Luego del veredicto absolutorio de los once imputados por el Caso Luchsinger-Mackay, la abogada defensora de tres investigados, Manuela Royo, comentó que desde un principio plantearon “que no existía ninguna corroboración de lo que José Peralino supuestamente había declarado a la policía, y esto fue algo que el tribunal asumió en su veredicto”.

En entrevista con The Clinic, la abogada sostuvo que “si bien la fiscalía intentó incorporar a través de estos testigos de oídas, la supuesta declaración que dio Peralino, lo cierto es que ningún otro antecedente de los hechos corroboran esas declaraciones. Por ejemplo, Peralino planteaba que eran 30 personas las que habían concurrido al sitio del suceso, pero la prueba daba cuenta de dos huellas de pisadas. También supuestamente las personas habrían asistido en camionetas, sin embargo, ninguno de los carabineros que llegaron al lugar vieron algún tipo de vehículo. Decía que habían atacado la casa por dos áreas, pero solamente se encontró evidencias de uno. Es decir, nada de lo que supuestamente decía se pudo corroborar con antecedentes objetivos que le dieran sustento a dicha declaración”.

Además, criticó a los fiscales que investigaron el caso, Alberto Chiffelle y Luis Arroyo, de quienes dijo que “no avanzan un centímetro más allá que las pruebas que condenaron a Celestino Córdova en el 2014, no pudieron probar nada nuevo. Evidentemente acá hay un problema de fondo, que dice relación con los mecanismos que utiliza el ministerio público para sus investigaciones”.

“Acá existe responsabilidad de la fiscalía, porque no pudieron dirigir una investigación de una forma adecuada. Ellos tienen un mandato legal para seguir el principio de objetividad, es decir, que investigan tanto para condenar, como para descartar la participación. Y en este caso nunca se investigó a fondo. Si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta que estas personas no tenían nada que ver, que no tenían móviles para realizar un incendio. Yo creo que ellos le prometieron a la misma familia Luchsinger un resultado que no podían cumplir”, añadió.

Para Manuela Royo, a los fiscales “les falta formación en derechos humanos y entender que vivimos una realidad donde existen comunidades indígenas que plantean un proceso de reconstrucción. Eso no significa que exista terrorismo. Acá pasa mucho que los persecutores tienden a mediatizar los casos. Utilizan los medios de comunicación para generar dentro de la opinión pública la convicción de que los imputados son personas culpables, pero cuando uno conoce las carpetas investigativas te das cuenta que nada es así”.

A su vez, planteó la necesidad de modificar la ley antiterrorista. “Hay muchas cosas que son necesarias modificar. Esta es una ley que no da pie a las necesidades de Chile. Vulnera muchos estándares, como la presunción de inocencia, y derechos fundamentales, como la intervención de teléfonos”, dijo.

De igual modo, la defensora observa un aprovechamiento político del caso. “La primera en visitar a Jorge Luchsinger fue Cecilia Morel. Hay una utilización de la derecha para exacerbar la situación que vive la Araucanía”, aseveró.

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