El abogado querellante de la Fundación Ciudadano Inteligente no puede contener su enojo. Pasa cada vez que habla sobre el cúmulo de investigaciones por financiamiento ilegal de campañas políticas y el lento rumbo que han tomado los procesos.

Ninguna coalición que haya puesto un presidente en La Moneda se salva del escrutinio. Desde ese punto de vista, indica, no ha sido fácil exigir claridad sobre todas las boletas falsas que permitieron ocultar coimas a autoridades públicas durante años.

“Ha sido navegar contra la corriente. Pero no estamos en esto por una cuestión de probabilidades, sino de convicciones. Y por eso vamos a seguir adelante lo más lejos que podamos llegar”, dice el firme tono de voz de Mauricio Daza.

Compartimos un té que se enfría como los tomos del caso SQM. Pero él sigue bebiendo.

Hace poco la justicia procesó a agentes de la dictadura por el asesinato de Eduardo Frei Montalva. ¿Cómo se explica entonces que la campaña de Frei hijo aparezca recibiendo platas de Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet?

Hay distintos planos relacionados con estas causas. Una cosa es el reproche jurídico penal, pero también hay otros ámbitos de análisis. Lo político, lo moral y lo ético. No me gustaría entrar tanto en eso, más del reproche que muchos realizan sobre un conjunto de personas que construyeron su carrera política a partir de un discurso relacionado con la lucha en contra de la dictadura de Augusto Pinochet, y que hoy aparecen vinculados al financiamiento ilícito que habrían pedido a SQM, una empresa que fue saqueada y que históricamente ha sido administrada por un directorio que reúne a la crema y nata del pinochetismo.

Incluso ahora, que se conocen todos estos casos de financiamiento irregular, ¿cree posible que el poder de corrupción de SQM siga vigente en las campañas electorales actuales?

Yo creo que hasta el momento no existe ningún indicio de que esta red se haya desmontado. A lo más ha quedado parcialmente al descubierto. Hace algunas semanas, algunos personeros vinculados a la campaña de Sebastián Piñera anunciaron que estaban disponibles para llegar a un acuerdo con SQM en los juicios presentados por CORFO contra de la minera para colocar término anticipado a los contratos que le permiten explotar el Salar de Atacama hasta el año 2030 en condiciones absolutamente abusivas para el Fisco. Y todo esto a pesar del escándalo surgido por la revelación de que una empresa proveedora de la campaña de Piñera del año 2009 fue costeada mediante la triangulación de platas a través de una factura ideológicamente falsa pagada por SQM, lo que se habría hecho a petición expresa de personas de ese comando. Entonces uno se pregunta, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Hasta cuándo el interés privado de una empresa que habría financiado a todos los sectores políticos de manera transversal va a imponerse por sobre el interés general? ¿Hasta qué punto Ponce Lerou, expresión fiel del pinochetismo, ha gobernado y gobierna realmente Chile desde las sombras?

“…la hipótesis que cobra más fuerza para explicar el nacimiento, continuidad y extensión de la red que se atribuye a a SQM se vincula con la entrega que hizo el Estado a esa minera del Salar de Atacama, a comienzos de los 90s”

¿Hasta dónde cree que llega el interés de Ponce Lerou?

La influencia que Ponce y SQM han ejercido en nuestra política durante las últimas décadas va mucho más allá del ámbito de la minería. Se debe recordar que SQM también aparece involucrado en la causa de cohecho que se le imputa a Pablo Longueira. En ella se sostiene que el ex senador UDI y ex ministro de Piñera habría recibido coimas a cambio de realizar gestiones en favor de SQM en la Ley de Royalty Minero, en las modificaciones al Código de Aguas y en la licitación del litio que se adjudicó, pero que finalmente se tuvo que anular ya que una investigación periodística reveló que se habría manipulado el proceso de forma tal de garantizar que SQM lo ganara. La licitación fue una gran y vergonzosa farsa montada en la administración de Piñera.

