¡Mejor váyase!

Desde que llegó el prometido Gobierno de excelencia al poder Ejecutivo ha ido de mal en peor y la gente se ha dado cuenta. Eso de las cifras de crecimiento macroeconómico es un dedo que ya no cabe en la boca del pueblo. Nos cansamos de los abusos y estamos frescos como lechuga para salir a las calles a manifestarlo.

La protesta social suma y crece en Chile, y desde La Moneda, sin importarle al sheriff si sus órdenes y proyectos de ley terminan por vulnerar los derechos humanos, sigue operando sin que se le ponga atajo, buscando criminalizar a todo chileno(a) y mapuche que intente hacer frente al sistema capitalista y sus aparatos represivos.

No vamos a centrarnos en los mínimos índices de aprobación en que ha caído tanto el Gobierno como el mismo Presidente, quien ha llegado a contar con menos respaldo del que tuvo en su momento el dictador. ¿Se han fijado que ahora Piñera no habla? Es la única manera para que remontara un poquito en las encuestas, dando fe de que “calladito se ve mejor”.

Lo que nos llama la atención, lo que nos ocupa y preocupa, es una constante que encontrarán nuestros lectores y lectoras en la presente edición de El Ciudadano: El abuso y la prepotencia ejercida desde uno de los poderes del Estado ha llegado a niveles insospechados.

Creímos que este Gobierno no develaría de forma tan evidente su vocación discriminadora, clasista y racista. Pensamos que luego de llegar a La Moneda, después de 20 años sin gobernar –a algunas y algunos se les olvida que la derecha estuvo en el poder junto al dictador- iba a cuidar al menos las formas.

A Hinzpeter le llamamos montajista y racista con propiedad, pues no vaciló en denostar y culpabilizar a los mapuche de los incendios que afectan a las forestales de los Matte y Angelini, cuyas plagas y seguros convierten a los siniestros en cosa muy oportuna, tanto como los autoatentados incendiarios de Forestal Mininco en 1999, cuando Lagos también aplicó la Ley de Seguridad del Estado para perseguir a los mapuche y luego se comprobó que los incendios habían sido ocasionados por los funcionarios de la forestal; burdo montaje. Ahora el Gobierno deberá afrontar una acusación frente a las Naciones Unidas por dichos racistas.

Recordemos que en 2010, mientras se buscaba rescatar a los 33 mineros, se desarrollaba una huelga de hambre mapuche, en que los demandantes dejaban en claro, ante la opinión pública nacional e internacional, que la aplicación de la Ley Antiterrorista en contra de civiles, así como el juzgamiento de personas por tribunales militares era aberrante y que la demanda del pueblo mapuche es, por decir lo menos, justa, después del saqueo de que fue objeto este pueblo originario por parte del Estado de Chile.

Ya en ese entonces se esbozan las primeras declaraciones del ministro Rodrigo Hinzpeter, quien dio por culpables a los comuneros, pasando por alto que era a otro poder del Estado, el judicial, a quien le correspondía determinarlo.

Posteriormente acusó y persiguió a Saif Khan, el paquistaní que en extrañas circunstancias fue señalado como posible “terrorista internacional” por supuestas trazas de explosivos que le encontraron al ir a la Embajada de Estados Unidos. Se apresuró Hinzpeter a condenarlo, insistiendo en ello incluso después de que la misma embajada estadounidense reculara de su acusación. Luego de determinada la inocencia de Khan, el Ministro, dijo que no tenía por qué disculparse.

Le sigue el Caso Bombas. Todo lo declarado por parte del Ministro del Interior y Seguridad Pública es respaldado por el entonces fiscal Alejandro Peña desde el Ministerio Público; un ente que debería ser autónomo en su funcionamiento se cuadra con la política del miedo que pretenden instalar estos individuos. La mayoría de las pruebas fueron desestimadas y se desmoronó lo que muchos aseguran fue un montaje. El diminuto fiscal ahora trabaja en el Ministerio del Interior, pero cuentan con que la memoria es frágil. Frente a las movilizaciones en Magallanes, Hinzpeter no dudó en invocar a la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Añadamos la persecución en contra de toda forma de disidencia y los conflictos ambientales como Hidroaysén, que imponen aquella mirada desarrollista, como Termoeléctrica Castilla en el Norte o Isla Riesco en el Sur… suma y sigue.

Hoy, más que nunca, las grandes corporaciones con sus tentáculos han ido carcomiendo la figura del Estado como también a los partidos políticos, que han sido corrompidos para no representar los intereses de las personas, sino defender los propios y los de los empresarios que financiaron sus campañas.

