El modelo forestal chileno y la destrucción de ecosistemas y comunidades

Mientras nos encontramos en un Chile que está gobernado por un sistema político pensado y diseñado para la inversión e influencia directa de los empresarios en las tomas de decisiones, al más puro estilo neoliberal, han desaparecido miles de hectáreas de bosque nativo sustituidas por pinos y eucaliptus. Este proceso ha generado enormes impactos ecológicos negativos que afectan incluso a la sostenibilidad misma de la sociedad humana. Sobre este punto trata este escrito. Nos interesa entregar una mirada panorámica al problema sintetizando los puntos que consideramos más graves.

I.- Funciones e importancia del Bosque Nativo para los ecosistemas:

En Chile hay 13,7 millones de hectáreas de bosques nativos [i], aproximadamente un 17% se ubican en la Región de Magallanes, un 36% en la de Aysén, 24% en las actuales regiones de Los Ríos y Los Lagos [ii]. El Bosque Nativo cumple funciones de protección del suelo, aporta nutrientes y contribuye a un efecto esponja, es decir, permite que el suelo retenga y filtre el agua liberándola lentamente durante todo el año. En las cuencas con bosque nativo el agua permanece.  Protege de la erosión, nos provee de madera, energía, alimentos, de una riquísima biodiversidad [iii], de oxígeno, flora y fauna nativa, y capta la contaminación [iv]. Es complejo por su diversidad. Este es un problema para el gran capital: no ha podido acrecentar sus ingresos por medio del uso del bosque nativo en relación al lucro que le proporcionan otros rubros sin riqueza (o con escasa) en biodiversidad e incapaces de cuidar el agua.

II.- Implementación del actual Modelo Forestal Chileno

Hasta 1950,  el 90% de la materia prima forestal existente en Chile provenía del bosque nativo. A partir de la segunda mitad del siglo XX, se crearon empresas públicas madereras y de celulosa, con la idea de que los beneficios fuesen para todos los chilenos [v]. El rubro se nacionalizaba y durante la Reforma Agraria se instalaron asentamientos forestales, siendo conocida la experiencia de Neltume, cerca de Panguipulli,  que fue brutalmente truncada por la dictadura militar de Pinochet.

El gobierno militar  asumió que era necesario apoyar a la industria forestal capitalista estableciendo en 1974 un Decreto Ley N°701 para el fomento forestal [vi]. Este se focalizó en la regulación del manejo y uso de los bosques, otorgando incentivos para la forestación y recuperación de suelos “agrícolas y degradados”. Tierras expropiadas a latifundistas durante la Reforma Agraria [vii] para ser administrada por campesinos, fueron traspasadas a empresas privadas. Esta contra-reforma agraria y las privatizaciones desarrolladas durante la dictadura fueron el inicio (y retorno) de la concentración de las tierras en pocas manos. Además las empresas forestales  implementaron los monocultivos exóticos de pinos y eucaliptus por medio de subsidios que eliminaron la tributación y bonificaron el 75% de los costos de plantación, manejo y administración [viii]. Estos incentivos produjeron una enorme presión sobre el bosque nativo como también ningún interés por recuperarlo. Ante este escenario, las empresas forestales definieron una expansión de la industria basada en plantaciones de pinos y  eucaliptus.

Por su parte, Conaf (Corporación Nacional Forestal) comenzó por medio de programas de empleo, a incorporar el pino entre los campesinos, tal vez pensando que tarde o temprano, esas tierras serian adquiridas por las empresas forestales, fenómeno que efectivamente se produjo. En la década del 90 se implementaron Programas Públicos de saneamiento de Títulos de Dominio que era una de las tantas políticas del Estado que fomentó la propiedad privada en contra de las asociaciones o trabajos sostenidos en el apoyo mutuo de los campesinos. Sólo por medio de ese título, éstos podían demostrar el control de la tierra y así acceder tanto a los “beneficios” de las leyes, como de proyectos productivos y sociales del Estado. Esta regularización de la propiedad conllevó también incorporar al mercado las tierras de campesinos, siendo en muchos casos adquiridas por empresas forestales. La migración campo ciudad se acentuó.