Sin duda nos encontramos frente a un panorama que es mucho más amplio. Y para que no se pueda apreciar la verdadera magnitud y profundidad de esta red de corrupción, lo que pretenden las personas interesadas en resguardar el interés de Julio Ponce Lerou y de SQM es presentar este caso como un conjunto de múltiples causas fragmentadas y aisladas que no necesariamente se vincularían unas con otras. Entonces ahí está el caso de Longueira, el caso de Pablo Wagner, las facturas que se acaban de descubrir de Sebastián Piñera, el caso de Marco Enríquez Ominami, el caso de Michelle Bachelet, los casos de Jorge Pizarro, Fulvio Rossi, Carlos Ominami, entre muchos otros. Sin embargo, en realidad todo esto responde a una sola gran cosa: la captura por parte de SQM de un sector muy relevante de la política nacional.

¿Qué se pretendía con esto?

Obviamente no pudo haberse hecho por el solo interés de corromper a funcionarios públicos. Tenía la finalidad económica de resguardar las actividades de esta empresa. En este contexto, la hipótesis que cobra más fuerza para explicar el nacimiento, continuidad y extensión de la red que se atribuye a a SQM se vincula con la entrega que hizo el Estado a esa minera del Salar de Atacama, a comienzos de los 90s, de donde saca más de la mitad de las ganancias enormes que obtiene.

¿Qué implicó el traspaso del Salar de Atacama a SQM?

En concreto, el año 1993 se entregó a SQM en arriendo las pertenencias mineras que tiene el Estado en el Salar, bajo condiciones verdaderamente abusivas y perjudiciales para el interés público y a espaldas de la comunidad. Por esta vía, SQM puede extraer toda clase de sales, como yodo y especialmente litio, hasta el año 2030, de forma exclusiva y excluyente. En 1995 se renegoció este contrato, a fin de generar mejores condiciones para la minera y en perjuicio del interés público. A pesar de todo esto, se descubrió que SQM habría incumplido de manera grave y reiterada las condiciones de ese contrato, inscribiendo a nombre propio pertenencias por sobre las que arrienda al Estado, haciendo lo mismo con derechos ambientales y de aguas en la zona. Esto para hacer prácticamente imposible que alguien más pueda sacar litio y yodo del Salar después de finalizado el contrato.

También se ha denunciado que SQM, en vez de procesar el litio en Chile, manda las salmueras crudas que constituyen la materia prima para la obtención de esa sustancia mineral, a China, y ahí las procesaría para venderlas en el extranjero a través de las empresas que mantiene fuera del país. Esto es importante, ya que una parte sustantiva de los pagos que debe hacer SQM al Estado en virtud del contrato de arriendo que mantiene en el Salar de Atacama, se calcula en relación al litio que extrae, de manera tal que al procesarlo en China y no en Chile evita pagar todo lo que le corresponde, a través de una maniobra que para muchos es ilícita.

¿Qué le parece la postura que tomó CORFO sobre este tema?

Hay que destacar la voz decidida y solitaria de Eduardo Bitrán en CORFO, quien no solo ha denunciado estas infracciones a la justicia, sino que además se ha negado a dar un paso atrás en su petición de que se anulen los contratos de arriendo firmados por el Estado con SQM mientras Ponce Lerou siga detrás de esta compañía. En todo caso, Ponce apuesta a que en un nuevo gobierno Bitrán salga, y pongan a alguien que finalmente negocie con él. Lamentablemente el contrato firmado a comienzos de la vuelta a la democracia, donde en la práctica se regalaron las riquezas del Salar a Ponce, estableció un tribunal arbitral especial para resolver estas controversias, el cual, según muchos, no ofrece garantías de imparcialidad para cautelar debidamente el interés público. Se puede decir que Ponce logró obtener SQM gracias a la dictadura, pero se hizo millonario gracias a la Concertación, todo en condiciones que podrían calificarse, por lo bajo, como poco transparentes.

