Foto: Ovejeronoticias.cl

El próximo lunes los alumnos de Punta Arenas retomarán las clases en los colegios luego de unas vacaciones. La vuelta se produce a poco menos de dos meses que termine el frío invierno que se vive durante esta época en la Región de Magallanes, con temperaturas que llegan incluso a los -5 grados celsius.

El problema es que, a cuatro días de dar inicio al segundo semestre escolar, existen 21 colegios fiscales que tienen suspendido el suministro de luz y gas. Este último elemento resulta fundamental a la hora de palear las adversidades generadas por la ausencia de calor.

La Corporación Municipal de la comuna, según informa este jueves La Prensa Austral, tiene una deuda que alcanza los $430 millones de pesos con las empresas proveedoras de estos servicios (deuda de $230 millones con Edelmag y de $200 millones con Gasco).

Es por eso que la principal autoridad de Punta Arenas, el alcalde Claudio Radonich (RN), envió un escrito al Ministerio de Educación (Mineduc) y se reunió con las autoridades del gobierno regional para solicitar una inyección de recursos, en esta urgencia que afectaría a más de 10 mil estudiantes de la región.

“Hoy estamos cosechando lo que durante mucho tiempo se sembró, sobre todo durante los años 2015 y 2016 (…) estamos viviendo la desidia de no haber fiscalizado correctamente cómo se gastaban las platas para la educación en Punta Arenas”, dijo.

Caso de San Fernando

La noticia resulta un nuevo balde de agua fría para el Mineduc, que este miércoles fue interpelado directamente por el Colegio de Profesores ante la situación que se está llevando a cabo en San Fernando, Región de O’Higgins, donde los profesores no han recibido la totalidad de sus pagos del mes de junio.

La ministra Adriana Delpiano se habría comprometido, además de la inyección de recursos, a nombrar un interventor que fiscalizara al municipio –principal ente sospechoso de eventuales desvíos– respecto de los dineros gastados.

Esto último no ocurrió, según denunciaron las autoridades del magisterio y la diputada independiente, Alejandra Sepúlveda. En el caso de Punta Arenas, al parecer, también era necesario un fiscalizador.

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