Una breve pausa en el proceso de invasión forestal artificial, fue la Ley Indígena implementada a principios de los años 90 del siglo pasado, que no les facilitó a las empresas seguir apropiándose de comunidades mapuches ya que no  permitió que la tierra de un campesino y/o comunero mapuche fuese vendida a no mapuches. Esto detuvo lo que había facilitado la Dictadura Militar de Pinochet el año 1978, al dividir la tierra de las mencionadas comunidades, insertándolas al mercado. Pero esa fue una excepción. El Decreto Ley N° 701 aplicado  desde 1974 a 1997, favoreció sólo a un 5,8% de los campesinos o pequeños propietarios. Se induce que esto es parte del fomento a la gran empresa. Entre el año 1980 a 1997 se forestaron desde la Región del Maule a la de Los Lagos, 822.428 hectáreas [ix]. En 1997, el gobierno concertacionista propició la modificación del Decreto 701, incentivando plantaciones en predios campesinos, aumentado para el año 2004  al 38% los campesinos “beneficiados”.

Respecto a las comunidades mapuches, grande ha sido la oposición de muchas al modelo forestal chileno, ya que comprenden que no es sólo un tema ecológico sino de soberanía territorial, económica, social y cultural. Esto explica en parte la represión estatal que sufren las comunidades, motivada por la defensa de los intereses de las empresas forestales. Al mismo tiempo se implementan Programas Gubernamentales destinados a las comunidades entre los que se destacan los de fomento a las plantaciones. Muchas comunidades están plagadas de pinos y eucaliptus. Los avances de las plantaciones, ha sido en parte a costa de la disminución del bosque nativo. Esto es lo que se denomina sustitución. Entre 1975 y 2000, por ejemplo, un 67% del bosque nativo disminuyó en la región comprendida entre el Río Maule y el Bio Bio; en la Región de Los Ríos entre el año 1998 al 2006, se sustituyeron 15.600 hectáreas [x].

En la actualidad, las empresas generan políticas de buena vecindad, que más allá de su lavado de imagen, es la incorporación de los campesinos al modelo forestal chileno. Los campesinos proveerán con las cosechas de sus plantaciones a las empresas, otros serán mano de obra de éstas para la ejecución de las faenas de plantación o de cosecha. Es la estrategia asumida por el capital y el Estado.

Las empresas han desarrollado campañas como Bosques para Chile, con patrocinio de Corma [xi], que engañan a la población. Se intenta convencerla de que las plantaciones son bosques[xii],que las empresas están al servicio de la comunidad local; o la más reciente, en que mencionan que con sus plantaciones se harán cargo de salvar al planeta proveyendo de oxígeno y captando la contaminación[xiii].

En la actualidad, de un total de 2 millones 500 mil hectáreas de plantaciones exóticas en Chile (pino y eucaliptus) [xiv],el Grupo Arauco de la Familia Angelini posee 1 millón; CMPC del Grupo Matte posee 498 mil; Forestal Masisa del Grupo Nueva posee 88 mil [xv]. El destino de estas plantaciones es la exportación, principalmente para la producción de fibra de celulosa y papel. Desde una perspectiva económica, el sector forestal es el segundo más importante del país (7%) después del minero (63%) y se encuentra organizado en la Corma, instancia de importante influencia para defender los intereses de las empresas y del modelo.

Las zonas donde se concentran las plantaciones forestales son las más empobrecidas, con los mayores índices de cesantía, emigración y sequía progresiva [xvi]. Este modelo forestal chileno pretende para el año 2025 aumentar el patrimonio de las empresas forestales a 5 millones de hectáreas plantadas con pinos y eucaliptus [xvii]. Una manera de controlar desde el Estado a las empresas ha sido la creación de sistemas de certificación como FSC [xviii], que buscan asegurar buenas prácticas sociales y ambientales, que han tenido algunos resultados considerando el apremio de empresas desprestigiadas para poder comercializar su producción en el mercado europeo. Otra instancia de control (autocontrol) es el rol fiscalizador de Conaf, denuncias de ONGs, comunidades campesinas y mapuches.

