4 de abril de 2010.

De acuerdo a ese documento, Piñera posee 785.609 acciones de la distribuidora de combustible, cantidad que a la fecha de publicado, equivalía a  4.543 millones de pesos, unos 9,7 millones de dólares.

En tanto, el diputado PPD y miembro de la Comisión de Recursos Naturales, Enrique Accorsi, señaló que le parece “impresentable que un Presidente salga apoyando y pidiendo agilizar la tramitación de un proyecto que está sujeto a Evaluación Ambiental, siendo accionista de una de las empresas, y que sus ministros también tengan intereses económicos en estos proyectos”.

Anteriormente, Accorsi había señalado que algunos ministros también tenían intereses creados en el proyecto. “El titular de Hacienda, Felipe Larraín, ocupaba un asiento en el directorio de empresas Copec, mientras que en el de Quiñenco (perteneciente al Grupo Luksic) se sentaba el ahora ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine”.

Los representantes de las organizaciones de Magallanes indicaron que están recabando la información que demuestra el conflicto de intereses que involucraría al Presidente y agregaron que, además, el biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, y el subsecretario de Energía, Sergio del Campo, fueron directivos de Gener, otro de los grupos que estáninvirtiendo en el proyecto.

PROYECTO DE “POST NATAL”

En otro ámbito, el Gobierno retiró la suma urgencia al proyecto de ley de posnatal, tras la solicitud de parlamentarios de la Concertación que pidieron más tiempo para discutir la iniciativa.

Al respecto, la diputada miembro de la Comisión de Trabajo y Familia, Adriana Muñoz (PPD), indicó que el proyecto está lleno de trampas y representa un retroceso a lo que las mujeres chilenas tienen hoy en día en materia de protección a la maternidad.

“No podemos apoyar una propuesta que habla de seis meses cuando en realidad no lo es, cuando se quitan derechos adquiridos como el fuero, cuando se califica la enfermedad de los hijos entre graves y gravísimas, y se le quita el permiso de alimentación de las mujeres part time. Es una amenaza a las madres trabajadoras”, señaló Muñoz.

Además recalcó sus distorsiones: “Van a tener un posnatal de seis meses sólo aquellas mujeres que tengan un tope de ingreso de 30 UF, vale decir, que quienes ganan de 530 mil pesos para arriba, van a tener que optar entre perder la diferencia de sus ingresos o hacer un posnatal negociado con sus empleadores”.

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Por Cristóbal Cornejo

El Ciudadano