Víctor Osorio, ex ministro: Gobierno de Piñera calló ante negocios de CEMA Chile

El encargado de gestionar el patrimonio fiscal entre 2014 y 2016 colocó paños fríos a la posibilidad de que el acuerdo para disolver la entidad, que fue encabezada hasta el año pasado por Lucía Hiriart de Pinochet, haga cesar la investigación por eventuales delitos realizados con propiedades de todos los chilenos.

La tristemente célebre fundación presidida por la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, decidió comenzar en julio un proceso gradual de disolución para devolver al Fisco las propiedades que el régimen del dictador puso en sus manos, y que en parte fueron destinadas a oscuras operaciones inmobiliarias.

El anuncio ocurrió en medio de la investigación que dirige el ministro en visita Guillermo de la Barra, por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida en la administración de la entidad. El proceso tomó vuelo a raíz de acciones desplegadas desde el Ministerio de Bienes Nacionales, durante el período del ex ministro Víctor Osorio.

Periodista y militante de Izquierda Ciudadana, el otrora titular de la cartera encargada de gestionar el patrimonio fiscal entre 2014 y 2016, y pionero en la fiscalización post-dictadura de la Fundación CEMA Chile, conversó con El Ciudadano, poniendo paños fríos a la posibilidad de que la conciliación derive en el cese de la pesquisa judicial que se liga al caso Riggs, y que tiene estrecha relación con la fortuna del golpista “capitán general”.

-¿En qué se traduce concretamente la disolución de CEMA Chile?

-Habría que ubicarla en su contexto. El 10 de diciembre del año 2015, cuando ejercía como ministro de Bienes Nacionales, solicitamos al Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de su presidente de la época, Juan Ignacio Piña, que se instruyeran todas las acciones judiciales que fueran necesarias para lograr la restitución al Fisco de las propiedades que habían sido apropiadas por la Fundación CEMA Chile durante la dictadura militar. Esta solicitud fue el resultado de una investigación que yo instruí en el Ministerio, que logró establecer que 135 propiedades del Fisco bajo la administración de Bienes Nacionales habían sido transferidas gratuitamente a la Fundación CEMA Chile entre 1977 y 1989. A ellas se agregaban otras 18 que habían sido entregadas en concesión de uso gratuito.

-¿Ese es el universo total de inmuebles que fueron traspasados por el Fisco?

-Son los procedentes del Ministerio de Bienes Nacionales. No teníamos facultades para investigar si CEMA había recibido propiedades de otros orígenes, pero sabemos que la investigación judicial ha logrado establecer que la fundación tiene en su poder 262 inmuebles. La diferencia entre los 135 que fueron transferidos por Bienes Nacionales y los 262, tiene que ver con que CEMA también recibió inmuebles de los Servius en todo el país, por transferencia gratuita, e inmuebles de municipalidades.

-¿Cuál era el uso público original de esas propiedades?

-Según las facultades que le otorga el ordenamiento jurídico, el Ministerio de Bienes Nacionales puede destinar las propiedades fiscales a distinto uso, al funcionamiento de otros servicios o a resolver necesidades sociales que requieren inmuebles para su materialización. Durante mi gestión destinamos inmuebles fiscales a la restitución de tierras a los pueblos indígenas, a promover la multiplicación de los proyectos de energías renovables y a instalar viviendas sociales. En este caso, lo que hizo la dictadura para entregar los bienes fue invocar el hecho de que la Fundación CEMA Chile realizaba una labor social, la cual no se cumplió.

-¿Todas las operaciones quedaron registradas en documentos?

-Nosotros logramos acreditar documentalmente la transferencia de 135 propiedades.

-¿Puede haber otras?

-Puede haber operaciones que no quedaron registradas en el Ministerio, pero de estas 135 tenemos constancia absoluta, 134 de las cuales fueron transferidas con decretos supremos firmados por el ministro de Bienes Nacionales de la época y por el propio Augusto Pinochet. Constatamos que, habiéndose invocado el fundamento social de la Fundación, estas propiedades estaban siendo enajenadas, es decir, vendidas a particulares para fines que no tenían relación alguna con labores de tipo social. Al estar gravemente comprometido el interés público con propiedades de todos los chilenos, le pedimos al CDE que procediera a instruir las acciones judiciales que estimaran pertinentes. Cuando te digo que estaba comprometido gravemente el interés del Fisco, no es una frase hecha. Logramos calcular el avalúo comercial de 118 de estas propiedades en 81 mil millones de pesos, 120 millones de dólares, casi tres Teletones completas, y eso es solo un porcentaje de la cantidad que fue transferida, no el total.