Eduardo Bitrán

Volviendo al caso de financiamiento ilegal, en algún momento se denunció que hubo obstrucción desde el Ministerio del Interior para que el Servicio de Impuestos Internos (SII) no realizara determinadas gestiones, como querellarse por delitos tributarios. ¿Eso en qué quedó?

Esa es una de las aristas que se abrieron a partir de la investigación, donde nosotros solicitamos diligencias para que se pudiese profundizar, y nada de aquello sucedió. Hay que recordar que estos hechos son graves. Aquí el señor Michel Jorrat, como ex director del SII, al igual que el ex subdirector jurídico de la entidad, Cristian Vargas, sostuvieron haber sido objeto de presiones por parte de alguien que se presentó como representante del Ministro del Interior de ese entonces, Rodrigo Peñailillo. Y este representante habría sido, ni más ni menos que el abogado Samuel Donoso, quien hoy es el abogado de Aldo Motta en el caso Cascadas, el gerente de las empresas controladas por Julio Ponce Lerou. Además es abogado de Patricio Contesse, gerente general de SQM, en las causas donde se le atribuye responsabilidad por supuestos delitos relacionados con el financiamiento ilegal de la política. Donoso es un ex dirigente del PPD que formó parte de la directiva del partido cuando, según distintas denuncias, habría recibido dinero de SQM para financiar gastos regulares de esa tienda política. Él era parte de la directiva de Carolina Tohá en la época en que, desde una presunta empresa relacionada con materias medioambientales, se habrían triangulado fondos.

¿Y qué hay del resto de las empresas mencionadas en posible financiamiento ilegal de la política, como Ripley y Endesa, por las que el SII decidió no interponer querellas?

Lo que ocurrió en un comienzo fue que el gobierno estaba bastante entusiasta con la investigación que se estaba haciendo en relación al caso Penta, ya que involucraba básicamente a empresarios muy relacionados con la derecha política de nuestro país. El problema fue cuando se abrió la arista SQM. En ese momento, personeros de gobierno y de todos los sectores políticos supieron que se estaba abriendo una caja de Pandora que los iba a afectar gravemente a todos, entonces se empezó a generar un esfuerzo de contener estas causas y de que el Ministerio Público no llegase a esclarecer la verdad de todo lo sucedido. Una vez que asume Jorge Abbott como fiscal nacional, en una de sus primeras entrevistas, él hace hincapié que estas investigaciones deben ser “apuradas y acotadas”, lo que iba en el sentido de decir “¿sabe qué?, esto no puede seguir avanzando”. Todo a partir de una lógica retorcida que es muy propia de los años 90s, de nuestra transición. La mal llamada “razón de Estado”. Es decir, que son tantas las personas involucradas y los hechos tan graves, que si exponemos la verdad vamos a sufrir un problema de gobernabilidad.

Pero ese es un pensamiento que va precisamente en contra de lo que es un Estado democrático de derecho. Se trata finalmente de un eufemismo hipócrita que trata de maquillar un burdo intento para garantizar impunidad a una elite corrupta que se encuentra capturada, a través de coimas y aportes ilícitos, por los principales grupos económicos de nuestro país.

¿Por qué es hipócrita?

Porque es asociar la gobernabilidad a una determinada casta de personeros políticos, quienes además aparecen envueltos en hechos de corrupción. Acá la única solución real en un Estado democrático de derecho, es que todas las personas que aparecen involucradas en este tipo de hechos, por extenso que sea el número de personeros que estén relacionados con estas imputaciones, deben ser sancionados, o al menos se debe conocer lo que hicieron. Y en ese contexto, la ciudadanía tendrá la posibilidad de decidir  reemplazarlos, en su caso, por otros que no hayan incurrido en estas prácticas, a través los mecanismos propios de una democracia. Pero acá no hay un problema de gobernabilidad si se investiga hasta el final, caiga quien caiga. De hecho es al revés. Habrá un problema de gobernabilidad si esa labor no se realiza, porque va a estar en juego la credibilidad de las instituciones, que es lo que le da sustento a la democracia al mediano y largo plazo.

