Superior caza a denunciante

Gremio acusa represalias por apoyo a oficial de Gendarmería víctima de acoso misógino

Coronel que solicitó destituir a funcionario habría encubierto caso de maltrato laboral vinculado a una posible distribución de material pornográfico infantil. Dirigente de la asociación de oficiales profesionales, Leandro Tegler, interpreta el hecho como una "pasada de cuentas".

Gendarmería

El secretario de la Asociación Nacional de Oficiales Profesionales de Gendarmería (ANOPRO), capitán Leandro Tegler, quien sacó la voz en 2016 por una funcionaria víctima de hostigamientos en la Región de Atacama, denunció la existencia de presiones indebidas para sacarlo de la institución.

El Ciudadano accedió a una resolución emitida el 2 de febrero por el subdirector de Administración y Finanzas (s), que recomienda destituir al dirigente gremial. Esto, con motivo de una “sugerencia” efectuada por el actual Director Regional Metropolitano, Sergio Alarcón Aravena, que pretende aumentar una sanción previa de menor gravedad aplicada con motivo de un sumario administrativo incoado en 2012, cuando un interno acusó a Tegler de agredirlo.

El documento dispone que “se deberá retraer la investigación sumarial a la etapa de reformulación de cargos”, dejando sin efecto la medida disciplinaria de multa que inicialmente se ordenó contra el capitán por considerarla “insuficiente”, cambiándola por una más elevada.

Lo irregular, según declaró el oficial a este medio, se relaciona con la intervención del coronel que intenta aplicar el castigo. Sergio Alarcón, citado en el oficio como la autoridad que “sugiere” tomar la drástica decisión de expulsarlo de Gendarmería, se desempeñó anteriormente como director regional de Atacama, y en ese cargo ANOPRO lo denunció por ignorar un caso de maltrato laboral que afectó a la subteniente Linda Cerpa Mena.

“El tráfico de influencias es evidente, es una pasada de cuentas”, dijo Leandro Tegler en conversación con El Ciudadano, precisando que a Alarcón “le llegó información de hechos graves y no hizo absolutamente nada, porque pertenece al grupo cerrado del subdirector operativo Maurice Grimalt, cuyas incapacidades son evidentes por lo que pasó en Colina (con la crisis de motines)”.

Tegler indicó que el mandamás de la Región Metropolitana “tiene motivos” para buscar su destitución, “porque fue quien encubrió el caso Cerpa, y como ella ganó y tienen que pagarle todas las cosas, obviamente quieren un responsable, y el que estuvo levantando polvo por eso fui yo. Están viendo cómo acallar al movimiento gremial”.

Recordemos que Cerpa dio a conocer a su mando las conversaciones de un grupo de WhatsApp denominado “El Club de Toby”, administrado por un capitán, donde se referían a ella en términos sexistas y discriminatorios. Además, en la plataforma se habría compartido un video de pornografía infantil, lo que motivó la apertura de una investigación penal en la Fiscalía de Copiapó contra varios oficiales de Gendarmería.

En junio de 2015, el entonces Director Regional de Atacama, Sergio Alarcón, señaló que los hechos denunciados escapaban de la “esfera de las responsabilidades administrativas que son atribuibles a un funcionario público”, omitiendo la eventual existencia de un delito asociado a la distribución del material pornográfico.

Cuando El Ciudadano reveló detalles del caso a principios del año pasado, la máxima autoridad de Gendarmería de la época, Tulio Arce, ordenó abrir otra investigación para conocer la identidad de nuestras fuentes.

La misma nota que se publicó reflotaba los nexos entre Arce y el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, denunciados también por ANOPRO. Esto quedó en evidencia tras la difusión de correos electrónicos enviados por el otrora agente de la dictadura de Pinochet a funcionarios de alto rango de Gendarmería, plasmados en un informe secreto confeccionado por la propia institución a raíz de la incautación de computadores en Punta Peuco.

En septiembre de 2016, el nuevo director del servicio penitenciario, Jaime Rojas, ordenó indagar el misterioso extravío de uno de los equipos confiscados a Corbalán.

Matías Rojas El Ciudadano
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