Isapres: las impúdicas ganancias a costa de la salud de las personas

Las isapres obtuvieron el año pasado ingentes ganancias, las que en algunos casos ha sido varias veces a las marcadas el 2015. Un negocio de esta magnitud y expansión, que vale recordar se basa en la salud de la población, sólo puede hallarse en los casinos de apuestas o el narcotráfico, es subsidiado por recursos del Estado. El sistema isapre chileno es una expresión más de un modelo neoliberal que engorda empresas a costa de la ciudadanía. Ejemplos como éste, abundan e indignan.

El conjunto de las Instituciones de Salud Previsional (isapres) ha vuelto a sus momentos alegres. Tras unos pocos años sobre un valle en el flujo de sus ganancias, las utilidades del 2017 las volvieron a instalar en las cimas como uno de los mejores negocios vigentes y conocidos. Para muestra, aquí van los números: Durante el año pasado las isapres lograron utilidades por 51 mil millones de pesos (unos 77 millones de dólares), cifra que representa un aumento del 62 por ciento respecto al año anterior.

Al observar por institución los resultados, aparecen casos increíbles. La isapre Cruz Blanca, cuya propiedad pertenece a la aseguradora británica Bupa, aumentó sus ganancias desde poco más de 3,7 mil millones de pesos a nada menos que once mil millones, ¡un salto de casi un 200 por ciento! Lo mismo que Consalud: la isapre del gremio de la construcción engordó sus utilidades desde 1,9 mil millones a más de 5,5 mil millones. Pocos negocios pueden ostentar estos rutilantes números.

El sistema de la salud privada explica las alzas por un aumento en el número de cotizantes, que sin embargo no supera el tres por ciento, así como por un crecimiento en las recaudaciones GES/AUGE. Ciertamente, en esta afirmación se esconderían las actuales ganancias. Junto a las persistentes alzas en los planes de salud, los aportes públicos, finalmente subsidios a este negocio privado, han apuntalado estas impúdicas cifras a costa de la salud de las personas.

El sistema de las aseguradoras de la salud privada ha registrado ingentes utilidades no sólo hoy, sino durante gran parte de su vida, modelando importantes cambios en la propiedad con procesos de internacionalización e integración vertical. Bien se sabe que las isapres, pese a absorber a sólo el 16 por ciento de la población, tienen en su cartera al sector de mayores recursos, para quienes el sistema público, por sus graves falencias y largas listas de espera, no es una opción atractiva. De cierta manera, trabajan con una cartera de clientes cautiva.

Estos números, que se han repetido desde la misma creación del sistema, han comenzado a reducirse durante la presente década. Entre los factores, hay sin duda uno central, que es el malestar de la población y el rechazo a las alzas periódicas y unilaterales a los planes de salud, situación que ha conducido a una “judicialización” de las alzas mediante demandas masivas de los clientes contra las instituciones. Como resultado, se observan triunfos permanentes en los tribunales para los usuarios y un aumento creciente de costos para las isapres. En este escenario, el 2015 se pudo observar una leve reducción en las utilidades del sistema, tendencia que no se repitió el 2016. Entre los factores apuntados, está la recaudación de los planes GES/AUGE canalizados hacia estas instituciones.

El negocio de las isapres no está acotado a la exclusiva función de aseguradores. Ha derivado en enormes consorcios, con inversiones en centros de salud y grandes clínicas. Una integración nociva para los usuarios y perjudicial, también, para todo el sistema de salud nacional, que deriva de forma periódica ingentes recursos públicos para subsidiar el negocio privado. Durante el 2015 las clínicas, la mayoría pertenecientes a consorcios ligados a isapres, obtuvieron ganancias por 55 mil millones de pesos, una cifra cercana a los 80 millones de dólares.

Las isapres son un gran negocio con abiertos fines de lucro. Una actividad que levanta a la vez grandes contradicciones. Lucrar con la salud, lo mismo que con la educación, ha terminado con sensibilizar a la población contra el sistema.  Numerosos sondeos de opinión demuestran que las instituciones de salud privada son una de las organizaciones que más repudio generan en la población. Un estudio de la misma Superintendencia de Salud, realizado el 2015, reveló que por lo menos un 42 por ciento de los afiliados rechaza el sistema, en tanto más de un 67 por ciento estima que requiere de cambios urgentes.

El repudio bastante generalizado está en un modelo diseñado durante la dictadura vigente y casi intacto. No sólo como un negocio paralelo a la salud pública, sino que goza de impresentables subsidios del Estado. Los recibieron por décadas las aseguradoras mediante el subsidio a la maternidad, los que han sido traspasados a sus clínicas mediante otros mecanismos. En el caso de los establecimientos de salud, los apoyos del Estado van por el lado de la compra de servicios a subsidios a la demanda. Concretamente, la modalidad libre elección de Fonasa; la compra de servicios -que desde la implementación del GES se ha incrementado exponencialmente-; y desde el 2011, el bono AUGE. Los favorecidos son las clínicas privadas y las redes de prestadores AUGE/GES.

El inescrupuloso negocio de las isapres no sólo se muestra a través de estas ingentes ganancias, las que se apoyan en el lucro sobre la salud de la población, sino en la recepción a brazos abiertos de los subsidios estatales. En este y en otros aspectos, este negocio expresa de forma abierta y palmaria la concepción neoliberal de la economía, basada en un discurso falaz e profundamente hipócrita. La avaricia sin límites de estas empresas, cuyos inversionistas están presentes en la salud lo mismo que en los medios de comunicación o el retail, se ha apoyado históricamente en subsidios del Estado. Ganancias privadas y pérdidas públicas, un modelo, sin duda, logrado a base de lobby y presiones oscuras.

El Ciudadano
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