¿El  gobierno se preocupó cuando empezaron hablar de la “precampaña” de Bachelet, cuando se vinculó a Jorge Rosenbut (entonces presidente de Enersis) con el recaudador Giorgio Martelli?

Bueno, si realmente le creemos al señor Jorrat, al menos Peñailillo sí se preocupó de tratar que la causa no avanzara. Por algo envía ni más ni menos que al abogado que estaba defendiendo a los principales personeros de SQM a presionar en su representación para buscar una salida, una fórmula que sacara esta indagación del Ministerio Público. La clase política de manera transversal empezó a generar esfuerzos con la finalidad de que esto no se investigara hasta el final. A mi juicio, hasta el día de hoy ese esfuerzo se mantiene.

“Se puede decir que Ponce logró obtener SQM gracias a la dictadura, pero se hizo millonario gracias a la Concertación, todo en condiciones que podrían calificarse, por lo bajo, como poco transparentes”

¿Por qué en el caso SQM se llegó a imputar responsabilidad solo al gerente Patricio Contesse y no al controlador de la empresa, Julio Ponce Lerou?

Lo que llama mucho la atención es que todo lo que tiene que ver con SQM o Julio Ponce siempre es objeto de algún tipo de traba o dificultad mayor. Por ejemplo, la causa fue abruptamente sacada del fiscal Emiliano Arias, quien tiene una trayectoria reconocida en causas por delitos complejos y que estaba avanzado de manera decidida y concreta para llevar a juicio a los principales imputados, siéndole entregada al fiscal Pablo Gómez Niada, que más allá del vínculo muy inconveniente para efectos de imagen pública que tiene con Sebastián Piñera, en la medida que está casado con su ex ministra de Justicia, también tiene el reparo fundamental de ser alguien que nunca antes de este caso tuvo la dirección de una causa compleja por ilícitos tributarios o de corrupción de funcionarios públicos. Y obviamente a partir de esta situación, las investigaciones no avanzan de manera correcta, sino que están llenas de decisiones contradictorias, erráticas, incompletas, que impiden que se cumpla con el fin natural y lógico de toda investigación criminal: establecer la verdad de todo lo sucedido y solo a partir de aquello poder definir o descartar responsabilidades criminales. En este sentido, muchas veces se dice que hay dos formas para poder terminar una causa: poner a cargo de la misma a una persona corrupta o a alguien manifiestamente incompetente. El resultado al final es el mismo.

Usted también ha intervenido en el caso Cascadas, donde se investiga a Ponce Lerou.

El caso Cascadas consiste en lo que se ha señalado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) como el fraude más grande que se haya conocido en la historia de nuestra Ley de Mercado de Valores. Básicamente lo que se hizo, a través de millones de operaciones que se concretaron durante un largo período de tiempo, fue tratar de manipular el precio de acciones en bolsa. La fórmula era que una empresa de propiedad de Julio Ponce le vendía a un palo blanco un paquete de acciones a un precio manifiestamente inferior al de mercado, e inmediatamente este palo blanco le vendía esas mismas acciones a otra empresa de Julio Ponce, a un precio artificialmente más alto que el de mercado. Con esto se pretendía impactar los precios de esas acciones al alza, dando un beneficio a las empresas de Ponce que le permitía mostrar estados de resultados positivos en volúmenes tales que a su vez le facilitaban el acceso a créditos. De esta manera, y a partir de ventas cruzadas y simuladas efectuadas con la intervención de palos blancos, Ponce y sus empresas obtuvieron millonarias ganancias a costa de los accionistas minoritarios, afectando en forma grave la transparencia y credibilidad de nuestro precario mercado de valores.