Las policías y los aparatos de inteligencia, obedeciendo las órdenes del Ministerio del Interior, golpean a jóvenes, niños y niñas, pretendiendo que creamos que son víctimas de “encapuchados” que hoy son tratados como los “humanoides” de antaño.

Hinzpeter es un hombre que no escucha. Es un tipo sin conducción política y no tiene ni el más mínimo ápice de tino y autocrítica. Un personaje oscuro que ha demostrado su incapacidad de reconocer errores y, menos, respeto por la voluntad del pueblo.

A la edad del servicio militar ¿viajó a Israel para jurar bajo otra bandera? Si no es así, debiese aclararlo. El Ministro es nieto, por lado materno, de Mauricio Baltiansky, uno de los fundadores del Movimiento Sionista de Chile. En el año 1911, según registra el vol. 21 de la Encyclopedia Judaica (edición 2008), Baltiansky impulsó la creación de la primera célula sionista en el país con la ayuda del Movimiento Sionista de Argentina.

Rodrigo Hinzpeter Kirberg, como su propia biografía revela, es “cercano” al Comité Judío-Americano (American Jewish Committee), una organización ‘lobista’ que extiende su influencia y presión política no sólo a EE.UU., sino a América Latina, según develó Matías Rojas desde su informativo “Verdad Ahora”. El ministro parece no darse cuenta de que el mundo hoy es diverso y que en esa diversidad la desobediencia civil ha tomado fuerzas, no solo en Chile sino en varias partes del globo, de la mano de un despertar que crece. Frente a ello tiembla, pues defiende al poderoso y no al oprimido, abusa del poder recibido para despachar desde el Gobierno mensajes al Congreso Nacional que buscan criminalizar la protesta social, de quienes solo quieren más educación, menos lucro y una vida más digna.

Un estudiantado valiente le sacó los choros del canasto y el Ministro responde con la bautizada Ley Hinzpeter, de marcado tinte autoritario. Proyecto de ley que recoge el espíritu de la misma norma que obliga a pedir permiso para manifestar el desagrado o el descontento. Ley que desea instaurar figuras penales para la toma de establecimientos educacionales y otras acciones de protesta social; poner al saqueo como delito –olvidando el saqueo económico del que somos víctimas-, y responsabilizar a los convocantes de las manifestaciones populares por los desmanes que se puedan generar al calor de una protesta. Además, faculta a las policías a requisar cualquier material fotográfico y de video que estimen puede servir para inculpar.

Ante ello ya existe un llamado ciudadano por el No a la Ley Hinzpeter. Estamos cansados del terrorismo ambiental, económico y social del que hemos sido víctimas y nos hemos unido en distintos frentes para luchar contra tantos años de injusticia, para, constituyentemente, darnos forma, mientras seguimos avanzando, y, Usted, infiltrando, criminalizando, expectante del efecto de la TV basura y las deudas, espiando inútilmente nuestros movimientos de acción política para combatir al sistema.

En El Ciudadano desearíamos no tener que dedicarle más líneas al señor Hinzpeter, así que hacemos nuestro el deseo que han manifestado cientos de nuestros lectores: Sería bueno que renuncie; lo consideraríamos al menos un gesto de decencia o “de buena crianza”, si lo prefiere. Esperaríamos que deje su cargo ipso facto, o tenga a bien anunciar una fecha. Nosotros nos ponemos con las chelas.

Así como el Presidente, calladito se ve mejor, no entendemos cómo es que después de tanta errática manera de sobrellevar el Gabinete y la conducción política, por decir lo menos mediocre, Hinzpeter sigue al frente. Nos late que demasiadas yayas debe conocer para que le permitan seguir metiéndolas hasta el fondo.

Dejamos abierta la presente edición en que ofrecemos a ustedes en extenso, pero aún de manera insuficiente, aquello que se configura tras el modelo forestal en Chile, en el que operan, con más y menos escrúpulos, empresas de las familias Matte y Angelini, Anchile (DioPaper), Masisa u otras que se refugian bajo diversos RUT de forestales, tales como Valdivia, Tornagelones, Mininco; para que sopese usted sobre lo ocurrido en el marco de los últimos incendios forestales, hoguera donde se manifiesta un halo de racismo hinzpeteriano, que busca apagar con bencina y más mano dura, tratando de invocar la Ley Antiterrorista contra quienes solo quieren justicia y un nuevo Contrato Social.

Ya va siendo hora ¿No?

¡Libertad a todos l@s luchador@s sociales y defensores de la Tierra!

Por Equipo Editor

El Ciudadano Nº118, segunda quincena enero 2012