Adiós a los muchachos

Argelia (Cauca), entre la nostalgia y la incertidumbre.

pepetono1En las noticias ha quedado la última marcha de las Farc-EP, en que 6.500 guerrilleros marcharon hacia las 26 zonas veredales en que se concentrarán en la transición hacia la vida civil. Desde las profundidades de Argelia, Cauca, y seguidos de cerca por observadores de la ONU, salieron en dirección a la zona veredal de Buenos Aires (Cauca) los miembros del Frente 60 de las Farc-EP, “Jaime Pardo Leal”. El cariño de la comunidad, cuando salieron el 29 de enero de 2017 quedó plasmado en un video hecho por lugareños, en el cual sin miedo, hablan y expresan su agradecimiento a una organización que sienten como una parte importante de su mundo. En el video se ve a la comunidad saliendo a su encuentro, a abrazarlos, despedirse, con globos, con llantos y con risas, recibiéndolos con carteles en los que se leen cosas como la siguiente: “Guerrilleros de las Farc-EP, Frente 60 Jaime Pardo Leal. Gracias por estos 52 años de lucha armada en defensa del pueblo colombiano”[1], imágenes que recuerdan a las del escándalo montado por los medio en el Conejo, La Guajira[2]… El sentimiento no es ni exagerado, ni está ensayado: la sinceridad de las expresiones de afecto y cariño, espontáneas, directamente del corazón, son sobrecogedoras, tanto en Argelia como en el Conejo. Esa simbiosis de insurgencia y comunidades campesinas que se dio en tantos años de convivencia desmiente, una vez más, el mito de una insurgencia sin base social de apoyo. Las montañas de Colombia siempre fueron, en realidad, una alegoría de estas comunidades dispersas en todo el país.

DESPEDIDA DEL 60 FRENTE JAIME PARDO LEAL DE LAS FARC – EP ARGELIA CAUCA

Uno de los dirigentes campesinos que habla primero en el video, dice que siente nostalgia… nostalgia porque ya no estarán. Pero también hay mucha incertidumbre en la comunidad y muchos campesinos temen que el Estado arremeta en contra de las comunidades, militarice y practique una represión inclemente con los campesinos. Esta tendencia se está ya empezando a ver desde hace poco más de un año, en que el gobierno ha dirigido una agresiva política anti-narcóticos hacia esta región, en la cual la comunidad ha dependido del cultivo de la coca desde la crisis cafetera de comienzos de los 1990. Es por ello importante mantenerse alerta para denunciar cualquier intento de reprimir a los campesinos y dar solución militar a un problema que es eminentemente político. Que las Farc-EP hayan renunciado a la política con armas, no significa que el Estado haya renunciado a la política con armas: eso jamás hay que olvidarlo. Hoy, la única defensa que tienen las comunidades es su propia organización y la defensa a ultranza de su autonomía.

LAS AGRESIONES RECIENTES EN MEDIO DEL CESE AL FUEGO DE LAS FARC-EP

En Argelia, desde finales de octubre de 2015, mientras la insurgencia de las Farc-EP se encontraba en pleno cese al fuego unilateral, con la excusa de operaciones antinarcóticos, se comenzó a vivir la militarización del territorio, al que el ejército jamás se hubiera atrevido a ingresar con este movimiento guerrillero activo. Esta situación ha causado gran ansiedad y zozobra en la población. Valga aclarar que estas agresiones se están viviendo en todo el territorio colombiano, no solamente en el Cauca –también en Putumayo, en el Catatumbo, por nombrar algunos de los casos más sonados.

El miércoles 18 de noviembre, militares del Batallón de Contraguerrillas Nº 37 Macheteros del Cauca y del Batallón de Infantería Nº 56 “Coronel Francisco Javier González”, adscritas a la XXIX Brigada del Ejército, ocuparon militarmente la vereda El Encanto, en Argelia, Cauca, para adelantar tareas de erradicación forzada, acosando y violentando a la comunidad. Las acciones se dirigieron de manera específica en contra de miembros de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (Ascamta), adherida a Fensuagro. Entre otras cosas, los pobladores mencionaron que los soldados amenazaron con volver a traer a los paramilitares a la región, en donde aún se recuerda el dolor con el que enlutaron a la comunidad en su paso por esa región durante la década del 2000, gozando de todo el respaldo de la fuerza pública, hasta que fueron expulsados por la resistencia de la comunidad y la confrontación con la insurgencia.