¿Hace cuánto habría operado este esquema?

Esto se detecta por lo menos a partir del año 2007. Lo que llama la atención es que existiendo todas las señales de que aquí se habría operado de esta manera, la autoridad no haya reaccionado de forma más rápida. Ahora, muchas veces el caso Cascadas se trata de presentar como algo lejano a los intereses de la ciudadanía, como si se tratase simplemente de un problema de gente multimillonaria que interviene en la bolsa, lo que es falso.

¿Como si vinieran del Olimpo?

Claro. Lo que la defensa de Ponce y los demás involucrados pretenden vender es que nada de esto le afectaría al ciudadano de a pie. Pero según la imputación eso no es así, porque las AFP son una de las principales entidades que han invertido en las sociedades Cascadas de Julio Ponce, y el mayor precio que se pagaba artificialmente era cubierto por accionistas minoritarios, entre los cuales se encontraban las AFP. De esa manera se lesionaba el interés de todos los trabajadores, quienes finalmente habrían terminado financiando este esquema fraudulento de ventas cruzadas, con el que Ponce habría ganado una enorme cantidad de dinero.

¿Cuáles son los ejecutivos involucrados en el caso Cascadas?

Dentro de las personas involucradas en Cascadas está obviamente Julio Ponce Lerou, quien habría sido la persona que ideó y puso en marcha este esquema, además del principal beneficiario de las conductas imputadas. También está Roberto Guzmán Lyon, Leonidas Vial, quien además es dueño de la principal corredora de valores en Chile, entre otros connotados empresarios, quienes habrían hecho las veces de palos blancos en estas ventas simuladas. Hay que señalar que el proceso administrativo en la SVS concluyó con la aplicación de multas, y además dio pie a una investigación criminal que en un primer momento llevó el fiscal José Morales, pero que por petición de los querellantes fue trasladada a la dirección del fiscal regional centro norte Andrés Montes, y a un equipo especializado que ha hecho un trabajo realmente ejemplar.

¿Estima que el trabajo del fiscal José Morales no estuvo a la altura?

La labor del fiscal Morales fue derechamente vergonzosa. Lo él que hizo fue básicamente quitar desde el primer momento todo valor a la información que estaba recibiendo de la SVS, relativizar los ilícitos que se estaban imputando, y circunscribir todo esto a una infracción menor, referida a una supuesta falsificación de un acta de una sesión del directorio de una de las empresas Cascadas. Todo el tiempo que Morales estuvo a cargo de esta investigación no solamente constituyó una pérdida de tiempo, en la medida que no se hizo nada sustantivo para esclarecer de verdad los hechos, sino que además generó un daño enorme a esta indagación ya que obligó al equipo del fiscal Montes a correr en contra del reloj. Morales decidió formalizar tempranamente y por delitos menores al gerente Aldo Motta, lo que determinó que empezase a correr un plazo de dos años establecido en la ley para cerrar la investigación y acusar.

¿Cómo se puede explicar esa deficiencia investigativa?

Me gustaría atribuirlo simplemente a la manifiesta incompetencia que él ha demostrado en todas las investigaciones complejas que han estado a su cargo. La verdad es que no entiendo como alguien que ha demostrado una y otra vez que no tiene la altura profesional para asumir una investigación compleja de manera seria y exitosa, se le confíen investigaciones de esta importancia. Mientras fue jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Morales no consiguió ganar absolutamente ningún juicio oral relevante en alguna de las causas emblemáticas que él mismo levantó. Esto va desde el caso Kodama hasta el caso Yarur, entre otros. Su mejor desempeño ha sido negociar con las defensas, y de manera muy deficiente, penas de conveniencia en casos relevantes, y solamente en ese contexto logró obtener algunas condenas en procedimientos abreviados. Un ejemplo de esto es el caso La Polar.

