Las comunas del sector Oriente de Santiago, territorio en el que habita la población más privilegiada de Chile, apunta a consolidarse en un escenario acotado con muros, rejas y hasta  reglamentos propios. Aquel espacio, que concentra gran parte de los ingresos nacionales es también  la representación, la gran escenografía, de nuestra extrema desigualdad. Un recinto cerrado que contrasta desde su apariencia decorada a sus estadísticas financieras  con el resto del país. Es la imagen más evidente y prepotente de las abismales diferencias en la construcción del Chile neoliberal. Sólo podríamos hallar referencias similares en aquellos parques y palacios privados edificados por la oligarquía para deleite de sus amigos europeos hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Foto: emol.cl

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A los programas para subir globos y drones de vigilancia, a las alambradas eléctricas en casas y condominios, a la voluntad de pertrechar los sistemas de seguridad privados se le suman ahora reglamentaciones para expulsar de sus territorios a la población externa que llega a estas comunas a buscar una propina como único sustento. La respuesta del municipio de Las Condes, nuevamente administrado por el UDI Joaquín Lavín, ha sido la represión y la multa.

Bajo esta norma Lavín expresa y transparenta la discriminación, el clasismo y racismo propio de la burguesía chilena. Un desprecio, y también temor, a los otros. Porque bajo la argumentación de la seguridad ciudadana se perseguirá a los más debilitados del modelo de mercado.

Santiago es una de las ciudades más segmentadas de Latinoamérica. Aquellos cotos cerrados, con grandes campos de golf en su interior y conectados, a su vez, por autopistas de pago y segregadas, son parte de un proceso iniciado con la dictadura mediante la expulsión de estos barrios, bajo el eufemismo de erradicaciones, de los residentes de menores recursos. Millares de familias fueron instadas, bajo engaños y trampas, a salir de los terrenos de mayor plusvalía hacia los márgenes y eriazos. La división de clases adquiere de este modo un diseño geográfico. El capital y la especulación inmobiliaria administra y perfila los territorios.

Joaquín LavínLavín pone en un mismo lugar a la delincuencia con la pobreza. Un plan, tal vez menor, pero en línea y armonía con las grandes políticas de segregación y discriminación, todas convertidas en leyes y asimiladas como parte de la naturaleza económica y social. Las calles, el espacio público, se vuelve a cerrar y segmentar, tal como ya se ha hecho con el acceso al litoral, hoy territorio en disputa entre especuladores, rentistas inescrupulosos y grandes inmobiliarias. Una concepción del mundo basado en el dinero y la capacidad adquisitiva también instalada desde hace mucho en otras áreas, como el acceso libre al agua o a la misma educación y salud.

Junto a esta evidente segregación y cercado que impide el ingreso y subsistencia de los más pobres entre los pobres, hay otros aspectos no considerados y jamás asumidos por esta clase dominante, prepotente y presuntuosa. Si estas elites prohíben esta actividad basada en la propina mediante multas que no sólo inhibirán el ingreso de los pobres a sus espacios, sino que los empujan y condenan a mantener esa condición, sí se arrogan el derecho, basado en su poder económico y político, a arrasar con extensos territorios fuera de sus amurallados recintos. Porque son ellos mismos quienes, de forma directa o indirecta, propician un modelo que depreda, para beneficio de sus propios bolsillos, las fuentes de agua, los mares, los bosques y otros recursos deteriorando territorios a lo largo y ancho del país y empobreciendo a su población.

La ordenanza de Las Condes propiciada por el más deleznable espíritu enquistado en las políticas públicas chilenas es un ejemplo más, tal vez pequeño pero muy claro, del desprecio que estas elites tienen sobre el conjunto de los habitantes. Para ellos, somos otros, lejanos y prescindibles.

La lucha de clases está en Chile más presente que nunca.

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