Un nuevo Pacto Constitucional

Hace pocos meses, el planteamiento de que en Chile existía una crisis de representación -a la que se puede agregar la de legitimidad y la de credibilidad-, era sólo idea de “un grupo de izquierda”, marginado del sistema monopólico –Alianza-Concertación-. En la actualidad, este diagnóstico es compartido por  la mayoría de los chilenos, incluso por aquellos concertacioncitas  que, durante sus veinte años de gobierno, no hicieron otra cosa que servir al neoliberalismo.

No puede sino alegrarme el que las grandes mayorías estén por derogar la Constitución del binomio Augusto Pinochet-Ricardo Lagos. Que exista un consenso respecto a una reforma tributaria, incluso entre conservacionistas y empresarios, para quienes era un crimen de lesa patria aumentar del 17% al 24% al impuesto de primera categoría a las grandes empresas, hoy forman parte del sentido común.

Las crisis de legitimidad, de gobernabilidad,  de representación y de credibilidad sólo constituyen eslabones del fracaso del modelo neoliberal, profesado por la derecha y la Concertación.

El neoliberalismo sólo supedita  la democracia al poder de las transnacionales y de las grandes instituciones financieras.

En los años 80, el ideólogo reaganista Murray sostenía: “Los estímulos visibles que una sociedad realistamente puede ofrecer a un joven pobre con un nivel medio de capacidad y de laboriosidad son sobre todo estímulos de penalización y desaliento: < si no aprendes, te echamos; si delinques, te metemos entre rejas; si no trabajas, te aseguramos que tu existencia va a ser tan penosa, que cualquier trabajo te va a resultar preferible>. Prometer más, es fraude” (Cit por Domènech, 2005).

La realidad actual chilena puede resumirse en la fórmula 80% y 20%, es decir, el 20% tiene una calidad de vida parecida a los de los países desarrollados, y el 80% apenas puede ser asimilable a países como Mozambique. En el pasado se podían comparar los 3/3 políticos con aquellos que podían equipararse a las clases sociales: 1/3 de ricos; 1/3 de clase media, más o menos estable; 1/3 de pobres, abandonados a la buena de Dios. En la  actualidad, hemos regresado a los dos Chiles del Centenario con el agravante de que las llamadas capas medias sufren un proceso de empobrecimiento, junto con un endeudamiento insostenible. Basta constatar que los “cacerolazos”, tomas y marchas corresponden, principalmente, al  rechazo de este sector social, ante la  incapacidad del gobierno de Sebastián Piñera.

Ninguna república democrática es compatible con la existencia y el dominio de los magnates,  como lo sostenía el florentino Nicolás de Maquiavelo; es en razón de esta idea matriz que me niego a clasificar  a  Chile como una república democrática, más bien definiéndola como una monarquía presidencial, basada en una Constitución autoritaria  e ilegítima.

El tema de la representación política ha sido tratado de distintas formas a lo largo de la historia de las ideas; para J.J. Rousseau, la voluntad general no es compatible con la representación política, “los diputados del pueblo no pueden ser sus representantes: sólo son sus comisionados, es decir, son ciudadanos subordinados a la voluntad popular, única que puede hacer acto de soberanía” (Carré de Malberg, 1948). Thomas Hobbes sostiene que en el pacto social se delega el poder en el soberano, que tiene el derecho de imponer su voluntad sin rendir cuenta a sus mandantes. Por el contrario, John Locke plantea que el monarca o la Asamblea es sólo un agente fiduciario, que debe estar sometido a las leyes, y rendir cuenta a los verdaderos propietarios del poder: la ciudadanía; tanto el monarca, como la Asamblea, pueden ser revocados  de su  poder fiduciario. Podemos colegir,  en consecuencia que perfectamente una mayoría  ciudadana puede convocar a un poder constituyente –por lo demás, ha ocurrido en distintas etapas de nuestra historia, a pesar, como en caso de 1925, esta facultad fue aniquilada por “el golpe de puño” del inspector del ejército, Navarrete-.

Una Constitución pétrea, surgida de un golpe militar es, prácticamente imposible de reformar, pues en el artículo 127 exige, nada menos, que las 2/3 partes de los diputadores y senadores en ejercicio, aprueben la reforma  en sus capítulos principales. Si el Presidente rechazara totalmente la reforma  constitucional, podría llamarse a plebiscito, por consiguiente, por la vía constitucional no hay ninguna posibilidad de solución a la crisis de representatividad.

La democracia no consiste en contar votos, sino en contar con  los ciudadanos. En nuestro caso, el sistema electoral no  representa el sentir de la  ciudadanía, pues está  construido de tal manera que falsifica la voluntad popular: el padrón electoral es añoso y oligárquico y margina a más de cuatro millones de electores; el sistema  binominal refuerza el monopolio de dos alianzas políticas que cuentan  con el rechazo de más del 60% de los chilenos; al Senado se integran cinco “padres conscriptos”, nombrados a  dedo por los jefes de partido, además de otros que han sido elegidos sin competencia, es decir, también designados –se cumple plenamente la concepción de Hobbes-. En la Cámara de Diputados, el 81,3% de sus miembros ha sido reelegido –algunos de ellos van a completar veinticinco años en el cargo, cuando debiera ser dos períodos, como máximo-.

En la distribución entre el porcentaje de votos y los sillones parlamentarios, en el año 2009, la Coalición obtuvo el  43,4% de sufragios, y el 48,3% de escaños; la Concertación,  el 44,3% de votos, y el 47,5% de escaños. Con este panorama, la composición de ambas Cámaras no tiene correspondencia con la voluntad popular –distorsiona   la voluntad popular en base a sistemas electorales espurios- .(Mauricio Morales, Patricio Navia,  2010).

No visualizo ninguna salida, en el corto plazo, al conflicto entre la  casta política, que  sustenta un sistema oligárquico –incluso plutocrático-  y el movimiento ciudadano que lucha por  el  fin  del modelo neoliberal, que permita un nuevo pacto constitucional, cuyo primer paso sea “nosotros, el pueblo, convocamos al  poder Constituyente.

Por Rafael Luis Gumucio Rivas