Esta semana la jueza del Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco, Patricia Abollado, dio lectura a la sentencia que absolvió a los 11 imputados en el marco del caso Luchsinger-Mackay.

El contenido de la resolución de 248 carillas es claro en relación a la falta de contundencia de las pruebas aportadas por la Fiscalía. En este sentido, la terna de jueces estableció que la prueba del órgano persecutor “estuvo plagada de defectos que disminuyeron su poder de convicción”.

En conversación con El Ciudadano, la abogada Manuela Royo, defensora del imputado absuelto Sergio Catrilaf, considera “bastante importante que el tribunal da cuenta de las carencias y debilidades de la investigación y de la Policía de Investigaciones”, agregando que “fue una prueba incompleta, que no fue la mejor forma de presentar pruebas, quedaron muchas aristas abiertas y da cuenta de la falta de credibilidad de los mismos policías, por lo tanto, consideramos que es una sentencia bastante contundente en este sentido”.

La responsabilidad civil del Estado

No obstante la absolución de los 11 imputados, la extensión del proceso judicial, el largo período en prisión preventiva que pasaron los acusados y los costos asociados a la dilación del juicio, constituyen factores para motivar una respuesta de parte de la defensa de los comuneros.

Manuela Royo

De acuerdo con esto, Manuela Royo confirmó la presentación de acciones civiles contra el Ministerio Público y el Estado. “Aquí hay una situación en la cual se ha imputado participación en delitos de alta connotación y de carácter terrorista a personas inocentes. Se ha realizado una investigación absolutamente irresponsable y arbitraria de parte del Ministerio Público, lo cual configura causales suficientes para poder exigir la responsabilidad civil del Estado frente a esta situación”, precisa la abogada.

“Aquí no solo se privó de libertad a personas por un año y siete meses, impidiéndoles trabajar y mantener a su familia, con pérdidas bastante cuantiosas, sino que también se generó un daño moral hacia su persona. Se las expuso como terroristas frente a uno de los crímenes más grandes que ha sucedido, sin existir prueba alguna para ello, por lo tanto, evidentemente se configuran las causales de una responsabilidad extracontractual civil del Estado”, añade la representante de Sergio Catrilaf.

Si bien la abogada se limita a responder por su defendido, no descarta que el resto de los comuneros pueda sumarse. “Imagino y entiendo que es una sensación compartida por todos los imputados”, acota.

Por otro lado, El Mercurio informó que José Tralcal Coche, otro de los absueltos, demandaría a la familia Luchsinger-Mackay, alegando que uno de los hijos del matrimonio, Jorge Luchsinger, “ha confirmado que somos los culpables, pese a que no tiene ningún antecedente para decir eso”.

El Ciudadano consultó a Manuela Royo si su defendido emprendería una acción similar, ante lo cual la abogada respondió que “es algo que todavía no hemos conversado con Sergio (Catrilaf)”.

Los gastos del juicio

A pesar de la sentencia absolutoria, el tribunal estimó eximir a la parte acusadora del pago de costas (gastos incurridos durante el juicio), aspecto igualmente cuestionado por la abogada Royo. “En un juicio de tal magnitud, significó gastos muy importantes para cada uno de los imputados. Gastos que no corresponde que los solventen ellos, ya que fue la fiscalía la que realizó esta investigación bastante torcida. Estamos hablando de peritos, abogados, testigos que vinieron de afuera… fue una gran movilización de recursos, que evidentemente ellos no tienen por qué cargar”, argumenta.

Sergio Catrilaf

A su vez, la razón esgrimida en la sentencia para eximir del pago de costas al Ministerio Público y a la Intendencia de La Araucanía señala que “no resultaron totalmente vencidos”. Para Manuela Royo, “eso es absurdo, porque todas las pretensiones de atribuir, por un lado, el carácter terrorista y, además, la participación de nuestros representados, es algo que nunca se pudo acreditar. Entonces, no existe justificación en la sentencia del porqué no fueron totalmente vencidos, siendo que absolvieron a todos y cada uno de los imputados. Es algo que no está justificado y, por lo tanto, vamos a recurrir a la Corte de Apelaciones”.

Respecto de la eventual solicitud de nulidad del juicio, deslizada por la Fiscalía y por la defensa de la familia Luchsinger, la abogada sostiene que “ellos tienen todo el derecho a presentar los recursos que quieran, pero nosotros al analizar y leer el fallo, consideramos que está bastante correcto. Por eso no creemos que existan causales para acoger una acción de nulidad”.

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