Ciudadanía agota todos los cartuchos para evitar el proyecto Hidroaysen

Vuelve a despertar el gigante dormido del descontento social por la construcción de Hidroaysén. Tras más de tres meses de paralización, luego de que el 20 de junio se acogieran tres recursos de protección y la orden de no innovar, el pasado 6 de octubre se emitió un fallo que dio luz verde a la construcción del megaproyecto.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en un fallo realizado el jueves 6 de octubre, rechazó los siete recursos de protección realizados por diferentes organizaciones ciudadanas en contra de la construcción de Hidroaysén.

Esta semana, antes de que pasen cinco días hábiles tras el fallo, el Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), apelará ante la Corte Suprema y al Comité de Ministros, el cual es integrado por María Ignacia Benítez (Unión Demócrata Independiente, UDI), de Medio Ambiente; Jaime Mañalich (IND), Salud; José Antonio Galilea (Renovación Nacional, RN), de Agricultura; Hernán de Solminihac (IND), de Minería; Pablo Longueira (UDI), de Economía; y Rodrigo Álvarez (UDI), de Energía.

Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del CDP, considera que en esta última instancia puedan recurrir al “Estado de Derecho”. Quienes votaron el jueves -2 contra 1-, no “vieron el fondo del asunto, sólo vieron la forma por encima”. En favor sufragaron la ministra Teresa Mora y el abogado integrante Pedro Campos, mientras que el voto disidente fue del presidente de la Corte de Apelaciones, el ministro Hernán Crisosto.

Para Luis Mariano Rendón, de Acción Ecológica, el fallo del poder judicial no es una sorpresa, porque ellos hacen de la “vista gorda a los problemas ambientales, al igual que los derechos humanos, y dejan impunes a quienes están destruyendo el patrimonio ambiental”.

CIUDADANÍA SE OPONE

Distintos medios realizaron encuestas de acuerdo a la aprobación de Hidroaysén y el promedio de rechazo es del 70%. Durante los meses de abril y mayo, miles de personas se movilizaban cada semana para demostrar que no desean seguir viendo, de manos cruzadas, cómo empresas extranjeras explotan los recursos naturales y destruyen el medio ambiente nacional.

Las represas estarían controladas por las empresas Endesa (española) y Colbún (chilena). El costo de la construcción equivale aproximadamente a 7.500 millones de dólares y se estima producir 2.750 mega watts de energía.

Rendón no tiene grandes expectativas con el ejecutivo, sólo espera que se escuche el “clamor ciudadano y si tienen duda de ello, que hagan un plebiscito vinculante. El consejo de ministros es la última instancia, y como tiene que ver con funcionarios designados por el presidente, Sebastián Piñera, es la ocasión para ver si él lo aprueba o desaprueba”.

La marcha de los indignados del sábado 15 de octubre, que se realizará a nivel nacional e internacional, en Santiago tendrá como tema central el repudio hacia Hidroaysén.

El CDP lidera la ofensiva ante la Justicia emprendida por la pobladora de Los Ñadis, Elizabeth Schindele (cuya casa y predio serían inundados producto de Hidroaysén); los dirigentes regionales Miriam Chible y Alejandro del Pino; la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén; los alcaldes de Tortel, Bernardo López, y de Chile Chico, Luperciano Muñoz; los senadores patagónicos Carlos Bianchi y Antonio Horvath, el presidente del Senado, Guido Girardi, los diputados Gabriel Silber, Enrique Accorsi, Patricio Vallespín; y los empresarios Víctor Hugo Puchi, Carlos Vial, junto a Greenpeace Chile, la Fundación Terram, la Fundación Pumalín y la ONG Ecosistemas, entre otras personas y agrupaciones.

Por Estefani Carrasco Rivera

El Ciudadano