-¿Podemos decir que esto fue un robo?

-Bueno, lo que está procurando acreditar la investigación judicial es un ilícito de malversación de caudales públicos y de apropiación indebida. La transferencia gratuita es una facultad del Ministerio de Bienes Nacionales, establecida en nuestro reglamento jurídico, y tiene que ser un mecanismo ocupado en forma excepcional. Convengamos que 135 transferencias no hablan de un uso excepcional de la norma.

-¿Hubo casos anteriores de fundaciones que recibieran bienes de esta forma?

-No, yo no conozco otros casos en que una entidad particular de la sociedad civil esté recibiendo una cantidad gratuita de esta envergadura. Debo reconocer que el presidente del CDE y en general el Consejo actuó de manera muy profesional. El camino judicial que tomaron fue pedirle a la Corte de Apelaciones de Santiago la reapertura del caso Riggs en lo que se refiere a la arista de la Fundación CEMA Chile.

-¿Esta investigación partió entonces por una voluntad personal suya? ¿O recibió instrucciones del Ejecutivo?

-Fue una iniciativa que yo desarrollé, porque me formé la convicción de que era necesario proceder del modo que hicimos. Además me parecía absolutamente irritante que hubieran transcurrido 25 años de impunidad en esta materia, cuando era público y notorio que había hechos anómalos, porque se habían publicado investigaciones periodísticas que apuntaban en esa dirección. Por cierto, lo que hice antes de asumir este desafío fue informar a la Segpres (Secretaría General de la Presidencia) y coordinarme con el Ministerio de Justicia, que tenía la responsabilidad de fiscalizar las personalidades jurídicas. Fue una investigación que me encargué de instruir y de sostener hasta el fin de mi ejercicio como ministro.

-¿Qué hizo Justicia cuando tomó el caso?

-Ellos realizaron su propia fiscalización, que mostró cosas muy interesantes, porque si uno revisaba las actas de los directorios de la Fundación CEMA en los últimos 10 años podía constatar que la única ocupación de esa fundación, que supuestamente estaba dedicada al progreso material y espiritual de las mujeres chilenas, era hablar de la venta de inmuebles. Al calor de toda esta situación, con un ministro en visita que ha mostrado diligencia en investigar, y también con Lucía Hiriart de Pinochet en el ocaso de su vida, me parece que CEMA decidió abrir un camino para enfrentar de mejor modo el desarrollo de esta investigación penal. Lo que han buscado es proponerle al CDE una conciliación, disolver la fundación y traspasar los inmuebles que están en su poder al Fisco.

-¿Este acuerdo comprometería todos los inmuebles que fueron transferidos por el Estado a la Fundación?

-Es que como yo te indicaba, hay un porcentaje muy importante que ha sido enajenado y vendido a terceros.

-¿Terceros ligados a la familia Pinochet?

-No necesariamente. Van desde la Universidad Bernardo O’Higgins, con un polígono contiguo al Parque O’Higgins, hasta inmobiliarias y entidades de muy distinta naturaleza. Ahora, a mí me parece que es bueno precisar varias cosas. Primero, que este intento que está haciendo la Fundación CEMA Chile de llegar a una conciliación, en modo alguno puede significar que la investigación se extinga, porque es una investigación de carácter penal, regulada por el sistema antiguo de justicia, y corresponde que se agote, que se establezca si se cometieron ilícitos. En segundo lugar, es necesario que también se esclarezca si existen hechos susceptibles de ser considerados ilícitos cometidos después de la entrada en vigencia del nuevo sistema de justicia. Lo que tú preguntas es muy importante, porque a mí me parece que la Fundación CEMA tiene que responder por el conjunto de inmuebles que el Fisco les entregó, los que están hoy día bajo su poder pero también los que enajenaron.

-Entiendo que hay algunos bienes que no van a ser devueltos al Fisco, sino que donados a otra fundación.

-Lo que han dicho es que eso lo van a hacer con los bienes que tienen su origen en la donación de particulares, no en el Fisco. Eso es lo que han dicho, pero evidentemente tengo confianza que el CDE, si esto llega a ocurrir, velará porque todo se cumpla rigurosamente.