III.- Conclusiones:

Definitivamente donde el modelo forestal chileno penetra con más fuerza, el bosque nativo retrocede, para ser sustituido por plantaciones de pino y eucaliptus, especies exóticas de rápido crecimiento pero, al mismo tiempo, destructivas de los ecosistemas locales.

Las empresas forestales, sin importarles la disminución del agua en las comunidades, han violado sistemáticamente no sólo a la Ley del Estado, sino las buenas prácticas ambientales de producción (ellos desarrollan la tala rasa, plantación en cuencas, uso de insecticida, etc). Han instalado como una forma de amortizar el conflicto social, la práctica de que si una empresa daña el medio ambiente, debe retribuirle a la comunidad local con dinero o inversión, como si esto pudiese revertir el daño causado. Instala una forma de ser que, peor aún, genera corrupción solapada de compensación, por medio de sistemas que con buenas intenciones buscan aminorar los efectos negativos certificando que se cumplen buenas prácticas ambientales y sociales, que a la vista de los campesinos y pobladores locales, no se realizan.

De este modo, las empresas forestales chilenas ingresan al mercado de la comunidad europea que les hacen ciertas exigencias al respecto. Parte de sus campañas es mostrar folletos con personas sonrientes, ya sean campesinos, pobladores funcionarios de instituciones públicas y no gubernamentales, que desarrollan proyectos financiados por empresas forestales. Se asimila a un neocolonialismo.

Y el Estado, ahí está, con todas sus contradicciones, enarbolando la bandera de que las plantaciones son bosques, que generan riqueza para todos, que los eucaliptus no son responsables de la pérdida de agua. Elabora leyes que parecen ridiculeces respecto a fomentar la sostenibilidad del bosque nativo, leyes que son cheques abiertos para la implementación de plantaciones exóticas. Para el Estado la alianza con las empresas es prioritaria y eso denota la pobreza de las leyes de fomento del bosque nativo, aunque existen pequeños programas de Conaf que relativizan un poco esta sentencia.

La institucionalidad pública ha sido ineficiente o permisiva en fiscalizar a las empresas y eso explica la “supuesta” necesidad de la Certificación, que habría sido un fraude grotesco si FSC (Forest Stewardship Council) hubiesen certificado a Forestal Arauco y Forestal Mininco (perteneciente a CMPC) con todos los evidentes problemas que tienen con el Pueblo Mapuche [xix], los trabajadores, los ecosistemas locales y comunidades campesinas. Otras empresas si han sido certificadas, sin ser “santas”.

Y que se puede “certificar” ante la insolente verdad del carácter cínico y de la codicia de las empresas que solo les interesa hacer lo que les pide el mercado, en que sus ganancias han sido a costa de la Contra Reforma Agraria, de subsidios para familias como los ¡¡Angelini y los Matte!!, de la desaparición de los campesinos, de la usurpación de tierras, de la sustitución de ¡¡Bosques Nativos!! El pasado no se puede borrar con el codo y las malas acciones no se pueden compensar con dinero. Las decisiones y el accionar de las empresas y el Estado, están destruyendo los ecosistemas y las comunidades campesinas. Ultraviolento y cínico es su comportamiento social y ambiental, considerando la pérdida de agua, biodiversidad, etc.

¡Qué hacer? La educación de los niños respecto al bosque nativo, la sensibilización entre la población rural y urbana de las riquezas de este y de los impactos del modelo forestal chileno, la participación directa de las organizaciones campesinas e indígenas en la generación de propuestas, es vital, urgente. Hay que denunciar las malas prácticas ambientales, desnudar tanto las falsas campañas que maquillan de responsables ambientales a las empresas y la colusión que estas realizan. También hay que movilizarse e incidir-invitar a otros actores sociales y políticos. Todo esto teniendo en claro que se enfrentará a un gran par de amigos de este modelito forestal y neoliberal: El actual Estado y las empresas forestales. Y ojalá que no se sumen a ellos, los que teniendo buenas intenciones creen que este modelo no se puede revertir sino solo mejorar.

Colaboración de Aukan Aliwen

Publicado en “El Surco”, n°31, Santiago, noviembre-diciembre 2011

El Ciudadano

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