Este año ha sido particularmente difícil para el debate en educación. Tras erigirse como el problema central que movilizaba a la sociedad chilena en la última década, partimos en 2014 con un gobierno que prometió hacerse cargo de las principales demandas. Hoy, sin embargo, el balance es más bien desalentador: algunas reformas han cursado, pero sin alterar el modelo de mercado establecido por la misma Concertación, a la vez que ocultan lo estéril de sus transformaciones detrás de una retórica progresista. A este problema de fondo, hay que sumar otra dificultad de contexto. Las elecciones presidenciales han desviado el foco de la discusión política, lo que sin duda mermó en la capacidad de los actores sociales de protagonizar el debate público. En esa línea, los siguientes párrafos apuntan a cerrar un balance en educación sobre estos últimos cuatro años de la administración Bachelet y el rol del movimiento estudiantil en ello, a la vez que se proponen algunas reflexiones para re-politizar una de las demandas sociales más sentidas de los últimos años.

La Ley de Carrera Docente fue de las primeras iniciativas educacionales del Gobierno de la Nueva Mayoría, la cual prometió ser un proyecto para representar y dignificar el rol de las y los profesores en nuestro país. Terminó, sin embargo, estableciendo criterios excesivos para fiscalizar al profesorado en miras de mejorar la calidad de su trabajo, lo que produjo un aumento de la presión y agobio laboral en los docentes. A tal punto, que el año 2015 el Colegio de Profesores plebiscitó su postura sobre dicha Ley, obteniendo un 97% de rechazo por los profesores de Chile. En otra parte está la Ley del nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, que establece el avance progresivo para la desmunicipalización de los colegios. Al igual que la anterior, el proyecto ha dejado profundos vacíos en el sistema escolar, lo cual trasladó el nudo central del conflicto hacia una pelea corporativa entre alcaldes, docentes y secundarios.

Finalmente se encuentra la Ley de Educación Superior, dividida en dos proyectos, que prometía cambiar desde los cimientos el sistema de educación terciaria de nuestro país. Nada más alejado de la realidad, cuando lo que ha sucedido es simplemente la implementación de tímidas modificaciones: la gratuidad subsidia aranceles fomentando la expansión de la matrícula privada; se mantiene la lógica crediticia como mecanismo de pago y no se limita el crecimiento del mercado; no se fortalece la educación pública ni se resuelven los problemas de las universidades estatales; entre otros. Los resultados están a la vista. En el marco de un Gobierno que enarboló la bandera de la educación pública como principal eje de sus proyectos de ley, entre 2016 y 2017 la U. del Mar, la U. Arcis y la U. Iberoamericana fueron cerradas, declaradas en quiebra o se encuentran actualmente en crisis financiera, lo que dejó como principales afectados a los estudiantes y trabajadores. La Educación Pública, debido a su debilidad, tampoco ha sido capaz de atender este problema.

De esta manera, las reformas “de macetero” de la Nueva Mayoría, si bien han sido ampliamente criticadas, al menos lograron el objetivo de confundir a los actores del mundo de la educación. Durante la administración de Piñera, resultaba más evidente la contraposición de proyectos educativos entre la sociedad movilizada y el Gobierno, dado el distanciamiento insalvable entre los sectores políticos que conducían la movilización versus la derecha. Pero este nuevo Gobierno hizo retroceder ideológicamente al movimiento estudiantil, por cooptación de sectores políticos que se fortalecieron al alero de las luchas sociales del 2011, o bien por omisión y falta de postura de los estudiantes agrupados en las distintas orgánicas estudiantiles. De esta manera, cuando Piñera en 2011 comprometió el GANE, los estudiantes reaccionaron tajantemente en contra de una propuesta que no se hizo cargo de una transformación radical en el sistema. Hoy, cinco años después, las promesas no cumplidas de Bachelet no logran unificar al movimiento estudiantil en la vereda opuesta a lo planteado por el gobierno, a pesar del fracaso de los principales proyectos de ley. En suma, la lucha por la recuperación de los derechos sociales ha sido reemplazada por una lógica en extremo pragmática y, a ratos, entreguista por parte del mundo social.