Al día siguiente, 600 erradicadores, apoyados por soldados del Batallón de Alta Montaña Nº 3 “Rodrigo Lloreda Caicedo”, Batallón de Artillería Nº 3 Batalla de Palacé, Fuerzas especiales y antiterrorista Nevada, llegaron aplicando una fuerza descomunal, ocupando casas y el centro comunal de los corregimientos de El Mango, Sinaí y La Belleza. Las protestas de la comunidad fueron respondidas a fuego, gases, golpes y piedras. A raíz de estas acciones se desplazaron unas 80 personas, y hubo un muerto, asesinado por las balas del Ejército, el campesino Miller Bermeo Acosta (20 años). Hubo también varios heridos de diversa consideración: José Iván Mosquera Bambague, Eduard Arvey Jaramillo Sánchez y Carlos Andrés Ordóñez Galíndez (de 15 años de edad) en la vereda de La Mina; Jhonny Males Gómez (herido de bala), José Wilson Yonda (herido de bala) y Humberto Cadena Morales en la vereda de La Mina. Estos son los casos de mayo gravedad, pero se reporta que el total de heridos superó los 15. Todos estos crímenes permanecen en la más absoluta impunidad.

La situación siguió tensa: el día 1º de diciembre de 2016, según denuncias de la misma comunidad, tres soldados profesionales habrían intentado violar a dos niñas en Bujío, corregimiento de El Mango. Un transeúnte, que pasaba justo cuando se estaba produciendo este hecho, logró evitar que el grotesco crimen se consumara. Cuando miembros de la comunidad fueron a protestar al campamento militar, fueron repelidos a bala por los uniformados, según difundiera una comunicación pública[3].

El 19 de marzo de 2016, la situación siguió escalando: ese día aterrizan dos helicópteros en el poblado de Sinaí, en Argelia, de los que descienden un grupo de policías fuertemente armados, con material de guerra, que comienzan a agredir a la comunidad y allanar casas. La comunidad salió a detenerlos y confrontarlos, pues según denuncias de la comunidad, habían llegado a robar dinero a las casas. La comunidad les logró arrebatar parte del dinero que se estaban llevando, así como algún material de guerra. En este operativo, se distinguió un uniformado encapuchado, al que la comunidad luego reconoció como un provocador infiltrado que había estado en la protesta en que había muerto Miller Bermeo[4].

En base a este historial de agresiones de las autoridades, y gracias a la respuesta firme y organizada de la comunidad, se logró establecer una mesa de interlocución (MIA) con el gobierno, convirtiéndose así Argelia en el único municipio que logró tener una MIA propia, lo que es testimonio de los niveles organizativos de esta comunidad. Se realizaron algunas reuniones, pero hasta la fecha no se ha avanzado en la negociación de las condiciones dignas para adelantar programas de sustitución viables. Todavía están esperando que comience el trabajo para ellos presentar su plan de vida y desarrollo alternativo.

LA COMUNIDAD EXIGE RESPUESTAS Y TIENE PROPUESTAS

Pero en esa espera, y en momentos en que se organizaba el movimiento nacional de campesinos dedicados al cultivo de la coca, la amapola y la marihuana en el país (la Coccam), en el cual participaron activamente las comunidades de Argelia[5], el gobierno apareció con un acuerdo entre éste y las Farc-EP para la “sustitución voluntaria”, aunque de voluntaria tiene bien poco, pues el gobierno se reserva el derecho a la erradicación forzada en caso de que los campesinos no acepten. O sea que más bien es un poco de maquillaje a la vieja política de la erradicación forzada, aunque en este caso el garrote largo viene de la mano con una zanahoria chiquita. Esa zanahoria es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), un programa de intervención en más de 40 municipios, en un área de 50.000 hectáreas, en un año, con la participación de las Farc-EP. El presupuesto de este programa es de $1.000.000.000.000 (U$340.000.000), el cual se divide en montos de $10.000.000 anuales para proyectos productivos por familia. La capacidad real del gobierno de financiar estos programas sigue en veremos.