En todo caso se debe reconocer que el Fiscal Regional Centro Norte, Andrés Montes, desde que asumió la dirección del caso Cascadas, no solo ha mostrado una decisión férrea de investigar estos hechos hasta esclarecerlos en su totalidad, sino que además ha demostrado tener un profesionalismo y competencia a toda prueba, logrando avanzar a pesar de las enormes dificultades que ha debido enfrentar en esta causa. Realmente el trabajo de Montes y su equipo es un verdadero ejemplo de rigor, profesionalismo y compromiso con la función que tanto la constitución como la ley le asignan al Ministerio Publico. Este mismo reconocimiento vale para el equipo de fiscales que lo acompañan en este trabajo, los fiscales Ximena Chong, Macarena Cañas, Jaime Retamal, Tania Sironvalle, Diego Villa y Tania Sánchez. Este equipo de lujo abre un espacio de esperanza en un escenario que resulta sombrío en términos generales.

¿Cuál es la importancia del caso Cascadas en relación con los casos por financiamiento ilegal de la política?

Hay que entender que a diferencia de lo que puede pensar la opinión publica respecto a los distintos casos relacionados con SQM, Cascadas es la causa más trascedente de todas aquellas que involucran a la empresa minera y a sus controladores. Porque en el resto de las investigaciones nos encontramos frente a funcionarios públicos, algunos muy connotados, que habrían recibido aportes o derechamente coimas de SQM, y todo esto habría sido gestionado por un gerente general que en la práctica sirve como una suerte de fusible o cortafuego para escalar la indagación hacia quienes realmente se beneficiarían de este tipo de ilícitos: los directores y dueños, específicamente Ponce Lerou. Sin embargo, Cascadas es un proceso que investiga directamente a los controladores, a la cúspide de esta pirámide. Y por eso es que representa un desafío mayor, no solamente desde el punto de vista jurídico sino material, ya que están involucrados, en la defensa de los imputados, no solamente los abogados con las mayores redes de influencia de nuestro país,  sino también es donde han intervenido con mayor ahínco las agencias de lobby y de comunicaciones de las empresas y personas imputadas.

Yo tengo la convicción de que existe un equipo centralizado que coordina soterradamente la defensa de todos y cada uno de los imputados en los casos que involucran de alguna manera a SQM, el cual estaría liderado por Jorge Bofill en lo jurídico y por Enrique Correa en lo político y comunicacional. Esto se puede apreciar en los argumentos que ocupan las personas que aparecen vinculadas en los delitos tributarios y de cohecho relacionados con SQM o Ponce, muy similares, y que tienen en común tratar de impedir que se escale la investigación hacia los directores y dueños de la minera. En el caso Cascadas resulta hasta gracioso escuchar, por ejemplo, a la defensa de Aldo Motta solicitar la exclusión de la prueba de cargo alegando que se vulnerarían los derechos y garantías constitucionales de Julio Ponce Lerou.

“Acá la única solución real en un Estado democrático de derecho, es que todas las personas que aparecen involucradas en este tipo de hechos… deben ser sancionados, o al menos se debe conocer lo que hicieron”

Usted también ha cuestionado el rol del Tribunal Constitucional en el caso Cascadas.

Lo que ocurre es que la SVS aplicó las multas más grandes que alguna vez haya sancionado esa entidad, pero éstas se encuentran muy por debajo del valor que establece la normativa internacional por ilícitos de la misma especie. Acá solo se podía fijar un porcentaje del total del monto transado o de las utilidades probables obtenidas, mientras que en la legislación norteamericana la multa es de dos a tres veces ese monto. Acá no se genera ningún efecto preventivo, ya que aun cuando los descubran y en el caso extremo que los sancionen, sigue siendo un buen negocio.

¿Como si pagaran un cargo fijo por el negocio?