Angel Martin y Daniela Ramos. Izquierda Autónoma

De ahí que la discusión en torno a la Ley de Fortalecimiento a las Universidades Estatales no sea la excepción. En primer término, ese proyecto está separado de aquel que establece la gratuidad, y omitiendo la expansión de la matrícula privada sin contrapesos ni regulaciones. De esta manera, la iniciativa se presenta como una reforma que sólo cubre a un estrecho 16% de los estudiantes matriculados en las instituciones estatales, con el afán de modernizar los planteles para que compitan en mejores condiciones en el sistema, en una lógica similar a la que tienen las instituciones privadas. En esa línea, las comunidades educativas identificaron tres nudos críticos del proyecto: gobernanza, financiamiento y condiciones laborales. Tímidamente ha aparecido la expansión de la matrícula pública, cuando sabemos que, en el contexto actual de la educación superior en Chile, es precisamente esta demanda la que mejor podría representar los intereses de un nuevo modelo educativo. En tal sentido, se puede decir que las definiciones propiamente políticas del movimiento estudiantil deben ser prioridad para un próximo año de movilizaciones, debido a que este año ha demostrado que la falta de prioridad en las demandas es también falta de claridad sobre hacia dónde avanzar.

Si tomamos un poco de distancia de la “pequeña política” de la Nueva Mayoría, advertiremos que no hay triunfos en torno a la recuperación de la educación pública. Al contrario, el mercado ha crecido de forma más acelerada en el último tiempo. Por dar algunos ejemplos, sólo en 2016 la Universidad Católica Silva Henríquez y la Universidad Autónoma crecieron al 30% y 27% su matrícula, respectivamente, mientras que los planteles estatales encuentran severas limitaciones para alcanzar un 2,6%. El grupo Laureate contaba en 2016 con 177 mil estudiantes matriculados en sus instituciones, mientras que las 16 universidades estatales juntas alcanzan sólo 170 mil. La matrícula del grupo Inacap, de 2005 a 2016, aumentó en 214,9%, lo que les permitió una entrada de $382.564 millones por parte del fisco a través del CAE.

En lo medular, las reformas del Gobierno no muestran una genuina intención por avanzar en la dirección demandada por la sociedad en los últimos años. Mientras tanto, son los grandes grupos económicos, controladores de la oferta privada en la educación superior, quienes se mantienen “intocables”. De ahí la urgencia de que el movimiento estudiantil en particular, y el movimiento social por la educación en general, vuelvan a poner en el centro de sus demandas la construcción, recuperación y expansión de la educación pública. Porque hoy expandir la matrícula pública es exigir un mínimo de dignidad y democracia. Es una convicción política mínima para construir una sociedad a la altura del siglo XXI: no seremos esclavos de un sistema altamente privatizado que nos negó toda libertad, queremos ser ciudadanos con derechos y capacidad de autodeterminación. Eso es lo que realmente se juega en nuestra lucha por la conquista y construcción de un sistema hegemónicamente público.

Sostenemos que esta demanda permite reabrir un debate hoy dormido. Las recientes movilizaciones de profesores y secundarios han dado un primer atisbo de este despertar, ya que volvieron a movilizarse por la defensa del sistema público en su totalidad. El movimiento estudiantil debe saber, además, convocar a sectores excluidos de su orgánica, y que son los que más padecen los embates del sistema de mercado en las universidades privadas. Por esto es urgente articular una demanda por educación pública que ensanche las bases sociales desde donde organizar y proyectar el conflicto. De nuestra articulación depende que, en el mediano plazo, una red de instituciones públicas, gobernada por sus comunidades educativas, sea capaz de asegurarle a cada niño y cada joven su educación pública, gratuita y de calidad.

 

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