El programa es visto con mucho recelo por las comunidades, que argumentan que estaría en contradicción con el espíritu original de lo negociado en La Habana. Ciertamente, este programa refleja el giro conservador que tuvo la renegociación después de la derrota del acuerdo original en el plebiscito del 2 de octubre, renegociación que se desarrolló a espaldas de las comunidades[6]. En el enfoque que queda reflejado en este nuevo acuerdo, se sigue entendiendo la cuestión de los cultivos ilícitos como un asunto meramente individual de los cultivadores, desconociendo que hay comunidades completas que dependen de la coca –aun quienes no la cultivan ni la procesan… en regiones enteras el comercio, los transportes, hasta la provisión de servicios y la infraestructura dependen de la coca. Para estos campesinos, la coca no significa el mismo flagelo del que se habla en los centros urbanos del mundo; para ellos la coca significa la diferencia entre una pobreza digna, o una miseria absoluta. La coca ha sido la única garantía para hacerse de los servicios elementales que el Estado no es capaz, ni tiene la voluntad, de garantizar a los ciudadanos. Los tiempos tampoco reflejan una comprensión real de la problemática a tratar: el tema de los cultivos ilícitos lleva décadas y cualquier estrategia de intervención constructiva requiere de estrategias de largo plazo en el cual se vayan dando pasos graduales. Pero no, el gobierno espera que en un año los campesinos sustituyan los ilícitos, cuando en esos plazos el gobierno es incapaz de ofrecer una estrategia de sustitución viable. Cuesta creer que piensen que esto es una estrategia viable. Este acuerdo sigue convirtiendo en el centro del “problema” al campesino, sigue criminalizando a la mata y al cultivador, e ignora los múltiples niveles del problema, así como el hecho de que una solución a largo plazo requiere un diálogo no sólo con los campesinos, sino con la comunidad internacional, que debe replantearse una vía fracasada como es la criminalización.

Así las cosas, el gobierno sigue empeñado en diseñar políticas antidrogas destinadas al fracaso. O mejor dicho, a un fracaso relativo, pues la represión golpea al campesino y a los sectores más vulnerables de la cadena productiva, pero beneficia a los eslabones más fuertes en esa cadena, los tentáculos financieros y las mafias, que son los grandes ganadores de la política prohibicionista. Con el estrepitoso fracaso que se vaticina para esta política, se terminarán de caer dos mitos: aquel, repetido hasta la saciedad por la prensa amarillista y que pasa por verdad ante los desprevenidos, pese a no tener ninguna base objetiva, de que las Farc-EP eran el “más grande cartel del mundo”; el otro mito, igualmente sin fundamento, es aquel de que los cultivos ilícitos se debían al conflicto y a la presión de la insurgencia sobre los campesinos y que sin Farc-EP, no habrá problema de drogas.

Lo curioso de todo esto, es que el mismo gobierno que criminalizaba cualquier tipo de simpatía de los campesinos con la insurgencia, hoy les exige obediencia ciega a ella. Se equivocan en pensar que el movimiento campesino son marionetas. Como hemos visto, los vínculos afectivos en muchas regiones, así como lazos políticos sólidos entre las comunidades y la insurgencia son innegables: sin embargo, el movimiento campesino es autónomo, lo es ahora y lo ha sido siempre. Cualquier decisión que afecte a los campesinos debe ser consultado directamente con ellos, y los acuerdos que hayan alcanzado gobiernos e insurgencia, pueden servir como un referente, pero jamás serán la última palabra. La negociación para terminar el conflicto armado con la insurgencia de las Farc-EP no significa que el gobierno pueda pasar por encima de los campesinos, quienes se harán respetar a cómo sea de lugar. Tampoco esto significa que en determinadas regiones, por causas históricas o de otra índole, no pueda haber mesas que dialoguen sobre los aspectos particulares de determinadas políticas. Así, tanto la Coccam como las MIAs siguen siendo herramientas válidas de interlocución y deliberación para las comunidades campesinas que el gobierno no debería seguir ignorando o enfrentando por la vía represiva. Esta actitud y la determinación de las comunidades de no dejarse avasallar, señalan por donde vendrán los primeros conflictos del supuesto “post-conflicto”.