-¿Primero se tendrían que identificar completamente los inmuebles traspasados desde el Fisco?

-La investigación judicial ha caminado en establecer un catastro completo de los bienes y para esos efectos la PDI ha colaborado con el ministro en visita a través de su unidad especializada. Me parece que se podría generar una complejidad con los bienes que ya fueron enajenados. Si ellos los vendieron a sabiendas que fueron entregados para colocarlos al servicio de la ciudadanía y no para un negocio inmobiliario, tendrán que responder ante la ciudadanía y ante la justicia. Eso es lo que pienso.

-¿La última enajenación se produjo en dictadura o en democracia?

-Las enajenaciones se han producido casi todas en el período posterior a la dictadura. Para mí era motivo de irritación, porque en mi gestión de ministro recibía cotidianamente a comités de vivienda, familias de allegados, sin casa, que necesitaban un terreno donde emplazar sus proyectos habitacionales y hacer viable su sueño de tener casa propia. Entonces cómo no va a causar indignación ver que estas propiedades de todos los chilenos eran ocupadas para un negocio inmobiliario privado, encabezado por la viuda del dictador.

-¿A qué atribuye que esto se haya mantenido igual durante la democracia?

-Evidentemente la salida de la dictadura en Chile tuvo un carácter intrasistema, una salida negociada que dio origen a una transición pactada, y desde ese punto de vista implicó que no se modificaran las instituciones fundamentales que impuso la dictadura, con impunidad para un conjunto de actos que se realizaron y tuvieron efectos en el período posterior. Me parece que el hecho de que no se hayan realizado acciones destinadas a corregir estos hechos arbitrarios e irreprochables tiene que ver justamente con la naturaleza pactada de la transición.

-¿Eso cambió?

-Me parece que hoy estamos viviendo un momento histórico distinto. No hay justificación alguna para que no se actúe conforme a derecho. En segundo lugar, hay un comentario que es importante hacer. El ex presidente Sebastián Piñera ha hablado de su gobierno como el de los mejores, el de la excelencia. Yo asumí como ministro de Bienes Nacionales el 11 de marzo de 2014, junto a la presidenta Michelle Bachelet, por lo tanto me hice cargo de la transición en el Ministerio y me reuní en dos oportunidades con el ex ministro Rodrigo Pérez Mackenna, quien después asumió como presidente de la Asociación de AFP. Él nos informó detalladamente lo que había sido su gestión y los temas pendientes. El gobierno de la excelencia, en esa oportunidad, no dijo una sola palabra sobre CEMA Chile. La ministra de Sebastián Piñera en Bienes Nacionales antes de Pérez Mackenna fue la ministra Catalina Parot, quien construyó un perfil como ministra fiscalizadora. Bueno… de nuevo en este gobierno de la excelencia y con esta ministra fiscalizadora, ninguna fiscalización hubo respecto a esta materia, ¡ninguna!

-¿Eso es porque hay una cercanía del ex presidente Piñera con quienes administran la Fundación CEMA?

-No podría inferir cuáles son las causas que los movieron, pero ese es el resultado que está a la vista. Y en la medida que uno empieza a investigar caso a caso las propiedades, se va encontrando con hechos escandalosamente insólitos. En los últimos días se conoció que la municipalidad de Santiago revirtió permisos para la edificación de mega torres en la avenida Carlos Valdovinos, en el límite de Santiago con Pedro Aguirre Cerda. Un sector de 20 mil metros cuadrados que se conoce como el Parque de las Moscas. En ese lugar, una inmobiliaria, cuyos dueños son los mismos que construyeron los denominados “guetos verticales” en Estación Central, pretendía edificar 4.200 viviendas. La municipalidad decidió colocar fin al permiso porque habría implicado un proyecto con una densidad cinco veces mayor a la que señala el plan regulador. Estos 20 mil metros cuadrados eran una propiedad del Fisco, de Bienes Nacionales, que fue transferida gratuitamente a la Fundación CEMA Chile para desarrollar una labor social. Pero lo que ésta hizo fue vendérsela a una inmobiliaria que no registraba movimiento anterior, que la compró en 200 millones de pesos y la volvió a vender a otra en 2 mil millones. Este terreno es probablemente el de mayor cabida que existe en Santiago y en sus orígenes estuvo pensado para hacer un área verde. Hoy día es un basural.

Matías Rojas El Ciudadano
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