La burbuja odontológica

En la actualidad se ha generado un interesante debate sobre la educación de nuestros niños y jóvenes, el cual se centra principalmente en dos puntos; el financiamiento y la inequidad de su calidad. Pero hay un factor que no hemos considerado en los debates, la regulación de la oferta de carreras universitarias y técnicas. La cesantía ilustrada es una realidad en muchos países de América Latina y de Europa. En éstos, la oferta de carreras profesionales no se reguló mediante una planificación nacional, generando un nuevo frente de demandas y conflictos sociales.

Cuando el lucro es el motor de la creación de carreras universitarias, es decir, se planifica y se sostiene la apertura y cierre de escuelas profesionales mediante la demanda social y en búsqueda de rentabilidad de la inversión, se genera irremediablemente una sobreproducción de profesionales. La evidencia demostró que el “mercado educativo” no pudo regular la calidad de la educación superior como lo aseguraron los creadores del modelo. Se debieron crear agencias -privadas- de acreditación para que mediante certificación, se garanticen las condiciones mínimas de: coherencia curricular, recursos humanos e infraestructura para la formación de profesionales. Así también se pensó que la lógica de mercado garantizaría la cantidad de profesionales, que sería regulada por el mercado laboral y la demanda de desarrollo país. Esta postura ideológica nos lleva a que debemos esperar dos cosas; que los mercados laborales se saturen de profesionales para que de esa manera desaparezca la demanda o que, la iniciativa privada desarrolle nuevas fuentes de producción que exijan ciertos tipos de profesionales. ¿Qué problemas nos acarrea esta libertad educativa garantizada en nuestra Constitución? Lo primero es que se genera de una gran cantidad de profesionales que no ejercen la profesión que estudiaron (frustración), lo segundo es la baja la calidad del empleo y de los sueldos y por último, se masifica el nivel de endeudamiento de las clases medias y bajas que son las que estudian gracias a la deuda familiar o personal.

Lo peor de esta burbuja de futuros cesantes ilustrados y endeudados es cuando el daño se sociabiliza en profesiones que tienen un profundo componente social, como por ejemplo en la salud pública.

Para la carrera de medicina (y pedagogías básica, diferencial y parvularia) se ha impuesto la obligatoriedad de la acreditación en la Ley de Calidad y Equidad para la Educación Superior, pero ¿qué ha pasado con las escuelas que hasta hoy no se han acreditado? No ha pasado nada, dado que la ley no impone ningún tipo de sanción a las universidades que no acrediten sus carreras. Por lo mismo, la gran mayoría de las escuelas de medicina lograron acordar un Examen Médico Nacional de carácter voluntario, que permite tanto al sistema de salud público como privado, visualizar en parte la calidad de los profesionales egresados. En educación se intenta realizar algo parecido mediante la Prueba Inicia, que hasta el día de hoy es voluntaria y sin peso real en la hora de controlar la “libertad de enseñanza” de los futuros profesores.

LA BURBUJA ODONTOLÓGICA

Hace no más de una década existían en Chile unas 10 escuelas de odontología que generaban un sostenible aumento de profesionales para la demanda nacional. Pero, bajo los incentivos de mercado y la desregularización intencional, en pocos años la cantidad de escuelas dentales aumentó en un 400%, de las cuales sólo las “tradicionales” y un puñado de privadas están acreditadas (ni hablar de la generación de investigaciones y publicaciones serias).

Lo anterior no es sólo un problema gremial o familiar (lo que ya es éticamente grave), sino que es un problema de salud pública que absolutamente nadie ha considerado de manera seria. Publicaciones españolas y latinoamericanas demuestran que el exceso de odontólogos genera: 1) disminución de la calidad de los tratamientos, 2) sobre indicación de tratamientos, 3) disminución de los sueldos, 4) nula mejora en la cobertura de los sectores más vulnerables y 5) empobrecimiento de la clase media profesional (en España la tasa de cesantía de dentistas es de un 10%).

Lamentablemente de estas 40 escuelas dentales se titularán, en menos de 10 años, tal cantidad de dentistas que se generará una cifra aproximada de un dentista por cada 800 habitantes lo que es más del triple de lo recomendado por OMS (1 por cada 3.500 habitantes) generando una gigantesca sobre oferta de profesionales de dudosa calidad en el sistema de salud chileno ¿Quién se hace responsable de esto?

En los países desarrollados o en vías de desarrollo que han asumido esta realidad como un problema país (tal como lo es toda la educación desde la pre-básica a la superior) han generado mecanismos legislativos de regulación sobre la “libertad de enseñanza”, que apuntan hacia el bien mayor de la sociedad en desmedro del beneficio (lucro) de un puñado de particulares. Esta regulación por parte del Estado es ideológicamente contraria a todo lo que exponen los propulsores y defensores del modelo actual que rige en Chile y por lo mismo habrá que preguntarles a los parlamentarios y personeros de gobierno que tienen o han tenido vinculación con este proceso de negocio de carreras profesionales, si tomarán medidas al respecto o en caso contrario, si se harán responsables, como agentes garantes de la “libertad de educación”, del daño irremediable a la salud pública y al futuro profesional de todos mis colegas que han hipotecado su futuro aspirando a mejores posibilidades de desarrollo profesional y familiar.

Francisco Córdova Echeverría

Cirujano Dentista

Presidente de la Red Odontológica Solidaria (Redos)