Claro, es como ponerle un precio a la comisión de ilícitos en el mercado de valores, y nuestra legislación en ese sentido es muy pedestre. Sin embargo, lo más insólito es que el abogado Gabriel Zaliasnik, una persona a quien se le atribuye tener importantes redes en el mundo jurídico y político de nuestro país, presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional representando a uno de los sancionados con multa, sosteniendo que el monto era abusivo y que iba en contra de las normas constitucionales.

En ese marco, y en un fallo inexplicable que ha sido criticado no solamente por nosotros como querellantes, sino también por el mundo académico en forma generalizada, el TC accedió a bajar de manera sustantiva la multa, sosteniendo que la normativa vigente fija una sanción monetaria desproporcionada. Lo que hizo el TC fue establecer un precio a la baja para la comisión de ilícitos graves en contra de la transparencia y el buen funcionamiento del mercado de valores en Chile, cosa que sería inaceptable e incomprensible en cualquier mercado medianamente serio. Aunque parece que esto poco importa, ya que nuestro mercado de valores no necesita atraer fondos de inversión internacionales para subsistir y crecer, toda vez que tiene una enorme demanda garantizada a través de las inversiones que realizan las AFP, con los dineros que administran y que salen del ahorro obligatorio que debemos hacer todos los chilenos por ley, mes a mes.

¿Esto quiere decir que Ponce Lerou tiene “santos en la corte”?

Resulta complejo decirlo de esa forma, pero sí se podría plantear que a partir de un fallo impresentable, el Tribunal Constitucional fue funcional a que tanto Ponce Lerou como los demás sancionados en el caso Cascadas queden, prácticamente, en la más absoluta impunidad.

Usted ha señalado que Chile tiene una institucionalidad “de cartón”.

Absolutamente. Yo creo que el caso Cascadas es el mejor ejemplo. Finalmente cuando se tiene que aplicar nuestra insuficiente legislación en materia de transparencia en el ámbito del mercado de valores, ni siquiera aquello ocurre plenamente, sino que se obtiene impunidad a través de recurrir a determinadas instituciones que, sin mayor vergüenza, fallan de una manera absolutamente inconcebible. Se han revelado múltiples antecedentes que avalan la hipótesis de que SQM es una empresa que habría mantenido capturada a toda la clase política durante los últimos años, y que en este contexto nuestras instituciones se nieguen a aplicar todo el rigor de la ley en cada una de las aristas que involucran a la empresa, ni tampoco tengan la voluntad de investigar todos y cada uno de los hechos imputados hasta el final, demuestra  que estamos frente a una institucionalidad de cartón que solamente responde en términos simbólicos, en casos específicos, para tratar de dar la imagen de que vivimos en un estado de derecho pleno y en forma, cosa que no es real.

¿Hasta el momento no hay condenados por el caso SQM?

Hay un par de condenados, pero a partir de juicios abreviados donde las defensas han negociado penas de conveniencia con la Fiscalía a cambio de que los imputados reconozcan su participación en hechos constitutivos de delitos. En el caso SQM se condenó por esta vía a Giorgio Martelli, en un procedimiento abreviado por delitos tributarios. Pero esa condena es efectista, y finalmente contraproducente. Todas las condenas y suspensiones condicionales en el caso SQM tienen como elemento en común que colocan fin de manera temprana a la investigación, impidiendo que se profundice para esclarecer toda esta red de corrupción.  El fiscal Pablo Gómez dice que ha formalizado y obtenido la mayor cantidad de juicios abreviados y suspensiones que cualquier otra causa equivalente, comparando su labor con la de Penta y Corpesca. Lo que no se señala es que a través de estas salidas alternativas, lo que se ha hecho es poner un fin prematuro a la investigación. Acá a boleteros se les ha ofertado suspensiones condicionales a cambio de multas de 100 o 50 mil pesos sin que ellos aportasen ningún antecedente relevante para poder conocer cómo funcionaba esta trama, cómo se concretaban los pagos y a quien finalmente llegaban los dineros. ¡Nada de eso! Aquí sencillamente se están cerrando a la rápida muchas de las aristas. No hay un afán investigativo real ni una voluntad verdadera de esclarecer qué es lo que ocurrió.