EL REGUERO DE SANGRE Y LO QUE SE VIENE

Y en medio de toda esta incertidumbre, los campesinos en Colombia ya ven, uno tras otro, como van cayendo “en medio de la noche y niebla” los dirigentes comunitarios y campesinos. No pasa un día prácticamente en que no haya un ataque, mortal o fallido, a un dirigente popular de base[7]. Parece que los paramilitares han aprendido la lección y no van detrás de víctimas de “alto valor”, utilizando la jerga militar: pese a que se dice que se puede repetir en el post-conflicto el caso de la UP, lo que ahora se está viviendo es algo diferente. No creo que vayan a atreverse a golpear a la dirigencia de izquierda afín al proyecto de las Farc-EP, para evitar un escándalo internacional; tal parece que no les interesa golpear a intelectuales, o a candidatos, como fue en el caso de la UP en el período del 1986 hasta bien entrados los ’90. Tal parece que lo que busca la nueva ola de terror, es golpear a las bases sociales que podría tener ese proyecto, a dirigentes comunitarios, a las organizaciones campesinas, a la mera base. Así, buscan dejar cualquier proyecto alternativo como un cascarón vacío. En Argelia también se respira este temor y se ve con preocupación que en muchos territorios que ha abandonado las Farc-EP, está entrando de manera campante el paramilitarismo, sin que nadie les perturbe la digestión.

No es que el gobierno no tenga capacidad de hacer algo ante este fenómeno o que no haya “previsto” este escenario que, en realidad, todo el mundo veía venir y se advirtió hasta el cansancio[8]. Es que en realidad al gobierno no le interesa y nunca le ha interesado la seguridad de las comunidades. La única violencia que el gobierno ha combatido, es la violencia subversiva –cualquier otro tipo de violencia le es indiferente, o la aprueban incluso veladamente. En eso, la oligarquía colombiana sigue replicando la máxima atribuida al sicario conservador del Valle, el Cóndor, cuando formaba grupos paramilitares con delincuentes comunes sacados de las prisiones en la década del ‘50: “el único crimen”, decía, “es oponerse al gobierno. Lo demás son pendejadas”.

Los campesinos temen a lo que puede pasar. Temen al ingreso de bandas criminales, paramilitares y del propio ejército. Temen a que si empieza a correr la sangre campesina en su territorio, el carnaval del post-conflicto no repare en esas “pendejadas”. Mientras muchos analistas aplauden el desarme de las Farc-EP, en Argelia hay una ansiedad incomprensible para un país que se acostumbró en ver en los insurgentes al “coco” que conocían solamente a través de notas de prensa tenebrosas. Ese era el mismo país que se escandalizó cuando los guerrilleros farianos se tomaban fotos en el municipio del Conejo en La Guajira: desconocen la Colombia “profunda”, y por eso creen que era algo aberrante, cuando es la norma en el trato de la insurgencia con la población civil en incontables casos. Para comunidades como la de Argelia, la insurgencia eran, sencillamente, los “muchachos”, los que siempre estuvieron ahí para apoyar una asamblea comunitaria, para poner orden ante los desmanes, para defenderlos de la agresión estatal, para defender lo único que, como hemos dicho, les garantizaba un sustento relativamente digno después de la caída del pacto cafetero en 1989 –la coca.

La comunidad de Argelia está a la espera a ver qué pasa. El gobierno puede ignorarlos, como lo ha hecho hasta ahora, con su tendencia histórica al incumplimiento: incumplimiento a los reclamantes de tierra, incumplimiento a los cocaleros, incumplimiento a los campesinos, incumplimiento a los transportistas, y ahora también incumplimientos a los guerrilleros. Incumplimientos para dar paso luego a arrebatos represivos –después de todo, la arquitectura represiva del Estado se perfecciona con el nuevo código de policía[9], mientras en el presupuesto, el sector militar aumenta, preparando la capacidad material para la “conquista” bélica de los territorios dejados por la insurgencia[10]. Esto último ha sido denunciado por dirigentes comunitarios de Argelia, que han señalado que detrás del hostigamiento contra los cocaleros está la intención de desplazarlos para facilitar la extracción minera a gran escala: existe conocimiento de que en el sector de La Belleza se busca extraer cobre y oro. Para negociar, la comunidad argeliana ha dado bastantes muestras de su buena disposición: está en manos del gobierno evitar que las esperanzas de la paz terminen teñidas de rojo. La comunidad de Argelia no tiene más que su propia organización, su propia reserva moral, su propia experiencia de lucha, su propia unidad, para enfrentarse a estos peligros. Pero también cuenta con la solidaridad activa de muchas personas. Todos debemos estar vigilantes, rodear a estas comunidades, no abandonarlas, a fin de evitar que este escenario se materialice. Hoy todos debemos ser Argelia.

Por José Antonio Gutiérrez D.

13 de febrero, 2017

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José Antonio Gutiérrez D.
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