Dinero y política

Odebrecht: La mano que mece los sobornos en Latinoamérica

La empresa constructora brasilera tiene operaciones en casi toda la región, y es ahora protagonista de una red de corrupción y sobornos que tiene en vilo a gobiernos y políticos, con consecuencias hasta ahora difíciles de imaginar.

Casi como efecto dominó, hace un par de años que comenzaron a darse a la luz casos de financiamiento irregular o ilegal de las campañas políticas en los diferentes países de la región, donde las fórmulas no eran muy diferentes: boletas por trabajos no realizados, pago de favores o coimas para gestionar proyectos de la empresa multinacional.

Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Chile, Panamá, El Salvador son algunos de los países protagonistas de esta red de corrupción que se ha develado en los últimos meses a partir de la investigación de la justicia brasileña en el denominado caso Lava Jato, y donde la empresa constructora Odebrecht -multinacional brasilera con intereses en todo el continente- movía los hilos (y a políticos) en su beneficio.

Personajes de todos los niveles del aparato público, políticos de diferentes sectores y empresarios lobbistas fueron uniéndose a este tejido de corrupción, cuya madeja está lejos de terminar de desenredarse y que puede seguir aumentando la lista de involucrados.

Tanto las autoridades chilenas como las del resto del continente se encuentran expectantes de los resultados de las diligencias judiciales en Brasil, que tiene como efectiva herramienta de investigación a la delación compensada, la que hasta hora rinde frutos y compromete a un sistema político que se encuentra bajo presión ciudadana.

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Ahora la trama de Odebrecht y la serie de aristas que involucran al caso, aparecen como una nueva amenaza a las democracias latinoamericanas, y por ahora dan la razón a los gobiernos del norte que califican, en general a sus pares del sur, como ineficientes y corruptos.

Según el historiador y analista político Max Quitral el escenario que abren estas investigaciones “instala un manto de dudas sobre la transparencia política de algunos mandatarios y retornan los fantasmas de la corrupción regional que siempre han debilitados las democracias latinoamericanas”.

Coincide con Quitral el académico chileno-brasilero avecindado en Brasil, Fernando de la Cuadra, quien sostiene que “lo que se ha observado en las últimas semanas es de una magnitud inimaginable. Cuando comenzaron a conocerse el tenor de las ‘delaciones premiadas’ de los 77 ejecutivos de la Odebrecht, muchos políticos importantes y funcionarios del alto escalón gubernamental de países latinoamericanos comenzaron a desfilar por las páginas de los diarios y en noticiarios de televisión”.

“Estamos ante una clara demostración de que los intereses de las empresas (no solo de Odebrecht) se mezclan con las expectativas de renta de poderosos grupos e individuos enquistados en las estructuras políticas y del aparato de Estado, consolidando la primacía de un régimen plutocrático que muestra un absoluto desprecio por las prácticas democráticas que deberían envolver al conjunto de los ciudadanos”, agrega de la Cuadra.

Tal es la magnitud e los sobornos investigados hasta la fecha que según el departamento de Estado norteamericano, se estima en US$ 800 millones los “invertidos” en 10 países. De esta forma, no es insensato llegar a preguntarse qué tan independientes pueden llegar a ser los gobiernos de la región.

En este sentido, Quitral declara a este medio que “en el fondo los mandatarios salpicados con el caso Odentecht estarían respondiendo a intereses de empresarios poderosos y no en razón de la soberanía popular. Por tanto, sus acciones están determinadas por el grado de compromiso que tienen con los empresarios y no con los electores, haciendo tomar decisiones que benefician a los primeros y perjudican a los segundos”.

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A su turno, de la Cuadra sostiene que “muchas de las concesiones efectuadas por los gobiernos se encuentran sobrefacturadas y quien paga la cuenta finalmente es la población que debe tributar para sustentar esas grandes obras sin ser consultada e informada. Todo es realizado en secreto o burlando los canales de transparencia y de prestación de cuentas”.

“En ese contexto, es bastante difícil ejercer una política soberana sobre los modelos de sociedad y sobre el uso de los recursos naturales que les dan sustento a dichos modelos”, agrega de la Cuadra.

¿Qué pasa con los organismos regionales?

Es una de las preguntas al momento de ver el complejo escenario que se reproduce en cada uno de los países de la región. Porque si bien la crisis afecta a particulares, cualquiera sea el rango de estos, a la postre es un modelo de gestión el que se está derrumbando. Y junto con ello, las instituciones que lo sostienen.

Hasta ahora Unasur y Celac no se han pronunciado respecto a estos hechos, dando cuenta de éstos, ni siquiera han sostenido encuentros para evaluar las consecuencias que pueda tener para la región. No por nada fueron creados para que los países de la región tomarán en sus manos la solución a sus problemas.

En este sentido, Quitral declara que “esos organismos debieran tomar una postura crítica a estos episodios de corrupción. Pero el asunto es que eso puede fracturar las confianzas y debilitar estos espacios de integración. Ese es él riesgo, pero mantener un silencio ante estos escándalos puede resultar perjudicial para ellos”. Y agrega que “ese es él riesgo, pero mantener un silencio ante estos escándalos puede resultar perjudicial para ellos”. 

Al respecto, el académico de la Cuadra cree que “así como existen los entes reguladores y superintendencias a nivel cada país, estos organismos deberían establecer mecanismos para regular y vigilar permanentemente todos los proyectos que envuelvan licitaciones, velando por el estricto cumplimiento de cláusulas de transparencia, probidad e idoneidad en todos dichos emprendimientos”.

Junto con eso agrega que “esta es ciertamente una aspiración normativa que debe ser conciliada con las condiciones políticas y jurídicas que permitirían llevar adelante las reformas necesarias en esa dirección. De lo contrario, estos organismos seguirán siendo meras agencias de empleo de la burocracia regional”.

Futuro Incierto

En la medida que las causas judiciales que hasta ahora se conocen, como los casos de las acusaciones de coimas a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García en Perú; los aportes a las campañas presidenciales de Santos y Uribe en Colombia; al panameño Ricardo Martinelli y al ex presidente de El Salvador, Mauricio Funes; o el caso del jefe de la inteligencia argentina, Gustavo Arribas, quien aparece recibiendo 600 mil dólares por parte de esta red de sobornos y corrupción, más complicado aparece el escenario venidero en la región.

Gobiernos tambaleando por las investigaciones judiciales y con sus respectivos sistemas políticos en jaque viene a ser el escenario actual, por lo que la proyección puede ser bastante compleja.

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Alejandro Toledo, ex presidente peruano sobre quien pesa una orden de captura internacional

En este ejercicio de proyección política, Quitral sostiene que “de comprobarse las acusaciones de corrupción se abre la opción de pedir la salida de mandatarios y abrir espacios de tensión política entre oficialismo y oposición, y este caso puntual puede marcar campañas políticas al interior de los países y polarizar posiciones. Además, debilita a los presidentes en ejercicios, ya que re orientan la agenda para dar respuestas a supuestos sobornos”.

A su turno de la Cuadra agrega que “a pesar de algunas críticas recibidas sobre su posible inclinación ideológica o parcialidad en contra del Partidos de los Trabajadores (PT), puede ser que la Operación Lava-Jato represente un paso adelante en el desmantelamiento de estas prácticas viciosas y permita generar un nuevo consenso respecto a la construcción de una normativa que regule la acción de las empresas y establezca mecanismos anti-corrupción que aseguren una mayor transparencia y de prestación de cuentas de las instituciones públicas y de sus funcionarios”.

@joserobredo

José Robredo H.
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