En concreto, ¿cuáles son las acciones que más se cuestionan del fiscal Pablo Gómez?

Hace algunos días se reveló que Gómez estaría ofreciendo a la empresa SQM el pago de una multa de 3,8 millones de dólares a cambio de liberarla completamente de la investigación criminal en su contra por delitos de corrupción. Es escandaloso, ya que se pretende garantizar impunidad a la minera a cambio de una multa de bagatela que representa una fracción de lo que gana SQM al día, colocando un precio a la baja en relación a quien aparece como agente corruptor en el caso de corrupción más grande que se haya investigado en las últimas décadas en nuestro país. A esto se suma un intento fallido previo, liderado por el propio Gómez, quien habría tratado de convencer al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que se recalificaran las causas por cohecho seguidas en la arista de SQM a la figura de tráfico de influencias, con lo que se lograba sacar del caso inmediatamente a SQM y a todos los gerentes y personeros de la minera, ya que a diferencia de lo que ocurre con el cohecho, en el tráfico de influencia el privado que interviene en los hechos no es castigado. En verdad lo de Gómez Niada y SQM no resiste análisis.

Hablando de salidas alternativas, ¿cuáles fueron los términos del acuerdo al que llegó la Fiscalía con el ex senador Jovino Novoa?

Este es un buen ejemplo de cómo se pretende mostrar a la opinión pública una realidad falsa sobre la forma en que se llevan estas causas. Siendo fiscal nacional, Sabas Chahuán asumió la dirección de las investigaciones por corrupción vinculadas al financiamiento ilícito de la política a menos de un año de dejar su cargo, el cual ejerció de una forma muy cuestionada por fiscales y funcionarios, marcada por abusos laborales e intentos de que nadie fiscalizara la controvertida forma en que administró los cuantiosos recursos públicos que se le confiaron durante su gestión. Así es como, mientras trataba de acotar y enfriar las investigaciones, que hasta ese entonces habían avanzado de manera expedita y decidida, trató de mostrarse como una especie de “zar anticorrupción”. Lamentablemente muchos compraron esa mentira, la cual quedó al descubierto en el caso de Jovino Novoa.

¿Cómo quedó eso al descubierto?

El ex presidente de la UDI había sido formalizado y se habían decretado judicialmente medidas cautelares en su contra a partir de la imputación de delitos vinculados con la gestión de dineros ilícitos para campañas de su partido por dos grupos económicos: Penta y SQM. Sin embargo, después de un par de meses de esa formalización, estando la investigación en pleno desarrollo y cuando quedaban algunos días para que dejara su cargo, Chahuán llega a un impresentable arreglo con la defensa de Novoa para un juicio abreviado, donde se le garantizó una pena más baja que aquella que normalmente se pacta en este tipo de procedimiento, y que le garantizaba sus derechos políticos, manteniendo no solo la posibilidad de ser elegido en cargos de representación popular a futuro, sino que también acceder a cargos públicos de gobierno y mantenerse en la UDI sin ningún problema.

Lo más revelador es que en este arreglo se pactó que todos los hechos relacionados con SQM serían eliminados de la imputación, de manera tal que el juicio abreviado solo versaría sobre hechos vinculados a Penta. Todo esto sin que existiera ningún nuevo antecedente o explicación racional que justificara que los hechos relativos a la minera fueran sacados de un plumazo de la causa penal, con lo que se garantizaba que no podrían seguir siendo investigados en esta ni en ninguna otra causa a futuro. Esto no es lo que uno esperaría de un “zar anticorrupción”, que en muchos sentidos terminó siendo un fraude.

Entrevista publicada en la edición nº 217 de la revista El Ciudadano.

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