A la Corte de Apelaciones de Santiago recurrió la Fuerza Aérea de Chile pidiendo bloquear la entrega de un listado con los nombres de los oficiales que, en situación de retiro, han vuelto a ser contratados por la institución, tal como fuera solicitado hace unos meses por El Ciudadano vía Ley de Transparencia.

El reclamo de ilegalidad rol 13.126-2017, que busca anular una decisión previa adoptada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó liberar los archivos, lleva el timbre del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y centra su argumento en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que declara el secreto sobre contenidos vinculados a la seguridad del Estado y a la Defensa Nacional, carácter que poseen las plantas o dotaciones.

Ello, en contradicción con lo planteado por el CPLT, que exigió acreditar de manera concreta el daño que provocaría la entrega de la información, planteando que debe ser presente o probable y suficientemente específico para justificar la reserva, aplicando además una ponderación o test de daño sobre el control social que debe ejercer la ciudadanía sobre la función pública.

En este sentido, reconociendo materias sensibles como la inteligencia en áreas posiblemente llenadas por personal recontratado, el CPLT demandó revelar solamente los antecedentes de “aquellos funcionarios que cumplan funciones relacionadas con labores administrativas, servicios generales, legales, de docencia, salud, entre otros, reservándose expresamente la información referida a aquellos funcionarios que cumplan labores propiamente militares”.

Aun así, la FACh acudió a la segunda instancia de impugnación que contempla la ley para negar el acceso a toda la información.

Otro punto de la solicitud refería a obtener copia de un convenio suscrito entre el Hospital Clínico de la FACh y la Sociedad Servicios Médicos VITAMED Ltda., creada por el famoso doctor Pedro Vidal García-Huidobro. De acuerdo a una versión extraoficial recibida por este medio, el acuerdo beneficiaría con cirugías plásticas o “reconstructivas” a esposas y familiares de altos oficiales.

Distante incluso de la hipótesis principal de reserva, ello también fue declarado secreto por la Fuerza Aérea, indicando que la publicidad del documento podría “afectar los derechos” del doctor Vidal.

Cabe señalar que en otro caso similar que involucró a la Armada de Chile en intentos por ocultar su propia lista de oficiales (r) recontratados, el tribunal de alzada capitalino desestimó la posición de la recurrente sobre presuntos riesgos a la seguridad nacional, dando mérito a la solicitud de transparencia formulada por el ex cabo Yusef Cifuentes, quien cuestionó la inexistencia de concursos públicos para llenar los cargos de empleados civiles.

Además, Cifuentes puso en duda que oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas puedan ganar dobles pensiones al ingresar nuevamente al servicio con nuevos sueldos.

En agosto, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones, presidida por la ministra Gloria Solís Romero y conformada por la ministra (S) María Riesco y el abogado integrante Rodrigo Jorge Frei Toledo, validó la competencia interpretativa del CPLT para conocer y resolver amparos por denegación de acceso a la información, facultad que la Armada inicialmente rechazó, tanto como la FACh.

“El eventual peligro que sugiere la reclamante… a la seguridad de la nación, no es más que una elucubración, carente de respaldo, de manera que no merece mayor análisis“, señalaron los magistrados contra el recurso del CDE.

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